Cuba está lista para aprobar un Código del Trabajo que, supuestamente, equipara los derechos en los sectores estatal y privado, pero presenta graves deficiencias al mantener proscrita la independencia sindical.
Además, introduce regulaciones para el trabajo no presencial y autoriza el teletrabajo desde el exterior para cubanos en el extranjero, siempre que exista acuerdo con el empleador.
Sin embargo, a pesar del que el proyecto actualiza once normativas previas y proclama el derecho al "empleo digno", deja insatisfechas demandas estructurales sobre el poder adquisitivo real y la autonomía sindical de los trabajadores.
“Aunque el texto incorporó figuras como el teletrabajo y la desconexión digital, mantuvo restricciones fundamentales, entre ellas la ausencia del derecho a la huelga, a crear y a fundar sindicatos independientes, la subordinación sindical al Estado y la falta de mecanismos efectivos de negociación colectiva”, indicó el Secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
“Además, el anteproyecto no incluye de manera expresa, ni sustantiva, las disposiciones centrales de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Estas omisiones han sido señaladas de forma reiterada por el Comité de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones sin que las observaciones hayan sido incorporadas en las versiones conocidas del texto”.
Los Convenios 87 y 98 de la OIT protegen los derechos laborales colectivos. El Convenio 87 garantiza la libertad sindical y el derecho de trabajadores y empleadores a organizarse sin injerencias; el Convenio 98 protege contra la discriminación antisindical y promueve la negociación colectiva.
“La Asociación Sindical Independiente de Cuba ha advertido en múltiples ocasiones que la exclusión de estos estándares internacionales consolida la subordinación sindical al Estado y priva a los trabajadores de mecanismos reales de defensa colectiva, independientemente del carácter participativo atribuido oficialmente al proceso de consulta”, subrayó Hernández Carrillo.
El código autoriza ceses laborales por motivos económicos, tecnológicos o estructurales para los que ofrece una indemnización única que resulta insuficiente en medio de la crisis económica.
Entre los aspectos positivos de la nueva legislación está la ratificación de los principios contra el trabajo infantil y forzoso, y la instauración de garantías para la inclusión laboral de personas con discapacidad y egresados de educación especial.
Jorge Iván Diez, presidente de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS), que agrupa alrededor de 20 millones de trabajadores de países de la región, sostuvo que la reforma al Código de Trabajo cubano incumple los estándares democráticos fundamentales
En este sentido, advirtió que el gobierno cubano desconoce múltiples convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la práctica, lo que ha motivado la presentación de denuncias formales ante dicho organismo.
El dirigente sindical cuestionó que la normativa cubana carezca de espacios esenciales de concertación tripartita entre el Estado, los empleadores y los trabajadores.
“Lo que regularmente un código sustantivo del trabajo establece en un país que cumple a cabalidad con las normas del trabajo es justamente las libertades sindicales, el derecho de negociación colectiva, la posibilidad de la concertación tripartita entre gobiernos, empleadores y trabajadores, y claramente que a los trabajadores independientes y autónomos no se les estigmatice, justamente, porque reclaman esto en los escenarios nacionales e internacionales”, puntualizó.
El centro de asesoramiento legal Cubalex agregó que el Código de Trabajo en ciernes esconde reformas que precarizan el empleo y vulneran derechos fundamentales, especialmente los de los jóvenes y las mujeres y otorgan más control al empleador estatal.
Tampoco establece salvaguardas reales para los menores que se incorporen al trabajo y limita la participación laboral de las mujeres debido a la escasez de servicios públicos de cuidado y refuerza la feminización del trabajo reproductivo y doméstico no remunerado.
Defiende el Servicio Social obligatorio como requisito para ejercer y continúa negando la existencia de la discriminación política e ideológica dentro del entorno laboral.
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