Al menos 927 personas han sido imputadas por instigación al odio en Venezuela desde que entró en vigencia en 2017 la denominada Ley contra el Odio, según un balance de la organización Foro Penal.
De ese total, 638 personas continúan sujetas a medidas cautelares y seis permanecen privadas de libertad por casos vinculados con la aplicación de este instrumento legal, de acuerdo con la organización.
Luis Armando Betancourt, director adjunto de Foro Penal, sostiene que la discusión no debería centrarse en una reforma de la legislación, sino en su nulidad.
“No podemos hablar de una reforma cuando la ley para nosotros siempre debió haber sido declarada nula”, dijo Betancourt a Martí Noticias.
El abogado argumentó que la norma fue aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, lo que, según la posición de Foro Penal, hace inconstitucional su origen.
El nuevo balance cobra relevancia después de que la gobernante interina Delcy Rodríguez reconociera que la legislación fue “mal aplicada”.
“Hemos mandado a la Asamblea Nacional una propuesta para reformar la ley contra el odio por la convivencia democrática y por la tolerancia. Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley”, afirmó Rodríguez.
Rodríguez solicitó a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista y presidida por su hermano Jorge Rodríguez, tramitar una reforma parcial de la legislación. Según la comunicación remitida al Parlamento, la propuesta busca avanzar en la despenalización de conductas contempladas en la norma.
Sin embargo, la funcionaria tuvo un papel central en la aprobación del instrumento legal hace nueve años, cuando presidía la Asamblea Nacional Constituyente que sancionó la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
La legislación ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos por sus efectos sobre la libertad de expresión. Un análisis suministrado a Martí Noticias por la ONG Provea señala que su contenido es “ambiguo e impreciso”, restringe gravemente la libertad de expresión y cuestiona además el procedimiento utilizado para darle carácter de ley.
Para Foro Penal, una eventual nulidad tendría consecuencias no solo para quienes permanecen encarcelados.
“El efecto sería gigante positivo para todos los presos políticos, no solamente los privados de libertad, los seis que se encuentran privados de libertad, sino también para los 638 presos que aún tienen medidas cautelares por esa ley”, señaló Betancourt.
El director adjunto de la organización agregó que, a su juicio, las personas procesadas bajo la legislación deberían recibir reparación.
“Todas las personas que fueron procesadas por esta ley deben ser indemnizadas y reparadas por la violación de sus derechos humanos”, afirmó.
La propuesta anunciada por Delcy Rodríguez contempla hasta ahora reformar la ley, no derogarla.
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