Derechos Humanos
Multan con 2 mil pesos a manifestantes pacíficos en La Habana (VIDEO)
Cuatro activistas cubanos, entre ellos dos Damas de Blanco, fueron detenidos el jueves y multados con 2 mil pesos tras protagonizar una protesta pacífica en La Habana contraria a los intereses del régimen.
Gladys Capote, una de la arrestadas, dijo a Radio Martí, que se manifestaron a favor de la libertad del opositor José Daniel Ferrer y otros tres integrantes de la Unión Patriótica de Cuba detenidos desde hace más de dos semanas.
Protagonizada por el expreso político Yosvani Manuel Martínez, Sandalio Mejías y las Damas de Blanco María Josefa Acón Sardiñas y Capote, la manifestación tuvo lugar frente al Parque de la Fraternidad, el jueves a las 11:00 AM.
Cuando los opositores iniciaron la protesta los transeúntes se unieron, "gritaron nuestras consignas" y grabaron lo sucedido con sus teléfonos hasta que llegó la policía y un agente de la Seguridad del Estado, aseguró Capote.
Los activistas fueron detenidos durante más de seis horas, y multados con $2,000 pesos por presunto "escándalo público".
En el momento de redactada esta nota, Acón Sardiñas continuaba detenida, según informó a Radio Martí Berta Soler, líder del grupo opositor femenino.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí y redes sociales)
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Joven del 11J sin antecedentes penales y con discapacidad está encerrado con reos de gran criminalidad (VIDEO)
Walnier Luis Aguilar Rivera, a sus 24 años y con discapacidad intelectual certificada por los médicos, está encerrado con reos de alta criminalidad, a pesar no tener antecedentes penales antes de ser detenido y condenado en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
El joven fue sentenciado a 12 años de privación de libertad por supuesta "sedición" tras manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en el reparto La Güinera, en La Habana.
Su padre, Wilber Aguilar Bravo, convertido en un tenaz activista por la libertad de los presos políticos cubanos, dijo a Martí Noticias que desde 2022 su hijo se encuentra en una de las áreas de alta peligrosidad de la Prisión del Combinado del Este, con reclusos que enfrentan largas condenas por delitos civiles graves.
“Anímicamente está bien, no nos vamos a despegar ni un instante (…) porque, recalco y vuelvo a recalcar que mi hijo nunca ha tenido récord criminal; mi hijo nunca ha tenido un problema ni un delito y está allí porque ellos se lo fabricaron”, aseguró Aguilar, quien lo pudo visitar este lunes en prisión.
Según explicó, su hijo no sólo está afectado por la falta del medicamento, sino que el medio en el que se encuentra, en "el Edificio Nº 1, cuarto piso, en el piso con más años por criminalidad" no le favorece para "poderse desarrollar", teniendo en cuenta su discapacidad.
Aguilar recalcó que en dicho piso “están los presos en Cuba de mayor severidad, en ese edificio, allí están”.
Durante esta visita le fue permitido entregarle a su hijo la “jaba” con los artículos imprescindibles que tradicionalmente los familiares llevan a los prisioneros: “Gracias a Dios, no nos decomisaron nada”, afirmó.
“Libertad para mi hijo y libertad paras esas más de mil almas inocentes que tienen presas allí”, reclamó el activista, quien ha denunciado constantemente la situación de su hijo en prisión, donde no recibe el trato adecuado.
El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar al joven preso político debido a la gravedad de su caso.
En enero de este año, Aguilar Bravo entregó en la Asamblea Nacional una petición oficial para una Ley de Amnistía dirigida a la diputada y Vicepresidenta del órgano legislativo Ana María Mari Machado.
La carta firmada varios familiares de presos políticos del 11J pedía a la funcionaria que iniciara los procedimientos correspondientes en la Asamblea Nacional para la redacción y debate, a fin de que sea aprobada una Ley de Amnistía conforme a los procedimientos de la ley.
"Los familiares de los presos políticos, y la ciudadanía cubana que acompaña esta solicitud, sufre persecución y acoso por parte de la seguridad del Estado, la policía y órganos de inteligencia, como castigo por abogar por la liberación de nuestras familias. Se nos impide el derecho a la asociación y reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión y opinión a través de detenciones arbitrarias, interrogatorios, procedimientos de instrucción penal, cartas de advertencia, métodos de vigilancia sistemática y violaciones a la libertad de movimiento. Más allá de estas conductas violatorias de los derechos humanos continuaremos defendiendo a quienes no debieron estar un solo día en prisión. En los años por venir, no se podrá decir que los ciudadanos cubanos no pedimos y luchamos por todas las vías la Amnistía de los injustamente condenados. Si ustedes no toman partido del lado justo de la historia en esta hora clave, será de ustedes el silencio, la complicidad, la cobardía y el entorpecimiento a las legítimas aspiraciones de cambio democrático de la mayoría de los cubanos", indicaba la misiva promovida por Wilber.
Presos por participar en las protestas del 17 y 18 de marzo en Cuba siguen en un limbo legal
Un total de 19 presos por participar en las protestas populares ocurridas en marzo en diferentes localidades de Cuba, en medio de los prolongados apagones y la escasez de alimentos, se encuentran en centros penitenciarios a la espera del proceso de instrucción penal.
Entre los detenidos se encuentran siete residentes de Santiago de Cuba: Alexis Núñez Rodríguez, Ernesto Salazar Rodríguez, Eliecer Simón Montero, Orisel García Isaac, Karel Artiles Hernández, Asdrugal Kindelán Garvey de 39 años de edad y Christian Kindelán Valdés, de 18 años de edad, dijo a Martí Noticias el Centro de Derechos Humanos de Cuba.
En el poblado de San Andrés, en Holguín, permanecen detenidos seis jóvenes: Junior Barrera Gutiérrez, Reinier Remón Peña, Yulier Ramírez San Juan, Walner Ricardo, Elsa Elisa Solís Barrera, de 20 años de edad, y Lea Velázquez Ochoa.
También en Holguín permanece detenido Carlos Alberto Amarales Rondán, por participar en la protesta en el municipio de Cacocum.
En Bayamo, provincia de Granma, resultó encarcelado por las protestas Leandro Tamayo, mientras que en Sancti Spíritus sigue detenido Oscar Echeverría Rubio.
Mientras, en Matanzas, están presos bajo investigación Andro García Orta y Laura Cruz, y en Cienfuegos continúa incomunicado Eric Luis Acea Quevedo.
“Son las protestas que comenzaron por allá, por el oriente, que se extendieron después, y que todas estas personas que están presas se mantienen en ese estatus, no hay un documento que diga que está preso, no hay una petición fiscal, no hay nada", denunció en conversación con Martí Noticias la líder opositora Martha Beatriz Roque, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de Cuba.
"El régimen actúa así porque no tiene supervisión. Todos los aparatos relacionados con la situación policial están dependiendo de la dictadura; la dictadura es la que dice: has esto, has lo otro. Sencillamente, están en ese limbo", dijo Roque sobre la situación de los detenidos.
Las gestiones realizadas por familiares y activistas de derechos humanos no han dado ningún resultado hasta ahora.
"Los familiares hacen todo lo posible por poner abogados, se presentan Habeas Corpus, y a los Habeas Corpus siempre responden no. No he visto hasta ahora ni un solo Habeas Corpus respondido con una respuesta positiva, para nada. Entonces la gente lo que hace es desesperarse, tratar de resolver", señaló.
Añadió que los detenidos no saben aún qué destino les aguarda, ante la ausencia de una petición fiscal. "La familia va a 15 y K (a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior) y nadie les hace caso; hablan en la prisión y nadie les hace caso”, lamentó la opositora.
Entre el 17 y 18 de marzo de este año, estalló en varias localidades de Cuba la jornada de protestas más multitudinaria desde el 11 de julio de 2021. El detonante de las manifestaciones fue el mismo: los continuos apagones, la escasez de alimentos y medicamentos y el alto costo de la vida, en medio de las reiteradas violaciones a los derechos humanos y de falta de libertades fundamentales de la ciudadanía.
Dos presos del 11J reclaman atención médica
Dos presos políticos condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 denunciaron que están sin atención médica especializada, además de sufrir las consecuencias de una escasa y pésima alimentación, y hostilidad por parte de las autoridades penitenciarias.
“Jorge lleva más de 72 horas con un fuerte dolor de muelas, donde en el penal no hay un dentista, no hay nada para brindarle porque no tienen nada, y debido a ese dolor de muela, hasta está descompensado de la presión y del azúcar también", informó Yuleidy López, esposa de Jorge Bello Domínguez, periodista independiente, recluido en la prisión Combinado del Este.
"Es pésima, pésima, pésima la alimentación y de la higiene ni hablar, hay un chinchero que por favor las chinches que hay allí en el penal”, agregó la esposa del periodista condenado a 15 años de cárcel por los delitos de sabotaje de carácter continuado, desacato y robo con fuerza, tras su participación en la manifestación del poblado de Güira de Melena.
La mujer dijo que lo mantienen recluido junto a reos comunes de alta peligrosidad: “Lo mismo asesinos, que los que roban. Allí están todos ligados, el único preso político que está en el destacamento es él”.
Martha Domínguez, madre del comunicador, explicó lo preocupada que se encuentra por la situación de su hijo.
"Jorge reclama sus derechos y allí hacen ellos lo que les da la gana, toda la madrugada sentado en una cubeta, me dijo ayer, con el fuerte dolor de muela, que no tienen dentista, y todo es "que no tienen". Era para que ya esa muela se la hubieran sacado hace rato, ya eso hace meses que él está con ese problema y ahora volvió el dolor hace más de 72 horas, eso me tiene muy preocupada”.
También reclamando atención médica está Jorge Luis García García en el penal de Boniato en Santiago de Cuba, donde cumple 13 años de condena por su participación en la protesta de Palma Soriano.
El prisionero político sufre de un trauma en la zona del cuello desde que fue maltratado físicamente por policías el día de su detención,.
Ya han pasado casi tres años, cada día crece más la tumoración y las autoridades le han dicho que no tienen recursos para atenderlo, y tampoco ha sido llevado a un hospital, denuncia su hermano Daniel García García.
“La situación de mi hermano es la bola esa que tiene en el cuello, que no le han hecho ningún tipo de cirugía para ver si es malo, el reeducador no dice nada, 'que no hay cirujanos', y eso va creciendo y no hay una asistencia médica, dada la situación que tiene él allí, preso injustamente.”
"Le están dando el almuerzo a las cuatro de la tarde y la comida a las 11 de la noche, es una injusticia lo que están haciendo con esos muchachos", afirmó el familiar.
En el mes de mayo Amnistía Internacional calificó de indignante la negación de derechos a personas privadas de libertad en Cuba.
La negación del acceso a la atención médica, la alimentación precaria y las condiciones de higiene deplorables en las prisiones cubanas violan los derechos básicos de las personas detenidas, declaró la ONG.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha alertado que "la deficiente alimentación, que repercute sobre las defensas del organismo, se combina con la escasez y mala calidad del agua, las plagas de insectos y las malas condiciones de la infraestructura de las cárceles" y que esto crea un "ambiente propicio para la proliferación de enfermedades que muchas veces terminan siendo letales o dejando secuelas irreversibles".
En noviembre de 2023, representantes del régimen de La Habana afirmaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
Tras el Examen Periódico Universal a Cuba instaron a las autoridades de la isla a velar por el pleno cumplimiento de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y permitir el acceso de observadores independientes de los derechos humanos a los juicios y a las prisiones y demás centros de privación de libertad.
Alianza por la Libertad Religiosa exige la libertad de pastor de Palma Soriano preso del 11J
La Alianza Internacional por la Libertad Religiosa o de Creencias, un grupo de 38 naciones comprometidas a promover la libertad de religión o creencias en todo el mundo, expresó “profunda preocupación por la injusta detención del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo".
El preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, Santiago de Cuba, está actualmente encarcelado en La Caoba.
“Nos preocupa que el reverendo Rosales Fajardo, pastor protestante evangélico y líder de la iglesia no confesional no registrada Monte de Sión, haya sido golpeado y abusado brutalmente durante su detención, debido a su papel como líder religioso en Cuba y sus actividades cristianas”, dijo la Alianza en un comunicado firmado por Estados Unidos, Estonia, Ucrania, Polonia, Alemania, Rumania, Taiwán y la República Checa.
Asimismo instaron “enérgicamente a las autoridades cubanas a que liberen de inmediato e incondicionalmente a Lorenzo Rosales Fajardo y le permitan regresar libremente a su trabajo pastoral en Cuba”.
“Además, hacemos un llamamiento a Cuba para que defienda la libertad de religión o creencias y la libertad de expresión y exigimos la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente después de las protestas del 11 de julio de 2021”, declararon.
La Alianza condenó “el acoso que sufre el reverendo Rosales Fajardo desde 2012, vinculado a su participación en protestas locales en un acto de fe para exigir justicia e igualdad, principios clave de sus creencias religiosas y su ministerio” y “su detención arbitraria por parte de la policía y el ejército en Palma Soriano, el 11 de julio de 2021, durante protestas históricas y pacíficas en toda la isla”.
La Alianza mencionó que en esa ocasión se le acusó de cuatro delitos: incitación a la delincuencia, desorden público, falta de respeto y agresión y fue condenado a una pena total de 8 años de prisión en un juicio en diciembre de 2021 que, según la Alianza, “no mostró ni un ápice de respeto por las garantías de un juicio justo”.
“Durante todo el proceso judicial, los fiscales negaron el acceso a los testigos del reverendo Rosales Fajardo para que hablaran en su defensa y negaron a su abogado el acceso a su expediente antes del juicio”, explicaron en el comunicado.
El grupo relata que “en prisión, las autoridades lo han humillado y los guardias de la prisión han denigrado abiertamente sus creencias religiosas” y que en el 2022, “en los días previos a la Pascua, los funcionarios de la prisión lo sometieron a aislamiento, en una "celda de castigo", por negarse a obedecer las órdenes de dejar de compartir su fe dentro de la prisión”.
Explicaron además que en mayo de 2022, “el gobierno comunicó que la sentencia del reverendo Rosales Fajardo había sido reducida a 7 años de prisión sin ninguna explicación, y luego lo trasladó a la prisión de La Caoba, donde permanece detenido hasta el día de hoy”.
La Alianza Internacional por la Libertad Religiosa o de Creencias está integrada por Albania, Armenia, Austria, Australia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Camerún, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, República Democrática del Congo, Dinamarca, Estonia, Gambia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, Togo, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
La Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado, USCIRF, actualmente actúa como Secretaría de la Alianza, gestionando las reuniones y el intercambio de información entre los miembros.
El pastor Rosales Fajardo está en la Lista de Víctimas de la falta de libertad de religión o creencias de USCIRF.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias condenó en marzo de este año la detención del pastor protestante.
La entidad exigió a La Habana que otorgue inmediatamente la libertad al pastor, así como "una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".
Preso político del 11 de julio se declara en huelga de hambre para que se revise su caso
El preso político Alexander Guillermo Martínez Amoroso ha estado en huelga de hambre por más de una semana para demandar a las autoridades una revisión de su sentencia que considera injusta.
“Lleva como doce o trece días plantado. Está haciendo una huelga de hambre de esas que ellos mismos se implantan ahí para que hagan justicia con él, que le han echado 18 años por gusto y pide que revisen la causa, que vuelvan a revisar los videos”, señaló a Martí Noticias, Noraisy de la Caridad Poyo Cuellar, cuña da del preso político.
Sin embargo, “no han ido a verlo y alguien tiene que ir a donde está él, para saber porque él es un ser humano”.
El activista Marcel Valdés confirmó en Facebook que Alexander “está plantado ya que lleva más de dos años preso injustamente y no piensa seguir aceptando semejante arbitrariedad”.
Martínez Amoroso, participante de las protestas de julio de 2021 en la barriada habanera La Güinera, fue sancionado por el delito de sedición a 18 años de privación de libertad, sentencia que cumple en el Combinado del Este.
“Él estaba en la ‘tumultera’ esa del 12 de julio”, pero no estaba tirando piedras como dijeron en el juicio”, aseguró la cuñada “.
Fue juzgado, junto a otros 14 manifestantes, los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2021, en la sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado, perteneciente al Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre.
De acuerdo al documento de Casación expedido por el Tribunal Supremo, el hombre trabajador por cuenta propia de 46 años al momento de su arresto, estuvo grabando las manifestaciones, pero también aparece en otro video tirando piedras a los militares.
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