América Latina
Muere Piedad Córdoba, polémica congresista colombiana que gestionó liberación de rehenes
Piedad Córdoba, la polémica congresista colombiana de izquierda que se hizo célebre por su estrecha amistad con el presidente venezolano Hugo Chávez y por su aparente cercanía con los grupos guerrilleros con los que logró la liberación de al menos 20 secuestrados, falleció el sábado, informó el presidente Gustavo Petro. Tenía 67 años.
"Como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto", escribió Petro en la red social X, antes Twitter.
Nació el 25 de enero de 1955 en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, a 250 kilómetros al noroeste de la capital Bogotá.
Según reportó noticias Caracol, la senadora habría sufrido un infarto tras lo cual fue encontrada en su departamento en Medellín.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la senadora "al parecer llegó sin signos vitales a la Clínica Conquistadores".
En 2022, fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos en la clínica El Rosario de Medellín, cuya dirección indicó como causa una infección aguda que le provocó una baja de tensión. Un comunicado del centro médico dio cuenta del hecho tras lo cual descartó el peligro. Un mes antes, Córdoba se contagió de covid-19.
De Córdoba, una llamativa figura que vestía en vivos colores y cubría su cabeza con turbantes, nunca se dejó de hablar en Colombia en los últimos 20 años. Tampoco nunca se escondió ni dejó de decir en público lo que pensaba y creía en privado.
Como en marzo de 2007, en Ciudad de México, cuando les pidió "a los gobiernos progresistas de América Latina" que rompieran relaciones diplomáticas con Colombia porque, según ella, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) había sido elegido por la mafia del narcotráfico y el paramilitarismo.
En otra ocasión, en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca y a 300 kilómetros al oeste de Bogotá, les dijo a un grupo de estudiantes que la lucha armada se justificaba en el país, una afirmación que iba en contra de referentes de la izquierda latinoamericana como el dirigente cubano Fidel Castro, que hacía ya años había descartado las vías de fuerza para alcanzar el poder.
Con esos comentarios, desde luego, su nombre no podía pasar inadvertido para sus detractores.
Pero sus seguidores la admiraban y respetaban y hasta justificaban sus salidas en falso, como los rumores sobre su aparente cercanía ideológica con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Eso no es cierto, eso son mentiras", le dijo a The Associated Press en octubre de 2009 el Nobel de Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel. Según el pacifista argentino, Córdoba lo que hacía era "tratar de liberar a los rehenes (en poder de las guerrillas) y tratar de llevar la paz a Colombia".
Córdoba despertaba fervor entre los secuestrados, los exsecuestrados y los familiares de estos. Todos ellos la veían como una salvadora. Y razón no les faltaba porque ella consiguió algo que para muchos parecía impensable: que políticos, policías y militares que llevaban más de seis años secuestrados por las FARC volvieran a sus hogares en varios operativos de entrega a partir de enero del 2008.
Córdoba fue la mayor de los 12 hijos que tuvieron los educadores Zabulón Córdoba y Lía Ruiz.
Se instalaron en Santa Lucía, un barrio de clase media-baja de Medellín. Era la época en que se decía que los trabajadores más mal pagados del país eran los maestros y los policías. Con esos pocos ingresos salariales, el matrimonio Córdoba-Ruiz se dio a la tarea de levantar a su docena de hijos.
Córdoba estudió el bachillerato en un colegio público conocido como el CEFA o Centro Formativo de Antioquia. Allí empezó a forjarse y a mostrar la fogosidad que la caracterizaría en el futuro.
"Desde jovencita ya era una líder", recordó en diálogo telefónico Amanda Arboleda, su amiga de juventud.
"Era la que más hablaba, la que más pelea daba, nunca tragaba entero", agregó Arboleda.
Tras terminar su carrera de abogada en la Universidad Pontificia Bolivariana, Córdoba inició su carrera política en los barrios populares de Medellín, siempre con el Partido Liberal. Por esa misma época se casó con Luis Castro, con quien tuvo cuatro hijos.
Su gran jefe en aquellos inicios de la política fue el exministro William Jaramillo, ya fallecido, y quien, por ejemplo, la hizo su secretaria privada cuando él se desempeñó como alcalde de Medellín entre 1984 y 1986.
Fue concejala de Medellín y diputada de la Asamblea del departamento de Antioquia. Entre 1992 y 1994 se desempeñó como representante a la Cámara y desde 1994 y hasta 2010 siempre tuvo un escaño en el Senado.
Desde su llegada a Bogotá como congresista empezó a hacer ruido. Siempre estaba en contra de las mayorías y, según ella, en favor de las minorías. Desde entonces empezó a hacer contactos, casi que de manera pública, con los grupos guerrilleros.
Tal vez esa cercanía con los rebeldes fue el motivo de su secuestro, a mediados de 1999 y durante 14 días, por orden del jefe paramilitar más importante de entonces en Colombia, Carlos Castaño, asesinado en 2004 por sus lugartenientes.
Los medios de comunicación registraron en ese entonces que nunca se arredró ante Castaño y que, por el contrario, siempre se mostró ante él altiva y desafiante. La política fue liberada tras gestiones de altos dirigentes liberales.
Fue Córdoba la que tras su liberación citó una frase que le había dicho Castaño y que anticipaba lo que sería después uno de los mayores escándalos del país: las relaciones del mundo político con el paramilitarismo.
Según Córdoba, el máximo jefe de esas bandas armadas le había comentado que estaba cansado de ser tratado como una prostituta a la que de noche muchos visitan y hacen regalos, pero que de día nadie conoce.
Para finales de 2006 ya eran decenas los congresistas, gobernadores y alcaldes los que eran investigados por los tribunales por esos lazos con los paramilitares.
Tras su secuestro, Córdoba se marchó con sus hijos un tiempo a Canadá. Sólo regresó para hacer campaña en busca de renovar su escaño como senadora en los comicios legislativos de 2002, lo que consiguió de manera apretada.
Fue en el Congreso una de las más potentes defensoras del entonces presidente liberal Ernesto Samper (1994-1998), señalado de haber financiado su campaña electoral con dineros del cartel de las drogas de Cali, lo que él siempre negó, mientras en el país se expandía el paramilitarismo y la guerrilla.
Al final, Samper fue absuelto y una de sus escuderas fue Córdoba, quien siempre sostuvo con el mandatario una estrecha alianza.
El 7 de agosto de 2002, Álvaro Uribe se posesionó como presidente de Colombia y desde ese momento Córdoba se puso a la cabeza de la oposición.
Durante los ocho años que Uribe permaneció en el poder, no dejó de calificarlo de ilegítimo y, sobre todo, de señalarlo de ser cercano y afín a los grupos paramilitares. Además, mientras Uribe ha sido partidario de combatir a los rebeldes por la vía militar, Córdoba decía que con las guerrillas la solución debía ser mediante el diálogo.
A pesar de sus posiciones ideológicas encontradas, en agosto de 2007 Uribe autorizó a Córdoba para que se acercara a las FARC y tratara de conseguir la liberación de un grupo grande de políticos y miembros de la fuerza pública que estaban secuestrados por esa guerrilla.
Pese a cantidad de altibajos, en enero y febrero de 2008 Córdoba y el presidente venezolano Hugo Chávez, su amigo, consiguieron que las FARC les entregaran a seis políticos que llevaban entre seis y siete años secuestrados por ese grupo ilegal.
Entonces las acciones de Córdoba con las FARC y su cercanía con Chávez empezaron a ser mal vistas en Colombia por sectores conservadores y uribistas. De hecho, en 2008 Córdoba iba a bordo de un avión que cubría la ruta Bogotá-Caracas y varios de pasajeros estuvieron a punto de agredirla a golpes llamándola "apátrida".
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia inició una investigación previa por sus aparentes nexos con las FARC, basada en cientos de correos electrónicos que se cruzó con Raúl Reyes, el jefe guerrillero de las FARC abatido el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.
Pero Córdoba, que fue una mujer de mil batallas, siguió sin mirar atrás con su trabajo para lograr la liberación de los demás secuestrados, ya sin la ayuda de Chávez. Entre enero de 2008 y febrero de 2011, las FARC le entregaron 20 secuestrados más, entre políticos, militares y policías.
Córdoba fue "una mujer incansable, constructora de paz en Colombia", comentó Iván Cepeda, un congresista y activista de derechos humanos que desde hace unos cuatro años se convirtió en uno de sus principales apoyos en un movimiento fundado por ella, "Colombianos y Colombianas por la Paz".
En el 2022 volvió a ser elegida senadora por la lista del movimiento político de Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país.
En sus últimos años de vida, Córdoba lidió con la captura y extradición de su hermano Álvaro Fredy a Estados Unidos por cargos federales relacionados con narcóticos. Pocos días antes de su muerte, se declaró culpable.
El hermano de la congresista aceptó que fue parte de una operación en la que ofreció a informantes de Estados Unidos presentarlos a guerrilleros disidentes que podrían ayudar a introducir grandes cantidades de cocaína en Nueva York.
Pese al proceso que enfrentaba su hermano, Córdoba siempre defendió su inocencia y también la de él.
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Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
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