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Hallan nuevas fosas clandestinas en México


Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero.

Las autoridades rastrean las cuatro nuevas fosas y aún no se ha determinado el número de cuerpos ni si verdaderamente corresponden a los de los estudiantes desaparecidos.

El procurador general de México, Jesús Murillo Karam, anunció que cuatro nuevos detenidos en el caso de la desaparición de 43 estudiantes han identificado más fosas clandestinas presuntamente con cuerpos de algunos de los alumnos.

Murillo dijo en rueda de prensa que las autoridades rastrean las cuatro nuevas fosas y aún no se ha determinado ni el número de cuerpos ni si verdaderamente corresponden a las de los estudiantes desaparecidos.

Hasta ahora se habían encontrado cinco fosas en la localidad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, de donde se han recuperado 28 cuerpos, aunque tampoco se ha confirmado si son los cuerpos de los estudiantes.

El funcionario dijo que ahora el número de detenidos es de 34. No quiso identificar a los últimos cuatro arrestados, aunque dijo que no eran policías ni estudiantes. Interrogado sobre cuánto tiempo más podrían tardar en identificar los restos, el procurador dijo no tener certeza por las dificultades que representa. "Es una identificación difícil, porque fueron calcinados", dijo.

Agregó que tampoco se ha podido determinar el móvil, aunque se tienen abiertas varias líneas de investigación, de las cuales no habló. Horas antes, la procuraduría de Guerrero informó la detención de cuatro policías más por su presunta participación en los recientes ataques en contra de estudiantes de magisterio que dejaron 6 personas muertas, 25 heridos y la desaparición de los 43 alumnos, en un caso que ha desatado la indignación dentro y fuera de México.

El procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco, dijo el jueves en rueda de prensa que con los cuatro agentes detenidos suman 26 policías de la municipalidad de Iguala arrestados, además de cuatro presuntos integrantes del cartel de las drogas Guerreros Unidos.

El funcionario dijo que aún buscan a otros agentes (incluido el jefe de la policía de Iguala) donde el fin de semana se encontraron fosas clandestinas con 28 cadáveres que aún son sometidos a pruebas para ser identificados, pero que se teme que puedan ser de algunos de los estudiantes desaparecidos.

Su oficina, añadió, también ha presentado una solicitud al Congreso estatal para que le quiten el fuero al alcalde José Luis Abarca, que mientras lo tenga impide a las autoridades procesarlo.

Blanco dijo que el alcalde, a quien las autoridades declararon prófugo durante el fin de semana, tenía "la obligación jurídica" de evitar los ataques, debido a que era el jefe de la policía, pero en su lugar decidió continuar con sus actividades la noche del 26 de septiembre cuando sucedieron los hechos.
"Prefirió seguir en una fiesta, posteriormente retirarse a cenar y luego a dormir", dijo el procurador.

Los 43 estudiantes de la escuela de magisterio Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala, una localidad de Guerrero a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de México, tras el ataque de policías municipales a los autobuses en los que viajaban.

Los estudiantes de la escuela habían ido a la ciudad a solicitar donaciones de los habitantes de Iguala. Cuando se reunían para regresar a la normal la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, terminaba un discurso ante personalidades locales.

En los últimos días, miembros del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) -al que pertenecía el alcalde hasta hace unos días cuando fue expulsado- aseguraron que autoridades federales fueron alertadas del posible involucramiento de Abarca con el crimen organizado y con el asesinato de un activista.

El procurador general Jesús Murillo, uno de los que supuestamente supo, dijo que un miembro del PRD, René Bejarano, le mencionó el posible vínculo del alcalde con el crimen de un activista y que le pidió elementos de prueba, las cuales nunca recibió.

Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero y miembro del PRD, que también ha sido blanco de críticas, dijo que no planea renunciar, aunque planteó que se realice una consulta popular para que la gente en el estado decida si se mantiene o no en el cargo, algo que no está claro si ocurrirá o no.

"El gobernador es el primero en manifestar que está de acuerdo en que se vaya al fondo del asunto... (pero) algo que nunca voy a admitir es que se me quiera llamar asesino y represor", dijo en un acto público en Guerrero.

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