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Forenses analizan los 28 cadáveres calcinados hallados en México


México investiga las fosas halladas en la zona en la que desaparecieron 43 estudiantes
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Las afueras de Iguala, sur de México, donde han encontrado las fosas con 28 cadáveres calcinados.

La violencia es una constante en Guerrero, ubicado en una región muy pobre, de gran activismo social y que varios cárteles de la droga se disputan.

Expertos forenses mexicanos recuperaron los restos calcinados de 28 personas de varias fosas clandestinas en las afueras de Iguala, en el sur de México, donde miembros de la policía local vinculados con el crimen organizado protagonizaron hace poco más de una semana varios ataques a estudiantes que acabaron con la muerte de 6 personas y con 43 alumnos de magisterio desaparecidos, dijo el domingo el procurador del estado de Guerrero.

En rueda de prensa en Acapulco, Iñaky Blanco explicó que los cadáveres estaban muy deteriorados para ser identificados de inmediato ya que, además de quemados, algunos estaban "fragmentados" y reiteró que no se atrevía a confirmar si correspondían a alguno de los estudiantes porque había que esperar a los resultados de las pruebas genéticas, que dijo podrían demorar entre dos semanas y dos meses.

El domingo por la mañana familiares de 37 de los jóvenes desaparecidos ya habían proporcionado muestras de ADN que se utilizarán para determinar si los restos recuperados pertenecen a los estudiantes

Blanco dijo que uno de los detenidos en el caso expresó a los investigadores que 17 estudiantes fueron llevados al lugar y allí los "ultimaron", pero hizo hincapié en que los investigadores no habían confirmado la versión de esa persona. Según explicó el procurador, los asesinos abrieron las fosas en una zona muy agreste en las faldas de un cerro a dos kilómetros de cualquier camino, pusieron una cama de ramas y troncos, colocaron encima los cadáveres y luego les prendieron fuego después de rociarlos con alguna sustancia inflamable.

Las fosas que fueron localizadas el sábado en las afueras de una barriada marginal de Iguala, a 200 kilómetros al sur de la capital, eran enterramientos "profundos y recientes", dijo un funcionario que estuvo en el lugar y habló con la AP a condición de no ser identificado. Añadió que los cuerpos estaban "completamente carbonizados", algunos incluso "sin ningún tipo de tejidos".

El sábado, el gobernador estatal Ángel Aguirre ya había dicho que las víctimas halladas en las fosas fueron "salvajemente masacradas", pero evitó especular sobre quiénes serían ni aclaró el número de fosas, pero Juan López Villanueva, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que acudió al lugar, dijo que eran seis enterramientos.

El 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa -un especie de internado conocido por sus fuertes acciones de protesta y activismo de izquierda y a la que asisten alumnos de comunidades muy pobres- tomó varios autobuses en Iguala para usarlos en sus manifestaciones pero fueron atacados en varias ocasiones.

Para Blanco hay evidencias suficientes para afirmar que la policía local y "sicarios a su servicio" fueron los probables responsables de esos ataques y del homicidio de seis personas -entre ellos tres estudiantes y un futbolista de 15 años-, así como de la desaparición de los 43 alumnos de la escuela Normal. Entre otras pruebas habló de un video en el que aparecen policías llevándose a una cantidad indeterminada de estudiantes después de uno de los ataques.

Según los datos en poder de la investigación, el jefe de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, actualmente prófugo, dio la orden de detener a los muchachos y fue uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos el que ordenó "levantarlos" (desaparición forzada) y ejecutarlos, aseguró Blanco.

Por ello, ya se han presentado contra 22 agentes municipales detenidos al día siguiente de los hechos y contra otras siete personas, tres de las cuales están prófugas, entre ellas el jefe de la policía de Iguala. Contra el alcalde de la ciudad, José Luis Abarca, que está en paradero desconocido, solo hay orden de presentación pero no cargos formales, aclaró Blanco.

Un total de 9 expertos del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses, el grupo de expertos más reconocido entre las organizaciones civiles mexicanas, colaborarán con las autoridades mexicanas en el proceso de identificación de los cadáveres que puede tardar de 15 días a dos meses, añadió Blanco.

El domingo por la mañana familiares de 37 de los jóvenes desaparecidos ya habían proporcionado muestras de ADN que se utilizarán para determinar si los restos recuperados pertenecen a alguno de los estudiantes, informó el abogado Vidulfo Rosales, quien representa a las familias. La extracción de sangre para las muestras genéticas comenzó a realizarse desde el 28 de septiembre, antes del hallazgo. El abogado Rosales explicó que los restos encontrados permanecían el domingo por la mañana en el servicio forense de Iguala, pero que se habían enviado muestras a Chilpancingo para corroborar los datos genéticos.

Mientras los investigadores trabajaron en el lugar, unos 2.000 manifestantes bloquearon la mañana del domingo una carretera principal que comunica a Ciudad de México con la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, para pedir justicia. En la protesta se leía una pancarta que decía: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", mientras bloqueaban intermitentemente y de manera pacífica la carretera que une la Ciudad de México con el puerto de Acapulco a la altura de Chilpancingo.

"No son ellos a los que encontraron; desconocemos dónde los tengan, pero no son ellos. No confiamos en el gobernador Aguirre, sólo dice mentiras", declaró a AP el padre de uno de los desaparecidos, que no quiso dar su nombre por motivos de seguridad. "Tenemos miedo, por eso no queremos dar nombres ni nuestros ni de los muchachos".

El gobernador Aguirre pidió a los guerrerenses mantener la calma para evitar violencia y garantizó que los culpables de los asesinatos sean castigados.

Sin embargo, el sábado por la noche jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron hasta la residencia del gobernador en Chilpancingo, donde lanzaron algunas bombas molotov y voltearon un vehículo después que las autoridades estatales les dijeran que no podían autorizarlos a ir al lugar de las fosas y tratar de ver los cuerpos para intentar determinar si son los de algunos de sus compañeros desaparecidos.

Los violentos sucesos de Iguala provocaron que las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaran los hechos y exigieran al gobierno mexicano acciones rápidas y contundentes para localizar con vida a los estudiantes e investigar los crímenes.

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