Derechos Humanos
Manifestación nacional del 20 de noviembre exigirá un cambio en Cuba
Una declaración publicada en la plataforma ciudadana Archipiélago y respaldada por cientos de firmantes replantea el propósito de la manifestación del próximo 20 de noviembre, inicialmente denominada Marcha contra la Violencia, para convertirla en una protesta cívica por el cambio en Cuba.
El texto se refiere a los dirigentes cubanos como una "granja de burócratas que solo bajan al pueblo para salir en noticieros" y asegura que los cubanos no se sienten representados en el Parlamento.
"La Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 20 de noviembre, es un derecho legítimo que debe ser conquistado. En más de 60 años jamás se ha permitido una manifestación contraria al pensamiento oficial. Es tiempo ya de defender nuestra pluralidad y el respeto a quienes soñamos una Cuba distinta, sin discriminación alguna", señala la declaración.
“Muchos firmantes han sido detenidos para ser interrogados justamente por sus firmas en las cartas que se han entregado para notificar el derecho a la manifestación y que vamos a hacerlo en día 20 de noviembre”, dijo a Radio Martí el dramaturgo y activista Yunior García Aguilera, de quien partió la propuesta.
Sobre la respuesta de las autoridades a la convocatoria, García Aguilera dijo que "ha sido bastante negativa hasta ahora, aunque no haya una respuesta negativa oficial, pero necesitábamos también nosotros mostrar el respaldo amplio que hay en la idea general de los cubanos de lograr conquistar el derecho a manifestarse”.
El dramaturgo y activista aseguró que “en estos momentos ya hay más de quinientas firmas”, de apoyo a la convocatoria cívica.
“A mí me parece inteligente y por eso fue por lo que firmé, porque, si la marcha no se aprueba, que es lo que yo pienso que va a pasar y creo que es ya la respuesta que el gobierno tiene, el gobierno es el que queda en evidencia”, dijo desde La Habana a Radio Martí la editora y escritora Regina Coyula, una de las firmantes de la declaración.
Si se le concediese el permiso al pueblo para marchar pacíficamente en esa fecha, “detrás de esa (marcha) vendrá la de cualquiera”, opinó.
"El 20N marcharemos con civismo y firmeza. Lo haremos por todos los que han sufrido persecución, censura, acoso policial, prisión política o destierro. Lo haremos por aquellos que han experimentado violencia e injusticias. Lo haremos por los marginados, los que padecen miseria, los que viven sin un salario digno, los que no tienen divisas para adquirir productos básicos, los que tienen que inventar la comida de sus hijos en medio de la peor inflación del último cuarto de siglo en Cuba", indica la declaración.
Los firmantes consideran que la isla "no puede seguir siendo una finca, no puede responder al capricho de unos pocos, no puede continuar siendo una granja de burócratas que solo bajan al pueblo para salir en noticieros".
"El 20 de noviembre marcharemos porque no nos sentimos representados, porque nadie en el Parlamento se ha pronunciado por los manifestantes del 11J que sufren prisión sin que ni siquiera nos digan las cifras oficiales. Marcharemos contra el llamado a la violencia que el poder lanzó desde su trono", expresan los firmantes.
Por otra parte, la declaración denuncia la represión a la que han sido sometidos los principales promotores de la iniciativa: "Sabemos que han estado acosando a los firmantes de las cartas donde se notifica a las autoridades nuestra decisión de manifestarnos. Pero no nos intimidan. ¡Toda nuestra solidaridad con aquellos que han sido detenidos, interrogados o amenazados! Admiramos sinceramente su coraje".
"Lo que hacemos no es un delito. ¡Y lo saben! ¡Los que cometen un crimen son quienes reprimen nuestros derechos!", alertan.
"El poder tiene ejércitos y tribunales que responden con obediencia ciega", pero también que "esos soldados y esos jueces son parte de este pueblo diverso".
Sobre la represión, Coyula dijo que, con la acogida que ha tenido esta convocatoria, "esos militares y esos que salen (a reprimir) tienen que sentir, de alguna manera, que el entorno ha cambiado, y que la situación por donde vamos no va a mejorar”.
Por su parte, la periodista independiente Iliana Hernández aclaró en su cuenta de Facebook que las cartas que los organizadores entregan a las autoridades locales son para notificarles sobre la marcha, para que tomen “una actitud organizativa”, y no para pedir permiso.
“Ya los represores de la Seguridad del Estado están diciendo que no se va a permitir, significa que actuarán como siempre, deteniendo a todos los que salgan ese día y sitiando a los líderes de la manifestación, activistas políticos y a periodistas”, señaló la comunicadora.
Hernández añadió que los detenidos del 11 de julio merecen que el pueblo cubano salga a marchar y que, a pesar de que se encuentra en "arresto domiciliario ilegal", ella también participará, aunque no dure “ni 30 segundos en la calle”.
“Todos los cubanos merecemos vivir en libertad, si salimos todos lo lograremos, si nos arriesgamos unos pocos no podrá ser, este es un momento de demostrarle al mundo que #NoQueremosMasDictadura”, exclamó la periodista.
"¡No lo olviden! Y sabemos que muchos sí tienen dignidad. El 20N marcharemos sus hijos, sus amigos, sus vecinos. Queremos hacerlo en paz. ¡No lo olviden! El poder tiene todas las armas, nosotros tenemos una verdad atravesada en la garganta y vamos a decirla. Nosotros tenemos un sueño hermoso para Cuba y vamos a expresarlo sin miedo", asegura la declaración.
Por último, invita a todos los que apoyen la Marcha Cívica por el Cambio a sumar su firma al documento.
"¡Nos vemos el 20N! ¡Cuba lo merece!", concluye.
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CIDH destaca violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba en su informe de 2023
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, considera que en Cuba existen "violaciones graves" de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa.
“Esto se basa en tres razones estructurales: 1) continuidad de un modelo político de partido único; 2) concentración de facultades y poderes para la conducción de los asuntos públicos; 3) subordinación de la administración de la justicia al poder politico”, detalla el más reciente informe del organismo, correspondiente a 2023.
Al evaluar la situación de derechos humanos en la isla, la CIDH decidió incorporar a Cuba en el capítulo IV-B, dado que considera que en el país se violan los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana.
La Comisión observó que, aunque la ley permita la libre participación política de las personas ciudadanas, “el Partido Comunista seguiría regulando, controlando y dirigiendo los procesos electorales ”.
“Las personas defensoras de derechos humanos en Cuba enfrentan persistentemente actos de hostigamiento, vulneraciones arbitrarias al derecho a la libre circulación, la libertad, seguridad e integridad personal”, explicaron.
Asimismo, señalaron que las autoridades del Estado continúan realizando detenciones arbitrarias con el fin de obstruir sus actividades o imponiéndoles multas como forma de disuadirlas. “En Cuba, no existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, se observa que estas actividades se desarrollan bajo un ambiente hostil, que se caracteriza por actos de intimidación y hostigamientos por parte de autoridades estatales y la sujeción a procesos penales injustificados".
La CIDH reiteró el llamado al Estado “para adoptar medidas efectivas a fin de garantizar y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y demás líderes sociales” y le urgió abstenerse “de realizar acciones que interfieran arbitrariamente en el ejercicio de los derechos humanos relacionados con el espacio cívico, así como a garantizar un ambiente propicio" para ello.
El informe reiteró la preocupación de organismo por los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles, "ante la ausencia de datos oficiales actualizados sobre la situación de esta población, la elevada tasa de encarcelamiento, las deplorables condiciones de detención que caracterizan las prisiones cubanas, y el empleo de prácticas de tortura y malos tratos”.
Los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores, destacaron, continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidarlos o como forma de inhibir el ejercicio periodístico independiente y crítico
En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la Comisión mostró su preocupación por "hechos de acoso, intimidación y persecución que sufren las defensoras de derechos humanos, así como los desafíos adicionales que enfrentan las que se encuentran privadas de libertad”.
“La Comisión lamenta que el Estado aún no haya ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, principalmente instrumento regional de protección de los derechos de las mujeres. En la misma línea, preocupa la ausencia de legislación especializada para combatir la violencia contra las mujeres en el país”, dijo la CIDH
Por otra parte, la organización reiteró su interés de realizar una visita a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado, y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos.
El documento, que llamó al levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba “debido a sus impactos en la población", destacó que este no exime al gobierno “de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana de los Derechos Humanos”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
"Están matando de hambre a los presos", condenados por el 11J denuncian condiciones carcelarias
Presos políticos de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 de la barriada de la Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, condenados por el delito de sedición, denunciaron las precarias condiciones y los abusos que enfrentan en la prisión Combinado del Este, en La Habana.
En comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Roberto Ferrer Gener, con 15 años de sentencia, de 52 años de edad, advirtió que no se le está permitiendo la entrada de alimentos ni de medicamentos.
“Estoy con el tema de la presión, un dolor de cabeza, y problemas de la acidez producto del alimento”, explicó el preso político.
Por su parte José Luis Castillo de la Torre, de 60 años de edad, con condena de 11 años, señala que es diabético, hipertenso y asmático y no le están dando los medicamentos.
“Esto está aquí que no hay ni una pastilla, me habían echado 25 y me bajaron ahora a 11 años. Las chinches me hacen un daño, me tienen lleno de granos, cada vez que te pica, se te infecta”, dijo Castillo de la Torre.
Mientras que su hijo José Luis Castillo Bolaños, también cumple 10 años de condena, en pésimas condiciones en ese centro penitenciario, donde no recibe ni visitas familiares.
“Mayormente para el asma, nosotros no recibimos saco, ni visita, yo si no tengo nada que perder ya porque yo perdí a mi mamá estando ya preso, ella era la que venía a vernos a mí y a mi papá, pueden venir y ver la tarjeta mía que no viene nadie a una visita mía hace más de dos años, ni visitas ni sacos, ni nada”, relató Castillo Bolaños.
El abogado Juan Carlos González Leyva, que preside el Consejo de Relatores, llama la atención sobre la situación de Luis Alberto López Marrero, de 28 años de edad con sentencia de 11 años y 4 meses.
“Se encuentra en una galera de la prisión Combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la Seguridad del Estado y los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la Seguridad del Estado de un delito de sedición, no estaba integrado a ninguna organización disidente, y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana”, reportó González Leyva.
Finalmente, en lamentables condiciones se encuentra el preso del 11J, Levys González Piedra, en un campamento de trabajo forzado en Bayamo, a donde fue trasladado desde la carbonera donde laboraba.
Allí se plantó en protesta por las malas condiciones de vida y de trabajo.
El condenado a cinco años de cárcel por los delitos de atentado y desacato por su participación en la manifestación del poblado de Bayamo denunció su situación: “Yo estaba en el carbón, pasando un hambre allí en el monte, que no había ni medicamentos ni nada, yo tuve el problema ese del carbón porque ya no aguantaba más, están matando a los presos de hambre".
"Allí hasta el oficial ese le metía bofetadas a los presos, no pude soportar eso y allí me moleste, les dije abusadores, explotadores, rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá, y ahora estoy trabajando para la construcción, limpieza, agricultura, hay de todo allí, el hambre es dura", declaró el preso político.
En el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba, la delegación de La Habana afirmó que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
Informe revela secretismo en las elecciones municipales en Cuba
A lo largo de los primeros meses de 2024, tuvieron lugar en Cuba numerosas elecciones para cubrir vacantes en las Asambleas Municipales del Poder Popular, en un proceso electoral poco transparente, revela un informe de Transparencia Electoral publicado por DemoAmLat.
Entre enero y febrero de 2024 se reportó la realización de numerosas elecciones para cubrir escaños municipales, sin poner a disposición del público los reportes de las asambleas de nominación que especifiquen lugar, fecha y hora; nombres y apellidos de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción que actuaron en la asamblea; número de electores del área y número de los asistentes; candidatos que fueron propuestos, con expresión de sus nombres y apellidos, así como de cada uno de ellos, su edad, sexo, estado civil, último grado de escolaridad vencido, estudios que realiza, calificación profesional, ocupación actual, organizaciones a las que pertenece, lugar de su residencia y número de votos obtenidos; nombres y apellidos del candidato nominado y constancia de que aceptó la nominación; y firmas de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción y del candidato nominado.
"La organización de las votaciones fue aún más opaca: no hubo prácticamente aviso previo, no se reportó una campaña para pedir el voto en los medios de comunicación, ni tampoco la legalmente obligatoria publicación de las biografías de los candidatos (confeccionadas por las Comisiones de Candidaturas) para su distribución a la vista del público. En última instancia, el único reporte de que estos procesos tuvieron lugar se vio en las publicaciones en redes sociales por parte del ente electoral durante la realización de la votación misma y después, sin que siquiera se reportaran los resultados", denuncia la investigación.
El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales".
Entre los múltiples errores en este proceso el informe destaca la llamada "influencia vertical del régimen sobre la gestión electoral", por la falta de separación entre el Estado, el Partido Comunista de Cuba y las autoridades electorales. También la falta de observación electoral independiente, de libertades políticas durante los procesos electorales y de transparencia en la comunicación sobre las vacantes producidas y los procesos electorales subsiguientes.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia aumento de la represión tras protestas del 17M
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un aumento de las acciones represivas en el mes de marzo contra intelectuales y periodistas independientes en la isla y miembros de la sociedad civil en general.
“Nos preocupa, tremendamente, el aumento de la represión que se está viendo en las últimas semanas, incluso con el empleo de violencia en contra de académicos, activistas, prisioneros políticos y periodistas independientes”, indicó a Martí Noticias Yaxis Cires, director de Estrategias de la entidad con sede en Madrid, España.
“Nos unimos a la preocupación que manifiesta la iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos", dijo Cires e hizo referencia a la importancia de que se produzcan "cambios políticos, económicos y sociales" que garanticen al pueblo "desarrollar su vida en libertad y con prosperidad”.
A finales de marzo, la Seguridad del Estado citó y amenazó con encarcelar al secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el preso político en licencia extrapenal Iván Hernández Carrillo, por “poner en peligro el orden constitucional y mercenarismo”.
Asimismo, sucedió con el ex preso político Luis Darién Reyes Romero, intimidado con una pistola en plena calle de La Habana Vieja por un agente vestido de civil.
El Observatorio también resaltó los casos de los periodistas independientes José Luis Tan Estrada, multado con 3,000 pesos por “violar el Decreto Ley 370” y de Camila Acosta detenida el domingo en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando se dirigía a visitar a familiares de presos políticos.
“No hablaron conmigo, no me dieron explicación, simplemente me montaron en la patrulla en Cárdenas y me dijeron que me mandaban para La Habana”, señaló Acosta tras ser liberada.
Otro de los casos recientes fue el arresto arbitrario de la académica Alina Bárbara López Hernández, a quien le diagnosticaron una “luxación humeral derecha (esguince del hombro derecho)” y una “subluxación en el pulgar de la mano izquierda”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó, recientemente, que la represión en Cuba repuntó durante el mes de marzo, principalmente luego de las protestas del día 17.
La organización detalló que, en el transcurso del mes, se registraron un total de 374 hechos represivos, casi cien más que las ocurridas durante febrero.
Denuncian humillante registro a preso político Félix Navarro en Agüica
Mandos de la prisión matancera Agüica practicaron un registro corporal “humillante” al preso político Félix Navarro, denunció su esposa Sonia Álvarez Campillo a Martí Noticias.
Antes de salir a encontrarse con su familia en la visita reglamentaria que le correspondió este martes, el Segundo Jefe de Orden Interior, Noslén Pedroso Sotolongo, requisó de forma degradante al preso político de 70 años:
“Le quitó dos pomos plásticos, y lo peor y más humillante, fue que lo hizo desnudarse. Le mandó a quitarse la prótesis dental, a abrir la boca, levantar los brazos para revisarle las axilas y quitarse los zapatos para revisarle la planta de los pies”.
Naciones Unidas ha convocado a los Estados Partes a que se aseguren de que, en sus territorios, las personas privadas de libertad, que son especialmente vulnerables, no sean sometidas a la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha alertado que el Reglamento del Sistema Penitenciario de Cuba, no tiene una prohibición expresa de la tortura por lo que los reclusos están sujetos al fuero militar y al uso excesivo de la fuerza y la violencia física y verbal.
“Al regresar al interior del penal, este mismo militar le quitó a Félix un pedazo de papel sanitario que llevaba en el bolsillo”, lamentó Álvarez Campillo.
Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado tras las protestas del 11 de julio de 2021, a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público.
Álvarez Campillo ha entregado varias quejas a los órganos responsables sobre el tratamiento que dan las autoridades de la cárcel a su esposo, pero el propio Navarro ha denunciado, en numerosas ocasiones, los procedimientos denigrantes del personal penitenciario con los reclusos, así como los abusos ejecutados con la complicidad de la Fiscalía Militar.
“Este militar es un abusador, golpea a los presos, hace todo lo que le da su antojo y en cualquier momento puede matar a cualquiera, pero está apadrinado por el teniente coronel Emilio Cruz, Jefe de la prisión”, indicó la esposa.
De igual modo, la familia ha reclamado ante la Fiscalía, una atención médica adecuada para Navarro, enfermo de diabetes y ha responsabilizado del riesgo que corre el preso político “a la Seguridad del Estado, al régimen y al jefe de la prisión de Agüica, Emilio Cruz”.
No obstante, los responsables del establecimiento penitenciario no han garantizado la asistencia de salud que requiere el prisionero: “sigue muy delgado con sus problemas de la diabetes”, afirmó Álvarez.
En los meses de octubre y noviembre pasados, Navarro sufrió pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglicemias.
Junto a Félix fue presa su hija Saily Navarro, sancionada a ocho años de prisión tras las marchas del 11 de julio de 2021.
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