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Derechos Humanos

Más renuncias de periodistas y activistas en Cuba por presiones de la Seguridad del Estado

Jancel Moreno, periodista residente en Matanzas. (Foto: Facebook).
Jancel Moreno, periodista residente en Matanzas. (Foto: Facebook).

La escalada intimidatoria de la Seguridad del Estado cubana contra periodistas y activistas alcanzó a Jancel Moreno quien anunció que cerraría la página a favor de la comunidad LGBTQ, @Damelamano1, por “petición” directa del órgano represor.

Moreno, habanero residente en Matanzas, fue conminado durante un interrogatorio a cerrar la conocida plataforma en Twitter y a comprometerse a no trabajar con ningún medio independiente:

“Presiones que tienen que ver con posible cárcel por la trayectoria que he venido teniendo, aunque en los últimos tiempos yo he estado ‘tranquilo’, por decirlo de alguna manera, pero igual he estado publicando artículos con mi nombre y me tienen identificado como que sigo trabajando para el periodismo independiente y entre los delitos que me achacan está el de mercenarismo, incitación a delinquir, desacato por mi actividad en las redes sociales”.

“Me mencionaron el Código Penal: ‘vete antes que en diciembre entre en vigor que, si nos da por pensar que estás en algo, vas cargado’. Dado los acontecimientos, se ve que están tratando de acabar con el activismo aquí adentro”, recalcó Moreno a Radio Televisión Martí.


Otros tres colaboradores de El Toque renunciaron a ejercer su labor en el medio independiente y a pertenecer a cualquier plataforma opositora.

En un artículo publicado el viernes, El Toque indicó que la ofensiva represiva de la Seguridad del Estado en su contra alcanzó en la última semana “una nueva cota de agresividad” y que “el libreto de interrogatorios y chantajes, junto al uso de la regulación de viajes a varios de los colegas residentes en Cuba, han ocasionado que, hasta el 9 de septiembre de 2022, el número de renuncias de integrantes de nuestro equipo ascendiera a 16”.

El suplemento semanal de humor gráfico Xel2, nacido en febrero de 2019, tuvo que cerrar luego de que su director Wimar Verdecia y el artista Irán Hernández hicieron pública, a través de Facebook, su decisión de renunciar a su trabajo en El Toque o de cualquier otro medio independiente no controlado por el Partido Comunista.

Verdecia agregó que desarticulaba el proyecto de Xel2, que dirigió hasta ese momento, porque, aunque ya tenía “un sitio en la historia de la gráfica cubana”, no quería ser historia: “Yo quiero vivir y ser feliz, seguir dibujando y creando”.

Asimismo, Laura Seco Pacheco también desistió a su trabajo como comunicadora: “Está de más explicar las razones. También renuncio a la posibilidad de trabajar en cualquier otra plataforma de periodismo independiente en Cuba”.

Por otro lado, el Tribunal Municipal de Camagüey condenó el pasado jueves a cuatro reporteros del medio Palenque Visión, Adrián Quesada, Leyanis Heredia, Geovanis Sepúlveda y Yadisley Rodríguez Ramírez, por los supuestos delitos de desacato y atentado.

“Ese día, en que ocurrieron los hechos, veníamos de la fiesta de cumpleaños de unos niños. Veníamos caminando por la carretera y cerca de las 6 o la 7 de la noche, pasó por nuestro lado una patrulla, pero como estábamos cantando canciones contestatarias, los policías se apearon del vehículo y, sin mediar palabras, las emprendieron a patadas y golpes con las tonfas contra nosotros”, explicó Sepúlveda.

“A mí me tiraron contra el piso, me rompieron la boca y la nariz, me echaron spray, me arrastraron hasta la patrulla. Entonces en el juicio están diciendo que yo atenté, cuando la realidad es que no atentamos, solo hicimos resistencia”, señaló el comunicador camagüeyano.

En el juicio, que quedó concluso para sentencia, los dos hombres fueron sancionados a cuatro años y tres meses de privación de libertad sin internamiento, mientras que las mujeres a tres años y tres meses.

Sepúlveda agregó que su enjuiciamiento y el de sus compañeros responde a la pretensión de la policía política de querer eliminar la prensa independiente dentro de Cuba.

“Nosotros hacemos entrevistas a los deshabilitados, a los damnificados de ciclones. Están intentando frenarnos”, dijo.

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) situó a Cuba en su informe de 2022 como el peor país de América en cuanto a libertad de prensa y el octavo a nivel mundial.

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Nace nueva entidad de derechos humanos en Cuba y la Seguridad del Estado frustra su primer evento

Foto Archivo. Un operativo policial en La Habana. La primera reunión del Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba fue frustrado por las autoridades el 15 de febrero de 2024.
Foto Archivo. Un operativo policial en La Habana. La primera reunión del Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba fue frustrado por las autoridades el 15 de febrero de 2024.

Un grupo de activistas pertenecientes al Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba, que pretendían reunirse este jueves, fueron hostigados por la Seguridad del Estado con el propósito de impedir el intercambio de estrategias para impulsar los objetivos de la iniciativa.

El Foro fue fundado el 1 de febrero para desarrollar un "espacio de activación, acción y articulación" que promueva y divulgue dentro de la isla los derechos humanos, así como las libertades que recoge la Constitución de 2019.

Del mismo modo, busca concienciar a la ciudadanía para que exija el disfrute de los derechos y libertades a que le corresponden por la Carta Internacional de Derechos Humanos y la legislación cubana.

“Nosotros teníamos pensado como una acción del Foro Permanente de Derechos Humanos, tener un primer encuentro, específicamente, sobre la violencia de género y se iba a reunir a un grupo de activistas, sobre todo mujeres, acompañadas por un par de hombres, para generar esa primera conversación de violencia de género y violencia en sentido general”, explicó a Martí Noticias, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma DFrente y uno de los fundadores del Foro.

“Parece que, de algún modo, ellos se enteraron y quisieron impedir que sucediera: a mí, hoy, desde la mañana y también incluso a Marielena Mir, nos sitiaron la casa, en el caso mío de forma muy visible, tenían puestos dos jóvenes de la Sección 21, la policía política y una perseguidora para impedir mi salida. Además, citaron para este jueves a María Mercedes Benítez para la policía”, denunció.

Esta última fue interceptada por tres agentes de la policía política en las afueras de su vivienda en Centro Habana, cuando se dirigía a gestiones personales.

“Había tres oficiales de la Seguridad. Me detuvieron y me dijeron que estaba citada para las 10 de la mañana del jueves a la estación de Zanja. Yo le dije a ellos que yo no iba a ir a ninguna citación ni verbal, ni por teléfono, ni con papeles, que yo no tengo nada que hablar con ellos, que lo que tenían que hacer es velar a todos los delincuentes que están cometiendo actos de crimen”, señaló Benítez en conversación con nuestra redacción.

“El encuentro era en mi casa. Íbamos a tener un conversatorio con varias mujeres sobre los feminicidios y sobre violencia de género”, dijo.

Entre las tareas que se proponen los integrantes del Foro están “divulgar y, educar” a la ciudadanía en "todos y cada uno de los derechos", así como en la "defensa institucional" de los derechos.

Cuba es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en 2008 firmó -aunque aún no los ha ratificado- los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, Sociales, Económicos y Culturales de la Carta Internacional de Derechos Humanos.

"Nos maltratan aquí como locos", padre e hijo condenados por sedición denuncian lo que ocurre en el Combinado del Este

José Luis Castillo de la Torre y su hijo, José Luis Castillo Bolaños, fueron condenados por sedición tras las protestas del 11y 12 de julio de 2021 en La Güinera, La Habana.
José Luis Castillo de la Torre y su hijo, José Luis Castillo Bolaños, fueron condenados por sedición tras las protestas del 11y 12 de julio de 2021 en La Güinera, La Habana.

Un padre y su hijo, condenados por las manifestaciones antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021, denunciaron desde la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, la difícil situación en que se encuentran.

"Nos maltratan aquí como locos", dijo José Luis Castillo de la Torre, de 58 años, sancionado a 11 años de privación de libertad.

Él y su hijo, José Luis Castillo Bolaños, de 32 años de edad, quien cumple condena de 10 años, estuvieron en las protestas de La Güinera, en Arroyo Naranjo, y fueron condenados por el delito de sedición.

En una llamada telefónica, a la que Martí Noticias tuvo acceso por cortesía del Centro de Relatores de Derechos Humanos, explicaron que como reclusos tienen todos los derechos negados.

"Somos los de La Güinera y nos negaron la mínima, por gusto", aseguró Castillo Bolaños, quien ejercía como tatuador antes de ser detenido.

"Aquí no han atención médica, soy asmático y nunca me han dado ni un sala'o aerosol; soy diabético al igual que mi papá, no tenemos ayuda. Mi mamá falleció en el 2022. No tienen ni cómo justificar las cosas que han hecho y entonces están amenazándonos que nos van a dar golpes", denunció.

Su padre también alertó: "Nosotros no tenemos familia afuera, nadie nos ayuda. Llevamos dos años y pico aquí, entonces ahora fui al lío de la mínima y me aparece una pila de cosas que yo no he hecho. Los comunistas estos te ponen cosas por gusto, no te dan medicamentos, yo soy diabético, no dan atención médica, no dan nada”.

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Otra denuncia por falta de atención médica fue divulgada por Magalys González, quien explicó el delicado estado de salud en el que se encuentra su hijo Ismael Rodríguez González, de 26 años de edad.

El joven, que cumple nueve años de sentencia por su participación en las protestas populares de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, sufre un trastorno bipolar y no está tomando los medicamentos, requeridos.

La señora explicó que su hijo estaba en el campamento de trabajo Ceiba Cinco, donde tuvo un enfrentamiento con otros reos, y debido a este incidente, fue trasladado para la prisión de Máxima Seguridad de Guanajay, donde lo mantienen en una celda aislada, sin mediación, ni atención psiquiátrica.

Foto tomada en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, Cuba
Foto tomada en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, Cuba

"Ya hace 20 días hoy que está en Ceiba Cinco, él tuvo una recaída porque los medicamentos nunca se los dieron como debe de ser. Desde que lo llevaron para Guanajay no ha salido más, no ha tomado medicamento más, más nada, ni lo ha visto un psiquiatra”, se quejó su madre.

“Ismael tiene deficiencia mental, le dan ataques de epilepsia, es bipolar desde los 8 años, lo mismo se ríe que llora. Los certificados se los di al abogado, lo presentó allí en el juicio", indicó.

Según su relato, el abogado le cuestionó a la fiscal que a el joven le habían dado la baja del Servicio Militar, y que cómo es que iba a asumir una prisión, a lo que la fiscal argumentó que el servicio es un problema de aptitud y la prisión es un problema de conducta.

“Él no puede seguir encerrado ahí porque se va a volver más loco”, dijo González.

Cuba mantiene un régimen represivo "insoportable", que puede terminar en "protestas masivas": Informe

Presos políticos cubanos. (Facebook/Albert Fonse)
Presos políticos cubanos. (Facebook/Albert Fonse)

Cuba tiene un promedio de 14 nuevos presos políticos por mes, dijo este miércoles la organización independiente Prisioners Defenders, que reportó el ingreso a su lista de otros 13 presos de conciencia en el mes de enero de 2024, para un total de 1.066.

La organización con sede en Madrid, España, añadió en 2023 al listado que actualiza cada mes 170 nuevos presos políticos. "Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.236 prisioneros políticos”.

Hasta el 31 de enero de 2024, el total de presos políticos y de conciencia en la isla ascendió a 1.066, los cuales, denunció Prisoners Defenders, sufren “condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional”.

La organización dijo que los datos que colecta, además de ser publicados, se envían a “todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos”.

El reporte de enero actualiza la cantidad de prisioneros que fueron detenidos cuando eran menores de edad, y de los que 33 siguen estando en la lista, 29 cumpliendo sentencia y 4 en proceso penal.

En un informe a Naciones Unidas, el régimen cubano reconoció la veracidad de estas cifras. "Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla otros muchos menores que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas”, subrayó Prisoners Defenders.

“17 de los menores mencionados han sido ya condenados por “sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento”, añadió.

La organización detalló que actualmente se encuentran en las prisiones cubanas “831 convictos de conciencia, 199 condenados de conciencia y 36 presos políticos”, aclarando que esta última denominación se basa en que están condenados “por acciones penalmente reprochables, si bien, en su causa de origen, está la represión de derechos fundamentales, y no la infracción o delito per se, y cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos”.

Evolución de la lista de presos políticos en Cuba en los últimos 12 meses, según CPD
Evolución de la lista de presos políticos en Cuba en los últimos 12 meses, según CPD

Analizando el trienio 2021-23, Prisoners Defenders se refiere a 2021, año de las históricas protestas conocidas como el 11J, como “el año donde la violencia y la represión policial fue la predominante”. En cuanto a derechos humanos, la organización refiere que en “2022 se vivió con especial énfasis la represión judicial” en la isla, y 2023 fue "un año para la desesperanza”.

Sobre el recién comenzado 2024, la organización prevé que la mala administración del régimen, que ha elevado los niveles de pobreza de la población a niveles insoportables “puede llevar a vivir de nuevo un ciclo de protestas populares masivas, a pesar de la inmensa represión a la que ya el pueblo sabe se tendría que enfrentar”.

Concluso para sentencia juicio contra joven acusado de las pintadas contra el Partido Comunista

 El Nuevo Directorio publicó imágenes del cartel.
El Nuevo Directorio publicó imágenes del cartel.

El Tribunal Municipal de Diez de Octubre, en La Habana, dejó concluso para sentencia, este martes, el juicio contra el rapero y activista Yasmany González Valdés al que la Fiscalía pide seis años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga.

“Dice el fiscal que propaganda enemiga es un delito del Código penal que está en vigor desde 2022 y que fue aprobado por más de un 79% de la población”, indicó Ilsa Ramos, la esposa del preso político.

“El fiscal quería ponerle agravantes, propaganda por el teléfono, incitación a las manifestaciones, pero la abogada lo defendió argumentando que Yasmany estaba siendo juzgado por los carteles”, relató.

González Valdés, conocido en las redes sociales como Libre Libre, fue aprehendido el 20 de abril de 2023 por pintadas contra el Partido Comunista y el régimen que aparecieron en diferentes sitios de la capital cubana.

Yasmany González Valdés.
Yasmany González Valdés.

La primera pintada "No al PCC" fue descubierta en los muros de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. La segunda, en el parque de Aguirre, una tercera fue escrita en la entrada del estadio universitario, en la calle Ronda y la cuarta, hecha el mismo día de la detención de Yasmany, en el número 7 de la calle Humboldt, en Centro Habana.

Había sido citado a principios de abril a la estación policial de Zanja, donde lo acusaron de estar relacionado con el grupo que se hacía llamar El Nuevo Directorio y se atribuía los letreros contra el régimen escritos en paredes de lugares emblemáticos de La Habana.

El letrado aseguró a Ramos que está abogando por bajar la sentencia a tres años.

"Dice que Yasmany no tiene que tener una pena tan cercana a la máxima sanción por ese delito, que son ocho años, porque él admitió que puso los carteles y cooperó en la prueba caligráfica. Ahora hay que esperar la sentencia firme que puede tardar hasta más de un mes”, indicó la esposa.

Al juicio, como todos los que se celebran en Cuba por causas políticas, permitieron asistir únicamente a unas pocas personas.

“Sólo dejaron entrar a familiares cercanos, sus padres y yo. Empezó tardísimo porque no traían a los presos que eran él y otro muchacho, también del Combinado del Este, por ‘propaganda enemiga’ pero no en la misma causa. Un juicio previsto para las 9 de la mañana comenzó a las 11”, agregó la misma fuente.

Durante su reclusión, González Valdés, que, antes de ser encarcelado se ganaba la vida como albañil, ha estado varias veces en celdas de castigo, una de ellas tras una pelea con un recluso común que lo acusó de estar creando un movimiento opositor "dentro de la prisión".

OCDH reporta más de 300 acciones represivas contra la población civil cubana en enero de 2024

Represión en Cuba durante jornadas de protesta popular (Imagen tomada de Facebook)
Represión en Cuba durante jornadas de protesta popular (Imagen tomada de Facebook)

El más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) indica que el régimen de La Habana cometió más de 300 acciones represivas contra la sociedad civil durante el mes de enero.

"El año 2024 comenzó en Cuba con al menos 320 acciones represivas, de las cuales 64 fueron detenciones arbitrarias y 256 otros abusos", explica el documento.

El OCDH precisó además que se registraron 109 abusos contra personas encarceladas, en su gran mayoría presos políticos, además de amenazas, juicios, citaciones policiales, hostigamientos, multas y sentencias, entre otras violaciones.

Yaxis Cires, jefe de Estrategias del OCDH, explicó a Martí Noticias que la organización continuará exigiendo al régimen cubano la liberación de los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles de la isla.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha trasladado recientemente un documento, aportado en una audiencia por el ODC, donde explica las vías de excarcelación que tiene el propio régimen para liberar de manera inmediata a todos los presos políticos y de conciencia”, dijo Cires.

Primero que nada, acotó, "por una razón de justicia, porque ellos deben estar libres de manera inmediata y, en segundo lugar, porque el régimen proclama a nivel mundial que cumple y que es leal al sistema internacional de derecho internacional público y de derechos humanos. Entonces tienen que responder de alguna manera”.

Entregada a canciller cubano propuesta de Amnistía de OCDH
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Otro de los temas abordados en el informe correspondiente al mes de enero es precisamente cómo "la gravísima situación económica, con categoría de hambruna en las zonas más empobrecidas del país, también golpea a los recluidos en las cárceles".

Según Cires, las cifras de violaciones de derechos fundamentales, tanto de la población en general como de los presos políticos recogidas en el primer informe de 2024 explican por sí solas la gravedad de la situación.

“Mientras el régimen es incapaz de responder a las necesidades socioeconómicas más básicas de la población, dedica tiempo, recursos, dinero y personal para reprimir, hostigar a todo aquel que disienta, a todo aquel que se le oponga, ya sea en las redes sociales o en cualquier espacio de la vida nacional”, afirmó.

A mediados de enero la CIDH trasladó al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, un documento elaborado por el OCDH sobre las posibles vías legales para liberar o excarcelar a los cerca de mil presos políticos que cumplen condenas actualmente en el país. Este fue respaldado por decenas de familiares de presos políticos en una misiva titulada "Carta de petición ciudadana para una Ley de Amnistía".

"La propia Constitución socialista le da la potestad, por ejemplo, al presidente de la República de conceder el indulto. También le da potestad a la Asamblea Nacional del Poder Popular de aprobar leyes de amnistía, como la que están pidiendo los padres, los familiares de los presos políticos", había dicho Cires a nuestra redacción en ese momento.

(Con reporte de Ariane González para Martí Noticias)

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