Derechos Humanos
Más de un centenar de organizaciones, publicaciones y activistas respaldan a Quiñones
Decenas de organizaciones internacionales y medios de prensa condenaron el proceso contra el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces, sancionado la semana pasada a cumplir un año de trabajo correccional con internamiento.
La declaración publicada el martes ha sido firmada por casi un centenar de periodistas y activistas pro derechos humanos.
En el documento denuncian la detención arbitraria, criminalización y sanción contra el periodista de Cubanet y expresan profunda preocupación "por el maltrato y tortura de los cuales fue objeto durante y después de detención".
Al mismo tiempo exigen al Estado garantías en el proceso penal del también abogado, que implemente medidas para que cese la represión contra defensores y activistas de derechos humanos y otras de orden legal para garantizar la independencia del poder judicial, entre otras demandas.
A continuación publicamos el texto íntegro de la Declaración:
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13, de agosto de 2019.- El 1ro de agosto pasado, el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, recibió un citatorio para presentarse ante el Tribunal Municipal Popular de la ciudad de Guantánamo, Cuba, en calidad de acusado. El 7 de agosto fue juzgado y sancionado a un año de privación de libertad sustituido por trabajo correccional con internamiento. Roberto Quiñones es un hombre de 62 años de edad, desde hace 12 años ejerce el periodismo en Cubanet y también es licenciado en Derecho. En 1999 fue sancionado a ocho años de prisión y desde entonces se le prohibió ejercer como abogado. Esta actual sanción se deriva de una cobertura que realizaba del juicio contra un matrimonio que había sido acusado por no llevar a sus hijos a la escuela e instruirlos desde casa. El 22 de abril, cuando el periodista se disponía a presenciar el juicio en el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo detuvieron, esposaron y golpearon. Lo llevaron detenido y lo mantuvieron preso por 5 días, acusado de resistencia y desobediencia, liberándolo bajo la advertencia de que el proceso en su contra seguiría. Durante el arresto le provocaron varias contusiones, escoriaciones, heridas y le perforaron el tímpano del oído derecho. Fue trasladado al hospital, pero la especialista que lo atendió no registró la lesión porque tenía un taco de cerumen en el oído. No fue diagnosticado hasta 7 días después de ser liberado, cuando requirió asistencia médica por su cuenta. Las autoridades denunciaron de oficio a los oficiales actuantes por los delitos de lesiones y al periodista por los delitos de resistencia y desobediencia. El 30 de abril, el Primer Fiscal Militar exculpó a los agentes y remitió la denuncia contra el periodista a la Fiscalía Provincial de Guantánamo. El 3 de mayo, el periodista presentó queja en la Fiscalía y una funcionaria le informó que por indicaciones de la Fiscalía General de la República su caso había sido trasladado a la Delegación del Ministerio del Interior, la misma institución que garantizó impunidad a sus agresores. El 6 de mayo, Roberto de Jesús presentó un escrito de queja por la decisión tomada por la Fiscalía Militar al Departamento de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior. Hasta la fecha no ha recibido respuesta. Desde el 9 de junio tiene prohibido salir de su provincia de residencia sin autorización de los agentes de la Seguridad del Estado que regularmente lo reprimen. La prohibición se mantiene en la actualidad. En ese mismo mes fue citado por un capitán de la PNR quien le hizo la propuesta de imponerle una multa para cerrar el caso. Roberto Quiñones se negó porque tal proceder implicaba admitir la responsabilidad de la acusación. Ello ocasionó que el juicio continuara su curso hasta la sanción notificada el 7 de agosto. Si bien Roberto Quiñones apeló la sentencia del Tribunal Municipal el 12 de agosto,se teme que la sanción se confirme y se haga efectiva la privación de su libertad. Del caso se desprende que el periodista fue juzgado sin las garantías mínimas del debido proceso por un tribunal no independiente, mediante un proceso penal sumarísimo en el cual no se respetó el principio de contradicción ni la igualdad entre las partes, como tampoco se dispuso del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa. En lo que va de 2019, en Cuba han aumentado los actos de intimidación y hostigamiento que pueden ser tipificados como tortura por el derecho internacional, cometidos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado, sin orden ni supervisión judicial, contra defensores de derechos humanos y periodistas independientes, con el objetivo de que, mediante el castigo o la intimidación, se inhiban de ejercer su derecho a opinar expresarse, asociarse y reunirse pacíficamente. En el caso específico de Roberto, agentes del estado cubano, en el desempeño de funciones oficiales, infringieron intencionalmente sufrimiento y dolor (mental y físico) severo a Roberto de Jesús Quiñones, actos prohibido por el articulo 7 del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, que el estado se comprometió a cumplir cuando lo firmó el 28 de febrero de 2008 y la Convención contra la Tortura de la cual es parte. Es importante resaltar que en el informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba, presentado este año por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza, se señala la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Cuba, con énfasis particular en la detención arbitraria, tortura y citaciones. Asimismo, se nombra al periodista Roberto Jesús Quiñones por haber sufrido otra detención arbitraria hace menos de un año. Entre las recomendaciones del Relator, se instó al Estado cubano a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar la criminalización de quienes ejercen el derecho de libertad de expresión y de asociación; y Poner fin en el más breve plazo a la práctica de hostigamiento, incluyendo citaciones, detenciones de cualquier duración, y acoso a cualquier persona por causas relacionadas al ejercicio de su libertad de expresión, libertad de asociación, reunión u otros conexos. Asimismo, en el Examen Periódico Universal de Cuba, en septiembre 2018, también incluye las siguientes recomendaciones: Poner fin a la detención arbitraria y el hostigamiento de defensores de los derechos humanos, así como de profesionales de los medios de comunicación; y poner fin a las medidas que restringen la libertad de expresión y reunión, incluidas las detenciones de corta duración y la utilización de cargos penales generales como la “peligrosidad”. Es importante recordar las obligaciones del Estado cubano de garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas o firmadas por Cuba. El derecho a la libertad de expresión y de acceder a información son establecidos dentro del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 19 reitera específicamente los derechos garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículos 7, 9, 12, & 19; y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de conformidad con estándares internacionales de derechos humanos. Por todo ello, las organizaciones y personas abajo firmantes condenamos la ilegitima detención arbitraria, criminalización y sanción en contra del periodista Roberto Jesús Quiñones y expresamos nuestra profunda preocupación por el maltrato y tortura de los cuales fue objeto durante y después de detención. Asimismo, demandamos al Estado cubano lo siguiente: Que se respeten y garanticen los derechos de Roberto de Jesús Quiñones en el proceso penal seguido en su contra por las autoridades judiciales en la provincia de Guantánamo. Adoptar las medidas para que cese la represión contra defensores y activistas de derechos humanos, especialmente contra periodistas independientes y otros actores de la sociedad civil en situación de riesgo. Garantizar que estos actos de represión, intimidación y hostigamiento sean debidamente investigados y los responsables sancionados; conforme a la metodología del Protocolo de Estambul. Garantizar que todas las personas estén protegidas frente a la intimidación y la violencia a las que podrían exponerlas sus actividades o el simple ejercicio de sus libertades de opinión y expresión y sus derechos de asociación y reunión pacífica Adoptar medidas legislativas para garantizar la independencia del poder judicial y garantizar el respeto de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. Preparar y ejecutar programas de formación para velar por que los jueces, fiscales, agentes del orden sean plenamente conscientes de las disposiciones internacionales que prohíben la tortura y los malos tratos. FIRMAN: Organizaciones/Instituciones/Fundaciones
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Periodistas, defensoras/es de derechos humanos y otras/os
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Campaña expone “patrón de castigo” a las presas políticas cubanas
Una iniciativa del centro de asesoramiento legal Cubalex busca visibilizar, de manera general y casuística, el impacto de la prisión política en las mujeres cubanas.
La campaña “Derechos negados: Mujeres encarceladas por motivos políticos en Cuba”, pretende además denunciar el uso de esta herramienta por regímenes autoritarios para controlar las voces críticas.
“Se ha denunciado que las autoridades [penitenciarias] toman decisiones a partir de las órdenes que les da la Seguridad del Estado en estos casos específicos de las mujeres privadas de libertad por motivos de opinión”, explicó Giselle Morfi, especialista de Cubalex.
La organización Justicia 11J tiene registradas 62 mujeres cubanas que están separadas de sus familias por disentir.
“Estas mujeres se encuentran en especial situación de riesgo”, asegura Cubalex sobre las presas políticas.
“Las condiciones de higiene de las prisiones, de manera general, son insalubres. Las pocas veces que hay agua, es de muy mala calidad, puede tener hasta fango, fetidez, incluso, el agua de tomar”, señaló Morfi.
La abogada detalló que las malsanas condiciones de los establecimientos penitenciarios afectan en particular a las mujeres embarazadas, más susceptibles a infecciones y otras enfermedades derivadas de la falta de higiene.
A esto se le añade la escasez de medicamentos en el país y la negligencia de los responsables de prisiones “que, muchas veces, aunque la familia lleva, por ejemplo, pastillas prenatales, no se las dan a la embarazada”, subrayó Morfi.
La experta considera que esta práctica se convierte en “un patrón de castigo” a las presas políticas.
Los penales no tienen médicos especialistas por lo que las presas con dolencias que requieran un ginecólogo, u otro especialista, deben ser trasladadas a un centro de salud cercano.
“Nos sacan de ‘conduce’ para un hospital porque ahí no hay condiciones para eso. Pero, muchas veces, perdíamos el turno porque no había petróleo o no había carro”, relató Liliana Oropesa, excarcelada este lunes bajo una licencia extrapenal. La mujer se encuentra embarazada de ocho meses y estaba recluida en la sección destinada a las mujeres en esa condición de la Prisión de Mujeres de Occidente.
“No nos daban ninguna dieta [a las gestantes]. Nos daban la misma comida que a todo el mundo”, apuntó Oropesa, que cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el barrio habanero La Güinera.
Los exámenes como el que detecta el VIH y los exudados vaginales imprescindibles para la salud y bienestar femenino, son una asignatura pendiente en las cárceles cubanas.
“Hicieron una vez una prueba citológica y más nunca volvieron a repetirla ni ningún otro análisis”, anotó la joven.
En este sentido la abogada de Cubalex alertó que la crisis generalizada que afecta al país se agudiza al interior de las prisiones:
“En el caso de las mujeres aún mayor, pues son un grupo vulnerable donde la situación es caótica porque no tienen las condiciones higiénicas necesarias que exigen las reglas de Bangkok: ni siquiera les dan toallas sanitarias para que puedan pasar su periodo menstrual de manera digna”.
Las Reglas de Bangkok establecen el primer grupo de patrones internacionales de derechos humanos centrados en las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad.
En un hilo de X, Cubalex advierte que la violencia sistemática en las prisiones somete a las mujeres presas a numerosas violaciones de derechos humanos.
La prisión política es injusta para cualquier ser humano, pero en las mujeres tiene un más fuerte golpe para ella y su familia, indicó Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido, ambas presas políticas por participar en las manifestaciones del verano de 2021 en Quivicán, provincia Mayabeque.
“Cuando es la mujer, la madre la que falta en la familia, lo demás se desmorona. Si falta ella, falta el alma, lo que aglutina, que une en dedicación al hogar”, afirmó.
“María Cristina es madre de tres niños. En una carta me escribía, que lo que más le duele son esos tres niños. Saber que el varoncito no tiene la merienda en el momento que lo necesita o el peinar a Sofía, su niña menor con esa paciencia que solo ella puede tener. Son muchos detalles, más allá del machismo”, refirió Rodríguez.
Agregó que hombres y mujeres son tratados con igual severidad en las cárceles cubanas: “Cuando a María Cristina Garrido le daban, le daban duro, igual que a los hombres, por la cara para obligarle a gritar 'Viva Fidel, Viva Díaz Canel'. La proyectaban hacia el suelo con una técnica de judo y le abrían los pies para que los soldados ‘machitos’ vieran su ropa interior manchada de sangre porque estaba en el periodo menstrual y no le daban una almohadilla sanitaria”.
“A Lisandra Góngora la llevaron para la Isla de la Juventud alejándola cientos de kilómetros de sus cinco hijos pequeños”, recordó Rodríguez.
Cubalex resaltó las figuras de Sayli Navarro Álvarez, Daisy Rodríguez Alfonso, Odet Hernández Cruzata, María de Jesús Terrás Díaz, Lisdiany y Lisdanis Rodríguez Isaac y Mailene Noguera Santiesteban, entre otras.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha atestiguado en repetidas ocasiones que su Gobierno se “ocupa y preocupa” de las mujeres “en desventaja”, pese a “la manipulación que se teje sobre este sensible tema”.
Al respecto, los observatorios feministas independientes del país han resaltado que la violencia política contra las mujeres es violencia de género.
Cuba incumple plazo de responder a la ONU sobre preso político Roberto Pérez Fonseca
A seis meses de la opinión número 51 de 2023 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), donde se exige la liberación inmediata e indemnización del preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, las autoridades cubanas no han cumplido con el plazo dispuesto para responder sobre su caso.
Su abogado, Sergio Osmín Fernández Palacios, aseguró desde La Habana a Martí Noticias que en dicha opinión, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno cubano a proceder con la libertad inmediata, indemnización, investigación exhaustiva e independiente sobre las violaciones de derechos, y a adoptar medidas contra los responsables, así como difundir la opinión por todos los medios disponibles.
Sin embargo, según Fernández Palacios, estas medidas "han sido ignoradas por el régimen totalitario”.
Pérez Fonseca, tornero de profesión, fue condenado a 10 años de cárcel en un juicio ordinario donde fue hallado culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, e instigación a delinquir, por participar en las manifestaciones en San José de las Lajas, Mayabeque, el 11 de julio de 2021.
Según el centro de monitoreo de los procesos judiciales contra los detenidos en las protestas del verano de 2021, el portal Justicia 11J, al hombre de 41 años y padre de dos menores lo condenaron "sobre todo porque fue un “líder” para su comunidad y se atrevió a destrozar el rostro de Fidel Castro".
Encarcelado desde el 16 de julio de 2021, el prisionero político ha estado en la Prisión Melena del Sur y en la Prisión de Quivicán.
El abogado Fernández Palacios informó a Martí Noticias que además hizo llegar a la ONU denuncias sobre la creciente represión contra Pérez Fonseca.
Entre los hechos enumerados por el defensor se cuenta que en diciembre de 2023, las autoridades penitenciarias le impidieron que recibiera la visita del monseñor Eloy Ricardo Domínguez Martín, obispo auxiliar de La Habana, y que en enero de 2024, sufrió una crisis de dolor con vómitos sangrantes debido a condiciones penitenciarias precarias, que ha sido amenazado de muerte, y que, en ocasiones, se le ha suspendido la comunicación telefónica.
El proceso de seguimiento permite al GTDA mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados, informa en uno de sus párrafos la decisión 51.
Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, insta a los familiares de los presos políticos cubanos a denunciar la realidad en las cárceles de la isla.
A pesar de las amenazas recibidas, Fonseca se ha convertido en una de las voces más importantes de la causa por la libertad de los encarcelados en las manifestaciones.
"Tenemos la razón", dijo la señora, quien insiste en seguir luchando por la justicia y la libertad de su hijo y de todos los presos políticos cubanos.
Amnistía Internacional recuerda que líder religioso afrocubano pasa su cumpleaños 53 en prisión
Este sábado Amnistía Internacional recordó que el preso político cubano, líder de la agrupación Yorubas Libres de Cuba, Loreto Hernández García, está pasando su cumpleaños 53 en prisión.
"Es un sacerdote yoruba y preso de conciencia. Condenado injustamente junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro por ejercer sus derechos humanos pacíficamente en Cuba", recordó la organización internacional que ha acogido a ambos como Presos de Conciencia.
En el comentario publicado en redes sociales, Amnistía Internacional hace también un llamado a exigir al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la liberación de los dos religiosos, detenidos en Placetas por sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en las que los cubanos demandaron en las calles de más de 60 localidades del país un cambio de régimen, libertad, democracia y mejores condiciones de vida.
La organización de alcance mundial, con más de 10 millones de activistas, hizo un llamado a una Cuba sin represión.
Hernández García fue condenado por los delitos de desórdenes públicos y desacato a 7 años de cárcel, que cumple en la Prisión de Guamajal, de Villa Clara.
Familiares, organizaciones de derechos humanos y gobiernos como el de Estados Unidos han denunciado que lo mantienen encarcelado a pesar de su difícil cuadro de salud, donde se conjugan enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y ha sufrido principio de infarto.
En enero de 2024 cinco relatores de Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y de expresión en Cuba, con especial interés en los casos de Hernández García, Pérez Paseiro, Mitzael Díaz Paseiro y las hermanas Lisdiany y Lisdany Rodríguez Isaac, todos vinculados a la Asociación Yorubas Libres de Cuba.
En una carta dirigida al gobierno cubano, describen “el presunto patrón sistemático de hostigamiento, en contra de miembros de grupos religiosos independientes, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de líderes y miembros de diversas de estas organizaciones”.
El régimen comunista aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de derechos humanos que defiende la libertad religiosa en Cuba y que mantiene la prohibición de la discriminación basada en las creencias religiosas.
"Duras y desproporcionadas", así califica la Unión Europea las sentencias a manifestantes de Nuevitas
La Unión Europea expresó preocupación por las "duras y desproporcionadas" sentencias de esta semana en relación con las protestas populares que tuvieron lugar el 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.
La declaración del bloque europeo proviene de Peter Stano, principal portavoz de la Oficina del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.
Refiriéndose a los 14 manifestantes condenados con penas de cárcel de hasta 15 años, en el caso de la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien divulgó la represión contra los manifestantes, la Unión Europea recordó que "en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, siguen instando a las autoridades cubanas a asegurar el respeto de los derechos humanos".
Además de la condena a Rodríguez Prado, se conoció una sentencia de 14 años de cárcel para José Armando Torrente; 13 años de prisión para Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto; y 11 años de cárcel para Lisdan Cabrera Batista.
Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto fueron condenados a diez años de privación de libertad.
Yennis Artola Del Sol fue sancionada a ocho años, Wilker Álvarez Ramírez a cuatro, y Yanelis Valladares Jaime fue absuelta por insuficiencia de pruebas.
Los supuestos delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la Seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento.
El gobierno estadounidense calificó este martes de indignantes las duras sentencias contra los manifestantes de Nuevitas, Camagüey, en 2022.
"La dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante", expresó en su cuenta de X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.
Numerosas agrupaciones de la sociedad civil cubana y varios grupos de derechos humanos condenaron el castigo a los manifestantes y exigieron que se respete el derecho a la protesta.
El grupo de asesoría legal Cubalex, denunció que estas altas condenas y los delitos imputados a los manifestantes reflejan "una aplicación extremadamente severa de la ley", lo que puede interpretarse como un intento de disuadir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la protesta contra personas que simplemente buscan garantizar sus derechos y necesidades básicas.
"Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias. La respuesta del gobierno demuestra una falta de disposición para abordar de manera constructiva las preocupaciones reales de los ciudadanos. El juicio, que fue suspendido en dos ocasiones, se celebró finalmente el 16 de enero de 2024 bajo una fuerte presencia militar y un gran despliegue policial", recordó la entidad.
"Estas sentencias podrían actuar como un factor disuasivo en la sociedad cubana, desalentando futuras manifestaciones y limitando la capacidad de los ciudadanos de abogar pacífica y legalmente por cambios o mejoras. Además, evidencian cómo la ley es empleada como un instrumento de represión política para silenciar la disidencia y suprimir cualquier crítica hacia el gobierno", concluyó Cubalex.
Pastor de Palma Soriano preso del 11J es obligado a trabajar a pesar de su enfermedad
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo debe cumplir jornadas enteras de trabajo forzado en la prisión La Caoba, en las cercanías del poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, a pesar de sus padecimientos de salud, para los que no está recibiendo atención médica, denunció el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lleonart Barroso.
El religioso de 52 años fue condenado a siete años de cárcel, procesado por los presuntos delitos de atentado, desacato y desordenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano.
Su caso mereció un pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias, que en febrero exigió a las autoridades cubanas que le otorgaran la inmediatamente libertad y lo compensaran por la detención arbitraria.
“Las torturas del pastor Lorenzo siguen, porque allí en ese lugar está en realidad en un campo de trabajo forzado, en este campo de trabajo forzado el pastor es obligado a pasar intensas horas del día, las horas de sol, totalmente sin darle ni agua prácticamente. Es una tortura tremenda, su salud ya se está afectando porque está teniendo problemas en los riñones, problemas en la piel. Durante toda la semana pasada no fue llevado a un hospital, ni a un policlínico, ni siquiera a hacerle un análisis para ver cómo estaban sus riñones, que obviamente él se siente mal”, advirtió Lleonart Barroso, luego de recibir la denuncia por medio de Marilidegnis Carballo, esposa del preso político.
El director del Instituto Patmos dijo que este martes la esposa del líder de la iglesia Monte de Sion se dirigirá al centro penitenciario, para intentar conocer de primera mano lo que está ocurriendo.
“Marilidegnis, está tratando de ir hoy a la prisión ahí en La Caoba, para cerciorarse por sí misma y, si es posible, exigir ver a Lorenzo, y asegurarse de que realmente por fin le acaben de hacer un análisis médico. Nosotros pensábamos que cuando el pastor pasó a lo que se llama la mínima, pues iba a tener un respiro", agregó el activista de derechos humanos.
Las fotografías de la violenta detención del pastor muestran la intervención de agentes de la policía y de las Boinas Negras, tropas élite de las Fuerzas Armadas de Cuba.
Luego fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, en medio de pésimas condiciones, según denunciaron anteriormente el propio prisionero y sus familiares.
"Recordemos que incluso la detención de él, justo cuando lo trasladaban hasta la cárcel de Boniato durante una madrugada, fue torturado en el camino, fue golpeado. Hasta el día de hoy sigue padeciendo por algunas piezas de sus dientes, que le desprendieron muelas y demás”, recordó el director del Instituto Patmos.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias también instó a Cuba a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Rosales Fajardo y a adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
En el documento fechado el 16 de febrero de 2024 y hecho público esta semana, el Grupo de Trabajo dictaminó que la privación de libertad del líder evangélico contraviene nueve artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que su arresto y detención se ha debido, esencialmente, "al ejercicio pacífico de su derecho a la reunión y asociación, así como de su libertad de opinión y de expresión, y el ejercicio de su fe".
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