América Latina
Leyes que limitan la libertad de expresión se multiplican en Latinoamérica
Las leyes que limitan la libertad de expresión han aumentado en Latinoamérica en los últimos años, profundizando lo que expertos califican como una erosión de la democracia en la región, sostienen expertos consultados por la Voz de América, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra este martes.
El Salvador, con la reciente reforma al Código Penal que amenaza con cárcel a los reporteros que informan sobre las pandillas, es el último ejemplo de una tendencia que se ha replicado en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Las regulaciones que limitan la libertad de expresión en América Latina, selladas por legislativos donde existe poca pluralidad política, guardan elementos en común y demuestran una tendencia autoritaria que va más allá de las distintas ideologías de los gobiernos que las erigen, señalaron analistas consultados por la VOA.
“Cuando en algunos gobiernos la prensa libre comienza a ser silenciada, otros líderes que estaban buscando un escape a la crítica toman nota de otros que ya han recorrido ese camino para silenciar a los medios”, dijo a la VOA Carolina Jímenez, directora de la Oficina de Washington Para Latinoamérica (WOLA).
La polémica reforma al Código Penal en El Salvador, aprobada a mediados de abril por el gobierno de Bukele, hizo sonar las alarmas en organizaciones para la libertad de prensa y los derechos humanos, que la calificaron como una legalización de la censura.
La reforma castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes elaboren o reproduzcan “mensajes, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” y prohíbe a los medios de comunicación transmitir mensajes originados por “grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico” en la ciudadanía.
Esa ley de El Salvador guarda similitudes con leyes aprobadas en los últimos años en Nicaragua y Venezuela, que también criminalizan el discurso público y de los medios.
En el 2020, Nicaragua aprobó la Ley especial de Ciberdelitos, bajo la cual han sido acusadas unas 10 personas desde que entró en vigencia e incluye penas de dos a ocho años de prisión para quienes el gobierno considere que “propagan noticias falsas” o divulguen información confidencial de las instituciones del estado o el acceso no autorizado a las páginas web del gobierno, entre otros.
En Venezuela, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en el 2017, ha sido utilizada en los últimos años para hostigar a opositores, activistas y periodistas. En su artículo 20, esta ley sostiene que quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente será sancionado con prisión de 10 a 20 años.
Tanto en Venezuela como en Nicaragua, estas leyes han sido utilizadas para criminalizar el discurso en redes sociales y han llevado ante la justicia a ciudadanos por expresar sus opiniones en línea.
Para León Hernández, profesor de investigador en temas de comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, las leyes o reformas pasadas en los tres países buscan aplicar la censura.
“Se trata de silenciar mensajes y comunicación contraria a los intereses de una élite en el poder, para evitar contradicciones con la propaganda oficial”, dijo el académico a la Voz de América.
La estrategia que han seguido estos gobiernos, señaló León, es usar una excusa de censura “aparentemente positiva” y con el presunto objetivo de salvaguardar la seguridad pero que viola “los derechos comunicacionales”.
Autoritarismos “independientes de la ideología”
Estos intentos por restringir la libertad de expresión no están ligados a una ideología concreta, aseguran los expertos.
“La censura ilegítima, arbitraria, ni está casada con un solo tipo de ideología, ni puede defenderse a rajatabla desde ideología política alguna”, argumentó León.
Jímenez, de WOLA, quien ha trabajado durante años en temas de derechos humanos, lo ve como un asunto ligado al autoritarismo.
“Los autoritarismos no son ideológicos, independientemente de lo que ellos digan”, dijo.
Para la experta, en la región existe una pugna entre los gobiernos que intentan promover valores democráticos y otros que “instalan prácticas autoritarias como forma de ejercer la política”.
Eliseo Núñez, analista político y jurista nicaragüenese, comparte esa opinión. “Es un tema de autoritarismo”, dijo a la VOA, pero señaló que, en el caso de Venezuela y Nicaragua, la implementación de estas leyes está relacionada con los lazos que tienen estos países con Rusia.
El gobierno ruso también tiene leyes que limitan la libertad de expresión en el ciberespecio y que, como nota Núñez, guardan similitudes con las normas emitidas por los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro.
Desde el 2012, el Parlamento ruso ha adoptado una serie de leyes que restringen la libertad de expresión, en particular castigando la “expresión extremista”. Según Humans Rights Watch, entre el 2014 y el 2016, aproximadamente el 85% de las convicciones por expresión extremista estaba relacionadas con discurso o expresión ciudadana en internet.
Más recientemente, a principios de marzo de este año, el Parlamento ruso aprobó una ley que condena hasta con 10 años de cárcel la difusión de noticias falsas sobre el ejército ruso y su papel en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Núñez asegura que las leyes del gobierno de Ortega en Nicaragua “fueron prácticamente adaptadas de la legislación rusa”. En particular, asegura, la ley de ciberdelitos y la ley de agentes extranjeros.
Esta última es conocida como ‘Ley Putin’, por las similitudes que guarda con la legislación aprobada por el presidente ruso, Vladimir Putin, que controla la presencia de organizaciones internacionales y que reciben financiación extranjera en el país.
La ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua ha sido utilizada por el gobierno de Ortega para cerrar, desde el 2018, aproximadamente 60 organismos no gubernamentales que operaban en el país.
En Venezuela, en abril del 2021, el gobierno aprobó una norma que obliga a las ONG a registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, donde estarán expuestos a la fiscalización de sus listas de donantes, movimientos financieros, actas constitutivas, beneficiarios y socios.
El presidente Bukele en El Salvador buscó también por su parte aprobar en el parlamento una ley de agentes extranjeros, que fue ampliamente criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, pero que no fue aprobada por el legislativo.
Para Jiménez es muy difícil “determinar qué país se copia de quién” y señaló que los retrocesos en material de libertad de expresión y el ataque contra los medios “son parte de un problema mayor de erosión democrática que está viviendo América Latina”.
El gobierno cubano, que mantiene un férreo control de los medios de comunicación desde que los hermanos Castro llegaron al poder en 1959, prohíbe el discurso que no sea afín con el oficial y castiga con cárcel a quienes se atrevan a expresarse en contra.
Tras las protestas del 11 de julio del 2021, en las que las redes sociales jugaron un papel fundamental, las autoridades cubanas limitaron el acceso a internet, al tiempo que acusaron a grupos de interés y al gobierno de Estados Unidos de usar redes sociales para alentar manifestaciones ficticias.
Con el Decreto-Ley 35, el gobierno cubano tipificó los delitos cibernéticos como acciones de alta peligrosidad. La legislación castiga la "divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, y difamación con impacto en el prestigio del país", lo cual ha sido señalado como un instrumento de censura.
Periodistas independientes han calificado el decreto como una "ley mordaza" y Human Rights Watch lo ha calificado como un "ataque a la libertad de expresión".
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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