América Latina
Leyes para frenar a adversarios de Ortega definieron el 2021 en Nicaragua
En 2021 se cumplieron en Nicaragua las advertencias de activistas y analistas de que una combinación de leyes recientemente aprobadas por el Parlamento, controlado por el oficialismo y sus aliados, proyectaban agudizar la persecución contra los opositores, activistas y periodistas, informó la Voz de América, VOA.
La Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía, conocida como Ley 1055, ultimaron a las pocas organizaciones que quedaban en pie desde la crisis de 2018, pero también pusieron tras las rejas a los principales rivales al presidente Daniel Ortega.
De igual forma, se logró acallar en las redes sociales a los activistas y críticos. La VOA hizo una recopilación de la aplicación de estas leyes, que según el oficialismo pretendían establecer el orden en Nicaragua y frenar cualquier “intento de golpe de Estado”.
Ley de Ciberdelitos
Bajo la Ley de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, Ortega ha puesto en prisión al menos a 10 opositores y activistas. La Ley fue aprobada el 27 de octubre de 2020 en la Asamblea y entró en vigencia el 30 de diciembre.
En sus artículos se criminaliza a quienes hagan críticas a Ortega en las redes sociales o cuestionen su sistema de Gobierno, y también amenaza con cárcel a los medios de comunicación que según el Gobierno emita “noticias falsas”.
Uno de los casos más emblemáticos fue la detención del joven activista Yoel Sandino, fundador de la página de Facebook “Mentes Libres”. Sandino fue detenido el 5 de noviembre de 2021, justo a dos días antes de las elecciones presidenciales, y luego acusado con dicha Ley.
La joven Samantha Jirón, otra joven activista digital, también fue detenida días después del 7 de noviembre y se le acusa de violar la Ley de Ciberdelitos por publicar contenido relacionado con las elecciones.
“Mi hijo nunca ha estado en la cárcel, hoy está ahí por una causa insólita como es el derecho a expresarse, lo cual es un derecho universal que tiene cualquier ser humano, y el derecho a pensar diferente”, dijo a la VOA, Yamilet Ibarra, la madre de Sandino.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más valora que a un año de la vigencia de la ley se observa un periodismo y medios de comunicación bajo ataque en mayor intensidad, criminalización, cárcel, acusaciones y procesos arbitrarios e inconstitucionales.
De hecho, la Fiscalía nicaragüense cuando abrió un proceso de investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro citó a casi 90 periodistas y en algunos casos los amenazó con cárcel por publicar noticias falsas.
La organización considera que la ley buscaba a toda costa silenciar a la sociedad para que no siguiera denunciando “los graves abusos del poder que violenta todos los días los derechos humanos de quienes opinan diferente”.
No obstante, afirma que “no han logrado silenciar al pueblo, que sigue resistiendo, ni al periodismo independiente, que desplazado y sufriendo todo tipo de pérdidas que significa el exilio, sigue informando al país”.
Ley de Agentes Extranjeros
La Ley de Agentes Extranjeros, conocida como “Ley Putin” por la similitud que tiene con una legislación de Rusia, también ha sido clave para desmantelar las organizaciones críticas a Daniel Ortega.
Fue aprobada en octubre de 2020 y obliga a organizaciones y personas que reciben fondos del exterior a que se registren como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación y que entreguen informes mensuales sobre los gastos, pagos y desembolsos “vinculados a su desempeño como agentes extranjeros”.
También Gobernación ha impuesto trabas a varias organizaciones con el fin de poder cerrarlas o multarlas con costos elevados para “asfixiarlas”, dicen los expertos.
Por ejemplo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la última organización de su tipo que queda en pie en Nicaragua con personería jurídica, no ha podido inscribirse porque no han recibido la documentación, dijo a la VOA Marcos Carmona, director de dicha entidad.
Otras donaciones suspendieron sus operaciones en Managua a inicios de 2021, como PEN Nicaragua, formada por escritores, poetas y periodistas.
“A pesar de que nuestros fines y trabajo responden a ideales humanitarios y libertarios, estamos conscientes de que esta vinculación haría que el Estado nos impusiera la inscripción como agentes extranjeros y el cumplimiento de requisitos mensuales que no se corresponden con la realidad de nuestras limitaciones. Por otro lado, ninguno de nosotros se considera agente extranjero. Somos nicaragüenses que sólo hemos querido el desarrollo cultural de nuestro país” dijo en ese entonces la poeta Gioconda Belli.
Ley de Soberanía, o Ley 1055
A un año de haberse aprobado la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y Soberanía, o Ley 1055, el 21 de diciembre de 2020, se encuentran bajo prisión los principales rivales políticos de Ortega.
Se encuentran acusados de violar dicha ley al menos siete precandidatos presidenciales que pretendían competir con Ortega en los comicios del 7 de noviembre, pero también están arrestados activistas, exdiplomáticos, generadores de opinión, disidentes del oficialista Frente Sandinista, y hasta un cronista deportivo.
El periodista deportivo Miguel Mendoza fue acusado de violar la Ley de Soberanía y las autoridades mostraron al menos 10 de sus publicaciones en Twitter, donde según ellos “incitaba a la injerencia extranjera”.
Una de las “pruebas” en su contra es un tuit de la congresista estadounidense María Elvira Salazar que responsabilizaba al gobierno de Ortega por las condiciones en las que se encontraban los presos políticos en Nicaragua.
“En términos de democracia, el año 2021 fue un año para Nicaragua en el que se profundizó la crisis sociopolítica que emergió en el 2018”, valora a la VOA la socióloga Elvira Cuadra.
Señala que después de las elecciones, desde los espacios del Poder, se configuraron una serie de acontecimientos y se tomaron decisiones en función de asegurar ese objetivo político.
“A pesar de las dificultades, los grupos de la oposición representan, para él, una competencia muy fuerte y, específicamente en ese contexto electoral, representaban el riesgo alto de echar al traste su objetivo político, entonces desató una escalada de represión que comenzó en el 2020 con la aprobación de un conjunto de leyes punitivas”.
Cuadras asegura que dichas movidas del oficialismo no tienen precedentes en la historia reciente del país y las consecuencias son fuertes.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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