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Cuba: sobre el lavado de dinero, ilegalidades e información


La enorme burocracia estatal es uno de los frenos para los cambios económicos en la isla, dice el Monitor.

Quién no conoce que el gobierno revolucionario acepta dinero líquido obtenido por “amigos”, a través de actividades ilícitas, que luego aparece como fruto de labores legítimas y circula sin problemas en el sistema financiero de nuestro país.

La primer víctima de la revolución cubana fue y continúa siendo la información; no por la sobrada carencia, que ya es bastante, sino porque al cercenar las fuentes, con maestría quirúrgica como de costumbre, hace que pocos cubanos consigan tener una nítida visión sobre la realidad de nuestra isla.

La prensa nacional colabora, no tiene de otra; la foránea muerde el anzuelo, ambas ponen en práctica el oficio de lengua larga y prestan atención a las medidas, leyes y resoluciones dictadas por el gobierno cubano, soslayando el meollo.

Mirando la pluma, no el ave.

El nuevo tsunami mediático está centrado esta vez en una nueva disposición, publicada en la Gaceta Oficial, mediante la cual se obliga a los abogados, notarios y consultores jurídicos a reportar a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, aquellas acciones que puedan "presumirse de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas y otras relacionadas de similar gravedad".

Dicha resolución argumenta que los trabajadores del gremio jurídico pueden conocer de posibles operaciones sospechosas relacionadas con la introducción en el mercado cubano de lo que el gobierno considera activos ilícitos con el fin de ser utilizados en actividades terroristas y blanqueo de dinero.

La memoria editorial de los medios de difusión, solo alcanzan a recordar que en enero de 2014, el gobierno cubano lanzó un decreto ley firmado por el presidente Raúl Castro, para establecer nuevas normas en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas y movimiento de capital ilegal. Es natural, crear las bases legales para prevenir y detectar este tipo de operaciones, parece un paso de avance. Más cuando el mismo General asegura enfrentar un discreto incremento de las relaciones comerciales y, en paralelo, una cruzada contra la corrupción.

Eliminar la sequía informativa.

En abril del 2014, una controversial lista emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mantiene a Cuba, junto a Irán, Sudán y Siria, entre países patrocinadores del terrorismo. De manera que el gobierno de la isla, toma medidas como esta, y las publicita, en franca huída hacia adelante. Raúl Castro la tiene muy fácil, si en realidad quiere acabar con la corrupción; que agarre una escoba y comience a limpiar su propia casa que tiene mucho más mugre que el cenicero de un bar.

Quién no conoce que el gobierno revolucionario acepta dinero líquido obtenido por “amigos”, a través de actividades ilícitas, que luego aparece como fruto de labores legítimas y circula sin problemas en el sistema financiero de nuestro país. No olvidemos el nombre de aquel mega empresario chileno (buscado por traficante de armas), gracias al cual, durante “el Período Especial, la economía militar cubana recibió un importante y sucio empujón. Tampoco el caso del finado norteamericano, que con singular know-how y fortuna mal habida ayudó a crear corporaciones cubanas radicadas en el exterior.

Pero sobre aquello llovió y pasó tanta agua bajo el puente que se llevó hasta los reproches. Hablemos de lo cercano, de algunos políticos (no cubanos) a quienes además del dinero robado al presupuesto de sus países, se les blanquea el prontuario. De esa masa de billetes que proviene del fraude al Medicare y termina en bancos cubanos; o de esa parte significativa de los 2 mil millones de dólares que los “guerrilleros” de las FARC (los que hoy hablan de paz en La Habana) obtuvieron secuestrando y en operaciones de narcotráfico, que se lava, se enjuaga, se tiende y hasta se invierte en la isla.

La lista de lavandería es larga, y la de beneficiados también. Alguna vez – por solo citar dos ejemplos - se han preguntado de dónde provienen los fondos que sostienen a organizaciones no gubernamentales como la FMC o CENESEX?

No pequemos de ingenuos, los trabajadores cubanos de la ley no pueden ni podrán denunciar (quizás algún caso aislado)actividades sospechosas de esa índole, porque no tienen acceso a la información bancaria de quienes sí lavan capital en Cuba. Los cancerberos de tales datos son leales al poder.

La nueva figura legal pretende mostrar que más allá de la creencia, Cuba es un país que se dirige galopante y con brío hacia la prosperidad y la transparencia; a la vez, crea una nueva distracción para sectores que se pierden en el politiqueo, y tiende un cerco de barrotes legales que con la complicidad de jueces y policías caerá sobre quienes dentro de Cuba reciban fondos desde el exterior, especialmente de gobiernos, para financiar proyectos que ayudan a lo que unos llaman democracia; y otros, intento de desestabilizar la nación; que esta nueva ley conceptualiza como acciones que puedan presumirse de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas y “otras relacionadas de similar gravedad".

Me costó mucho entender que, al llover, del cielo no caen diamantes, sino simples gotas de agua.

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