América Latina
La oposición venezolana gasta millones en litigios por los activos del estado, pero no alcanza
La oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha pagado 44,8 millones de dólares a firmas internacionales de abogados para tratar de ganar decenas de litigios donde están en juego 40.000 millones de dólares en activos de la República en el extranjero, de acuerdo con un informe del procurador especial asignado para esos oficios.
Enrique Sánchez Falcón, designado hace dos años por el Parlamento electo en 2015 para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado venezolano, presentó hace tres semanas un reporte donde precisa los montos pagados y adeudados a bufetes legales extranjeros, pero además advierte de la ausencia de defensores en casos urgentes, porque el dinero no alcanza para contratar abogados.
Venezuela enfrenta 201 demandas en el extranjero que podrían afectar su patrimonio. Se trata de 139 juicios por un total demandado de 24.569 millones de dólares, y 62 arbitrajes por 15.571 millones de dólares. En total, la oposición encara litigios donde están en juego 40.141 millones de dólares, de acuerdo con las cuentas de Sánchez Falcón.
Los partidos antichavistas de Venezuela argumentan desde enero de 2019 que Nicolás Maduro usurpa la presidencia tras ganar unas elecciones fraudulentas un año antes, y afirman que la única institución legítima del país es la Asamblea Nacional electa en 2015.
El presidente de ese Parlamento, Juan Guaidó, se juramentó como mandatario encargado del país suramericano y encabeza desde entonces un gobierno interino que reconocen hasta 50 gobiernos del mundo, entre ellos Estados Unidos y los de la Unión Europea.
Con la venia de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos, la oposición venezolana ha podido administrar así activos fuera de las fronteras de su nación, entre ellos Citgo, en Norteamérica, y Monómeros, en Colombia.
Esas responsabilidades políticas y gerenciales heredaron de golpe al antichavismo reclamaciones en cortes de Estados Unidos, Reino Unido y Jamaica, y procesos arbitrales sobre acreencias o presuntas indemnizaciones por acciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, que el procurador especial valora como “irresponsables e ilícitas”.
Entre los casos en cuestión, destacan el litigio sobre el oro en Inglaterra, el riesgo de pérdida de control sobre Citgo Petroleum por reclamos de la empresa Crystallex y el arbitraje por la expropiación de las acciones de ConocoPhillips en proyectos en Venezuela.
La administración opositora precisa que el gobierno interino de Guaidó y los entes descentralizados, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, pagaron 16,3 millones de dólares a firmas legales durante la gestión del anterior procurador especial, José Ignacio Hernández, y 28,6 millones en la de Sánchez Falcón.
Hasta julio de 2022, se adeudan 18,7 millones de dólares a bufetes de abogados, detalla el funcionario venezolano en su rendición de cuentas. En total, la oposición ha pagado y adeuda 63,6 millones de dólares en facturas de gestiones legales para defender activos.
Según Sánchez Falcón, se trata de “una cantidad bien pequeña” si se compara con los montos e intereses “que están en juego” en esos litigios sobre los activos de Venezuela.
Falta de dinero
El procurador especial de la oposición aclaró a la prensa que las decenas de litigios sobre activos en el exterior están “identificados”, si bien su despacho y los entes descentralizados, como las juntas antichavistas del BCV y PDVSA, no actúan en todos.
Sánchez Falcón denunció “la falta de disponibilidad presupuestaria” para contratar firmas de abogados, una asignación que depende de la comisión delegada del Parlamento de 2015, donde participan representantes de las bancadas partidistas de ese poder legislativo.
¿La razón? Falta de dinero. “Sería absolutamente imposible con los recursos con los cuales estamos actuando, pero, en todo caso, están identificados y es posible de actuar en caso de que existan peligros para los intereses y derechos del Estado venezolano”, manifestó.
Sánchez Falcón dice haber solicitado, “casi rogado”, que la comisión delegada del Parlamento opositor de 2015 apruebe un presupuesto integral dirigido a atender los litigios. Su propuesta ha sido “sistemáticamente ignorada”.
“Es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión por dejar de pagar 20 o 30 millones, cuando se están arriesgando 40.000 millones de dólares”, advirtió en julio.
Entre las firmas contratadas, el funcionario del gobierno interino opositor menciona a Arnold & Porter, Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, Sullivan & Cromwell, Paul Hastings LLP y Hogan Lovells, esencialmente para casos en cortes de Estados Unidos.
En su rendición de cuentas, detalla que hay varios casos pendientes de asignación de abogados, como el de Rusoro Mining contra la República y PDVSA, por 1.360 millones de dólares, en una corte de Delaware, Estados Unidos, y el de Bandes y empresas mixtas petroleras contra Novo Banco, en Lisboa, donde están en juego $1.352 millones.
La oficina de Sánchez Falcón dice haber buscado alternativas a la falta de dinero. Una es contratar firmas de abogados bajo la modalidad “contra resultados” en 30 juicios en Estados Unidos contra venezolanos por corrupción con fondos públicos de su país.
Esa estrategia consistirá en pedir indemnizaciones o acordar con las autoridades judiciales de Estados Unidos la recuperación de parte de los montos “sin costo alguno”, explicó.
Sánchez Falcón confirmó que ya se han recibido ofertas y “se están suscribiendo” contratos con bufetes legales en 25 de esos 30 casos en cortes estadounidenses.
Otra iniciativa de Sánchez Falcón es designar a una firma de abogados especializada en arbitrajes internacionales para que atienda casos de tribunales que pudieran desconocer la representación de la República de Venezuela por parte del gobierno interino de Guaidó.
Ese bufete podría crear una estrategia con base en “solicitudes estandarizadas” para exigir que se reconozca al interinato de Guaidó o, en su defecto, que se suspendan los litigios.
Pero ese tema presupuestario y de defensa de activos pasa por un acuerdo de los partidos que componen el Parlamento de 2015. La comisión delegada convocó este jueves a una sesión especial para recibir la rendición de cuentas del procurador, donde se prevé que se ventilen sus advertencias sobre la falta de fondos para atender los litigios en el extranjero.
Mientras, el oficialismo pone como una de sus condiciones para retomar las negociaciones en Ciudad de México que la oposición devuelva los recursos y activos en el extranjero que, a su entender, se ha “robado”.
(Artículo de la Voz de América)
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Aumentan a 56 los muertos por las lluvias en el sur de Brasil; unos 70 siguen desaparecidos
El número de muertos por las lluvias en Rio Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, ascendió a 56, según informaron las autoridades locales el sábado por la mañana, mientras que decenas de personas siguen desaparecidas.
La autoridad de defensa civil de Rio Grande do Sul dijo que 67 personas seguían desaparecidas y que casi 25.000 habían sido desplazadas, ya que las tormentas afectaron a más de la mitad de las 497 ciudades del estado, fronterizo con Uruguay y Argentina.
Las inundaciones destruyeron carreteras y puentes en varias regiones del estado. La tormenta también provocó corrimientos de tierras y el derrumbamiento parcial de una presa en una pequeña central hidroeléctrica.
Un segundo embalse en la ciudad de Bento Gonçalves también corre el riesgo de derrumbarse, según las autoridades.
En Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, el río Guaiba se desbordó e inundó las calles. El aeropuerto internacional de la ciudad suspendió todos los vuelos por tiempo indefinido.
El gobernador estatal, Eduardo Leite, dijo a la prensa el viernes por la noche que el número de muertos aún podría aumentar.
Según el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, el sábado podría haber más lluvias en las regiones septentrionales del estado, y las autoridades instaron a los habitantes de las zonas de riesgo a buscar refugio en otros lugares.
Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
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