América Latina
La oposición venezolana gasta millones en litigios por los activos del estado, pero no alcanza
La oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha pagado 44,8 millones de dólares a firmas internacionales de abogados para tratar de ganar decenas de litigios donde están en juego 40.000 millones de dólares en activos de la República en el extranjero, de acuerdo con un informe del procurador especial asignado para esos oficios.
Enrique Sánchez Falcón, designado hace dos años por el Parlamento electo en 2015 para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado venezolano, presentó hace tres semanas un reporte donde precisa los montos pagados y adeudados a bufetes legales extranjeros, pero además advierte de la ausencia de defensores en casos urgentes, porque el dinero no alcanza para contratar abogados.
Venezuela enfrenta 201 demandas en el extranjero que podrían afectar su patrimonio. Se trata de 139 juicios por un total demandado de 24.569 millones de dólares, y 62 arbitrajes por 15.571 millones de dólares. En total, la oposición encara litigios donde están en juego 40.141 millones de dólares, de acuerdo con las cuentas de Sánchez Falcón.
Los partidos antichavistas de Venezuela argumentan desde enero de 2019 que Nicolás Maduro usurpa la presidencia tras ganar unas elecciones fraudulentas un año antes, y afirman que la única institución legítima del país es la Asamblea Nacional electa en 2015.
El presidente de ese Parlamento, Juan Guaidó, se juramentó como mandatario encargado del país suramericano y encabeza desde entonces un gobierno interino que reconocen hasta 50 gobiernos del mundo, entre ellos Estados Unidos y los de la Unión Europea.
Con la venia de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos, la oposición venezolana ha podido administrar así activos fuera de las fronteras de su nación, entre ellos Citgo, en Norteamérica, y Monómeros, en Colombia.
Esas responsabilidades políticas y gerenciales heredaron de golpe al antichavismo reclamaciones en cortes de Estados Unidos, Reino Unido y Jamaica, y procesos arbitrales sobre acreencias o presuntas indemnizaciones por acciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, que el procurador especial valora como “irresponsables e ilícitas”.
Entre los casos en cuestión, destacan el litigio sobre el oro en Inglaterra, el riesgo de pérdida de control sobre Citgo Petroleum por reclamos de la empresa Crystallex y el arbitraje por la expropiación de las acciones de ConocoPhillips en proyectos en Venezuela.
La administración opositora precisa que el gobierno interino de Guaidó y los entes descentralizados, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, pagaron 16,3 millones de dólares a firmas legales durante la gestión del anterior procurador especial, José Ignacio Hernández, y 28,6 millones en la de Sánchez Falcón.
Hasta julio de 2022, se adeudan 18,7 millones de dólares a bufetes de abogados, detalla el funcionario venezolano en su rendición de cuentas. En total, la oposición ha pagado y adeuda 63,6 millones de dólares en facturas de gestiones legales para defender activos.
Según Sánchez Falcón, se trata de “una cantidad bien pequeña” si se compara con los montos e intereses “que están en juego” en esos litigios sobre los activos de Venezuela.
Falta de dinero
El procurador especial de la oposición aclaró a la prensa que las decenas de litigios sobre activos en el exterior están “identificados”, si bien su despacho y los entes descentralizados, como las juntas antichavistas del BCV y PDVSA, no actúan en todos.
Sánchez Falcón denunció “la falta de disponibilidad presupuestaria” para contratar firmas de abogados, una asignación que depende de la comisión delegada del Parlamento de 2015, donde participan representantes de las bancadas partidistas de ese poder legislativo.
¿La razón? Falta de dinero. “Sería absolutamente imposible con los recursos con los cuales estamos actuando, pero, en todo caso, están identificados y es posible de actuar en caso de que existan peligros para los intereses y derechos del Estado venezolano”, manifestó.
Sánchez Falcón dice haber solicitado, “casi rogado”, que la comisión delegada del Parlamento opositor de 2015 apruebe un presupuesto integral dirigido a atender los litigios. Su propuesta ha sido “sistemáticamente ignorada”.
“Es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión por dejar de pagar 20 o 30 millones, cuando se están arriesgando 40.000 millones de dólares”, advirtió en julio.
Entre las firmas contratadas, el funcionario del gobierno interino opositor menciona a Arnold & Porter, Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, Sullivan & Cromwell, Paul Hastings LLP y Hogan Lovells, esencialmente para casos en cortes de Estados Unidos.
En su rendición de cuentas, detalla que hay varios casos pendientes de asignación de abogados, como el de Rusoro Mining contra la República y PDVSA, por 1.360 millones de dólares, en una corte de Delaware, Estados Unidos, y el de Bandes y empresas mixtas petroleras contra Novo Banco, en Lisboa, donde están en juego $1.352 millones.
La oficina de Sánchez Falcón dice haber buscado alternativas a la falta de dinero. Una es contratar firmas de abogados bajo la modalidad “contra resultados” en 30 juicios en Estados Unidos contra venezolanos por corrupción con fondos públicos de su país.
Esa estrategia consistirá en pedir indemnizaciones o acordar con las autoridades judiciales de Estados Unidos la recuperación de parte de los montos “sin costo alguno”, explicó.
Sánchez Falcón confirmó que ya se han recibido ofertas y “se están suscribiendo” contratos con bufetes legales en 25 de esos 30 casos en cortes estadounidenses.
Otra iniciativa de Sánchez Falcón es designar a una firma de abogados especializada en arbitrajes internacionales para que atienda casos de tribunales que pudieran desconocer la representación de la República de Venezuela por parte del gobierno interino de Guaidó.
Ese bufete podría crear una estrategia con base en “solicitudes estandarizadas” para exigir que se reconozca al interinato de Guaidó o, en su defecto, que se suspendan los litigios.
Pero ese tema presupuestario y de defensa de activos pasa por un acuerdo de los partidos que componen el Parlamento de 2015. La comisión delegada convocó este jueves a una sesión especial para recibir la rendición de cuentas del procurador, donde se prevé que se ventilen sus advertencias sobre la falta de fondos para atender los litigios en el extranjero.
Mientras, el oficialismo pone como una de sus condiciones para retomar las negociaciones en Ciudad de México que la oposición devuelva los recursos y activos en el extranjero que, a su entender, se ha “robado”.
(Artículo de la Voz de América)
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"Es mucho el flujo de migrantes", reconoce López Obrador y convoca a cancilleres de 10 países (VIDEO)
México convocó a una reunión a los cancilleres de 10 países latinoamericanos para definir un plan global que permita hacer frente a la crisis generada por el creciente flujo de migrantes.
Así lo anunció el miércoles el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que en los próximos diez días se realizará en su territorio una reunión para discutir la problemática migratoria con diez cancilleres de países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, de donde provienen la mayoría de los migrantes que han saturado en las últimas semanas las ciudades fronterizas mexicanas en su ruta hacia Estados Unidos.
No especificó cuáles serán los 10 países participantes en la cita.
Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que en la reunión se buscará definir un "plan conjunto de ayuda" para atender las causas que obligan a los nacionales de cada país a abandonar sus comunidades para migrar.
"Es mucho el flujo de migrantes de Guatemala, de Honduras, Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, Cuba, Colombia...", enumeró el mandatario sobre el ingreso diario de miles de migrantes a México. Adelantó que su gobierno presentará a los diez cancilleres una "propuesta para el desarrollo", pero no ofreció detalles.
Las autoridades mexicanas se han visto desbordadas en las últimas semanas ante la masiva llegada de miles migrantes que están utilizando todos los medios de transporte, incluido los trenes, para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. El creciente flujo de migrantes que se está movilizando en los vagones de los trenes de mercancías obligó la semana pasada a Ferromex, la mayor empresa ferroviaria del país, a paralizar varias decenas de sus trenes de cargas.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que han detenido a unos 9.000 migrantes por día en septiembre, un incremento significativo en comparación con el promedio diario de unos 6.125 en los primeros ocho meses del año. En lo que va del año las autoridades mexicanas han detenido a 1,47 millones de migrantes y deportado a 788.089.
Durante una visita a Nueva York, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, anunció la semana pasada que López Obrador quiere viajar a Washington en noviembre para conversar con su homólogo estadounidense Joe Biden sobre la crisis migratoria.
Bárcena admitió que el gobierno mexicano está muy preocupado por la ola de migrantes y el cierre temporal de algunos cruces fronterizos que acordaron en las autoridades estadounidenses ante el creciente flujo de extranjeros.
La canciller señaló que unos 140.000 migrantes aguardan en la ciudad sureña mexicana de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, para obtener permisos de tránsito por el país o recibir papeles de solicitud de asilo, y admitió que se requiere ayuda para procesarlos.
Estados Unidos también se ha visto desbordado. En los primeros 17 días de septiembre hubo 142.037 detenciones de migrantes en la frontera, un 15% más que las 123.777 del mismo periodo del mes pasado, según registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que difundieron autoridades mexicanas. Esas cifras incluyen hasta 1.450 personas admitidas diariamente con una aplicación móvil para citas de asilo, llamada CBP One, pero la gran mayoría son entradas ilegales.
La creciente llegada de migrantes ha revertido los resultados que se dieron luego de que el gobierno de Biden introdujera en mayo nuevas restricciones de asilo, lo que permitió un descenso en las cifras de detención de extranjeros.
El aumento del flujo migratorio tiene que ver con la crisis económica y la inestabilidad política y social que enfrentan algunos países de la región que obliga a sus habitantes a huir en busca de mejores oportunidades de vida.
La desinformación en contextos electorales alienta “ataques a la democracia” (VIDEO)
![Expertos exponen durante Cumbre Global sobre Desinformación este miércoles donde se abordó las diferentes temáticas alrededor de noticias falsas y mensajes engañosos y manipulados. [Foto: Captura de pantalla de tranmisión en línea]](https://gdb.martinoticias.com/01000000-c0a8-0242-fcb7-08dbc02fc123_w250_r1_s.jpg)
La desinformación toma fuerza en los contextos electorales y los países latinoamericanos no escapan a este fenómeno global que se muestra como una clara amenaza a la democracia con narrativas que impulsan a la polarización, el odio y la desconfianza al sistema democrático, dijeron expertos.
Las campañas con mensajes engañosos y falsos crecen durante los procesos electorales en los países latinoamericanos, alientan los “ataques a la democracia” y son un abono para la polarización y el odio, coincidieron expertos este miércoles.
En países como Brasil, Argentina, Guatemala, Ecuador, Colombia, con procesos electorales más recientes o en curso, se han visto estas oleadas de mensajes falsos y para el director del proyecto Comprueba, Sergio Lüdtke, "la mentira es más sexy que la verdad”.
Lüdtke está al frente de una iniciativa a la que se han sumado más de 40 medios de comunicación en Brasil para desenmascarar contenidos sospechosos.
A medida que se polariza más una sociedad, las urnas reciben menos votos como efecto directo y medible de la desinformación en el sistema democrático, explicó Lüdtke. “Las elecciones muy polarizadas tienen como efecto menos votos”, apuntó.
El experto, junto a otros más, participó de la primera jornada de la tercera Cumbre Global sobre Desinformación organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que junto a otras organizaciones latinoamericanas buscan hacer frente a este fenómeno global.
Uno de los casos más recientes de análisis es Guatemala, donde el equipo de DFRLab, basado en Colombia, detectó cómo a través de cuentas de Twitter -ahora X- y Telegram fluía una "coordinación sospechosa" para imponer la narrativa de fraude electoral "y de ataques" al presidente electo Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones con más del 60 % de los votos el 20 de agosto, comentó en su participación el investigador Daniel Suárez.
Y esas narrativas se "amplifican en Facebook y otras redes sociales", apuntó.
El reto: identificar la procedencia
Para el académico Silvio Waisbord, ex profesor de la Escuela de Medios en la Universidad George Washington, la desinformación durante procesos electorales en países democráticos debe verse desde varias aristas.
En primer lugar, encontrar la procedencia de esa desinformación para que los esfuerzos para combatirla tengan éxito, porque si no se entiende como funciona la desinformación “es difícil saber que hacer frente a ella”.
Tampoco se puede pasar por alto las fuentes que promueven los mensajes engañosos o falsos durante elecciones, los primeros asomos al problema indican que atrás hay “fuentes que tienen capacidad de crear desinformación a gran escala”.
Aunque a escala global -dijo Waisbord- el volumen de informaciones falsas es diametralmente inferior a las noticias verdaderas no puede subestimarse el alcance por los grados de penetración e impulso que adquieren gracias a las redes sociales.
Redes sociales, algoritmos y perfiles de usuarios
Las grandes tecnológicas y los motores por donde fluye la desinformación también responden a algunas lógicas propias de las nuevas tecnologías y hasta ahora, explica desde Argentina Daniel Dessein, del diario La Gaceta, son en parte responsables de acrecentar las avalanchas de contenidos falsos.
“Las plataformas tienen enorme responsabilidad”, dijo y criticó además como estas se nutren con contenidos confiables creados por los medios de comunicación, mientras atrás pasan sin control otros contenidos engañosos.
Al final del ciclo, apuntó Dessein, las ganancias por publicidad se quedan en las grandes tecnológicas que dejan en desventaja a los medios tradicionales, que tienen además que hacer esfuerzos para publicar verificados y dedicar recursos para un servicio orientación a la ciudadanía.
Por su parte, Waisbord agregó que la lucha para combatir la desinformación en procesos electorales se vuelve más compleja ante “un rol de súperpropagadores” que no podemos pasar por alto que está dirigido y segmentado para audiencias específicas a partir de algoritmos que operan por los perfiles de usuarios.
Cuenta mucho “nuestra conducta digital, la desinformación busca usuarios más que redes”, el problema de fondo es que la ciudadanía “está mal informada”, no sólo de los procesos electorales, dijo.
La trinchera en las salas de redacción
En tanto, Sergio Lüdtke dijo que desde Comprueba establecieron un plan de trabajo muy claro desde las pasadas elecciones presidenciales de Brasil, para tener claridad sobre el escenario en que estaban operando, con raudales de contenidos falsos y engañosos en las redes sociales.
El equipo planeó una cobertura más centrada en las propuestas, el impacto en el país ante la decisión de los electores, y dibujaron escenarios, con lo que los periodistas no debían correr tras cada frase de los políticos, sino hacia ejes concretos de contenido para hacer contrapeso con información útil para las audiencias.
Por ahora los esfuerzos de verificadores siguen siendo válidos, aunque no suficientes ante la cantidad de desinformación que se genera durante las campañas electorales, dijo y alertó que “en elecciones polarizadas, la desinformación puede romper, sólo necesita ser atractiva” y las mentiras durante las elecciones pueden llevar a “decisiones equivocadas” que ponen en riesgo la democracia.
Evo Morales anuncia quinta candidatura a presidencia de Bolivia: "Tenemos fuerza todavía"
El exgobernante boliviano Evo Morales anunció este domingo su quinta candidatura a la presidencia, una decisión que, aseguró, toma en respuesta a los pedidos de sus seguidores.
"Hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia y de tantas hermanas y hermanos que asisten a las concentraciones en todo el país para ser candidato a la presidencia de nuestra querida Bolivia", escribió Morales en la red social X, anteriormente Twitter.
También dijo que decidió adelantar el anuncio de su candidatura ante los presuntos ataques del Gobierno del actual presidente Luis Arce.
"Me han convencido que sea candidato, la gente quiere, pero me obligaron, tanto ataque contra Evo, todos contra Evo, el Gobierno, la derecha, medios de la derecha, el imperio”, dijo Morales en la emisión dominical de su programa de radio.
El primer presidente indígena de Bolivia gobernó el país cocalero durante 14 años, al relegirse a la presidencia en 4 ocasiones consecutivas. En 2019, en su último mandato, partió al exilio tras renunciar al cargo en medio de acusaciones de fraude electoral y una profunda crisis política en el país.
En 2020, al regreso de su corto exilio, Morales ocupó la presidencia de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) y reasumió las riendas del sindicato cocalero más importante de Bolivia.
“Evo Morales pretende volver a gobernar a un país que ya le dijo no. Y que no le importó que Bolivia le dijo no. Es el problema que tenemos en Bolivia, cualquiera cree que tiene un futuro político, peor cómo dirigió al país y el intento de robarse las elecciones”, declaró a periodistas el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Rivera.
"En las últimas horas hemos comprobado cómo el gobierno y la extrema derecha separatista coinciden en oponerse a esta candidatura promovida por el pueblo. Si la economía está bien ¿porqué les preocupa la presentación de un candidato?", respondió el expresidente boliviano en X.
Las presidenciales bolivianas están previstas para 2025. "Voy a dar todo lo que pueda. Tenemos fuerza todavía", concluyó Morales.
EEUU otorga TPS a cientos de miles de migrantes venezolanos
El gobierno del presidente Joe Biden anunció el miércoles que se otorgará Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) a cientos de miles de venezolanos que ya se encuentran en territorio estadounidense, con lo que podrán empezar a trabajar más pronto, mientras lidia con el creciente número de personas que huyen de la nación sudamericana y de otros países para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
La medida, junto con las promesas de acelerar la emisión de permisos de trabajo para muchos migrantes, podría tranquilizar a miembros del Partido Demócrata que han presionado a la Casa Blanca para que haga más para ayudar a los solicitantes de asilo, aunque previsiblemente también será usada en su contra por los republicanos, quienes aseguran que el presidente ha sido muy tolerante en materia migratoria.
El Departamento de Seguridad Nacional planea otorgar TPS a alrededor de 472.000 venezolanos que llegaron al país hasta el 31 de julio de 2023, lo que les facilita obtener permisos para trabajar dentro de Estados Unidos. Esa ha sido una de las demandas clave de alcaldes y gobernadores demócratas que pasan apuros para atender a un número cada vez más grande de migrantes bajo su cuidado.
La cifra se suma a los cerca de 242.700 venezolanos que ya eran elegibles para TPS antes del anuncio del miércoles.
Las protecciones para los venezolanos son significativas, porque ellos representan a una gran proporción de los migrantes que han estado llegando al país en los últimos años.
Venezuela quedó inmersa en una crisis política, económica y humanitaria en la última década, la cual ha obligado a por lo menos 7,3 millones de personas a emigrar y ha hecho que los precios de alimentos y otras necesidades sean inaccesibles para quienes permanecieron en el país.
La gran mayoría de las personas que huyeron se han asentado en países vecinos de América Latina, pero en los últimos tres años muchos de ellos comenzaron a llegar a Estados Unidos después de atravesar el peligroso Tapón del Darién, una franja de selva en Panamá.
Los venezolanos que lleguen a Estados Unidos después del 31 de julio de este año no tendrán derecho a la protección. Los que ahora son elegibles deberán presentar una solicitud para obtenerla.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, otorgó la expansión y una extensión de 18 meses a quienes ya contaran con TPS debido al "incremento en la inestabilidad de Venezuela y la falta de seguridad debido a las perennes condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales", señaló la agencia en un comunicado.
El gobierno indicó que aceleraría la emisión de permisos de trabajo para las personas que han ingresado al país desde enero mediante el uso de la app CPB One que otorga citas para solicitar asilo en los cruces fronterizos terrestres con México, o mediante permisos humanitarios otorgados a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que cuentan con patrocinadores financieros y llegaron a Estados Unidos vía aérea. El objetivo es brindarles permisos de trabajo en un plazo no mayor a 30 días, en comparación con los 90 días que deben pasar actualmente.
La promesa de acelerar la emisión de permisos de trabajo no aplica para quienes cruzaron ilegalmente la frontera y piden asilo, quienes, de acuerdo con las leyes, deben esperar seis meses para obtener un permiso de trabajo.
Los alcaldes y gobernadores le han estado implorando a Biden que encuentre una manera para que el gobierno permita que los migrantes recién llegados puedan trabajar de forma legal y se puedan mantener.
Funcionarios demócratas en Nueva York, Massachusetts, Chicago y otras partes del país se han quejado sobre la presión que aplican los migrantes recién llegados a sus recursos, en particular en Nueva York, en donde el gobierno está obligado a brindar albergue a todo el que lo necesita. La ciudad paga actualmente para alojar a cerca de 60.000 migrantes recién llegados.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló en un comunicado difundido la noche del miércoles —después de que se dio a conocer la noticia— que estaba "agradecida con que el gobierno federal haya actuado tan rápido para otorgar una de nuestras principales prioridades: Estatus de Protección Temporal para solicitantes de asilo y migrantes venezolanos que ya han llegado a este país".
El alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha sido particularmente crítico con el gobierno federal. Sin embargo, el miércoles aplaudió la decisión de conceder la protección a los venezolanos y le agradeció al gobierno por atender las preocupaciones de la ciudad.
El número de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos va en aumento. Eso representa un gran desafío para el gobierno, que ha pasado problemas para demostrar que tiene el control de la frontera ante las críticas de los republicanos. La ciudad de Eagle Pass, que colinda con México a lo largo del río Bravo — también conocido como Grande — en el sur de Texas, anunció el miércoles un estado de emergencia debido a un "incremento severo de inmigrantes indocumentados".
De acuerdo con el jefe de policía del condado de Maverick, Tom Schmerber, unos 2.700 migrantes cruzaron hacia Eagle Pass el martes y otros 3.000 el miércoles.
La Casa Blanca informó que también utilizará a elementos del Departamento de Defensa para brindar apoyo al personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) en la frontera. El DHS ya dispone de alrededor de 2.500 elementos de la Guardia Nacional para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).
En el comunicado, el DHS señaló que se desplegaría a la frontera a cerca de 800 elementos en activo adicionales, quienes entre otras cosas cumplirán funciones de logística para que los agentes de la CBP puedan cumplir con mayores responsabilidades de primera línea.
El DHS también recurrió a elementos en activo en mayo pasado para respaldar sus operaciones, cuando se registró un incremento de encuentros en la frontera de cara al final de la medida de Título 42. En aquel momento, los funcionarios del DHS enfatizaron que los elementos en activo no serían utilizados en aspectos como el trabajo directo con migrantes, sino exclusivamente para desahogar al personal de la CBP.
El DHS señaló que también tomará otras medidas, como intensificar un proceso que comenzó en mayo pasado para expulsar de forma expedita a las familias que no contaban con los argumentos para permanecer en el país. La agencia indicó que también ha aumentado la capacidad en sus centros de detención a lo largo de la frontera sur.
Además anunció que ha incrementado el número de personas expulsadas del país. Desde el 12 de mayo ha retirado a 253.000 personas de poco más de 150 países, señaló el departamento, en comparación con las 180.000 repatriaciones durante el mismo periodo de 2019, antes de que la pandemia alterara drásticamente la capacidad del gobierno para expulsar a los migrantes.
"Es más doloroso el silencio": una prisión en Venezuela llega al corazón de Nueva York
Expresos políticos del Helicoide, la cárcel en forma de pirámide del Servicio de Inteligencia de Venezuela, llevaron hasta el Times Square neoyorquino un proyecto de realidad virtual que muestra con escalofriante detalle cómo es vivir en una de las celdas.
Un proyecto de realidad virtual trajo hasta Times Square la escalofriante experiencia de vivir en una cárcel del Servicio de Inteligencia de Venezuela, un proyecto creado por exprisioneros políticos que advierten que por muy dolorosa que sea la memoria, peor es no compartirla.
La iniciativa, presentada durante la tarde noche de este martes en la céntrica plaza de Nueva York, fue un mensaje a los líderes mundiales reunidos en la ciudad para la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Esto está pasando ahora mismo en Venezuela", dijo a la Voz de América uno de los creadores del proyecto, Víctor Navarro.
Con la experiencia de haber sido exprisionero político en el Helicoide, la famosa cárcel en forma de pirámide de tres lados, Navarro explicó que utilizaron las memorias de presos como él para crear "La Memoria está viva", una suerte de museo virtual que busca educar sobre las serias violaciones a los derechos humanos en el país suramericano.
"Es muy difícil revivir todas esas experienciVIDEOas, pero hoy estando aquí, viendo a todas estas personas alzando la voz por los presos políticos, creo que es más doloroso el silencio, es más doloroso el olvido. Ahorita hay alrededor de 300 presos políticos en Venezuela, (...) yo creo que es más doloroso que callemos", insistió el joven activista, rodeado de otros exiliados que alzaban carteles en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Una realidad sofocante
Detras la oscuridad que dejan las gafas de realidad virtual y lel silencio momentáneo en los audífonos, una voz comienza a guiar a quien experimenta el recorrido por los detalles de las celdas, desde las inscripciones en las paredes de ladrillo, hasta las cucarachas que pululan en el centro.
Un remolino de fotografías de presos te acompaña en la caída hasta que llegas a unas cuatro paredes con cuerpos hacinados y memorias de insalubridad, resiliencia y dolor.
La experiencia "no es para entretener", advierte la voz desde los audífonos. "Es para actuar" completa Víctor Navarro.
"Es una herida, aunque es imborrable, aunque nos toca lidiar porque no se supera, hay que contarlo, hay que contarlo y el mundo tiene que saberlo, principalmente porque sigue pasando. Hoy están torturando en Venezuela. (El presidente Nicolás) Maduro tiene hoy alrededor de 17 centros clandestinos. El Helicoide es un centro de tortura donde hay alrededor de 79 presos políticos", denunció.
A Adriana, una venezolana que salió de su país hace siete años, la experiencia la abrumó. "Es muy duro, es muy real", contó sobrecogida a la VOA tras quitarse las gafas.
Al igual que ella, decenas de personas se acercaban intrigadas por la propuesta. Cubanos exiliados que llegaron hasta la icónica plaza se solidarizaron con los que llamaron "hermanos en dificultad".
La razón de llevar "La Memoria está viva" a Times Square fue enviar dos mensajes, según Navarro.
"El primero es al mundo, al mundo que se mueve aquí todos los días. Son alrededor de 300 000 personas que pasan por aquí todos los días. Y le estamos diciendo a todas esas personas, que en Venezuela se está torturando, pero también le estamos hablando a todos los que están en las Naciones Unidas, a esos que toman decisiones, a esos que con la palabra pueden cambiar lo que está pasando en Venezuela", insistió.
Según el activista, los líderes mundiales "no pueden dar permisividad a la tortura, no pueden hablar de democracia, justicia y libertad, y recibir a Maduro".
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