Desde el surgimiento del movimiento de derechos humanos en Cuba a fines de la década del setenta, la naturaleza del régimen comunista existente en la Isla ha demostrado la necesidad del monitoreo y denuncia de las violaciones a los derechos fundamentales de los cubanos.
Según el Doctor Juan Clark, importante sociólogo cubano que se dedicó a analizar este fenómeno, la represión en Cuba es sistemática, ocurre todo el tiempo y es impuesta a todo el pueblo.
Clark hacía la diferenciación entre la represión directa y la indirecta. La represión directa ocurre contra los que osan levantar su voz, organizar la sociedad civil en busca de libertades, o simplemente denunciar e informar sobre la realidad que acontece en el país. Es una represión selectiva. Contra esos cubanos cae el peso completo del régimen totalitario. La represión indirecta es la que se articula a través de los medios de comunicación, el sistema de educación en todos sus niveles, y las organizaciones de masas, creadas por el régimen para el control social.
Se puede decir que, durante el año 2020, y utilizando la pandemia como justificación, el régimen arremetió contra el pueblo imponiéndole multas, arrestando a ciudadanos simplemente por no llevar su máscara puesta, imponiendo prisión a jóvenes bajo las acusaciones inverosímiles de “peligrosidad social pre delictiva”, o “propagación de epidemias”.
Asesinatos policiales
La represión contra la población en general durante el 2020 quedó al descubierto con el asesinato del joven Hansel Hernández Galiano, el 24 de junio, quien fue ultimado en Guanabacoa con un balazo por la espalda a manos de gendarmes de la Policía Nacional Revolucionaria, quienes sabían que el joven negro, de 27 años de edad, estaba desarmado. Su cuerpo fue cremado inmediatamente impidiendo la posibilidad de una autopsia independiente.
Este hecho provocó protestas del pueblo y de activistas de derechos humanos, llegando a suceder, entre el 29 y el 30 de junio, 78 arrestos arbitrarios y 146 activistas sitiados para impedir una demostración pública en solidaridad con la familia de Hernández Galiano.
También trascendió el caso de Yamisel Díaz Hernández, de 32 años, baleado por la policía en Artemisa en la madrugada del 5 de julio.
Estos son dos de los asesinatos conocidos, pero es sabido que la violencia policial en Cuba aumenta por día, y son miles los que han sido víctimas de policías inescrupulosos. En abril, por ejemplo, se conoció el caso de dos adolescentes que fueron violadas en La Habana por dos policías en estado de embriaguez que las obligaron a montarse en el carro patrullero y las condujeron a un área alejada de la ciudad para perpetrar el crimen.
Presos políticos
Durante el 2020 continuó la represión dentro de las cárceles contra prisioneros políticos y comunes, aun en medio de la pandemia de coronavirus y bajo el reclamo constante de familiares, activistas y organizaciones de DDHH para mejorar esta situación.
De acuerdo con fuentes de la oposición interna, el número de prisioneros políticos en la isla aumentó a 137 en la lista parcial que publica la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. De estos, 77 han sido considerados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Este año, permanecen cumpliendo injusta condena dos mujeres activistas: las Damas de Blanco Martha Sánchez González, acusada de los supuestos delitos de desacato, difamación y resistencia, y Aymara Nieto Muñoz, detenida y golpeada brutalmente en mayo de 2018. Ambas han sido condenadas a cuatro años de privación de libertad.
El 13 de noviembre pasado, Sánchez González fue trasladada de la Prisión El Guatao a un campamento de construcción del Ministerio del Interior en La Habana.
Mientras, Nieto Muñoz permanece desde el 11 de marzo recluida en la Prisión de Mujeres de Manatí, en Las Tunas, a 600 kilómetros de su residencia, en La Habana, como medida de castigo. Las autoridades han abierto un proceso adicional en su contra por presuntamente instigar un motín en el Correccional de Mujeres “El Guatao” a principios de año.
Pero las listas son parciales y las informaciones escasas, pues a muchos opositores los acusan de delitos comunes para que sus casos no figuren en estos listados, sin contar con los cientos de presos jóvenes condenados por peligrosidad social predelictiva. Así ocurrió con el joven activista Yosvany Aróstegui Armenteros, quien murió el 7 de agosto durante una huelga de hambre en la Prisión Kilo 8 de Camagüey.
El joven había sido acusado de violación y robo, y condenado a 15 años de prisión. Murió denunciando la mentira de la Seguridad del Estado y afirmando que era inocente de esos cargos. Como en el caso del prisionero político Orlando Zapata Tamayo, diez años antes, las autoridades lo sometieron a torturas y tratos crueles, confinándolo en celdas de aislamiento y negándole el agua, procedimiento sistemático contra los que se declaran en huelga. Esto precipitó el desenlace fatal de Aróstegui Armenteros, a quien no le permitieron ningún contacto con sus familiares, ni siquiera cuando fue trasladado en estado de gravedad al hospital Amalia Simoni, en la ciudad de Camagüey.
Ley Azote vs. libertad de expresión
Uno de los derechos más reprimidos durante el 2020 en Cuba es el derecho a la libertad de expresión. De acuerdo al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York, Cuba es el país de las Américas con mayor censura de prensa y se encuentra entre los 10 peores del mundo. No es una sorpresa que gran parte de los arrestos arbitrarios y las sentencias de prisioneros políticos tengan que ver con el Decreto 370 o Ley Azote, aprobado en 2018, pero cuya aplicación comenzó a partir del 2019.
Utilizando este decreto, y específicamente su Artículo 68, el régimen de La Habana ha montado una cacería contra los periodistas independientes que utilizan las redes sociales para informar y denunciar la situación en la Isla. La censura y medidas represivas van desde multas de tres mil pesos cubanos, el decomiso de medios de trabajo como teléfonos celulares, cámaras y computadoras, hasta el encarcelamiento, acusándolos de “usurpación de funciones”, pues los represores consideran que estos periodistas no son profesionales de la comunicación.
La represión digital, además, es aplicada a todos los cubanos. Personas que trabajan como policías en las redes, y a quines coloquialmente se les llaman clarias, utilizan perfiles falsos y se infiltran en páginas de Facebook, Instagram y otras para vigilar el comportamiento de los usuarios cubanos (residentes dentro o fuera de la isla) en estas redes.
El periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, quien fue encarcelado durante un año y puesto en libertad el 4 de septiembre de 2020. Sufrió prisión simplemente por expresar sus opiniones. El 20 de agosto de este año, la oficina del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el cautiverio de Quiñones Haces.
La chispa que prendió en San Isidro
Otro caso de importancia es el del joven músico y opositor Denis Solís, detenido en La Habana el 9 de noviembre y condenado a 8 meses de prisión por un supuesto delito de “desacato”. La detención arbitraria de Solís desató una campaña de protestas y una huelga de hambre convocada por los miembros del Movimiento San Isidro (MSI), que concluyó con el arresto de varios activistas, el 26 de noviembre, y una protesta masiva de cientos de artistas e intelectuales cubanos frente al Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre.
Entre los huelguistas estuvo el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, quien, durante el 2020, y en los últimos años, ha sufrido fuertes medidas represivas por promover la libertad de creación y realizar programas comunitarios de ayuda a su barrio San Isidro, uno de los más pobres de la capital cubana.
Solís fue condenado en un juicio sin garantías procesales, el 11 de noviembre, y a principios de diciembre fue trasladado a la Prisión Combinado del Este, en La Habana, un centro penitenciario de máxima severidad. Los miembros del MSI y otros activistas e integrantes de la oposición aún mantienen activa una campaña por su liberación.
Silverio, en libertad
Otro caso de importancia que fue tratado por organizaciones internacionales de derechos humanos fue el del opositor Silverio Portal Contreras, condenado en 2018 a cuatro años de cárcel por supuesto “desorden público y desacato”. La injusta prisión política le fue impuesta por denunciar las condiciones de las viviendas en La Habana.
Durante el 2020, la salud de Portal Contreras se deterioró aceleradamente, sin embargo, las autoridades negaron durante meses el recurso de licencia extrapenal presentado por su esposa, hasta que finalmente fue puesto en libertad en noviembre pasado.
Una vez en libertad, Portal Contreras denunció que durante su encarcelamiento sí fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de sus carceleros, a pesar de su delicada condición de salud.
La situación de deterioro de la vivienda en Cuba, especialmente en barrios céntricos de La Habana, ha cobrado vidas de niños y ancianos debido a los derrumbes.
Las autoridades no resuelven los problemas acuciantes de la población, mientras los burócratas y militares que detentan el poder viven en mansiones alejadas del sufrimiento de la mayoría del pueblo. De acuerdo a informes desde la Isla, cerca de una treintena de activistas han sido multados bajo el Decreto Ley 370 por denunciar esta situación de penuria, y se espera que el número se incremente.
Sin libertad de movimiento
El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estipula el derecho de todo ciudadano de un país a salir y entrar de su país libremente sin necesitar un permiso de entrada o de salida, así como moverse libremente por el territorio nacional, es uno de los derechos más vulnerados en la Cuba comunista.
Los cubanos siempre han necesitado permisos de salida “Carta Blanca, cuño o habilitación del pasaporte”, todos eufemismos utilizados por el régimen para ejercer este mecanismo de control interno, así como los cubanos en el exterior un permiso de entrada o visa para visitar su país de origen.
A partir del 2013, el régimen decretó que no existiría más el permiso de salida y, de hecho, periodistas independientes y activistas de derechos humanos lograron por vez primera salir al exterior y regresar a la Isla. Pero este derecho se sigue violando en Cuba, pues el régimen escoge quién sale, y quién no, por los aeropuertos cubanos.
Durante este año, a un creciente número de activistas se les impidió salir al exterior. Los casos fueron bautizados como “los regulados” pues es la palabra utilizada por los agentes castristas cuando les impiden la salida del país a los señalados.
En enero de 2020, unos 14 activistas fueron “regulados” impidiendo así su participación en importantes foros internacionales organizados por la OEA, el Parlamento Europeo, y otras entidades internacionales. Uno de los casos más relevantes fue el de Rolando Rodríguez Lobaina, líder de la Alianza Democrática Oriental y director de Palenque Visión, una agencia de periodismo ciudadano en la Isla. Rodríguez Lobaina fue detenido el 29 de enero en el Aeropuerto Internacional José Martí, sin embargo, las autoridades mintieron a sus familiares, permaneciendo con paradero desconocido por más de una semana. Meses más tarde, su hermano Néstor Rodríguez Lobaina, reconocido opositor y exprisionero político cubano que reside en España, fue detenido al intentar viajar a la Isla para ver a su familia, de la cual fue separado desde el 2011, cuando fue deportado desde la prisión política en Cuba a España.
Lo mismo ocurrió en enero de 2020 al ex prisionero político y vocero del Movimiento Cristiano Liberación Regis Iglesias Ramírez, exiliado en España, y quien intentó regresar a la Isla. Mientras, al doctor Eduardo Cardet Concepción, líder el Movimiento Cristiano Liberación, se le impidió la salida de Cuba hacia Estados Unidos a pesar de tener todos sus documentos en orden, según un comunicado del grupo opositor en enero de 2020.
El régimen reprime, pero sigue la resistencia
La represión contra activistas de derechos humanos en Cuba durante el 2020 se caracterizó por arrestos arbitrarios de varias horas, en muchas ocasiones manteniendo a los detenidos dentro de carros de policía o llevándolos a lugares remotos; actos de repudio, sobre todo contra las miembros del movimiento Damas de Blanco, quienes no solamente sufrieron arrestos con violencia, también encarcelamiento, multas, vigilancia y prisión domiciliaria.
La policía política, todos los domingos, sitia la sede en La Habana de las Damas de Blanco para impedirles asistir a Misa. Lo mismo hacen frente a las viviendas de las activistas en el interior del país, sobre todo en la provincia de Matanzas. El 8 de septiembre se reportaron unas 70 detenciones para impedir la celebración del día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Permanecen cumpliendo injusta condena la Dama de Blanco Martha Sánchez González quien fue acusada de los supuestos delitos de “desacato, difamación y resistencia” y fue condenada a 4 años de prisión. El 13 de noviembre fue trasladada de la Prisión El Guatao a un campamento de construcción del Ministerio del Interior cerca de El Guatao en La Habana. Asimismo, Aymara Nieto Muñoz quien fue detenida y golpeada brutalmente, permanece desde el 11 de marzo recluida en la Prisión de Mujeres de Manatí, a 600 kilómetros de su residencia en La Habana como medida de castigo, de acuerdo al informe del mes de noviembre de las Damas de Blanco.
Activistas de derechos humanos han ido a prisión al no pagar las multas de las que son víctimas como medida represiva. Este fue el caso del opositor Luis Andrés Domínguez García, quien fue condenado a principios del 2020, a un año y medio de cárcel por acumular multas sin pagar. La activista Keilylli de la Mora Valle fue condenada, el 7 de mayo de 2020, en un juicio sin garantías procesales, a un año y medio de prisión por los supuestos delitos de “propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia”. La situación de la activista, de 27 años de edad, se ha ido empeorando dentro de la prisión en los últimos seis meses.
Otra de las tácticas con opositores específicos es el hostigamiento contra sus viviendas, las amenazas de muerte y el asesinato de mascotas, como lo sucedido al exprisionero político Librado Linares García, líder del Movimiento Cubano Reflexión, por quien se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el 30 de septiembre de 2020, al temer por su integridad física. De manera escalonada, Linares García ha sido amenazado de muerte durante detenciones, la fachada de su casa fue embarrada de excrementos, atacada con piedras y un gato muerto apareció en el portal, durante diferentes sucesos.
La utilización de amenazas de muerte no debe tomarse a la ligera, pues el régimen ha demostrado que es capaz de pasar de la amenaza al hecho, y son numerosos los casos de opositores muertos en circunstancias extrañas, y bajo la custodia de la Seguridad del Estado. Algunos de los más conocidos son el de Oswaldo Payá Sardiñas, Harold Cepero y Laura Pollán Tolero, pero la lista es más extensa.
Sin derecho a libertad de credo
La policía política, además, continúa reprimiendo la libertad religiosa. Los miembros de la Revista Convivencia, liderados por el laico católico Dagoberto Valdés, han sido víctimas de hostigamiento y detenciones arbitrarias desde fines de 2019 y durante el 2020.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial denunció también el caso de Yoe Suárez, quien realiza una labor informativa sobre temas de libertad religiosa. Suárez ha sido multado, amenazada con el Decreto 370, se le impide salir de la Isla y ha sufrido numerosos arrestos.
Varios casos de represión contra pastores, activistas religiosos y otros cubanos que profesan alguna fe han sido documentados este año.
Médicos, trabajo esclavo
Otro de los temas de derechos humanos de importancia durante el 2020 es la denuncia de los atropellos contra los médicos cubanos que se encuentran cumpliendo las llamadas “misiones” fuera de la Isla. Organizaciones internacionales que velan por los derechos de los trabajadores y profesionales han denunciado la utilización de mano de obra esclava por parte del régimen de La Habana, que cobra directamente por los servicios de los profesionales de la salud, y solamente les paga entre el 10 y el 25% de lo que los países que los emplean pagan por sus servicios.
La organización Human Rights Watch denunció en su informe anual esta situación, clasificándola como una forma contemporánea de esclavitud, dentro de las normativas de las Naciones Unidas que se ocupan de la trata o tráfico de personas.
Los médicos también han sido usados como medio de ingreso al arca estatal durante la pandemia de coronavirus. Aunque el gobierno presenta el envío de estas brigadas de salud a países aquejados por la enfermedad como una muestra de “solidaridad”, en realidad recibe una compensación monetaria por ello. Grupos ciudadanos en algunos países han rechazado el uso de estas misiones cubanas, alegando que los galenos locales son suficientes, y deberían recibir tales pagos, por sus servicios durante la pandemia.
De mal en peor
La situación de los derechos en Cuba durante el 2020 empeoró, junto con las medidas represivas y la incapacidad del régimen de La Habana de escuchar a la población, buscar solución a sus crecientes necesidades, y entablar un diálogo sincero con el pueblo.
Esto quedó demostrado, una vez más, durante los sucesos del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, y a los acontecimientos alrededor de la huelga de los miembros del Movimiento San Isidro.
La sociedad civil cubana no espera que esta situación mejore en el 2021, cuando tendrán que enfrentar medidas económicas draconianas. El control social, económico y político del país permanece en las manos de los militares de siempre, y de las familias de siempre, y el 99 por ciento del pueblo cubano sobrevive en condiciones de ostracismo, miseria y abandono.
El discurso totalitario del régimen se mantiene
Cuba, la República que participó activamente en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, hoy es una dictadura militar, cuyo estado desprecia a sus ciudadanos y donde la libertad es simplemente el compromiso y el sueño de un grupo de valientes atrevidos, que una y otra vez, a través de los años, siguen naciendo y empujando, encendiendo una luz de esperanza en la más absoluta oscuridad.