Cuba
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Coca-Cola, Exxon Mobil y Colgate con negocios pendientes en Cuba
La resolución de los reclamos pendientes es una prioridad del gobierno estadounidense, dijo un funcionario al Wall Street Journal.
Luego de una semana de euforia debido al anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, tal parece que van llegando los ajustes que se hacen fuera de cámara, lejos de las luces y los micrófonos. Las cuentas pendientes con los dueños de negocios que vieron sus posibilidades rebanadas del todo cuando los barbudos entraron triunfantes a La Habana de 1959.
Un artículo de Wal Street Journal (WSJ), aparecido este lunes 22 de diciembre, señala que conocidas empresas como Coca-Cola, Exxon Mobil y Colgate-Palmolive tienen pendientes reclamaciones por más de US$7.000 millones.
La mayor de las demandas corresponde a una filial de la compañía de materiales de oficina, Office Depot. Así mismo, WSJ informa que tras varias fusiones en años recientes, Office Depot es propietaria de Cuban Electric Company, que en 1960 suministraba más del 90% de electricidad vendida a Cuba. Sin intereses, esa reclamación asciende a US$267.6 millones.
En 1960, cuando fue expropiada la filial Cuban Electric Co., suministraba más del 90% de toda la electricidad que se consumía en la mayor de las Antillas. En aquel momento, el régimen castrista nacionalizó sus operaciones, incluida una planta valorada en ese momento en más de US$200 millones.
Por otra parte, Boise Cascade, empresa maderera, se convirtió en dueña mayoritaria de las acciones de Cuban Electric en 1969. En 2003, Boise Cascade compró OfficeMax y adoptó ese nombre. El año pasado, OfficeMax se fusionó con Office Depot, y ésta ahora controla Cuban Electric, por la que reclamaría ante el Gobierno de Castro la suma millonaria.
"El restablecimiento de las relaciones diplomáticas permitirá a EE.UU. trabajar de manera más efectiva con el gobierno cubano en una variedad de temas importantes, incluyendo las demandas de los estadounidenses", dijo el viernes un vocero del Departamento de Estado, responsable de negociar la resolución de los reclamos.
"La resolución de los reclamos pendientes es una prioridad del gobierno estadounidense, pero en este momento no podemos ofrecer un cronograma específico o detalles", dijo el funcionario a WSJ.
Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental aclaró que estos temas no podrán resolverse antes de que se restauren las relaciones diplomáticas, "pero sí creemos que serán parte de la conversación".
Estados Unidos se involucró de forma determinante en responder a las expropiaciones indebidas que hacía La Habana en 1964. Entonces, el Congreso ordenó a la Comisión de Resolución de Reclamos en el Extranjero, una agencia cuasi judicial dentro del Departamento de Justicia, determinar la validez y el valor de las demandas.
En seis años se certificaron casi 6.000 reclamos por unos US$1.800 millones. Con intereses, las demandas ascenderían en la actualidad a unos US$7.000 millones.
El gigante Coca-Cola es la otra empresa que lleva una gran demanda pues a fines de los años 50, la compañía tenía una operación rentable en Cuba con ventas anuales de más de US$7 millones, según la informe de la comisión. Una porción importante del reclamo de Coca-Cola, de US$27,5 millones antes de intereses, se debe al valor perdido del negocio. La demanda, en cambio, incluye plantas de embotellamiento y jarabe, refrigeradoras, máquinas expendedoras y contenedores que fueron incautados por el Gobierno. Representantes de Coca-Cola, Starwood, Exxon y Colgate tampoco quisieron ofrecer detalles.
Estados Unidos impuso el embargo comercial a Cuba debido principalmente a las represalias por las propiedades confiscadas. Tal como indica la normativa vigente, sería ilegal levantarlo sin resolver los reclamos, dijo Matías Travieso-Díaz, un socio de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, que frecuentemente escribe análisis legales sobre las sanciones al régimen cubano.
Las sanciones otorgan otras protecciones legales a los demandantes. Una provisión de la Ley Helms-Burton de 1996 sostiene que "cualquier persona o gobierno que trafique con propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano es sujeto a daños monetarios en el sistema judicial federal de EE.UU.", a decir del informe de 2014 del Servicio de Investigación del Congreso. Sin embargo, los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama no han aplicado esa estipulación.
Otros analistas, incluida Julia Sweig, una especialista en Cuba del Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios con sede en Nueva York, aseveran que las demandas pendientes no serían un gran obstáculo a un comercio más abierto con la isla "debido a que ha pasado mucho tiempo".
Cuba se afinca en repetir que Estados Unidos debe a los cubanos más de US$100.000 millones por los daños causados por el embargo. Pero otro problema sale a la vista de todos: La posibilidad de La Habana de pagar las reclamaciones de los empresarios dañados a inicios de los 60.
Michael J. Kelly, profesor de leyes internacionales de la facultad de Derecho de la Universidad de Creighton, en Nebraska, y coautor de un estudio sobre el tema, dice que un arreglo podría llegar bajo la forma de un solo pago general y no tendría que ser en efectivo. Las empresas, explicó, podrían ser indemnizadas con derechos de desarrollo o beneficios tributarios para alentar la inversión extranjera en Cuba.
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Conozca nuevas medidas implementadas por EEUU para inmigrantes víctimas de trata de personas
Estados Unidos anunció ajustes al programa que permite a personas que han sido víctimas de “una forma grave de trata de personas” permanecer en territorio norteamericano por un período inicial de hasta cuatro años.
“Estamos dedicados a proteger a las víctimas de la trata de personas y minimizar cualquier barrera potencial para la asistencia”, dijo Ur M. Jaddou, al frente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
“Esta regla final ha estado muchos años en proceso y me complace que el programa de visas T ahora tenga un marco regulatorio firme para respaldarlo. En última instancia, esto hace que nuestro enfoque esté más centrado en la víctima y fortalece la integridad del proceso de solicitud de visa T para que el programa proteja mejor a las víctimas como era la intención del Congreso”, indicó.
La trata de personas, también conocida como “trata”, es un delito en el que los traficantes utilizan la fuerza, el fraude o la coerción para obligar a las personas a proporcionar trabajo o servicios, incluido el sexo comercial. Los traficantes a menudo se aprovechan de las personas vulnerables, incluidas aquellas que carecen de estatus migratorio legal. En algunos casos, las personas que son transportadas por contrabando a Estados Unidos pueden convertirse en víctimas de la trata o explotación durante sus viajes o al llegar a su destino.
El estatus de no inmigrante T ofrece protección a las víctimas y fortalece la habilidad de las agencias de cumplimiento de ley para detectar, investigar y enjuiciar la trata de personas.
Esta regla final, que acaba de publicarse en el Registro Federal, perfecciona la elegibilidad al estatus de no inmigrante T y los requisitos para solicitarlo. Además de incluir disposiciones para reducir las posibles barreras a las víctimas y permite a los oficiales de USCIS adjudicar las solicitudes de las víctimas de manera más eficiente.
La agencia federal dijo que con estos cambios el proceso de determinación y adjudicación de buena fe, se simplifica sin dejar de mantener las medidas de prevención del fraude.
Gobernador DeSantis reconoce a líderes de la Resistencia Cubana como “Héroes de Florida”
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reconoció esta semana a dos miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una iniciativa que agrupa a más de cincuenta organizaciones por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Durante una ceremonia en la residencia del gobernador en Tallahassee, DeSantis nombró como “Héroes de Florida” a Sylvia Iriondo, presidente de Madres Anti-represión por Cuba (M.A.R), y a Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano.
“Comparto este reconocimiento con las mujeres de M.A.R Por Cuba, con quienes lucho por la libertad de Cuba y por defender los valores democráticos de esta gran nación americana; con Orlando Gutiérrez-Boronat y las organizaciones y miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana; con mi comunidad de Miami donde me he desempeñado la gran parte de mi vida; con mi familia, que ha sido mi mayor apoyo, y con Dios, mi fiel compañía”, expresó Iriondo.
“Creo que esta designación por parte del gobernador y de la primera dama constituye un respaldo moral importante ante el acoso de la dictadura”, comentó Gutiérrez-Boronat.
Durante la ceremonia rindireon homenaje a 75 floridianos, incluidos socorristas, médicos, veteranos, agentes del orden, filántropos, empresarios, padres e innovadores, quienes han demostrado valentía y abnegación.
"También fueron honrados los miembros de la comunidad que se han dedicado a ayudar a otros a superar la adversidad a través de esfuerzos sin fines de lucro, adopción y cuidado de crianza, carreras en educación y defensa", recoge el comunicado oficial.
"Fue un privilegio reconocer y agradecer personalmente a cada héroe de Florida presente por su dedicación desinteresada a sus comunidades y a nuestro estado", apuntó el gobernador.
Consternación del gobierno de EEUU por las condenas a los manifestantes de Nuevitas
El Departamento de Estado de Estados Unidos considera que “la dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas (Camagüey) en 2022 es indignante”.
“La continua represión del régimen contra los cubanos que se esfuerzan por cumplir con sus derechos y necesidades básicas es inconcebible”, declaró este lunes el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.
El Tribunal Provincial de Camagüey notificó las sentencias firmes contra 14 participantes de las protestas antigubernamentales del 18 de agosto de 2022, en el barrio de Pastelillo, en las cuales se exigió el fin de los apagones, entre gritos de “Libertad” y "Patria y Vida".
Las penas más altas fueron de 15 años de privación de libertad para Mayelín Rodríguez Prado, y 14 para José Armando Torrente, así como 13 años de prisión para Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto, y 11 para Lisdan Cabrera Batista.
Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto fueron condenados a diez años de privación de libertad.
Yennis Artola Del Sol fue sancionada a ocho años, Wilker Álvarez Ramírez a cuatro, y Yanelis Valladares Jaime fue absuelta por insuficiencia de pruebas.
Los delitos por los que fueron encontrados culpables van desde Sedición, Sabotaje, Propaganda enemiga de carácter continuado, Actos contra la Seguridad del Estado, Atentado y Resistencia hasta Encubrimiento.
Al menos dos fallecidos en accidente masivo en Mayabeque
Al menos dos personas murieron y varios resultaron heridas tras un accidente de tránsito en la mañana de este lunes en el municipio de Madruga, provincia de Mayabeque.
De acuerdo a un reporte de la prensa local, cuatro de los lesionados tenían heridas graves.
El siniestro se produjo cerca del cementerio de la localidad de Aguacate, cuando un ómnibus pereteneciente a la empresa Transtur, que traslada a los trabajadores de la Emce Este Habana y de la Central Termoeléctrica Ernesto Che Guevara, chocó con un camión de la base de carga del territorio.
Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en Cuba. Al cierre de 2023, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial (CNSV), se reportaron más fallecidos que en igual período del año anterior.
El informe indica que entre enero y diciembre murieron un total de 729 personas, un 3 % más que en 2022, y 5.938 resultaron lesionadas en los 8.556 accidentes de tránsito reportados en el país.
Ese año las autoridades retiraron 13.005 licencias de conducción, 3.318 más que en 2022, "por acumulación de puntos, multas fuera de término, ingestión de bebidas alcohólicas y actualización del chequeo médico".
Entre las causas de los accidentes está el mal estado de los vehículos y carreteras, así como la poca iluminación de las mismas.
No obstante, el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), aclaró que el país tiene "limitacions" económicas para las reparaciones requeridas.
Preso político del 11J no acepta reunirse con fiscales: estas son sus razones
El preso político del 11J Roberto Pérez Fonseca se negó recientemente a reunirse con fiscales de la provincia de Mayabeque.
Su hermano, el activista Alberto Ortega Fonseca, conocido en redes sociales como Albert Fonse, dijo a Martí Noticias desde Canadá que la razón dada por su hermano para no conversar con los investigadores penales es que éstos son los mismos que lo condenaron injustamente.
“Porque esta es la misma fiscal que cuando yo denuncié la situación de la tortura en la prisión del Sida, ella fue una de las que hasta lo negó, y después yo la he visto hasta riéndose con los mismos guardias de aquí, que nos han dado golpes cuando yo me manifiesto y nos llevan a celdas de castigo”, explicó el preso político a Fonse.
El activista exiliado en Canadá dijo que su hermano considera inútil hablar con una fiscal que no actuará en su defensa, y que "representa a los mismos guardias". El manifestante encarcelado añadió que sería inconveniente, además de una pérdida de tiempo.
"Lo que les vamos a estar dando información y perdiendo tiempo y, también, recordar que todos estos fiscales, al final todo es lo mismo, y son los mismos que nos metieron a nosotros injustamente aquí”, recalcó.
“No quiero hablar, yo no tengo nada que hablar con ellos”, afirmó Pérez Fonseca.
“y eso que yo le dije: mira Robert, ve a ver”, y él me dijo: ”mira, ‘brother’, si quieren hablar, que hablen con mi madre y le digan lo que tengan que hablar, porque conmigo, ¿para qué?, si mi madre va allí y lo que hacen es intimidarla…’", dijo Fonse.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque donde, según fiscalía, rompió junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro.
El pasado mes de marzo, su madre, Liset Fonseca, denunció a través de Martí Noticias que el prisionero político podría tener daños serios a su salud después de inhalar óxido de calcio durante su confinamiento en una celda de castigo en la prisión de Quivicán, en la provincia Mayabeque.
Pérez Fonseca fue castigado en una celda tapiada tras manifestarse, el 19 de febrero, en el patio de la cárcel, en memoria del prisionero político muerto en huelga de hambre Orlando Zapata Tamayo. “Ese lugar lo tenían como almacén de la cal para pintar la prisión, pero ahí quedó todo el resto de la cal, todo lleno de ese polvo, y él lo aspiró”, insistió entonces la madre del preso político.
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