La decisión de llevar a juicio a la influencer cristiana cubana Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente, evidencia la “voluntad política del Gobierno cubano de criminalizar derechos humanos”, afirmó a Martí Noticias el abogado de Cubalex, Alain Espinosa.
Ambas serán juzgadas por grabar y publicar imágenes de un policía que acudió a su vivienda en Alamar, La Habana, para entregar una citación de la Seguridad del Estado.
“Ya el tribunal confirmó que mi mamá y yo seremos llevadas a juicio, acusadas del delito contra la intimidad personal y familiar”, escribió Bensi en su cuenta de X.
El incidente ocurrió el 10 de marzo de 2026. Según explicó la joven, ella y su madre decidieron grabar y divulgar la actuación del agente como una medida de protección.
“Ante esta situación, tomamos la decisión de grabar y publicar en redes sociales el momento, como medida para nuestra seguridad”, señaló Bensi, quien acompañó su denuncia con la etiqueta “No hay delito”.
El proceso había sido archivado el 13 de abril, pero las autoridades lo reabrieron el 6 de julio después de que el policía que aparece en la grabación presuntamente presentara una querella.
Según la versión atribuida al agente, la difusión del video vulneró su intimidad y lo expuso a amenazas tras revelarse su identidad en las redes sociales. Bensi y su madre permanecieron bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria durante la investigación.
Espinosa rechazó que la grabación pueda considerarse una vulneración de la intimidad del policía porque este se encontraba ejerciendo funciones públicas.
“Todo lo relacionado con su derecho a la intimidad y a la vida privada se ve restringido de manera legítima, porque sus actos tienen que ceder ante el interés público, el control ciudadano y el escrutinio”, explicó el abogado.
Añadió que la propia legislación penal cubana permite documentar las actuaciones de funcionarios públicos cuando la grabación se realiza sin violencia, intimidación ni engaño y busca demostrar posibles irregularidades o conductas contrarias a la ley.
“De ninguna manera se puede hablar de una afectación al derecho a la intimidad de esta persona, y mucho menos de que sintiera algún tipo de temor”, afirmó.
El jurista aseguró que ni Bensi ni su madre intimidaron al policía ni difundieron mensajes de odio o llamados a la violencia en su contra.
“Simplemente mostraron quién era el funcionario público que estaba llevando a cabo la diligencia y documentaron cómo se realizó”, señaló.
Según Espinosa, grabar este tipo de actuaciones permite proteger a los activistas ante amenazas, violaciones de domicilio y otras formas de presión ejercidas durante las visitas de agentes estatales a sus viviendas.
El abogado sostuvo que esas prácticas buscan que los activistas “se inhiban de poder realizar sus labores” y consideró que utilizar el sistema penal contra quienes documentan una diligencia oficial forma parte de ese patrón de intimidación.
La confirmación del juicio ocurre pocos días después de que Bensi publicara otro video para denunciar la acumulación de basura y la falta de recogida de desperdicios en Alamar. En las imágenes mostró calles y espacios públicos cubiertos de desechos y aseguró que algunos vecinos han comenzado a quemarlos ante la falta de respuesta de las autoridades.
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