Cuba
Informe Anual de Amnistía Internacional denuncia represión y discriminación muy extendida en Cuba
Amnistía Internacional publicó el martes en la noche su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual advierte que en Cuba continuó el año pasado “la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas”.
“Se pusieron trabas y se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso”, precisó el documento al inicio del capítulo acerca de Cuba.
Además, en la isla continuó “la crisis humanitaria y económica, y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad”.
Acerca de la discriminación, Amnistía indicó que siguió estando muy extendida y afectó a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas.
Al analizar el contexto político de la nación, Amnistía recalcó que Cuba “carecía de una institución nacional de derechos humanos conforme con los Principios de París”.
“El país seguía cerrado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y los medios de comunicación internacionales encontraban impedimentos para hacer el seguimiento de los juicios de disidentes de la esfera política”, señaló.
En noviembre, la Unión Europea y Cuba mantuvieron su cuarto diálogo sobre derechos humanos, “en el que la UE expresó preocupación por las detenciones y las largas condenas de prisión relacionadas con las protestas de julio de 2021”.
En 2023 se implementó un nuevo Código Penal “que mantenía la pena de muerte, así como disposiciones que limitaban los derechos humanos y se utilizaban para acallar y encarcelar a activistas”, destacó el informe.
Disidentes y manifestantes en la cárcel
Acerca de la represión a la disidencia, Amnistía denunció que la vigilancia y el hostigamiento de activistas, opositores, periodistas y artistas seguían siendo generalizados. “La detención arbitraria y los procesos penales sin las debidas garantías continuaban siendo prácticas habituales, y quienes se encontraban en situación de privación de libertad soportaban duras condiciones penitenciarias”.
Amnistía citó estudios de la organización Justicia 11J, el cual dijo que al menos 793 personas seguían detenidas en relación con su participación en las protestas que se habían celebrado en toda la isla el 11 de julio de 2021.
El 6 de mayo, “el gobierno reaccionó con fuerza excesiva ante la protesta por las malas condiciones de vida y la falta de derechos humanos que tuvo lugar en el municipio de Caimanera, Guantánamo. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron violencia física contra quienes participaban en el acto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de al menos cinco manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva”.
El 26 de mayo, el órgano legislativo cubano “aprobó una ley sobre comunicación social que mantenía la prohibición de los medios de comunicación de propiedad privada y establecía restricciones excesivas en relación con la información pública y el uso de Internet”.
Esa ley, advirtió Amnistía, otorgaba al gobierno facultades “para ordenar a los operadores de telecomunicaciones que dejaran de prestar sus servicios a quienes publicaran información que se considerara perjudicial para el orden público o la moralidad”.
“José Daniel Ferrer García, activista político y líder opositor que lleva detenido desde julio de 2021 —fecha en la que también había sido sometido a desaparición forzada—, estuvo recluido en régimen de incomunicación mientras su salud se deterioraba. Al concluir el año, continuaba privado de libertad”, agregó el informe.
Otro problema en Cuba el año pasado es que “era habitual que la policía citara a interrogatorio a periodistas y activistas en relación con sus actividades lícitas”.
Por ejemplo, en mayo de 2023, el periodista Yeris Curbelo Aguilera “fue interrogado por agentes de la seguridad del Estado” tras haber informado sobre las protestas en Caimanera.
Otros presos políticos
El 14 de febrero, agentes de seguridad del Estado “detuvieron en su domicilio de La Habana a Josiel Guía Piloto, que ya había estado recluido de forma arbitraria en 2011 por ejercer la disidencia política”.
El gobierno mantuvo recluidos a los artistas y presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel ‘Osorbo’ Castillo Pérez, “que habían sido condenados en 2022 a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, en un proceso judicial sin las debidas garantías”.
Asimismo, las autoridades “rechazaron la recomendación del personal médico gubernamental de excarcelar a Loreto Hernández García por motivos de salud. Su esposa Donaida Pérez Paseiro y él —ambos, activistas negros, sacerdotes y líderes de la asociación Yorubas Libres de Cuba— eran presos de conciencia y llevaban detenidos desde 2021 por su participación pacífica en las protestas que se habían celebrado en toda la isla”.
Crisis humanitaria
"La población tenía dificultades para conseguir alimentos suficientes, la escasez de combustible redujo la accesibilidad del transporte y se produjeron apagones constantes durante todo el año", explicó la organización.
“El gobierno declaró en mayo que la crisis económica afectaba a las importaciones esenciales de combustible, alimentos y productos agrícolas, y reiteró la situación crítica en septiembre, cuando se pronosticaron más apagones”, señaló el informe.
Amnistía citó en este contexto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual expresó en abril su preocupación sobre los derechos laborales y sindicales en Cuba y concluyó “que había problemas importantes, entre ellos la inseguridad del empleo, la falta de medidas de higiene y seguridad, despidos injustificados por motivos de opinión política, vulneraciones de la libertad de asociación y la falta de reconocimiento del derecho a la huelga”.
Discriminación, racismo y violencia de género
Al concluir el capítulo sobre la situación en Cuba, afirmó que persistía la discriminación, “que afectaba especialmente a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas”.
“La población afrodescendiente seguía sufriendo las consecuencias del racismo histórico y sistémico. Hubo activistas que denunciaron la persistencia de las desigualdades raciales, lo que provocaba disparidad entre grupos raciales en la representación política, el acceso a una vivienda adecuada y el empleo, entre otros derechos”, informó Amnistía.
A pesar de esta situación, “el gobierno no recopiló ni publicó datos sobre las desigualdades raciales desglosados por raza y etnia”.
Además, “continuaba la discriminación por motivos de género” y la Legislatura “no incluyó el femicidio como delito en el Código Penal”, pese a que las ONG y la prensa independiente denunciaron la muerte de al menos 86 mujeres “en lo que aparentemente fueron agresiones por motivos de género”.
Otras declaraciones sobre Cuba
A inicios de abril, la organización publicó online el libro Imágenes de Rebeldía, el cual aborda la lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Se trata de "un testimonio vibrante de la resistencia cívica en Cuba junto a una selección emotiva de las más de 21 mil cartas y dibujos de apoyo global recibidas por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, en el marco de una campaña coordinada por Amnistía Internacional por su liberación", indicó Amnistía.
"La obra muestra los momentos inspiradores de movilización desde finales de 2020 hasta las protestas de julio de 2021, así como la severa represión gubernamental y las historias de cinco personas presas de conciencia; José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Este libro también es un llamado a la acción, que invita a las y los lectores a sumergirse en las poderosas historias detrás de cada imagen y a unirse a la demanda por una #CubaSinRepresión", escribió la organización.
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Uruguay abre vía para legalizar a miles de inmigrantes, la mayoría cubanos
El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, pueda regularizar su estatus a través del "Programa de Residencias por Arraigo".
De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, se trata de “un nuevo tipo de residencia”, que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación.
Las personas que obtengan esta nueva figura legal podrán luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada este jueves
El funcionario señaló que el decreto representa una “solución transitoria”, que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.
"Por ahora no es una solución definitiva. Por lo tanto, no es 'vengan, que esto funciona automáticamente'", dijo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou escuchó el reclamo de la sociedad civil, específicamente las comunidades de cubanos y dominicanos que piden refugio pero luego no cuentan con elementos para probar sus casos, acotó Sánchez.
Cubanos en Uruguay reaccionan a la medida
“Es una gran oportunidad para personas como yo que llevamos meses en Uruguay sin posibilidades de legalizarnos ni hacer la ruta hacia Estados Unidos”, dijo Arianne Martínez, una cubana que emigró al país en 2023 tras cruzar la selva amazónica desde Guyana.
"La mayoría de nosotros queremos estabilizarnos y ayudar a nuestra familia”, añadió.
Uruguay se ha convertido en uno de los países con más emigración cubana en la región debido a las facilidades que brinda Montevideo para que los extranjeros trabajen allí.
Muchos cubanos pagan cerca de tres mil dólares a coyotes que los llevan hacia el sur desde Guyana, uno de los pocos países que no le pide visado a los cubanos en América Latina. La mayoría pasa por Brasil de manera clandestina y otros siguen su ruta a Chile, donde también se ha asentado una importante comunidad caribeña.
Carlos Alberto Madrigal, residente en Montevideo, consideró que se trata de “una gran oportunidad” para trabajar y estudiar en Uruguay.
“Busca que las personas se regularicen y trabajen en blanco, es decir, legalmente. Ayudará a muchísimos inmigrantes”, aseguró.
Grupos de cubanos en Uruguay habían realizado manifestaciones pidiendo la regularización de sus casos. En 2022 las autoridades negaron más del 86 % de las solicitudes de asilo provenientes de migrantes de la isla.
Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Datos de la Comisión de Refugiados indican que hasta ahora el promedio de espera para la entrevista de los solicitantes era de dos años.
Nuevo mecanismo busca acelerar trámites migratorios para solteros en cinco ciudades de EEUU
Estados Unidos anunció el jueves un mecanismo para acelerar deportaciones de inmigrantes solteros o tramitar con mayor celeridad sus casos de asilo siempre que sean pertinentes, a través del Registro de Arribos Recientes (Recent Arrivals Docket (RA).
La medida presentada por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y el Fiscal General, Merrick B. Garland, está diseñada para adultos solteros que intentan cruzar irregularmente entre los puertos de entrada de la frontera sur entre México y los Estados Unidos.
El RA Docket operará en cinco ciudades: Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, donde los jueces de inmigración intentarán emitir decisiones en un marco de 180 días, aunque el tiempo para solucionar los casos seguirá sujeto a circunstancias específicas y protecciones procesales, incluido dar tiempo a los inmigrantes a buscar representación legal cuando sea necesario.
Según han explicado en un comunicado conjunto, lo que se busca es "imponer consecuencias más rápidamente, incluida la expulsión, a quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos y otorgar más rápidamente alivio o protección migratoria a los no ciudadanos con reclamos válidos".
El Departamento de Justicia también presentó al Registro Federal una norma final para promover la gestión eficiente de casos y expedientes en los procedimientos de inmigración.
"Hoy, estamos instituyendo con el Departamento de Justicia un proceso para acelerar los procedimientos de asilo para que las personas que no califican para recibir ayuda puedan ser expulsadas más rápidamente y aquellos que sí califican puedan obtener protección antes", dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.
“Esta medida administrativa no sustituye los cambios radicales y muy necesarios que el proyecto de ley bipartidista del Senado produciría, pero en ausencia de una acción del Congreso haremos todo lo que podamos para hacer cumplir la ley de la manera más efectiva y desalentar la migración irregular”, agregó el cubanoamericano.
Por su parte, el Fiscal General aseguró que "los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia están comprometidos con la aplicación justa y eficiente de las leyes de inmigración y que estas medidas promoverán esa misión al ayudar a garantizar que los casos de inmigración se resuelvan con prontitud y justicia".
La declaración reconoce que el sistema migratorio estadounidense está abrumado de casos y que muchos de los extranjeros que llegan a la frontera "a menudo esperan años antes de recibir una decisión final en un procedimiento judicial de inmigración".
Además admiten que los recursos de los que disponen son insuficientes, incluidos jueces y abogados de inmigración, algo que ha impedido la resolución rápida de las reclamaciones y han extendido la duración del proceso judicial de inmigración.
El Departamento de Justicia presentó al Registro Federal la normativa Gestión eficiente de casos y expedientes en procedimientos de inmigración, que permite a los jueces de inmigración priorizar los casos que están listos para resolverse con prontitud, promover la adjudicación eficiente, expedita y justa de casos de inmigración, asignar recursos limitados de manera más eficiente y garantizar protecciones procesales para las partes en los tribunales de inmigración.
El Departamanto de Justicia y el de Seguridad Nacional están solicitando que se designen más jueces de inmigración, oficiales de asilo, personal de apoyo, y autoridades necesarias para adjudicar más rápidamente los casos.
Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
Mientras no tenga nada para mis hijos voy a dar guerra: Testimonio de una de las madres que protestó en Marianao
Siete madres cubanas se plantaron este miércoles frente a la sede del Gobierno de Marianao, en La Habana, para reclamar soluciones a sus problemas de vivienda y alimentación.
Nidia Noriega, una de las que protestó, dijo a Martí Noticias que lleva 15 años albergada y aún espera la reparación del local que le fue asignado meses atrás.
“Yo no puedo estar sentada en un lugar pensando qué le voy a dar de comer a mis hijos. Mientras no tenga nada voy a dar tremenda guerra”, comentó la mujer, madre de cinco menores de edad. Entre las manifestantes también estaban Gintajaly Bruzon, Lizbeth Ferrer y Estanys Rodríguez, quienes enfrentan problemas similares a los suyos.
Tras casi 12 horas de espera en el portal del edificio, las mujeres fueron atendidas por un grupo de funcionarios, entre ellos la intendenta Yudeisi, el director de trabajo y representantes policiales, a quienes Noriega identifica como miembros de la Contrainteligencia Militar.
Las mujeres que acudieron a la sede del Gobierno fueron las mismas que en abril pasado se plantaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel con demandas similares.
"Tienen que seguir esperando porque no hay materiales ni presupuesto", respondieron en ese momento las autoridades a sus reclamos.
Poco después, fueron citadas y amenazadas con ser procesadas ante la justicia si continuaban manifestándose.
"Nos amenazaron porque quieren que cojamos miedo pero no estamos haciendo nada malo, estamos reclamando nuestros derechos", explicó Noriega a nuestra redacción.
"Nos dijeron que podían pedirnos de uno a tres años si seguíamos protestando... Nos dicen que no vayamos a más ninguna parte pero a dónde vamos a ir las madres con niños que tenemos todo este dolor por dentro... A dónde tenemos que dirigirnos nosotras, a dónde", agregó.
Martí Noticias conversó a inicios de marzo con varias de las madres que han sido amenazadas por las autoridades en los últimos meses. La mayoría teme por lo que puedan hacerle a sus hijos.
Yadiuska Domínguez, una joven de tres menores que protestó en octubre en la comunidad La Favela, en el municipio guantanamero de Maisí, se refirió a ello. “Sé que las represalias que toman aquí, el gobierno cubano, contra las mujeres que se manifiestan son medidas fuertes; lo primero que hacen es amenazarnos con quitarnos a los niños, con meternos presas y todas esas cosas y me he sentido atemorizada", explicó.
"Las mujeres con hijos nos volvemos leonas por la situación que tenemos con nuestros hijos”, comentó por su parte Yaquelín de la Caridad Rodríguez una de las que protestó frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba en La Habana en noviembre de 2023.
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