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Derechos Humanos

Amnistía Internacional denuncia represión en Cuba y celebra a las mujeres activistas

Familiares de presos políticos cubanos visten de negro como parte de la campaña Cuba de Luto. (Facebook: Janett J Martinez).
Familiares de presos políticos cubanos visten de negro como parte de la campaña Cuba de Luto. (Facebook: Janett J Martinez).

Amnistía Internacional denunció este lunes en su Informe Anual sobre los derechos humanos en el 2022 que centenares de personas en Cuba siguen encarceladas tras sufrir la represión desatada por el régimen contra los manifestantes del 11 de julio de 2021.

"En marzo, Amnistía Internacional solicitó acceso al país para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales", precisó la organización.

"Las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia", afirmó Amnistía al referirse a las madres que exigen públicamente la libertad de los presos políticos del 11J.

Acerca de los prisioneros de conciencia, destacó que hay tres:

• El artista Luis Manuel Otero Alcántara
• El rapero Maykel Castillo Pérez "El Osorbo"
• El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García

No obstante, subrayó que esa cifra "representa un minúsculo porcentaje" de las personas que se temía que estuvieran detenidas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.

También comentó que la escasez de alimentos y los cortes de electricidad fueron frecuentes durante el año pasado, y que tras el paso del huracán Ian, las autoridades desplegaron a cadetes militares para reprimir las protestas generalizadas contra los cortes de electricidad e interrumpieron el acceso a Internet.

Bloquear Internet es "una táctica que era cada vez más habitual para limitar la comunicación en Cuba en momentos delicados desde el punto de vista político".

"El gobierno culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales", lamentó la organización.

El Informe Anual de Amnistía Internacional también se refiere al Código Penal que entró en vigor en diciembre, y advierte que "podía consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión ya habituales y presentaba un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades".

"La cámara legislativa no tipificó el femicidio como delito en el nuevo Código Penal, pese a las propuestas de las mujeres partidarias de esa medida", añadió.

La Sección Cuba del Informe Anual 2022/23:

INFORMACIÓN GENERAL

Tras un referéndum, Cuba aprobó en septiembre el nuevo Código de las Familias, que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y, entre otros aspectos, permitía a las parejas homosexuales adoptar.

Según las estadísticas oficiales de Estados Unidos, más de 224.000 personas cubanas entraron en ese país entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, lo que suponía un aumento significativo con respecto a las algo más de 39.000 que habían llegado en el mismo periodo de 2020 y 2021. Muchas de ellas realizaron viajes peligrosos a través del Tapón del Darién, selva que conectaba Panamá y Colombia, mientras que otras se arriesgaron a viajar en barco.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

A lo largo del año, la escasez de alimentos obligó a la población a hacer fila durante horas para conseguir productos básicos, y en algunas partes de la isla fueron frecuentes los cortes eléctricos.

El gobierno culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.

REPRESIÓN DE LA DISIDENCIA

Al terminar el año, continuaban detenidas centenares de personas que habían sufrido la represión de las manifestaciones de julio de 2021, según informó la ONG Cubalex.

En marzo, Amnistía Internacional solicitó acceso al país para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales. Ese mismo mes, en un contexto en el que la defensa jurídica estaba fuertemente controlada por el Estado y el acceso a los documentos judiciales era excepcional, las autoridades cubanas tomaron la inusual medida de hacer públicas al menos 6 sentencias relacionadas con unas 129 personas —varias de ellas jóvenes—que habían sido acusadas de delitos más graves por haber participado en las protestas de julio de 2021. Se las había acusado principalmente de lanzar piedras o botellas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley, y algunas habían sido condenadas a 30 años de prisión.

En septiembre y octubre, tras el paso del huracán Ian, hubo protestas en toda la isla contra los cortes de electricidad generalizados. Según la información recibida, las autoridades respondieron desplegando a cadetes militares para reprimir las protestas, y se denunciaron casos de detención arbitraria.

Además, al parecer, las autoridades bloquearon deliberadamente Internet, táctica que era cada vez más habitual para limitar la comunicación en Cuba en momentos delicados desde el punto de vista político. Las interrupciones de Internet se prolongaron al menos dos noches consecutivas, lo que dificultó la comunicación de las familias tras la tormenta.

Hubo periodistas del diario independiente 14ymedio que también se quedaron sin acceso a Internet y vieron afectada su capacidad para informar.

El 2 de octubre, el presidente Díaz-Canel restó importancia al carácter generalizado de las protestas y sugirió que una minoría de “contrarrevolucionarios” con conexiones fuera de Cuba había llevado a cabo “actos de vandalismo, como cerrar vías o tirar piedras”. También afirmó que esas personas serían tratadas con todo el “rigor de las leyes”.

En diciembre entró en vigor un nuevo Código Penal que podía consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión ya habituales y presentaba un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades.

DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS NIÑAS

Las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia.

Las madres de las personas detenidas en las protestas de julio de 2021, entre las que había jóvenes, abogaron enérgicamente por su liberación.

La cámara legislativa no tipificó el femicidio como delito en el nuevo Código Penal, pese a las propuestas de las mujeres partidarias de esa medida.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Al concluir el año, los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez y José Daniel Ferrer García —detenidos en el marco de la represión de la disidencia de julio de 2021— seguían en prisión.

En junio, el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana había condenado al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al músico Maykel Castillo Pérez a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, por una serie de cargos utilizados históricamente para acallar la disidencia, como “desórdenes públicos”, “desacato” y “ultraje a los símbolos de lapatria”.

Unos meses antes, en enero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había determinado que Maykel Castillo Pérez —uno de los autores de la canción crítica con el gobierno cubano “Patria y vida”, adoptada como himno de las protestas— había sido detenido de forma arbitraria, y había pedido al gobierno cubano su liberación inmediata.

La familia de José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba, denunció en julio que éste permanecía recluido en régimen de incomunicación, lo que lo ponía en peligro de tortura y otros malos tratos; y, en octubre, que llevaba tiempo recluido en confinamiento solitario, aislado de otros presos y con un acceso muy limitado al mundo exterior.

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"Duras y desproporcionadas", así califica la Unión Europea las sentencias a manifestantes de Nuevitas

Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias.
Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias.
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La Unión Europea expresó preocupación por las "duras y desproporcionadas" sentencias de esta semana en relación con las protestas populares que tuvieron lugar el 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.

La declaración del bloque europeo proviene de Peter Stano, principal portavoz de la Oficina del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.

Refiriéndose a los 14 manifestantes condenados con penas de cárcel de hasta 15 años, en el caso de la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien divulgó la represión contra los manifestantes, la Unión Europea recordó que "en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, siguen instando a las autoridades cubanas a asegurar el respeto de los derechos humanos".

Además de la condena a Rodríguez Prado, se conoció una sentencia de 14 años de cárcel para José Armando Torrente; 13 años de prisión para Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto; y 11 años de cárcel para Lisdan Cabrera Batista.

Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto fueron condenados a diez años de privación de libertad.

Yennis Artola Del Sol fue sancionada a ocho años, Wilker Álvarez Ramírez a cuatro, y Yanelis Valladares Jaime fue absuelta por insuficiencia de pruebas.

Los supuestos delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la Seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento.

El gobierno estadounidense calificó este martes de indignantes las duras sentencias contra los manifestantes de Nuevitas, Camagüey, en 2022.

"La dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante", expresó en su cuenta de X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.

Numerosas agrupaciones de la sociedad civil cubana y varios grupos de derechos humanos condenaron el castigo a los manifestantes y exigieron que se respete el derecho a la protesta.

El grupo de asesoría legal Cubalex, denunció que estas altas condenas y los delitos imputados a los manifestantes reflejan "una aplicación extremadamente severa de la ley", lo que puede interpretarse como un intento de disuadir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la protesta contra personas que simplemente buscan garantizar sus derechos y necesidades básicas.

"Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias. La respuesta del gobierno demuestra una falta de disposición para abordar de manera constructiva las preocupaciones reales de los ciudadanos. El juicio, que fue suspendido en dos ocasiones, se celebró finalmente el 16 de enero de 2024 bajo una fuerte presencia militar y un gran despliegue policial", recordó la entidad.

"Estas sentencias podrían actuar como un factor disuasivo en la sociedad cubana, desalentando futuras manifestaciones y limitando la capacidad de los ciudadanos de abogar pacífica y legalmente por cambios o mejoras. Además, evidencian cómo la ley es empleada como un instrumento de represión política para silenciar la disidencia y suprimir cualquier crítica hacia el gobierno", concluyó Cubalex.

Pastor de Palma Soriano preso del 11J es obligado a trabajar a pesar de su enfermedad

El pastor Lorenzo Rosales junto a su esposa. (Foto: Christian Solidarity Worldwide)
El pastor Lorenzo Rosales junto a su esposa. (Foto: Christian Solidarity Worldwide)
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El pastor Lorenzo Rosales Fajardo debe cumplir jornadas enteras de trabajo forzado en la prisión La Caoba, en las cercanías del poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, a pesar de sus padecimientos de salud, para los que no está recibiendo atención médica, denunció el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lleonart Barroso.

El religioso de 52 años fue condenado a siete años de cárcel, procesado por los presuntos delitos de atentado, desacato y desordenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano.

Su caso mereció un pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias, que en febrero exigió a las autoridades cubanas que le otorgaran la inmediatamente libertad y lo compensaran por la detención arbitraria.

“Las torturas del pastor Lorenzo siguen, porque allí en ese lugar está en realidad en un campo de trabajo forzado, en este campo de trabajo forzado el pastor es obligado a pasar intensas horas del día, las horas de sol, totalmente sin darle ni agua prácticamente. Es una tortura tremenda, su salud ya se está afectando porque está teniendo problemas en los riñones, problemas en la piel. Durante toda la semana pasada no fue llevado a un hospital, ni a un policlínico, ni siquiera a hacerle un análisis para ver cómo estaban sus riñones, que obviamente él se siente mal”, advirtió Lleonart Barroso, luego de recibir la denuncia por medio de Marilidegnis Carballo, esposa del preso político.

Advierten sobre las pésimas condiciones que enfrenta el pastor evangélico Lorenzo Rosales en prisión
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El director del Instituto Patmos dijo que este martes la esposa del líder de la iglesia Monte de Sion se dirigirá al centro penitenciario, para intentar conocer de primera mano lo que está ocurriendo.

“Marilidegnis, está tratando de ir hoy a la prisión ahí en La Caoba, para cerciorarse por sí misma y, si es posible, exigir ver a Lorenzo, y asegurarse de que realmente por fin le acaben de hacer un análisis médico. Nosotros pensábamos que cuando el pastor pasó a lo que se llama la mínima, pues iba a tener un respiro", agregó el activista de derechos humanos.

Las fotografías de la violenta detención del pastor muestran la intervención de agentes de la policía y de las Boinas Negras, tropas élite de las Fuerzas Armadas de Cuba.

Luego fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, en medio de pésimas condiciones, según denunciaron anteriormente el propio prisionero y sus familiares.

"Recordemos que incluso la detención de él, justo cuando lo trasladaban hasta la cárcel de Boniato durante una madrugada, fue torturado en el camino, fue golpeado. Hasta el día de hoy sigue padeciendo por algunas piezas de sus dientes, que le desprendieron muelas y demás”, recordó el director del Instituto Patmos.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias también instó a Cuba a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Rosales Fajardo y a adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

En el documento fechado el 16 de febrero de 2024 y hecho público esta semana, el Grupo de Trabajo dictaminó que la privación de libertad del líder evangélico contraviene nueve artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que su arresto y detención se ha debido, esencialmente, "al ejercicio pacífico de su derecho a la reunión y asociación, así como de su libertad de opinión y de expresión, y el ejercicio de su fe".

CIDH destaca violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba en su informe de 2023

Imágenes de la protesta masiva en Santiago de Cuba el 17 de marzo de 2024
Imágenes de la protesta masiva en Santiago de Cuba el 17 de marzo de 2024

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, considera que en Cuba existen "violaciones graves" de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa.

“Esto se basa en tres razones estructurales: 1) continuidad de un modelo político de partido único; 2) concentración de facultades y poderes para la conducción de los asuntos públicos; 3) subordinación de la administración de la justicia al poder politico”, detalla el más reciente informe del organismo, correspondiente a 2023.

Al evaluar la situación de derechos humanos en la isla, la CIDH decidió incorporar a Cuba en el capítulo IV-B, dado que considera que en el país se violan los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana.

La Comisión observó que, aunque la ley permita la libre participación política de las personas ciudadanas, “el Partido Comunista seguiría regulando, controlando y dirigiendo los procesos electorales ”.

“Las personas defensoras de derechos humanos en Cuba enfrentan persistentemente actos de hostigamiento, vulneraciones arbitrarias al derecho a la libre circulación, la libertad, seguridad e integridad personal”, explicaron.

Asimismo, señalaron que las autoridades del Estado continúan realizando detenciones arbitrarias con el fin de obstruir sus actividades o imponiéndoles multas como forma de disuadirlas. “En Cuba, no existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, se observa que estas actividades se desarrollan bajo un ambiente hostil, que se caracteriza por actos de intimidación y hostigamientos por parte de autoridades estatales y la sujeción a procesos penales injustificados".

La CIDH reiteró el llamado al Estado “para adoptar medidas efectivas a fin de garantizar y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y demás líderes sociales” y le urgió abstenerse “de realizar acciones que interfieran arbitrariamente en el ejercicio de los derechos humanos relacionados con el espacio cívico, así como a garantizar un ambiente propicio" para ello.

El informe reiteró la preocupación de organismo por los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles, "ante la ausencia de datos oficiales actualizados sobre la situación de esta población, la elevada tasa de encarcelamiento, las deplorables condiciones de detención que caracterizan las prisiones cubanas, y el empleo de prácticas de tortura y malos tratos”.

Los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores, destacaron, continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidarlos o como forma de inhibir el ejercicio periodístico independiente y crítico

En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la Comisión mostró su preocupación por "hechos de acoso, intimidación y persecución que sufren las defensoras de derechos humanos, así como los desafíos adicionales que enfrentan las que se encuentran privadas de libertad”.

“La Comisión lamenta que el Estado aún no haya ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, principalmente instrumento regional de protección de los derechos de las mujeres. En la misma línea, preocupa la ausencia de legislación especializada para combatir la violencia contra las mujeres en el país”, dijo la CIDH

Por otra parte, la organización reiteró su interés de realizar una visita a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado, y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos.

El documento, que llamó al levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba “debido a sus impactos en la población", destacó que este no exime al gobierno “de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana de los Derechos Humanos”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

"Están matando de hambre a los presos", condenados por el 11J denuncian condiciones carcelarias

Cárcel "Combinado del Este", en La Habana, Cuba.
Cárcel "Combinado del Este", en La Habana, Cuba.

Presos políticos de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 de la barriada de la Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, condenados por el delito de sedición, denunciaron las precarias condiciones y los abusos que enfrentan en la prisión Combinado del Este, en La Habana.

En comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Roberto Ferrer Gener, con 15 años de sentencia, de 52 años de edad, advirtió que no se le está permitiendo la entrada de alimentos ni de medicamentos.

Presos políticos del 11 y 12 de julio, denuncian los abusos y críticas condiciones que sufren en las prisiones cubanas.
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“Estoy con el tema de la presión, un dolor de cabeza, y problemas de la acidez producto del alimento”, explicó el preso político.

Por su parte José Luis Castillo de la Torre, de 60 años de edad, con condena de 11 años, señala que es diabético, hipertenso y asmático y no le están dando los medicamentos.

“Esto está aquí que no hay ni una pastilla, me habían echado 25 y me bajaron ahora a 11 años. Las chinches me hacen un daño, me tienen lleno de granos, cada vez que te pica, se te infecta”, dijo Castillo de la Torre.

Mientras que su hijo José Luis Castillo Bolaños, también cumple 10 años de condena, en pésimas condiciones en ese centro penitenciario, donde no recibe ni visitas familiares.

“Mayormente para el asma, nosotros no recibimos saco, ni visita, yo si no tengo nada que perder ya porque yo perdí a mi mamá estando ya preso, ella era la que venía a vernos a mí y a mi papá, pueden venir y ver la tarjeta mía que no viene nadie a una visita mía hace más de dos años, ni visitas ni sacos, ni nada”, relató Castillo Bolaños.

El abogado Juan Carlos González Leyva, que preside el Consejo de Relatores, llama la atención sobre la situación de Luis Alberto López Marrero, de 28 años de edad con sentencia de 11 años y 4 meses.

“Se encuentra en una galera de la prisión Combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la Seguridad del Estado y los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la Seguridad del Estado de un delito de sedición, no estaba integrado a ninguna organización disidente, y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana”, reportó González Leyva.

Finalmente, en lamentables condiciones se encuentra el preso del 11J, Levys González Piedra, en un campamento de trabajo forzado en Bayamo, a donde fue trasladado desde la carbonera donde laboraba.

Allí se plantó en protesta por las malas condiciones de vida y de trabajo.

El condenado a cinco años de cárcel por los delitos de atentado y desacato por su participación en la manifestación del poblado de Bayamo denunció su situación: “Yo estaba en el carbón, pasando un hambre allí en el monte, que no había ni medicamentos ni nada, yo tuve el problema ese del carbón porque ya no aguantaba más, están matando a los presos de hambre".

"Allí hasta el oficial ese le metía bofetadas a los presos, no pude soportar eso y allí me moleste, les dije abusadores, explotadores, rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá, y ahora estoy trabajando para la construcción, limpieza, agricultura, hay de todo allí, el hambre es dura", declaró el preso político.

En el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba, la delegación de La Habana afirmó que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".

Informe revela secretismo en las elecciones municipales en Cuba

Foto Archivo. Perfiles de Candidatos a la Asamblea del Poder Popular. El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales". (CEN) (REUTERS/Alexandre Meneghini)
Foto Archivo. Perfiles de Candidatos a la Asamblea del Poder Popular. El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales". (CEN) (REUTERS/Alexandre Meneghini)

A lo largo de los primeros meses de 2024, tuvieron lugar en Cuba numerosas elecciones para cubrir vacantes en las Asambleas Municipales del Poder Popular, en un proceso electoral poco transparente, revela un informe de Transparencia Electoral publicado por DemoAmLat.

Entre enero y febrero de 2024 se reportó la realización de numerosas elecciones para cubrir escaños municipales, sin poner a disposición del público los reportes de las asambleas de nominación que especifiquen lugar, fecha y hora; nombres y apellidos de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción que actuaron en la asamblea; número de electores del área y número de los asistentes; candidatos que fueron propuestos, con expresión de sus nombres y apellidos, así como de cada uno de ellos, su edad, sexo, estado civil, último grado de escolaridad vencido, estudios que realiza, calificación profesional, ocupación actual, organizaciones a las que pertenece, lugar de su residencia y número de votos obtenidos; nombres y apellidos del candidato nominado y constancia de que aceptó la nominación; y firmas de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción y del candidato nominado.

"La organización de las votaciones fue aún más opaca: no hubo prácticamente aviso previo, no se reportó una campaña para pedir el voto en los medios de comunicación, ni tampoco la legalmente obligatoria publicación de las biografías de los candidatos (confeccionadas por las Comisiones de Candidaturas) para su distribución a la vista del público. En última instancia, el único reporte de que estos procesos tuvieron lugar se vio en las publicaciones en redes sociales por parte del ente electoral durante la realización de la votación misma y después, sin que siquiera se reportaran los resultados", denuncia la investigación.

El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales".

Entre los múltiples errores en este proceso el informe destaca la llamada "influencia vertical del régimen sobre la gestión electoral", por la falta de separación entre el Estado, el Partido Comunista de Cuba y las autoridades electorales. También la falta de observación electoral independiente, de libertades políticas durante los procesos electorales y de transparencia en la comunicación sobre las vacantes producidas y los procesos electorales subsiguientes.

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