Estados Unidos
Incertidumbre en Washington frente a otro posible cierre de gobierno
Si el Congreso no actúa, la autoridad del gobierno de Estados Unidos para continuar gastando dinero vencerá a la medianoche del jueves, lo que obligará a más de 1 millón de trabajadores federales y a un número incalculable de contratistas a dejar de trabajar.
Se espera que miles más sigan trabajando sin tener claridad sobre cuándo se les pagará.
"Lo que está en juego es si el gobierno de Estados Unidos es capaz de responder a los muchos desafíos que enfrentamos como país", dijo Max Stier, presidente de Partnership for Public Service, un grupo de defensa de un gobierno federal mejorado.
Y una vez que el gobierno cierra, dijo Stier, reiniciar no es como encender un interruptor.
"Esta es una entidad multimillonaria y muy compleja", dijo a VOA. "Entonces, apagarlo y volverlo a encender en realidad requiere una tonelada de energía y mucho tiempo. Por lo tanto, es muy costoso (miles de millones de dólares) cuando se cierra, incluso si no es por mucho tiempo".
Historia de cierres
Desde 1980, el gobierno federal ha cerrado debido a la falta de financiación en 21 ocasiones diferentes.
Este sería el primer cierre gubernamental del mandato del presidente Joe Biden. Desde el mandato de Jimmy Carter de 1977 a 1981, todos los presidentes de Estados Unidos, excepto George W. Bush, han experimentado al menos una de esas crisis de financiación, aunque la mayoría ha durado solo unos días y varios lo han sido durante algunas horas.
La última vez que cerró el gobierno fue en 2018, cuando una disputa entre el entonces presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso sobre su propuesta de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México resultó en un cierre parcial récord de 35 días que se extendió hasta enero de 2019.
No es un cierre completo
El término "cierre del gobierno" es algo inapropiado. Según las reglas existentes, cuando el gobierno se queda sin fondos, las agencias federales deben despedir a todos los empleados "no esenciales". Los médicos y enfermeras de los hospitales administrados por el Departamento de Asuntos de Veteranos aún podrán ir a trabajar. También lo harán los oficiales de la Agencia de Seguridad en el Transporte, los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas y la mayoría de los oficiales federales de aplicación de la ley.
Pero a los empleados que se consideren esenciales no se les pagará hasta que se resuelva el cierre.
En una señal del grado en que los cierres gubernamentales se han normalizado como solo parte de la forma en que Washington hace negocios, Trump firmó en 2019 la Ley de Trato Justo para Empleados del Gobierno, que garantiza que los trabajadores federales, esenciales y no esenciales, reciban el pago atrasado que perdieron durante la duración de cualquier futuro cierre del gobierno.
Sin embargo, Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, dijo que la promesa de que le pagarán eventualmente es un frío consuelo para un trabajador federal que no puede pagar el alquiler.
"Muchos de nuestros miembros viven de cheque a cheque", dijo Kelley a la VOA. "A menos que un acreedor o propietario acceda a negociar con ellos, estarán en una situación terrible".
Si las dificultades financieras terminan afectando la calificación crediticia de un empleado ausente, dijo Kelley, el daño puede extenderse a sus carreras. "Muchas autorizaciones de seguridad dependen de su calificación crediticia", dijo Kelley, lo que significa que los trabajadores cuyo crédito se resienta podrían perder sus trabajos.
¿Qué esperar?
En cierres anteriores, los efectos más visibles públicamente fueron el cierre de los parques nacionales y los museos cerca del National Mall en Washington, D.C. Es probable que también ocurra esta vez. Pero es debajo de la superficie donde los cierres causan auténtica confusión.
Alrededor del 60% de los empleados del gobierno no podrían trabajar durante un cierre, lo que significa que dejaría de suceder cualquier cantidad de procedimientos aparentemente mundanos. No se procesarían nuevas solicitudes de pasaporte; no se aprobarían préstamos para pequeñas empresas; las solicitudes de beneficios de jubilación federales dejarían de circular por el sistema.
La mayoría de los estadounidenses no se verían impactados de inmediato por el estancamiento de la actividad gubernamental. Pero aquellos que lo están, una persona que espera un pasaporte, un propietario de una pequeña empresa que espera financiación, un jubilado que necesita ingresos, podrían enfrentar desde cualquier inconveniente hasta daños económicos importantes.
Los empleados como contratistas gubernamentales son particularmente vulnerables. Por ejemplo, el Congreso tiene contratos con empresas privadas para abastecer a los trabajadores que prestan servicios de alimentos en el Capitolio y limpian las oficinas del Congreso. Durante un cierre, esos trabajadores no pueden trabajar, y debido a que se les paga un salario por hora en lugar de un salario, rara vez recuperan esos salarios perdidos.
El daño económico es limitado y localizado
El cierre de 35 días durante la administración Trump fue solo parcial, porque antes de que comenzara, el Congreso había aprobado medidas de financiación para algunas agencias, en particular el Departamento de Defensa.
Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO sigls en inglés) estimó más tarde que el cierre había "retrasado aproximadamente 18.000 millones de dólares en gastos discrecionales federales para compensación y compras de bienes y servicios, y suspendió algunos servicios federales".
El impacto general en el PIB fue menor, encontró la CBO. Durante el cierre e inmediatamente después, la actividad económica se desplomó notablemente, pero gran parte de esa productividad "perdida" se recuperó más adelante en el año. En resumen, la CBO dijo que el cierre de 35 días redujo el PIB de 2019 en EE. UU. en solo un 0,02%.
Sin embargo, señaló la CBO, el daño causado por el cierre no se distribuyó por igual.
"Detrás de esos efectos en la economía en general hay efectos mucho más significativos en las empresas y los trabajadores individuales", encontró la agencia.
"Entre los que experimentaron los efectos negativos más grandes y directos se encuentran los trabajadores federales que enfrentaron compensaciones demoradas y las entidades del sector privado que perdieron negocios. Algunas de esas entidades del sector privado nunca recuperarán los ingresos perdidos", indicó.
'Completamente irresponsable'
Kelley, de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, señaló que no tiene precedentes que el gobierno se cierre en medio de una pandemia, y calificó de "completamente irresponsable" obstaculizar a las agencias que luchan contra el COVID-19 con escasez de personal.
"Cerrar el gobierno en esta coyuntura crítica, en esta lucha contra la peligrosa variante delta (del virus COVID-19) es simplemente impensable", dijo.
Stier, cuya organización preparó una guía detallada para las agencias gubernamentales que navegan por los cierres, dijo que toda esa guía tuvo que ser reescrita para reflejar a los empleados que trabajan de forma remota y que las nuevas medidas siguen sin probarse.
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Ley bipartidista propone documentar restricciones totalitarias a Internet y pone a Cuba de ejemplo
La congresista republicana María Elvira Salazar y la representante demócrata Sara Jacobs proponen documentar las restricciones que hacen los regímenes totalitarios al uso de Internet en los informes de derechos humanos.
La Ley bipartidista de Libertad Global en Internet (H.R. 8309) requeriría que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluya abusos de la libertad en Internet, incluido el corte de servicios de Internet, el bloqueo de sitios web, sitios de redes sociales y aplicaciones, y la participación en otras formas de represión digital, en sus informes nacionales anuales sobre derechos humanos.
“Los gobiernos totalitarios en América Latina dependen de cortar el acceso a Internet para perpetuar su opresión, tal como lo hizo el régimen cubano durante las protestas del 11 de julio (de 2021) y continúa haciéndolo cada vez que el pueblo cubano pide libertad”, expresó en un comunicado la cubanoamericana Salazar.
“Con la libertad global en Internet disminuyendo por decimotercer año consecutivo, Estados Unidos debe garantizar que tengamos información precisa sobre cómo los países están restringiendo el acceso de sus ciudadanos a Internet. La Ley Global de Libertad en Internet nos brinda esa información”, agregó la representante por la Florida.
Por su parte Jacobs manifestó que en el siglo XXI, la libertad en Internet es un derecho humano y que "es esencial obtener noticias e información sobre eventos actuales, conectarse con sus seres queridos, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios electos y mucho más”.
La representante demócrata por California recordó que "lamentablemente, decenas de países practican la censura y la represión en línea o imponen castigos draconianos por la actividad en línea, sofocando la libertad de expresión de las personas y su capacidad para conectarse e interactuar con otros".
Además alertó que la Inteligencia Artificial plantea riesgos nuevos y mayores para la libertad en Internet, al permitir a los gobiernos emprender campañas de desinformación en línea y vigilar y censurar la expresión en línea, los sitios web y las plataformas de redes sociales.
Según explican ambas representantes, su propuesta incluiría que los informes de derechos humanos describan los abusos a la libertad en Internet, incluidas las barreras al acceso a Internet, las restricciones indebidas a la expresión en línea y las violaciones indebidas de la privacidad en línea.
El derecho a Internet fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como derecho humano el 4 de julio de 2018 y considera que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet.
El documento oficial reconoció los derechos de las personas a estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Lincoln Díaz-Balart reconocido con el “Premio a Toda Una Vida de Liderazgo”
El excongresista cubanoamericano por Florida, Lincoln Díaz Balart, presidente Emérito del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos (CHLI) ha sido galardonado con el “Premio a Toda Una Vida de Liderazgo” que otorga dicha institución a quienes se han dedicado con importantes logros al servicio público.
La Gala Anual celebrada en Washington reconoció además a la congresista Nicole Malliotakis, republicana de Nueva York, de familia griega y cubana, quien recibió el Premio al Liderazgo en el Servicio Público.
El objetivo de los premios es celebrar a las personas que han tenido un profundo impacto al empoderar los valores de familia, comunidad y liderazgo.
Lincoln Díaz-Balart, presidente emérito del Instituto, fue galardonado pero no pudo asistir al evento debido a problemas de salud.
Su hermano, el congresista Mario Díaz-Balart, dijo en un comunicado que Lincoln merece este reconocimiento, porque comenzó su carrera de abogado dando ayuda a personas indigentes, fue legislador federal y trabajó en el Instituto de la Rosa Blanca para promover la libertad en Cuba.
En palabras de su hermano "no hay nadie más merecedor del prestigioso 'Lifetime Leadership Award' que el honorable Lincoln Díaz-Balart. (…) Lincoln trabajó en la legislatura estatal de Florida antes de servir durante 18 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se convirtió en el primer miembro hispano nombrado para el influyente Comité de Reglas de la Cámara”.
El congresista republicano recordó además que la creación del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso fue uno de los muchos aportes que Lincoln Díaz-Balart hizo al sistema político de los Estados Unidos y se refirió también a su invariable posicionamiento en favor de la libertad y la democracia en Cuba.
“Lincoln desempeñó un papel decisivo en la codificación de sanciones firmes y exhaustivas contra el régimen castrista, que siguen en vigor hasta que se cumplan determinadas condiciones. Estas condiciones incluyen la liberación de todos los presos políticos, la legalización de la libertad de expresión, los medios de comunicación independientes, los partidos políticos y los sindicatos y la programación de elecciones libres, justas y multipartidistas. Gracias a su labor, esas sanciones sólo pueden levantarse mediante una ley del Congreso, y no por capricho de ningún presidente. Su principio rector podría resumirse como la defensa de la causa de la libertad y la solidaridad con quienes sufren la represión de los gobiernos”, afirmó su hermano.
Lincoln Díaz Balart ha sido una figura clave en el Partido Republicano desde 1985. Trabajó indistintamente en la Cámara y en el Senado del Estado de Florida de 1986 a 1992, en que resultó electo a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, para la que fue sucesivamente reelegido hasta el año 2010, en que anunció su decisión de no postularse más.
Senadores alertan que Cuba está entre actores extranjeros que tratan de influir en elecciones de EEUU
Un número cada vez mayor de actores extranjeros, incluyendo a Cuba, están tratando de influir en las elecciones estadounidenses, dijeron el miércoles senadores y funcionarios de inteligencia en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado.
El senador demócrata Mark Warner, presidente de este comité senatorial dijo que evaluaciones de inteligencia desclasificadas identificaron a varios países, incluyendo a Cuba, que buscaban influir en la política de Estados Unidos.
“Desde 2016, hemos visto evaluaciones de inteligencia desclasificadas que nombran a una gran cantidad de actores de influencia que han participado, o al menos contemplado, actividades de influencia e interferencia electoral. No sólo Rusia, no sólo Irán o la República Popular China, sino también Cuba, Venezuela, organizaciones terroristas como Hezbolá y una serie de hackers extranjeros y ciberdelincuentes con fines de lucro”, declaró el senador por el estado de Virginia.
Por su parte, la directora de inteligencia Avril Haines dijo que las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos están bajo la amenaza de un número creciente de actores extranjeros que utilizan métodos cada vez más sofisticados para generar interferencias.
“Los actores extranjeros más importantes que participan en actividades de influencia extranjera dirigidas a Estados Unidos en relación con nuestras elecciones son Rusia, la República Popular China, e Irán. Específicamente, Rusia sigue siendo la amenaza extranjera más activa para nuestras elecciones”, señaló Haines.
Añadió que los objetivos del gobierno ruso en tales operaciones de influencia buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas estadounidenses, exacerbar las divisiones sociopolíticas en Estados Unidos, y degradar el apoyo occidental hacia Washington.
Según la directora de inteligencia, los actores extranjeros estatales usan cada vez más a empresas privadas para ejecutar operaciones de influencia en las elecciones, lo que hace más difícil rastrear a quienes están detrás de tales esfuerzos.
Haines advirtió que las innovaciones en el campo de la inteligencia artificial han permitido a agentes extranjeros producir mensajes políticos en apariencia de auténticos, con mayor eficiencia, en mayor escala y con contenidos adaptados a diferentes idiomas y culturas.
Mientras tanto, el senador republicano, Marco Rubio, que es vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, mencionó el informe de Oficina del Director Nacional de Inteligencia publicado en diciembre del 2023 que acusó a Cuba y otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones del estado de la Florida en el año 2022.
El texto abordó los esfuerzos de varios países alrededor del mundo que trataron de interferir en el proceso democrático estadounidense. Destacó en ese sentido que Rusia, China e Irán efectuaron las campañas más amplias, y en comparación, Cuba lanzó esfuerzos "de menor escala" y con "blancos más específicos".
“Evaluamos el intento de Cuba de socavar el proceso electoral de políticos específicos del Congreso de Estados Unidos en 2022 que perciben como hostiles. Centraron sus operaciones en denigrar a candidatos estadounidenses específicos y de moldear la impresión sobre otros políticos también, porque consideran que los cubanoamericanos en Miami tienen una influencia enorme, en la política estadounidense con respecto a Cuba”, opinó Rubio.
Después de la publicación del informe titulado "Amenazas Extranjeras a las Elecciones de EEUU 2022", el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, escribió en redes sociales que se trataba de otra "calumnia de EEUU contra Cuba" y de una "acusación, sin fundamento o evidencia”.
Rusia, China e Irán han negado repetidamente haber intentado interferir en las elecciones estadounidenses mediante propaganda, difusión de desinformación o ataques cibernéticos.
EEUU reevaluaría relación con Georgia si se aprueba ley sobre influencia extranjera
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos estaba "profundamente preocupado" por un proyecto de ley sobre agentes extranjeros aprobado por el Parlamento de Georgia, que según ella "va en contra de los valores democráticos y alejaría a Georgia aún más de los valores de la Unión Europea".
“Veremos que hace el Parlamento, pero si esta legislación se aprueba, nos obligará a reevaluar fundamentalmente nuestra relación con Georgia”, advirtió la portavoz.
Los legisladores georgianos aprobaron el martes el proyecto de ley que desató semanas de protestas masivas, y los críticos lo calificaron como una amenaza al estilo ruso a la libertad de expresión y las aspiraciones del país de unirse a la Unión Europea.
Jean-Pierre señaló que Estados Unidos espera que la presidenta Salomé Zourabichvili lo vete, pero su decisión puede ser anulada mediante otra votación en el parlamento.
La presidenta, que está cada vez más en desacuerdo con el partido gobernante, ha prometido vetar el proyecto de ley, pero el partido en el poder, Georgian Dream, tiene una mayoría suficiente para anularlo. Zourabichvili tiene 14 días para actuar.
La portavoz de la Casa Blanca también mencionó las protestas en la ex república de la Unión Soviética durante el fin de semana, en las que decenas de miles de manifestantes pacíficos expresaron su oposición a esta legislación.
Este martes, después de la votación de 84 a 30, una multitud de manifestantes frente al parlamento intentó romper las barreras metálicas cerca del edificio. Al menos 13 personas fueron arrestadas en la protesta, dijo la policía.
El proyecto de ley requeriría que las organizaciones que reciben más del 20% de su financiación del extranjero se registren como agentes de influencia extranjera, imponiendo onerosos requisitos de divulgación y multas punitivas por violaciones.
Los opositores lo consideran una amenaza a la libertad de expresión y a las aspiraciones del país de unirse a la Unión Europea. Han apodado el proyecto de ley "la ley rusa", comparándolo con la legislación utilizada para reprimir a los medios de comunicación independientes, las organizaciones sin fines de lucro y los activistas críticos del Kremlin.
El gobierno dice que el proyecto de ley es necesario para frenar lo que considera actores extranjeros dañinos que intentan desestabilizar la política en la nación del sur del Cáucaso de 3,7 millones de habitantes.
Ucrania no está sola, asegura secretario de Estado Blinken a Zelenskyy
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo al presidente Volodmyr Zelenskyy durante un viaje a Kyiv este martes que parte de un importante paquete de ayuda estadounidense había llegado a Ucrania y que había más en camino que "marcaría una diferencia real".
“Estamos decididos, junto con muchos otros socios de Ucrania, a asegurarnos de que tenga éxito en el campo de batalla. Estamos igualmente decididos a que, con el tiempo, Ucrania se mantenga firme por sí misma”, expresó el funcionario.
El viaje de Blinken es el primero de un alto funcionario estadounidense desde que el Congreso aprobó el mes pasado un paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares, largamente retrasado. Las tropas de Kyiv están luchando contra una nueva ofensiva rusa en el noreste, así como contra ataques en el este.
Blinken llegó a Kyiv en tren temprano el martes por la mañana en una visita no revelada anteriormente, que se produce días después de que Rusia lanzara una incursión terrestre en el norte de la región de Kharkiv, abriendo un nuevo frente.
El secretario de Estado tambien se unió a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, para un almuerzo de trabajo y se reunió con representantes de la sociedad civil.
Antes de reunirse con el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, Blinken dijo que Estados Unidos está decidido a ayudar a Ucrania a tener éxito tanto en el campo de batalla como también en ganar la paz, “en construir la Ucrania más fuerte posible, una Ucrania que no solo se mantenga militarmente firme sobre sus propios pies, sino también económica y democráticamente”.
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Después en un discurso en el Instituto Politéctico Igor Sikorsky, el secretario de Estado dijo que lo que el presidente ruso Vladimir Putin ha destruido en Ucrania, Rusia debería y pagar para reconstruirlo, al tiempo que dijo que Estados Unidos tiene la intención de usar su poder para apoderarse de los activos rusos.
"Estamos trabajando con nuestros socios del G7 para ver que los activos soberanos inmovilizados de Rusia se utilicen para remediar el daño que Putin sigue causando", declaró.
Asimismo, opinó que la demora del Congreso estadounidense en aprobar la ayuda militar había hecho a Ucrania más vulnerable a los ataques rusos.
“Pero he venido a Ucrania con un mensaje: no están solos”, dijo Blinken.
"Estamos con ustedes hoy y permaneceremos a su lado, hasta que la seguridad de Ucrania, su soberanía y su capacidad de elegir su propio camino estén garantizados", añadió.
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