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Impunidad y Justicia


Un remolcador cruza el río Danubio cargado con las piezas una estatua gigante del dictador ruso Josef Stalin, en Budapest, Hungría.

En los países de Europa Oriental el fin de los gobiernos no fue la labor de una resistencia organizada, fue consecuencia del desgaste del modelo.

Los crímenes de sangre y el resto de violaciones a los derechos humanos en las que incurren muchos gobernantes, en particular las dictaduras, no deben quedar impunes, pero se aprecia que hay una mayor inclinación entre los sectores identificados con el marxismo o los asociados a la denominada izquierda política, de procesar a quienes violentaron los derechos ciudadanos.

Antes de profundizar más en un asunto tan delicado, vale la pena destacar que en la mayoría de los países del extinto bloque soviético, sometidos a la dictadura del socialismo real que se caracterizó por cometer millones de asesinatos, encarcelamientos masivos y violaciones constantes y sistemáticas a los derechos humanos, los procesos judiciales han sido pocos y los que concluyeron en condenas menos.

La muerte de Nicolás y Elena Ceasescu, fueron casos de excepción en las ruinas del extinto bloque soviético. La mayoría de los jerarcas de esos países y sus secuaces gozaron, y los que aún viven, continúan disfrutando, de una absoluta impunidad y no pocos de los bienes que se apropiaron cuando ejercieron el poder.

En los países de Europa Oriental el fin de los gobiernos no fue la labor de una resistencia organizada, fue consecuencia del desgaste del modelo que promovían sus gobernantes, paradójicamente en los países del cono sur, en los que por varios años imperaron dictaduras militares, la democracia no llegó por la victoria de quienes luchaban en contra, sino también por consunción, las dictadura militares se agotaron en sí mismas y no les quedó otra alternativa que procurar una salida a la situación que enfrentaban como gobierno.

No obstante hay que mencionar que las dictaduras militares sudamericanas enfrentaron una cruenta resistencia, como en sus primeros años la resistieron el gobierno soviético y sus satélites.

Las fuerzas insurgentes -muchas de ellas no luchaban por el retorno de la democracia, eran satélites de la dictadura totalitaria cubana y buscaban implantar en sus países regímenes similares al de la isla- que enfrentaron las dictaduras militares a pesar de sus esfuerzos y las muchas bajas que sufrieron, nunca tuvieron la posibilidad de hacer colapsar las autocracias que combatían aunque los mandos unipersonales o colegiados, como la Junta Militar Argentina, Augusto Pinochet en Chile y los regímenes de fuerza de Uruguay y Brasil, tampoco pudieron eliminar por completo los focos de resistencia armada.

Hubo una excepción entre los grupos insurgentes. El Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, aunque es conveniente aclarar que la caída de Anastasio Somoza fue consecuencia del aislamiento de su régimen, más que por el esfuerzo de los guerrilleros y en particular, porque Estados Unidos le retiró su respaldo al dictador cuando le pidió dejara el poder.

La realidad fue que las dictaduras militares fueron haciendo conciencia de su impopularidad como consecuencia de los abusos en los que incurrían y decidieron convocar a elecciones. Los resultados les fueron adversos, pero para sorpresa, los respetaron.

Por otra parte, aunque se liberaron de regímenes de oprobio, es interesante comparar la apatía de los ciudadanos de las repúblicas populares europeas en promover procesos judiciales contra jerarcas y sicarios en desgracia, con la dedicación infatigables que muestran ciertos sectores en América Latina por procesar y condenar a los militares que usurparon el poder en el hemisferio y que durante su mandato cometieron numerosos crímenes.

Concluidas las dictaduras militares diferentes sectores que habían padecido la opresión y que se estrenaban en democracia, consideraron la necesidad de formar instituciones orientadas a depurar responsabilidades por lo ocurrido en el país y si las circunstancias lo determinaban, procesar a los culpables, una acción valida porque la impunidad y la mala memoria son las simientes para repetir los errores del pasado.

Las organizaciones fueron desnaturalizadas porque las dirigieron a denunciar exclusivamente los crímenes del oficialismo desplazado, propiciar el enjuiciamiento de sus jerarcas y sicarios, a la vez que se ignoraba conscientemente el terrorismo y las depredaciones cometidas por la insurgencia durante el proceso insurreccional.

A estos sectores, en su mayoría independientes, se sumaron extremistas, que más que justicia buscaban venganza. Entre ellos destacaban dirigentes y militantes de los movimientos insurreccionales, que durante la insurgencia cometieron atentados, secuestros, asesinatos y practicaron una violencia extrema muy similar a la de los regímenes que combatían.

En la búsqueda de la justicia debe primar la imparcialidad. No debe haber crímenes que se puedan justificar porque la víctima fue en su momento un victimario y tampoco se pueden obviar las víctimas inocentes que puedan causar las acciones de los contrincantes, los resultados de un suceso deben ser evaluados sin entrar en consideración las causas que lo motivaron.

El abuso de poder o el uso de la fuerza, si va a ser enjuiciado y en consecuencia sancionado, no debería responder a ideología o a la voluntad de los vencedores, solo a la Justicia para así lograr el fin de la impunidad que disfrutan los vencedores.

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    Pedro Corzo

    Pedro Corzo, Santa Clara, 1943. Trabaja en Radio Martí desde 1998. Conferencista y escritor. Residió en Venezuela durante doce años y colaboró allí en varios medios de información.

    Es presentador del programa Opiniones de WLRN, Canal 17 y columnista de El Nuevo Herald. Ha producido varios documentales históricos entre ellos Zapata, Boitel y Los Sin Derechos.

    Entre sus libros se cuentan Cuba, Cronología, Perfiles del Poder, La Porfía de la Razón, Guevara Anatomía de un Mito,  Cuba, Desplazados y Pueblos Cautivos y El Espionaje Cubano en Estados Unidos. 

    En mayo del 2017 recibió la Medalla de la Libertad que otorga el gobernador del estado de la Florida.

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