Derechos Humanos
Impulsarán en el Parlamento Europeo la propuesta al Premio Sájarov 2022 para José Daniel Ferrer
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba anunció en una declaración divulgada este jueves que impulsará en el Parlamento Europeo la propuesta al Premio Sájarov 2022 para José Daniel Ferrer.
La agrupación, que presidía el también líder de la Unión Patriótica de Cuba antes de ser detenido cuando intentaba unirse al levantamiento nacional contra el régimen comunista ocurrido el 11 de julio, considera que otorgar el premio a Ferrer sería un reconocimiento a los miles de ciudadanos y ciudadanas que tomaron pacíficamente las calles en demanda de democracia.
Familiares del líder opositor divulgaron esta semana un documento de la Fiscalía en el que se indica que el exprisionero de la Causa de los 75 deberá cumplir en prisión cuatro años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente en 2020.
El Consejo considera que la detención de líderes opositores y activistas muestra "el temor a los liderazgos auténticos en condiciones y capacidad de representar las demandas genuinas de los ciudadanos cubanos, en el nuevo escenario de cambios de una sociedad que se auto democratiza".
El premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo ha reconocido a varios cubanos: Oswaldo Payá en 2002, el colectivo de las Damas de Blanco en 2005 y al opositor Guillermo Fariñas en 2010.
A continuación reproducimos íntegramente la declaración:
La Tiranía en pleno esplendor tardío
El régimen cubano ha hecho una lectura incorrecta de las jornadas de julio. La reacción derivada, llena de pavor hacia la sociedad, le lleva a emplear la ley como castigo, no como reparación ante el delito cierto, demostrado en los tribunales y siguiendo las pautas del debido proceso. Es la tiranía en pleno esplendor tardío.
La revocación de la libertad a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica y Presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), las detenciones de Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y Vicepresidente del CTDC, de Francisco Rangel, Armando Abascal y Lázaro Díaz, miembros de este partido, junto a la detención de Ramón Salazar, Presidente del Partido Autónomo Pinero, de Luis Manuel Otero, del Movimiento San Isidro, y la condena judicial a José Silva, Coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República, todos integrantes del CTDC, muestran el temor a los liderazgos auténticos en condiciones y capacidad de representar las demandas genuinas de los ciudadanos cubanos, en el nuevo escenario de cambios de una sociedad que se auto democratiza.
La detención de miles de ciudadanos pacíficos, ya anticipada con la detención de los manifestantes de Obispo y de Maikel Castillo, y el encarcelamiento parejo de algunos de sus líderes, nacionales o locales, es índice de la ruptura entre el gobierno y los ciudadanos, y del intento fallido y forzado de impedir la identificación entre una ciudadanía que empezó a recuperar su soberanía el 11 de julio y parte del liderazgo democrático de la nación.
Una ruptura y un intento a través del quebrantamiento del orden judicial y constitucional del país. Los manifestantes están siendo juzgados por el ejercicio del derecho a la manifestación recogido en el Artículo 56 de la Constitución, y estos líderes han sido detenidos, juzgados y encarcelados por supuestos delitos que no tuvieron la oportunidad de cometer.
El precipitado recorrido del régimen hacia el abismo constitucional acaba de completarse con la entrada en vigor del Decreto-Ley 35, una actualización del marco jurídico en materia de telecomunicaciones, que limita la libertad de expresión en Internet y, entre otras, califica las convocatorias a protestas como ciberterrorismo. Esta mordaza digital viola el Artículo 54 de la misma Constitución, ley superior del Estado, y rompe el orden precario de convivencia entre sus instituciones y la ciudadanía. Una de las señas de los Estados fallidos.
No obstante, la vuelta de tuerca inconstitucional sobre el activismo y sobre los derechos digitales de la ciudadanía no serán suficientes para detener el clamor de un pueblo que reclama su libertad.
Pero seguimos requiriendo del apoyo de la comunidad democrática internacional ante políticas totalitarias enquistadas, que bloquean cualquier tipo de disposición o voluntad política necesaria para reconducir una situación insostenible para la nación y sus propios gobernantes.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba quiere reiterar que es la Hora de la Solidaridad con Cuba, nombre de nuestra campaña por la liberación de todos los detenidos en las jornadas de julio y por la amnistía de los presos políticos y de conciencia.
Dentro de ella damos un paso más: impulsar en el Parlamento Europeo la propuesta al Premio Sájarov 2022 para José Daniel Ferrer. Sería, en esta ocasión, un reconocimiento en la persona de este destacado luchador por los derechos humanos, incluyendo los sociales, a los miles de ciudadanos y ciudadanas que tomaron pacíficamente las calles en demanda de democracia.
Al mismo tiempo, el CTDC presentará ante organismos internacionales de derechos humanos el Reporte 11jCuba, un trabajo de documentación y análisis sobre las manifestaciones populares más importantes en los últimos 62 años y sobre la conducta de las autoridades cubanas hacia todo el pueblo cubano.
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Comienza juicio contra manifestantes de Caimanera: "Espero ganar, porque ellos no hicieron nada"
Ya se encuentran en el Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, los familiares de los seis jóvenes encausados por su participación en la protesta popular que sacudió Caimanera el 6 de mayo de 2023, para participar en la vista judicial prevista para las 9 de la mañana de este miércoles.
Los encausados son Daniel Álvarez González, con petición fiscal de nueve años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir y Luis Miguel Alarcón Martínez, al que le piden seis años por los delitos de desórdenes públicos y atentado, ambos en medida cautelar de prisión en el Combinado de Guantánamo.
Los otros implicados en el proceso permanecían en libertad condicional bajo fianza: Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquiz González y Felipe Octavio Correa Martínez, con petición fiscal de seis años por desórdenes públicos y atentado; y Yandris Pelier Matos, quien se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años por desórdenes públicos, informó a Martí Noticias Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los manifestantes.
“No ha habido ningún cambio, todo está listo. Es un juicio a puerta cerrada, es lo que hasta ahora tengo conocimiento. Vamos a ver qué sucede, estamos los imputados, tres testigos de cada uno y dos familiares más cercanos. El último contacto que tuve con el abogado, [dijo que] él tenía preparado la defensa de los muchachos”, explicó la mujer.
Junto a los familiares, participan en la vista judicial los testigos de la defensa, así como también policías y funcionarios gubernamentales, quienes testificaran en contra de los encausados.
El juicio había sido inicialmente programado para el martes dos de abril, siendo suspendido a última hora sin explicación alguna por parte del tribunal.
Sobre lo que espera de este proceso judicial, Martínez Valdivia señaló:
“Yo espero ganar el juicio, porque ellos no hicieron nada, ellos simplemente tuvieron libertad de expresión. No le dieron golpes a nadie. Aparte, ellos no incitaron a nadie. El pueblo salió a decir lo que sentía, no porque ellos incitaron a nadie”, enfatizó.
El 6 de mayo de 2023, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera para exigir al gobierno el respeto a sus derechos como ciudadanos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban “Libertad”, “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”, entre otras consignas.
Las autoridades respondieron de forma violenta, desplegando contra los manifestantes a efectivos de las tropas especiales del ejército, y con cortes al servicio de internet en casi todo el país.
Varias organizaciones internacionales han condenado la represión contra los jóvenes manifestantes de Caimanera y exigido al gobierno cubano su liberación. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado en abril de este año, Amnistía Internacional dijo que el gobierno cubano “reaccionó con fuerza excesiva”, ante la protesta de los caimanerenses por las malas condiciones de vida y la falta de derechos humanos.
“Los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron violencia física contra quienes participaban en el acto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de los manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva”, subrayó el informe.
Madre confía en que carcelero que agredió a su hijo en el Combinado del Este será llevado a Tribunal Militar
Un guardia de la prisión del Combinado del Este, en La Habana, que agredió al preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Yoanky Báez Albornoz, podría ser llevado a un tribunal militar.
Daimy Albornoz Rodríguez, madre del condenado a 14 años de privación de libertad por el delito de sedición, luego de que participara en las protestas pacíficas de La Esquina de Toyo, en el municipio capitalino de 10 de Octubre, explicó a Martí Noticias que la agresión tuvo lugar el día en que le correspondía a la compañía de su hijo salir al patio a tomar el sol.
“Le tocaba a la compañía de él el patio y, cuando abren la reja que le dicen ‘Compañía, patio’, mi hijo sale para el patio y el guardia, cuando le tocó salir a él, le dijo ‘tú no, tú no vas al patio, tú quédate aquí, ponte para acá’, y mi hijo le dijo que no, que él no se iba a detener en ningún lado”, dijo Rodríguez.
La señora explicó que, ante la negativa del joven, el oficial lo amenazó con llevarlo a la jefatura, a lo que el prisionero político contestó: “Bueno, tú me llevas para donde tú quieras porque yo no tengo miedo y yo no he cometido ningún delito”.
“Cuando mi hijo echó a andar, (el oficial) le cae atrás y un preso le dice (a su hijo) ‘¡Yoanky, cuidado!’, y cuando mi hijo se vira, el guardia le tira una galleta (bofetada). La primera galleta no le da y en la segunda, se meten los presos de por medio y, por encima de los presos, el guardia le dio la galleta en la cara a mi hijo y ahí empezaron a gritar los presos ‘¡Libertad, libertad!, ¡Patria y Vida, Patria y Vida!’ y ahí se unió en el coro todo el edificio completo cuando empezaron a oír los gritos del tercer piso”, explicó Albornoz Rodríguez.
La mujer declaró a Martí Noticias que su hijo no fue castigado por lo ocurrido ese día y que ella conversó con el mayor Leonelvis Hardy Baró, jefe del bloque donde está encarcelado su hijo.
“No lo castigaron porque el jefe del edificio Nº 1, que analizó el problema, me atendió, me dijo que mi hijo tenía la razón, que ellos no estaban ahí ‘para maltratar a ningún preso’ y eso ‘ellos no lo aceptan’ al punto de que, me dijeron, que él (guardia agresor) iba a ser sancionado y lo tenía ya hoy retenido y que ya eso lo sabía el jefe de ahí, del Combinado del Este y que lo iban a llevar a un Tribunal Militar”, concluyó Rodríguez.
Esto no es un caso aislado, el régimen de La Habana aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de Cuba, que "en los últimos cinco años, se había sancionado a 144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.
Los prisioneros, sus familiares y numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado múltiples casos de castigos, torturas y malos tratos cometidas por personal de centros penitenciarios cubanos. Además de abuso verbal, privación de atención médica, trabajos forzados, confinamientos en solitario, privación de sueño y de comida, ofensas y humillaciones constantes.
(Con reporte de Yolanda Huerga para Martí Noticias)
Campaña expone “patrón de castigo” a las presas políticas cubanas
Una iniciativa del centro de asesoramiento legal Cubalex busca visibilizar, de manera general y casuística, el impacto de la prisión política en las mujeres cubanas.
La campaña “Derechos negados: Mujeres encarceladas por motivos políticos en Cuba”, pretende además denunciar el uso de esta herramienta por regímenes autoritarios para controlar las voces críticas.
“Se ha denunciado que las autoridades [penitenciarias] toman decisiones a partir de las órdenes que les da la Seguridad del Estado en estos casos específicos de las mujeres privadas de libertad por motivos de opinión”, explicó Giselle Morfi, especialista de Cubalex.
La organización Justicia 11J tiene registradas 62 mujeres cubanas que están separadas de sus familias por disentir.
“Estas mujeres se encuentran en especial situación de riesgo”, asegura Cubalex sobre las presas políticas.
“Las condiciones de higiene de las prisiones, de manera general, son insalubres. Las pocas veces que hay agua, es de muy mala calidad, puede tener hasta fango, fetidez, incluso, el agua de tomar”, señaló Morfi.
La abogada detalló que las malsanas condiciones de los establecimientos penitenciarios afectan en particular a las mujeres embarazadas, más susceptibles a infecciones y otras enfermedades derivadas de la falta de higiene.
A esto se le añade la escasez de medicamentos en el país y la negligencia de los responsables de prisiones “que, muchas veces, aunque la familia lleva, por ejemplo, pastillas prenatales, no se las dan a la embarazada”, subrayó Morfi.
La experta considera que esta práctica se convierte en “un patrón de castigo” a las presas políticas.
Los penales no tienen médicos especialistas por lo que las presas con dolencias que requieran un ginecólogo, u otro especialista, deben ser trasladadas a un centro de salud cercano.
“Nos sacan de ‘conduce’ para un hospital porque ahí no hay condiciones para eso. Pero, muchas veces, perdíamos el turno porque no había petróleo o no había carro”, relató Liliana Oropesa, excarcelada este lunes bajo una licencia extrapenal. La mujer se encuentra embarazada de ocho meses y estaba recluida en la sección destinada a las mujeres en esa condición de la Prisión de Mujeres de Occidente.
“No nos daban ninguna dieta [a las gestantes]. Nos daban la misma comida que a todo el mundo”, apuntó Oropesa, que cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el barrio habanero La Güinera.
Los exámenes como el que detecta el VIH y los exudados vaginales imprescindibles para la salud y bienestar femenino, son una asignatura pendiente en las cárceles cubanas.
“Hicieron una vez una prueba citológica y más nunca volvieron a repetirla ni ningún otro análisis”, anotó la joven.
En este sentido la abogada de Cubalex alertó que la crisis generalizada que afecta al país se agudiza al interior de las prisiones:
“En el caso de las mujeres aún mayor, pues son un grupo vulnerable donde la situación es caótica porque no tienen las condiciones higiénicas necesarias que exigen las reglas de Bangkok: ni siquiera les dan toallas sanitarias para que puedan pasar su periodo menstrual de manera digna”.
Las Reglas de Bangkok establecen el primer grupo de patrones internacionales de derechos humanos centrados en las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad.
En un hilo de X, Cubalex advierte que la violencia sistemática en las prisiones somete a las mujeres presas a numerosas violaciones de derechos humanos.
La prisión política es injusta para cualquier ser humano, pero en las mujeres tiene un más fuerte golpe para ella y su familia, indicó Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido, ambas presas políticas por participar en las manifestaciones del verano de 2021 en Quivicán, provincia Mayabeque.
“Cuando es la mujer, la madre la que falta en la familia, lo demás se desmorona. Si falta ella, falta el alma, lo que aglutina, que une en dedicación al hogar”, afirmó.
“María Cristina es madre de tres niños. En una carta me escribía, que lo que más le duele son esos tres niños. Saber que el varoncito no tiene la merienda en el momento que lo necesita o el peinar a Sofía, su niña menor con esa paciencia que solo ella puede tener. Son muchos detalles, más allá del machismo”, refirió Rodríguez.
Agregó que hombres y mujeres son tratados con igual severidad en las cárceles cubanas: “Cuando a María Cristina Garrido le daban, le daban duro, igual que a los hombres, por la cara para obligarle a gritar 'Viva Fidel, Viva Díaz Canel'. La proyectaban hacia el suelo con una técnica de judo y le abrían los pies para que los soldados ‘machitos’ vieran su ropa interior manchada de sangre porque estaba en el periodo menstrual y no le daban una almohadilla sanitaria”.
“A Lisandra Góngora la llevaron para la Isla de la Juventud alejándola cientos de kilómetros de sus cinco hijos pequeños”, recordó Rodríguez.
Cubalex resaltó las figuras de Sayli Navarro Álvarez, Daisy Rodríguez Alfonso, Odet Hernández Cruzata, María de Jesús Terrás Díaz, Lisdiany y Lisdanis Rodríguez Isaac y Mailene Noguera Santiesteban, entre otras.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha atestiguado en repetidas ocasiones que su Gobierno se “ocupa y preocupa” de las mujeres “en desventaja”, pese a “la manipulación que se teje sobre este sensible tema”.
Al respecto, los observatorios feministas independientes del país han resaltado que la violencia política contra las mujeres es violencia de género.
Cuba incumple plazo de responder a la ONU sobre preso político Roberto Pérez Fonseca
A seis meses de la opinión número 51 de 2023 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), donde se exige la liberación inmediata e indemnización del preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, las autoridades cubanas no han cumplido con el plazo dispuesto para responder sobre su caso.
Su abogado, Sergio Osmín Fernández Palacios, aseguró desde La Habana a Martí Noticias que en dicha opinión, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno cubano a proceder con la libertad inmediata, indemnización, investigación exhaustiva e independiente sobre las violaciones de derechos, y a adoptar medidas contra los responsables, así como difundir la opinión por todos los medios disponibles.
Sin embargo, según Fernández Palacios, estas medidas "han sido ignoradas por el régimen totalitario”.
Pérez Fonseca, tornero de profesión, fue condenado a 10 años de cárcel en un juicio ordinario donde fue hallado culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, e instigación a delinquir, por participar en las manifestaciones en San José de las Lajas, Mayabeque, el 11 de julio de 2021.
Según el centro de monitoreo de los procesos judiciales contra los detenidos en las protestas del verano de 2021, el portal Justicia 11J, al hombre de 41 años y padre de dos menores lo condenaron "sobre todo porque fue un “líder” para su comunidad y se atrevió a destrozar el rostro de Fidel Castro".
Encarcelado desde el 16 de julio de 2021, el prisionero político ha estado en la Prisión Melena del Sur y en la Prisión de Quivicán.
El abogado Fernández Palacios informó a Martí Noticias que además hizo llegar a la ONU denuncias sobre la creciente represión contra Pérez Fonseca.
Entre los hechos enumerados por el defensor se cuenta que en diciembre de 2023, las autoridades penitenciarias le impidieron que recibiera la visita del monseñor Eloy Ricardo Domínguez Martín, obispo auxiliar de La Habana, y que en enero de 2024, sufrió una crisis de dolor con vómitos sangrantes debido a condiciones penitenciarias precarias, que ha sido amenazado de muerte, y que, en ocasiones, se le ha suspendido la comunicación telefónica.
El proceso de seguimiento permite al GTDA mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados, informa en uno de sus párrafos la decisión 51.
Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, insta a los familiares de los presos políticos cubanos a denunciar la realidad en las cárceles de la isla.
A pesar de las amenazas recibidas, Fonseca se ha convertido en una de las voces más importantes de la causa por la libertad de los encarcelados en las manifestaciones.
"Tenemos la razón", dijo la señora, quien insiste en seguir luchando por la justicia y la libertad de su hijo y de todos los presos políticos cubanos.
Amnistía Internacional recuerda que líder religioso afrocubano pasa su cumpleaños 53 en prisión
Este sábado Amnistía Internacional recordó que el preso político cubano, líder de la agrupación Yorubas Libres de Cuba, Loreto Hernández García, está pasando su cumpleaños 53 en prisión.
"Es un sacerdote yoruba y preso de conciencia. Condenado injustamente junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro por ejercer sus derechos humanos pacíficamente en Cuba", recordó la organización internacional que ha acogido a ambos como Presos de Conciencia.
En el comentario publicado en redes sociales, Amnistía Internacional hace también un llamado a exigir al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la liberación de los dos religiosos, detenidos en Placetas por sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en las que los cubanos demandaron en las calles de más de 60 localidades del país un cambio de régimen, libertad, democracia y mejores condiciones de vida.
La organización de alcance mundial, con más de 10 millones de activistas, hizo un llamado a una Cuba sin represión.
Hernández García fue condenado por los delitos de desórdenes públicos y desacato a 7 años de cárcel, que cumple en la Prisión de Guamajal, de Villa Clara.
Familiares, organizaciones de derechos humanos y gobiernos como el de Estados Unidos han denunciado que lo mantienen encarcelado a pesar de su difícil cuadro de salud, donde se conjugan enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y ha sufrido principio de infarto.
En enero de 2024 cinco relatores de Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y de expresión en Cuba, con especial interés en los casos de Hernández García, Pérez Paseiro, Mitzael Díaz Paseiro y las hermanas Lisdiany y Lisdany Rodríguez Isaac, todos vinculados a la Asociación Yorubas Libres de Cuba.
En una carta dirigida al gobierno cubano, describen “el presunto patrón sistemático de hostigamiento, en contra de miembros de grupos religiosos independientes, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de líderes y miembros de diversas de estas organizaciones”.
El régimen comunista aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de derechos humanos que defiende la libertad religiosa en Cuba y que mantiene la prohibición de la discriminación basada en las creencias religiosas.
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