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Imponen más de 3.900 multas a trabajadores privados en Santiago de Cuba


Archivo.

Se trata de infracciones detectadas durante inspecciones estatales practicadas en lo que va de año.

Más de 3.900 multas fueron impuestas a trabajadores privados en la provincia oriental de Santiago de Cuba, segunda en importancia en la isla, por infracciones detectadas durante inspecciones estatales practicadas en lo que va de año, según informaron hoy medios locales.

El director de Inspección y Supervisión en Santiago, Rubicel Rivera, indicó que hasta agosto pasado se realizaron 10.010 supervisiones de "carácter educativo", en las que se detectaron más de 7.700 infracciones y se impusieron 3.979 multas, según cita la estatal Agencia de Información Nacional (AIN).

Entre las principales infracciones encontradas, el funcionario citó la realización de la actividad de forma ilegal, el impago del espacio para ejercerla, su práctica en áreas prohibidas o lugares no autorizados, la falta de higiene y la utilización de personal no contratado.

Explicó que a esas transgresiones de la ley que regula el ejercicio del trabajo por cuenta propia, como se denomina en la isla el empleo no estatal, se suman la obtención de materias primas de forma ilícita, fundamentalmente aceites crudos y otras nocivas para la salud humana.

El empleo en el sector privado en Cuba se cifró en julio pasado en 471.085 trabajadores autónomos en algunos de los 201 oficios autorizados por el Gobierno para ejercer como "cuentapropista", según datos oficiales.

Santiago de Cuba, junto a La Habana, Matanzas, Villa Clara, Holguín y Camagüey, figura entre las provincias que concentran el mayor número de "cuentapropistas".

La elaboración de alimentos, el transporte de carga y pasajeros, y el arrendamiento de viviendas se mantienen como las actividades con mayor representación de esa opción de empleo.

La ampliación del trabajo en el sector privado es una de las principales reformas acometidas por el Gobierno de Raúl Castro para "actualizar" el modelo socialista de la isla y compensar la supresión progresiva de unos 500.000 empleos estatales entre 2011 y 2015.

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