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Derechos Humanos

Human Rights Watch respalda petición por Silverio Portal; miles firman el documento

El preso político Silverio Portal. (Foto tomada del Facebook del Directorio Democrático Cubano)
El preso político Silverio Portal. (Foto tomada del Facebook del Directorio Democrático Cubano)

La prestigiosa organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW por sus siglas en inglés) ha respaldado la petición de libertad para el preso político cubano Silverio Portal Contreras.

"El régimen cubano debe liberar al disidente Silverio Portal. Está detenido desde marzo de 2018 por participar en una protesta. Su situación de salud es muy delicada. Nos unimos a los pedidos para que sea urgentemente liberado", escribió en su cuenta en Twitter José Miguel Vivanco, el abogado al frente de la División de las Américas de HRW.

Los miles de firmantes de la Declaración Humanitaria Urgente en Apoyo a la Liberación de Silverio Portal Contreras, dirigida al Tribunal Supremo de Cuba, denuncian que Portal, quien se encuentra incomunicado en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana, y exigen que debe ser liberado de inmediato.

Fue condenado por defender públicamente el derecho constitucional a una vivienda digna, indica el documento:

"Portal Contreras llevaba el proyecto “No más muertes en Cuba por derrumbes”, cuyo objetivo era protestar ante las instituciones del Estado para exigir la protección de las personas que viven en inmuebles en mal estado en sus comunidades. Debido a sus legítimas demandas fue sancionado a cuatro años de cárcel por los supuestos delitos de “desorden público” y “desacato”. El incidente por el que fue condenado ocurrió el 20 de junio de 2016, pero la Fiscalía no presentó la acusación hasta el 4 de septiembre de 2017. Han transcurrido dos años y medio de la encarcelación de Silverio Portal Contreras, en los que la epilepsia y la hipertensión que padecía antes de llegar a prisión se han visto agravadas con un infarto cerebrovascular, dos isquemias transitorias, la pérdida de la visión de un ojo tras una golpiza y la pérdida progresiva de la visión del otro luego de diagnosticársele una diabetes", indica el documento.

Aunque lo tienen incomunicado, Silverio Portal es cada vez más conocido
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El caso de Portal ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el Parlamento de la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos, entre otros.

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Dos presos del 11J reclaman atención médica

El preso político del 11 de julio de 2021, Jorge Bello Domínguez.
El preso político del 11 de julio de 2021, Jorge Bello Domínguez.
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Dos presos políticos condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 denunciaron que están sin atención médica especializada, además de sufrir las consecuencias de una escasa y pésima alimentación, y hostilidad por parte de las autoridades penitenciarias.

“Jorge lleva más de 72 horas con un fuerte dolor de muelas, donde en el penal no hay un dentista, no hay nada para brindarle porque no tienen nada, y debido a ese dolor de muela, hasta está descompensado de la presión y del azúcar también", informó Yuleidy López, esposa de Jorge Bello Domínguez, periodista independiente, recluido en la prisión Combinado del Este.

"Es pésima, pésima, pésima la alimentación y de la higiene ni hablar, hay un chinchero que por favor las chinches que hay allí en el penal”, agregó la esposa del periodista condenado a 15 años de cárcel por los delitos de sabotaje de carácter continuado, desacato y robo con fuerza, tras su participación en la manifestación del poblado de Güira de Melena.

La mujer dijo que lo mantienen recluido junto a reos comunes de alta peligrosidad: “Lo mismo asesinos, que los que roban. Allí están todos ligados, el único preso político que está en el destacamento es él”.

Martha Domínguez, madre del comunicador, explicó lo preocupada que se encuentra por la situación de su hijo.

"Jorge reclama sus derechos y allí hacen ellos lo que les da la gana, toda la madrugada sentado en una cubeta, me dijo ayer, con el fuerte dolor de muela, que no tienen dentista, y todo es "que no tienen". Era para que ya esa muela se la hubieran sacado hace rato, ya eso hace meses que él está con ese problema y ahora volvió el dolor hace más de 72 horas, eso me tiene muy preocupada”.

Jorge Luis García García. (Foto: Cortesía de la familia)
Jorge Luis García García. (Foto: Cortesía de la familia)

También reclamando atención médica está Jorge Luis García García en el penal de Boniato en Santiago de Cuba, donde cumple 13 años de condena por su participación en la protesta de Palma Soriano.

El prisionero político sufre de un trauma en la zona del cuello desde que fue maltratado físicamente por policías el día de su detención,.

Ya han pasado casi tres años, cada día crece más la tumoración y las autoridades le han dicho que no tienen recursos para atenderlo, y tampoco ha sido llevado a un hospital, denuncia su hermano Daniel García García.

“La situación de mi hermano es la bola esa que tiene en el cuello, que no le han hecho ningún tipo de cirugía para ver si es malo, el reeducador no dice nada, 'que no hay cirujanos', y eso va creciendo y no hay una asistencia médica, dada la situación que tiene él allí, preso injustamente.”

"Le están dando el almuerzo a las cuatro de la tarde y la comida a las 11 de la noche, es una injusticia lo que están haciendo con esos muchachos", afirmó el familiar.

En el mes de mayo Amnistía Internacional calificó de indignante la negación de derechos a personas privadas de libertad en Cuba.

La negación del acceso a la atención médica, la alimentación precaria y las condiciones de higiene deplorables en las prisiones cubanas violan los derechos básicos de las personas detenidas, declaró la ONG.

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha alertado que "la deficiente alimentación, que repercute sobre las defensas del organismo, se combina con la escasez y mala calidad del agua, las plagas de insectos y las malas condiciones de la infraestructura de las cárceles" y que esto crea un "ambiente propicio para la proliferación de enfermedades que muchas veces terminan siendo letales o dejando secuelas irreversibles".

En noviembre de 2023, representantes del régimen de La Habana afirmaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".

Tras el Examen Periódico Universal a Cuba instaron a las autoridades de la isla a velar por el pleno cumplimiento de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y permitir el acceso de observadores independientes de los derechos humanos a los juicios y a las prisiones y demás centros de privación de libertad.

Alianza por la Libertad Religiosa exige la libertad de pastor de Palma Soriano preso del 11J

Combinación de imágenes de la detención del pastor Lorenzo Rosales Fajardo en Palma Soriano, Santiago de Cuba, el 11 de julio de 2021.
Combinación de imágenes de la detención del pastor Lorenzo Rosales Fajardo en Palma Soriano, Santiago de Cuba, el 11 de julio de 2021.
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La Alianza Internacional por la Libertad Religiosa o de Creencias, un grupo de 38 naciones comprometidas a promover la libertad de religión o creencias en todo el mundo, expresó “profunda preocupación por la injusta detención del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo".

El preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, Santiago de Cuba, está actualmente encarcelado en La Caoba.

“Nos preocupa que el reverendo Rosales Fajardo, pastor protestante evangélico y líder de la iglesia no confesional no registrada Monte de Sión, haya sido golpeado y abusado brutalmente durante su detención, debido a su papel como líder religioso en Cuba y sus actividades cristianas”, dijo la Alianza en un comunicado firmado por Estados Unidos, Estonia, Ucrania, Polonia, Alemania, Rumania, Taiwán y la República Checa.

Asimismo instaron “enérgicamente a las autoridades cubanas a que liberen de inmediato e incondicionalmente a Lorenzo Rosales Fajardo y le permitan regresar libremente a su trabajo pastoral en Cuba”.

“Además, hacemos un llamamiento a Cuba para que defienda la libertad de religión o creencias y la libertad de expresión y exigimos la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente después de las protestas del 11 de julio de 2021”, declararon.

La Alianza condenó “el acoso que sufre el reverendo Rosales Fajardo desde 2012, vinculado a su participación en protestas locales en un acto de fe para exigir justicia e igualdad, principios clave de sus creencias religiosas y su ministerio” y “su detención arbitraria por parte de la policía y el ejército en Palma Soriano, el 11 de julio de 2021, durante protestas históricas y pacíficas en toda la isla”.

La Alianza mencionó que en esa ocasión se le acusó de cuatro delitos: incitación a la delincuencia, desorden público, falta de respeto y agresión y fue condenado a una pena total de 8 años de prisión en un juicio en diciembre de 2021 que, según la Alianza, “no mostró ni un ápice de respeto por las garantías de un juicio justo”.

“Durante todo el proceso judicial, los fiscales negaron el acceso a los testigos del reverendo Rosales Fajardo para que hablaran en su defensa y negaron a su abogado el acceso a su expediente antes del juicio”, explicaron en el comunicado.

El grupo relata que “en prisión, las autoridades lo han humillado y los guardias de la prisión han denigrado abiertamente sus creencias religiosas” y que en el 2022, “en los días previos a la Pascua, los funcionarios de la prisión lo sometieron a aislamiento, en una "celda de castigo", por negarse a obedecer las órdenes de dejar de compartir su fe dentro de la prisión”.

Explicaron además que en mayo de 2022, “el gobierno comunicó que la sentencia del reverendo Rosales Fajardo había sido reducida a 7 años de prisión sin ninguna explicación, y luego lo trasladó a la prisión de La Caoba, donde permanece detenido hasta el día de hoy”.

La Alianza Internacional por la Libertad Religiosa o de Creencias está integrada por Albania, Armenia, Austria, Australia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Camerún, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, República Democrática del Congo, Dinamarca, Estonia, Gambia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, Togo, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

La Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado, USCIRF, actualmente actúa como Secretaría de la Alianza, gestionando las reuniones y el intercambio de información entre los miembros.

El pastor Rosales Fajardo está en la Lista de Víctimas de la falta de libertad de religión o creencias de USCIRF.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias condenó en marzo de este año la detención del pastor protestante.

La entidad exigió a La Habana que otorgue inmediatamente la libertad al pastor, así como "una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".

Preso político del 11 de julio se declara en huelga de hambre para que se revise su caso

Vista interior de la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, donde se encuentra encarcelado Alexander Guillermo Martínez Amoroso. (AP/Franklin Reyes/Archivo)
Vista interior de la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, donde se encuentra encarcelado Alexander Guillermo Martínez Amoroso. (AP/Franklin Reyes/Archivo)
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El preso político Alexander Guillermo Martínez Amoroso ha estado en huelga de hambre por más de una semana para demandar a las autoridades una revisión de su sentencia que considera injusta.

“Lleva como doce o trece días plantado. Está haciendo una huelga de hambre de esas que ellos mismos se implantan ahí para que hagan justicia con él, que le han echado 18 años por gusto y pide que revisen la causa, que vuelvan a revisar los videos”, señaló a Martí Noticias, Noraisy de la Caridad Poyo Cuellar, cuña da del preso político.

Sin embargo, “no han ido a verlo y alguien tiene que ir a donde está él, para saber porque él es un ser humano”.

El activista Marcel Valdés confirmó en Facebook que Alexander “está plantado ya que lleva más de dos años preso injustamente y no piensa seguir aceptando semejante arbitrariedad”.

Martínez Amoroso, participante de las protestas de julio de 2021 en la barriada habanera La Güinera, fue sancionado por el delito de sedición a 18 años de privación de libertad, sentencia que cumple en el Combinado del Este.

“Él estaba en la ‘tumultera’ esa del 12 de julio”, pero no estaba tirando piedras como dijeron en el juicio”, aseguró la cuñada “.

Fue juzgado, junto a otros 14 manifestantes, los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2021, en la sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado, perteneciente al Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre.

De acuerdo al documento de Casación expedido por el Tribunal Supremo, el hombre trabajador por cuenta propia de 46 años al momento de su arresto, estuvo grabando las manifestaciones, pero también aparece en otro video tirando piedras a los militares.

Seis mandatos de la ONU ponen a Cuba en el banquillo de los acusados

La policía custodia la entrada del Tribunal Municipal de Marianao, donde fueron encausados varios de los manifestantes del 11 de julio en Cuba. (Yamil Lage/AFP)
La policía custodia la entrada del Tribunal Municipal de Marianao, donde fueron encausados varios de los manifestantes del 11 de julio en Cuba. (Yamil Lage/AFP)
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Seis Mandatos de Derechos Humanos de Naciones Unidas acusaron al régimen cubano por quebrantamientos sistémicos del debido proceso “y otras graves violaciones cometidas”.

Se trata de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La ONG asentada en España, Prisoners Defenders, precisó que las decisiones del organismo de derechos humanos responden a su denuncia fundamentada de 2023 con 520 casos de prisioneros políticos.

“Son violaciones que afectan a todas y cada una de las causas penales en Cuba y en particular a los más de 1,500 presos políticos que ha documentado Prisoners Defenders, solo desde 2021”, indicó Javier Larrondo, su presidente.

En una carta fechada el 3 de abril de 2024, enviada al gobierno de La Habana, los grupos de trabajo y las relatorías aseguran que, basados en las informaciones recibidas, suficientemente fiables, están preocupados “por el gran número de manifestantes que han sido juzgados”, a los que parece, dice el organismo, “se ha vulnerado su derecho a conocer los hechos de la acusación y se les ha restringido el derecho de defensa”.

En este sentido, la ONU (Organización de Naciones Unidas) recuerda a las autoridades cubanas que “los abogados tienen derecho a desempeñar sus funciones profesionales sin ninguna amenaza, intimidación, acoso o interferencia, y sin sufrir ni ser amenazados con procesamiento ni sanciones administrativas o disciplinarias por las acciones emprendidas de conformidad con los deberes profesionales y las normas éticas”.

Igualmente apunta que la ausencia de procedimientos acordes con los derechos humanos que se emplean con los arrestados y la falta de supervisión judicial pertinente, aumentan el riesgo de amenazas o malos tratos reales.

La organización planetaria reiteró que la prohibición de desaparición forzada y el derecho a la vida son normas decisivas aplicables de acuerdo con el derecho internacional convencional y consuetudinario.

La comunicación de los seis Mandatos señala, además, otras transgresiones, como la dependencia de fiscales y jueces del poder político, la presentación de peritos y testigos del Estado como única fuente acusatoria, la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales y la aplicación de delitos fácilmente manipulables por su poca concreción y los civiles juzgados en tribunales militares.

“Agradecemos también su acompañamiento y confianza con el trabajo que venimos realizando desde 2019 y, especialmente, en adoptar también la cifra de las detenciones arbitrarias en las manifestaciones del 11J entre 5,000 y 8,000 personas en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 que conseguimos demostrar con nuestro trabajo en el terreno”, manifestó Larrondo.

Según el presidente de Prisoners Defenders, la advertencia al régimen de Cuba de que Naciones Unidas sacará más condenas públicas sucesivas en base a este trabajo alimenta la esperanza para la liberación de todos los presos políticos en la isla.

“Nos sumamos a la advertencia de Naciones Unidas, con conocimiento de causa, y avisamos por ello al régimen de Cuba que nuestro trabajo con los distintos mandatos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resultará, dada la gravedad de los hechos, en condenas sucesivas durante los próximos meses, que no tendrán precedentes ni siquiera en los procedimientos especiales”, adelantó.

Se desconoce si el gobierno de Cuba respondió a las acusaciones en el plazo determinado de 60 días.

Impiden reunión de padre de preso del 11J con Obispo Auxiliar de Arquidiócesis de La Habana

Wilber Aguilar posa junto a su hijo Walnier, uno de los jóvenes presos en Cuba tras el 11J. (Archivo)
Wilber Aguilar posa junto a su hijo Walnier, uno de los jóvenes presos en Cuba tras el 11J. (Archivo)
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Agentes policiales impidieron el jueves a Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Aguilar, reunirse con el Monseñor Eloy Ricardo Domínguez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de la Habana.

Wilber dijo a Martí Noticias que acudió a las autoridades eclesiásticas tras negársele, a inicios de mayo, la visita familiar a su hijo en la cárcel Combinado del Este, en La Habana. El joven afrodescendiente lleva cerca de 60 días sin derecho a visitas. El padre ha denunciado a las autoridades del penal de "racismo y ensañamiento" contra su hijo.

"Había coordinado una cita con Monseñor Eloy en el Arzobispado de La Habana y cuando llegó el día de la entrevista, cuando voy a salir de mi vivienda, me encuentro dos patrullas (de la policía) y como seis agentes de la Seguridad del Estado que me impidieron salir", detalló Aguilar.

El padre del preso político denunció que cada vez que intenta reunirse con un funcionario de otro país que visita Cuba para hablar sobre la situación de su hijo y pedir ayuda, las autoridades se lo impiden.

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"Yo, simplemente, quiero pedirle a cualquier persona, o alto funcionario, o que pertenezca a alguna iglesia, que vayan a visitar los presos, que ellos son la verdad, la verdad está encarcelada. Y no se me permite reunirme con nadie. No hay libertad de movimiento, no hay libertad de expresión", subrayó.

Aguilar explicó los motivos por los que solicitó una cita con el Obispo Auxiliar.

"Él es el que atiende los casos de los presos aquí, por la religión, y yo pedí una cita con él para preguntarle por qué los presos políticos están siendo torturados, están siendo amenazados, se les quitan las visitas, como hicieron conmigo y con mi hijo, no se les da la debida alimentación y la atención médica", dijo.

Agregó que quería explicarle todo esto al líder religioso, y pedirle que intercediera por la liberación de su hijo y los otros presos de conciencia que permanecen encarcelados en la isla.

La Iglesia Católica ha solicitado a las autoridades cubanas el cese de la represión contra los ciudadanos y la liberación de los presos políticos. A principios de 2023, el cardenal Beniamino Stella viajó a La Habana y reclamó, en nombre del Papa Francisco, la liberación de los manifestantes presos del 11J.

"Estuve sitiado sin una orden de un fiscal. Soy un padre que defiende a su hijo y me tratan como si yo fuera un criminal", concluyó Aguilar.

Walnier Luis Aguilar Rivera tiene un diagnóstico de deficiencia intelectual. Fue condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de "sedición" tras manifestarse, el 11 de julio de 2021, en el reparto La Güinera, en Arroyo Naranjo, La Habana, durante las protestas populares que tuvieron lugar ese día en varias localidades de Cuba.

Aguilar ha denunciado constantemente la situación de su hijo en prisión, donde no recibe el trato adecuado. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar al joven preso político debido a la gravedad de su caso.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

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