América Latina
Human Rights Watch rechaza propuesta de repetir elecciones en Venezuela
"Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico", declaró Human Rights Watch.
La organización civilista Human Rights Watch se pronunció en contra de celebrar nuevamente las elecciones presidenciales de Venezuela y de conceder una amnistía a las autoridades que han violado la ley, como han propuesto los presidentes de Brasil, Colombia y México.
En una carta a los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, la ONG precisó que repetir las elecciones presidenciales en Venezuela sería una burla y conceder una amnistía general violaría el derecho internacional.
Juanita Goebertus Estrada, representante de HRW para las Américas, dijo que una negociación creíble entre todas las partes implicadas es la mejor forma de avanzar.
"La verificación transparente e imparcial de los resultados electorales, el diálogo y la búsqueda de acuerdos, así como las garantías para que todos los venezolanos participen en política, pueden ser elementos clave de dicha solución negociada", indicó.
Texto completo de la misiva:
Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente
República Federativa de Brasil
Brasilia—BRASIL
Gustavo Petro
Presidente
República de Colombia
Bogotá—COLOMBIA
Andrés Manuel López Obrador
Presidente
Estados Unidos Mexicanos
Ciudad de México—MÉXICO
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme a VV. EE. con respecto a la crisis en Venezuela.
Como VV. EE. saben, el 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró que Nicolás Maduro había ganado las elecciones presidenciales celebradas el día anterior. Hasta la fecha, el CNE no ha hecho públicas las actas de escrutinio de las elecciones, ni ha llevado a cabo las auditorías electorales o los procesos de verificación ciudadana que exige la ley.[1] El Panel de Expertos Electorales de la ONU y el Centro Carter, que observaron las elecciones, señalaron que el proceso careció de transparencia e integridad y cuestionaron el resultado declarado.[2] En cambio, han concedido credibilidad a las actas que la oposición ha hecho públicas y que indicarían que Edmundo González ganó las elecciones por un margen significativo.[3]
Human Rights Watch está documentando la represión gubernamental que siguió al anuncio de resultados electorales por parte del CNE. Hemos recibido informes creíbles de que 23 manifestantes y transeúntes, así como un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, han muerto en el contexto de las protestas. Las fuerzas de seguridad han detenido a más de 2.000 personas, según el gobierno. El grupo de abogados pro-bono de abogados Foro Penal ha verificado más de 1.500 casos, incluidos aquellos de 130 niños y 20 personas con discapacidad. Sólo se ha informado de la liberación de 90 personas, mientras que otros cientos han sido acusados de “terrorismo”.[4] La actual oleada de detenciones arbitrarias en Venezuela parece no tener precedentes en la historia reciente del país; ha superado en promedio las tasas de arrestos de durante las prolongadas protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.[5]
En este alarmante contexto, valoramos los esfuerzos de los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos para garantizar el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de julio, así como para poner fin a las violaciones generalizadas de los derechos humanos en el país. Hemos seguido, con interés, las iniciativas lideradas por sus gobiernos para negociar una solución a esta crisis.
Seguimos creyendo que una negociación creíble entre todas las partes interesadas es la mejor manera de proteger los derechos humanos en Venezuela.[6] Como han señalado sus gobiernos, la verificación transparente e imparcial de los resultados electorales, el diálogo y la búsqueda de acuerdos, así como las garantías para que todos los venezolanos participen en política, pueden ser elementos clave de dicha solución negociada.[7] Es probable que otros componentes centrales incluyan sanciones dirigidas específicamente a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos y la corrupción asociada a estos hechos, así como incentivos para los aliados internacionales de Maduro y el sector privado que opera en Venezuela para que estos actores también promuevan el respeto de los resultados electorales y de los derechos humanos.
Sin embargo, nos preocupan tres propuestas concretas que sus gobiernos han realizado en las últimas semanas: (1) repetir las elecciones; (2) confiar en el Tribunal Supremo de Venezuela para resolver el resultado de las elecciones; y (3) conceder una “amnistía general”.
A continuación, describimos nuestras preocupaciones respecto a estas propuestas concretas, sobre la base del derecho internacional de los derechos humanos y de nuestra experiencia de varias décadas en Venezuela.
¿Repetir las elecciones?
El gobierno de Brasil ha sugerido que una posible solución a la crisis de Venezuela pasaría por repetir las elecciones.[8] Del mismo modo, el presidente Petro ha sugerido que debería haber “nuevas elecciones libres”.[9]
Como bien comprenden VV. EE., una premisa básica de cualquier elección es que debe reflejar la voluntad expresada por el pueblo y dar lugar a la transferencia pacífica del poder al candidato o candidatos vencedores de acuerdo con fórmulas preestablecidas.
Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico. Tal propuesta, que sería inaceptable en cualquier país, sería especialmente problemática en Venezuela dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos se vieron obligados a superar para participar en las elecciones del 28 de julio, incluyendo violaciones generalizadas de derechos humanos, que hicieron que la elección fuera marcadamente injusta y que pusieron a muchos votantes y candidatos en riesgo de sufrir abusos por parte del gobierno.[10]
Además, desde las elecciones, el gobierno de Maduro ha tomado medidas para que cualquier proceso electoral sea aún más injusto. Ha detenido a miembros de la oposición, amenazado con encarcelar a González y la líder de la oposición María Corina Machado, aprobado una ley que otorga al gobierno amplios poderes para cerrar ONG, y propuesto leyes para restringir aún más la observación electoral internacional.[11]
Aunque rechazamos la idea de repetir las elecciones, coincidimos con sus gobiernos en que una solución a la crisis en Venezuela debería incluir garantías para que todos los partidos políticos participen en los asuntos públicos. Como en otros países, eso requeriría garantizar la participación de personas con opiniones políticas diversas, incluyendo aquellos aliados de Maduro en diferentes instituciones del Estado venezolano como la Asamblea Nacional y las gobernaciones. También requeriría el fin de la persecución arbitraria de los líderes de la oposición y otros críticos, y la liberación de todas las personas que permanecen detenidas arbitrariamente. Instamos a VV. EE. a seguir centrando sus esfuerzos en estas iniciativas y en garantizar el respeto a la voluntad popular reflejada en las elecciones del 28 de julio.
El rol del Tribunal Supremo de Justicia
Sus gobiernos han declarado que “las disputas sobre el proceso electoral deben resolverse por la vía institucional”.[12] El gobierno de México ha dicho que estaba “a la espera de la resolución de la Sala Electoral del Tribunal Supremo” respecto a la elección.[13] El presidente López Obrador interrumpió su participación en los diálogos de sus gobiernos sobre Venezuela mientras el tribunal dictaba sentencia.[14]
Como VV. EE. saben, el 22 de agosto, el Tribunal Supremo “convalidó categóricamente” los resultados electorales anunciados por el CNE y exhortó a las autoridades electorales a “publicar los resultados definitivos”.[15] El tribunal dijo también que las actas de escrutinio hechas públicas por la oposición eran “presuntamente falsas o forjadas” e instó a las autoridades a investigar la “zozobra” que estas habían causado en la población.[16]
Afortunadamente, el presidente López Obrador dijo tras la sentencia que su gobierno “va a esperar que den a conocer las actas” antes de reconocer a un ganador en la elección. Su excelencia señaló que, si bien el “Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro… al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas”.[17] De la misma manera, el presidente Petro y el presidente Lula da Silva tomaron nota de la sentencia y reiteraron que “que siguen aguardando la difusión, por parte del Consejo Nacional Electoral, de las actas desglosadas por mesa de votación”.[18]
En efecto, varios expertos venezolanos han cuestionado si la Sala Electoral del Tribunal Supremo era el órgano competente para resolver este caso.[19] Asimismo, un gran número de autoridades internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coinciden en que el Tribunal carece de independencia y credibilidad.[20]
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, sobre la base del examen preliminar de su oficina, ha identificado varios factores “que afectan a la independencia y la imparcialidad” de los jueces del Tribunal Supremo de Venezuela. Entre estos, que la mayoría de los jueces “al parecer tienen conexiones con el actual partido político en el poder”, que algunos fueron nombrados en violación de la legislación venezolana y que existen acusaciones creíbles de que los jueces son nombrados “debido a su lealtad percibida hacia el gobierno”.[21]
Del mismo modo, los expertos de la ONU que forman parte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela han documentado acusaciones creíbles de que los magistrados del Tribunal Supremo “reciben habitualmente órdenes con respecto a la forma de decidir las sentencias” por parte del poder ejecutivo.[22]
En lugar de proteger el derecho de los venezolanos a participar en elecciones libres y justas, el Tribunal ha desempeñado un papel destacado en el debilitamiento del proceso electoral de 2024. En enero de 2024, el Tribunal confirmó la decisión de impedir que Machado, así como Henrique Capriles, se presentaran a las elecciones.[23] El Tribunal también ha nombrado en repetidas ocasiones a partidarios del gobierno para ocupar cargos de dirección en partidos de oposición como Acción Democrática, Primero Justicia y, más recientemente, el Partido Comunista de Venezuela, lo cual socava la autonomía de estos partidos políticos.[24]
Además, tras el anuncio de los resultados electorales, el Tribunal Supremo felicitó a Nicolás Maduro por su “reelección”, y afirmó que el proceso electoral ocurrió “en paz” y fue “transparente, eficiente, auditable y ejemplo en el mundo”.[25]
Dado este contexto, la decisión final del Tribunal Supremo no constituye un análisis creíble de los resultados electorales ni de la legislación venezolana, que inspire confianza o aceptación generalizadas. Por ello, instamos a sus gobiernos a que insistan en una verificación independiente de los resultados, que debería llevar a cabo una tercera parte creíble e imparcial.
¿Una “amnistía general”?
El presidente Gustavo Petro ha sugerido que debería haber una “amnistía general” de alcance “nacional e internacional” en Venezuela.[26]
Como VV. EE. saben, en virtud del derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.[27] La Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al igual que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, ha documentado graves violaciones de derechos humanos en el país. La Misión ha identificado motivos razonables para creer que miembros del gobierno de Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios y torturas.[28] Por otra parte, la Fiscalía de la CPI lleva a cabo, desde 2021, una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en el país.
Respetar estas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos requerirá investigaciones penales estratégicas que prioricen la judicialización de los máximos responsables de atrocidades y se centren en los crímenes más graves y notorios.
Junto con la obligación de investigar y enjuiciar abusos graves, pueden ser necesarios mecanismos de justicia transicional para reparar los daños, restablecer el Estado de derecho y garantizar la no repetición tras un conflicto o crisis como la que se vive en Venezuela. Dichos esfuerzos pueden conllevar reformas legales y mecanismos creíbles que garanticen la verdad y el acceso a justicia reparativa y restaurativa.
Como demuestra la reciente experiencia en Colombia, las amnistías condicionadas que no sean absolutas también pueden desempeñar un rol importante en estos contextos.[29] Sin embargo, la propuesta del presidente Petro, formulada en términos generales y amplios, violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades. Del mismo modo, dicha propuesta no garantizaría la seguridad jurídica de todas las partes interesadas en Venezuela, ya que cualquier amnistía que contradiga el derecho internacional podría ser fácilmente derogada o desestimada por jurisdicciones nacionales, extranjeras o internacionales en el futuro.
Esperamos que VV. EE. puedan tener en cuenta estas recomendaciones mientras prosiguen sus esfuerzos para encontrar una solución a la crisis en Venezuela. Quedo a su disposición para seguir discutiendo este asunto y compartir información adicional sobre la situación en Venezuela.
Juanita Goebertus Estrada
Directora
División de las Américas
Human Rights Watch
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Congreso español reconoce triunfo opositor en Venezuela; legisladores de EEUU exigen que Maduro rinda cuentas
Diputados españoles exigen que Edmundo González Urrutia se reconocido como presidente y que la Unión Europea reinstaure las sanciones al régimen de Maduro. Senadores estadounidenses demandan que los responsables de la represión sean llevados ante la justicia.
El Congreso de los Diputados de España respaldó el reconocimiento del opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y una iniciativa bipartidista en Estados Unidos exige que Nicolás Maduro y su círculo de poder rindan cuentas por la represión desatada tras los comicios presidenciales del 28 de julio.
Los legisladores españoles del Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria (CC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) lograron que se aprobara, con 177 votos a favor, el texto que exige el reconocimiento de Edmundo González como presidente "legítimo".
Además, pide al ejecutivo que demande ante la Unión Europea el reconocimiento de González Urrutia y la reinstauración de las sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro y que sean ampliadas hacia los intereses económicos de los "colaboradores de la dictadura".
El documento aborda también la necesidad de reforzar las medidas de seguridad personal para María Corina Machado y González Urrutia y que sean considerados como los "únicos interlocutores legítimos" en las negociaciones para la transición democrática.
Según plantea la resolución, el reconocimiento de la victoria se basa en "la reiterada negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados en tiempo y forma, la publicación por parte de la oposición del 83,5% de las actas verificables que demuestran un categórico resultado electoral, y los pronunciamientos oficiales de instituciones internacionales como el Centro Carter, Naciones Unidas, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, el español Josep Borrell".
Propuesta bipartidista en EEUU
Un grupo de senadores estadounidenses republicanos y demócratas están exigiendo en un comunicado que los responsables "rindan cuentas por los crímenes de lesa humanidad que tanto Maduro como su círculo cercano han cometido".
Los republicanos Marco Rubio, de la Florida, y Bill Cassidy, de Louisiana; y los demócratas Ben Cardin, de Maryland, y Tim Kaine, de Virginia, demandaron la libertad inmediata de todos los presos políticos y el fin de los ataques por parte de Maduro al pueblo venezolano, incluyendo a la líder opositora María Corina Machado y a su equipo que sigue siendo objetivo de persecución.
“Más de un mes tras haberse enfrentado a una derrota en las urnas, la represión autoritaria por parte del dictador Nicolás Maduro persiste. En vez de proporcionar evidencia para respaldar sus afirmaciones fraudulentas de una victoria electoral, Maduro ha recurrido a su habitual manual de represión violenta y al uso de sus servicios de seguridad para censurar y reprimir a los manifestantes pacíficos que exigen que se respete su voto. La brutal represión ha sido categorizada como 'Terrorismo de Estado' por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", indica el texto.
Machado afirmó el lunes que no dejará Venezuela: "Si algo cambia la salida de Edmundo, desde una perspectiva que pueda incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé; pero en todo caso yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí mientras que él lo hace desde afuera".
Senado de México aprueba controversial reforma judicial tras interrupción de manifestantes
El Senado de México aprobó el miércoles de madrugada una propuesta de reforma al poder judicial, el trámite más importante para una controversial enmienda constitucional que hará que todos los jueces se elijan en elecciones, un cambio que los críticos temen politice la rama judicial y ponga en peligro la democracia mexicana.
La votación se celebró unas horas después de una irrupción de manifestantes que obligó a la cámara a interrumpir la sesión cuando el partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consiguiera los votos necesarios para aprobar la medida.
La iniciativa se aprobó la semana pasada con facilidad en la cámara baja, donde Morena y sus aliados tienen una amplia mayoría. El Senado era el mayor obstáculo para la propuesta, que requería deserciones de legisladores opositores para salir adelante.
Uno de esos cambios de posición llegó el martes del opositor Partido Acción Nacional (PAN), cuando un legislador que antes se había posicionado en contra de la reforma pidió una baja médica y su padre, un exgobernador, sugirió que votaría a favor.
El Senado votó la iniciativa dos veces con idéntico resultado de 86-41, la segunda votación en torno a las 4 de la madrugada.
La propuesta necesita ahora la ratificación de las legislaturas de 17 de los 32 estados de México. Se cree que el partido en el gobierno tiene el apoyo necesario tras sus buenos resultados en elecciones recientes.
Edmundo González Urrutia envía mensaje a los venezolanos: La lucha es “hasta el final”
El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España el domingo tras solicitar asilo político, pidió a la comunidad internacional “redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela”
El excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, ratificó este martes el compromiso “inquebrantable” que asumió en las elecciones presidenciales del 28 de julio, y aseguró que junto a la líder María Corina Machado continuará la lucha por el objetivo que se propusieron.
González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España el domingo tras solicitar asilo político, pidió a la comunidad internacional “redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela”, a través de un mensaje leído por su hija, Carolina González, en una concentración en Madrid que fue convocada por Machado.
“La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y la haremos respetar. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos, hasta el final”, manifestó González.
“Compatriotas, no desmayen que no los defraudaré”, continuó.
El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las actas divulgadas por la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, también agradeció a los venezolanos que le dieron su voto y a quienes no pudieron hacerlo ante las “artimañas” del Consejo Nacional Electoral (CNE).
González Urrutia, no podrá declarar a la prensa o participar en manifestaciones públicas hasta tanto se regularice su situación en España, dijo este martes su abogado.
El mensaje leído por su hija es la tercera declaración de González tras su llegada a España
La primera fue un audio en el que afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas” y, el segundo, un escueto comunicado en el que aseguró que la libertad de las personas privadas de libertad que lo han apoyado es para él una “gran prioridad” y “una exigencia irrenunciable”, sin aclarar si hubo una negociación para lograr la liberación de presos políticos.
El mensaje surge el mismo día en el que el Congreso de los Diputados de España debatió una iniciativa que busca reconocer a González Urrutia como presidente electo y que será votada el miércoles. En la sesión estuvo presente su hija y los dirigentes opositores en el exilio Antonio Ledezma y Leopoldo López.
El excandidato presidencial salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación en una página web de las actas que conservaron sus testigos de mesa y que lo darían como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Nicolás Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.
Daniel Ortega retira la nacionalidad a 135 opositores y les confisca sus bienes
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua retiró la nacionalidad a los 135 opositores recientemente excarcelados y enviados a Guatemala. El gobierno sandinista también ordenó el decomiso de todos sus bienes.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, señalada por sus críticos de estar controlada por el presidente Daniel Ortega, emitió el martes una resolución en la que ordenó el despojo de la nacionalidad a 135 opositores excarcelados recientemente y enviados a Guatemala por gestiones del gobierno estadounidense.
Según la máxima autoridad judicial en Nicaragua, los excarcelados "atentaron contra la soberanía, independencia" del país y promovieron "la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica", todo ello penalizado en la Ley 1.055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz) y 1.145 (Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense).
El gobierno sandinista también ordenó el decomiso de todos los bienes de los opositores excarcelados "a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos, ocasionaron a la población y al país".
El gobierno nicaragüense no dio a conocer los nombres de los opositores excarcelados y la lista de estos se mantiene bajo sigilo.
Despojo de nacionalidad se ha vuelto una constante
La administración de Ortega ha venido despojando de la nacionalidad a sus críticos y a los excarcelados por razones políticas.
En febrero de 2023, el gobierno despojó de la nacionalidad nicaragüense a 222 opositores que fueron excarcelados y enviados a Estados Unidos luego de un acuerdo entre Washington y Managua.
Estados Unidos rechazó el despojo de la nacionalidad y mencionó que nunca se acordó esa medida posterior a la excarcelación.
A la condena por el despojo de nacionalidad de opositores se sumó Chile, Colombia y España, quienes ofrecieron su apoyo a los nicaragüenses ante esta medida.
Nicaragua vive una grave crisis social y política desde el año 2018 que surgieron protestas contra el mandatario sandinista las cuales catalogó como un "fallido golpe de Estado".
Las protestas dejaron más de 300 muertos, así como miles de heridos y exiliados.
"Pareciera que seguiremos los pasos de Cuba"; se desvanece esperanza de un cambio político en Venezuela
La salida del candidato opositor Edmundo González mató la ilusión de muchos venezolanos que confiaron en que una transición de poder sería posible. Algunos temen que el régimen chavista se consolide en el poder como lo ha hecho el de La Habana.
La salida de Venezuela del excandidato presidencial opositor, Edmundo González, ha reducido aún más las esperanzas de un cambio político, dijeron votantes y analistas, mientras el presidente Nicolás Maduro hace caso omiso a la limitada presión diplomática de Estados Unidos y otras naciones por los disputados resultados de los comicios de julio.
Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que la votación del 28 de julio fue ganada por Maduro, que está en el poder desde 2013. Mientras, la oposición ha dicho que los recuentos recopilados por sus observadores muestran una rotunda victoria de González.
Después de ser amenazado con ser detenido, González salió de Venezuela el fin de semana, y algunos otros venezolanos están optando por hacer lo mismo.
Los que se quedan están renunciando en gran medida a cualquier esperanza de una transición, porque les recuerda que las protestas posteriores a las elecciones se han desvanecido y las medidas punitivas del exterior aún no se han materializado.
"Creía que podía darse un cambio, pero ahora no sé, pareciera que seguiremos los pasos de Cuba", dijo Ender López, un docente de 56 años, en la central ciudad de Valencia, y cuyos dos hijos ya han emigrado. "Algunos confían en los actores internacionales, pero ya no creo que hagan nada".
Algunos venezolanos ya han optado por unirse a una monumental diáspora global de más de 7,7 millones de personas y ahora parece probable que más personas sigan su ejemplo.
"Estoy buscando una vida mejor", dijo la migrante Alejandra Medina, quien durmió en el suelo durante dos noches con sus hijos de 4 y 2 años, en Pacaraima, una ciudad fronteriza brasileña que ha visto un fuerte aumento en los cruces desde Venezuela tras las elecciones.
En agosto, 12.325 venezolanos llegaron a Pacaraima, según la Policía Federal de Brasil, frente a los 8.050 de junio. La agencia de migración en Colombia, donde viven unos 2,8 millones de venezolanos, no respondió a una solicitud de comentarios.
La líder opositora, María Corina Machado, quien dijo la semana pasada que quiere que la comunidad internacional haga "mucho más", instó el lunes a los países a reconocer a González como presidente electo, diciendo que continuará su lucha por el cambio desde España, donde busca asilo político.
Pero un intento fallido de muchos países occidentales de apoyar la creación de un gobierno paralelo en 2019 por parte del exlíder opositor Juan Guaidó, basado en argumentos de que la reelección de Maduro en 2018 fue ilegítima, resalta los riesgos de esa estrategia.
Guaidó partió en abril del 2023 a Estados Unidos, la oposición pidió fin de ese gobierno en la sombra y los esfuerzos diplomáticos se trasladaron a negociaciones entre la oposición, Estados Unidos y el gobierno de Maduro.
Esas conversaciones llevaron a un acuerdo sobre las condiciones electorales firmado en Barbados en octubre pasado, la liberación de docenas de venezolanos vinculados a la oposición y 10 estadounidenses, así como el alivio temporal de las sanciones de la era del expresidente Donald Trump.
Los esfuerzos duraron poco y fracasaron incluso antes de las elecciones. Estados Unidos en abril volvió a imponer restricciones a la industria petrolera en respuesta al incumplimiento de Maduro de sus compromisos electorales, aunque permitió licencias específicas.
Los funcionarios estadounidenses han defendido la reciente respuesta cautelosa de Washington, insistiendo en que están coordinando cualquier acción futura con socios regionales e internacionales.
Pero personas familiarizadas con el asunto consideran que las opciones de Estados Unidos son limitadas y dicen que Venezuela está compitiendo por la atención con prioridades como el conflicto entre Israel y Hamás, la guerra de Rusia en Ucrania y la creciente influencia de China en el Indo-Pacífico.
El Gobierno del presidente Joe Biden está ultimando una lista de funcionarios venezolanos y sus familias que enfrentarán sanciones individuales y prohibiciones de visas estadounidenses, según fuentes, pero el momento de cualquier anuncio sigue sin estar claro.
Los funcionarios estadounidenses han expresado en privado sus dudas sobre las acciones, que infligirían graves daños a la economía venezolana, por temor a que pudieran estimular un mayor flujo de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. La migración es un tema candente en la apretada campaña presidencial estadounidense.
Cuando se le preguntó sobre las críticas a Estados Unidos por su lento accionar y si cualquier acción ahora podría ser considera muy pequeña o muy tarde, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca reiteró el lunes la postura del Gobierno, diciendo que Estados Unidos está "considerando una gama de opciones".
"Si la caída de Maduro fuera inminente o si las negociaciones sobre una transición estuvieran en curso, (González) no habría abandonado el país, en nuestra opinión", dijo el banco de inversión BancTrust en una nota del lunes, agregando que no era probable que hubiera conversaciones hasta después de las elecciones estadounidenses.
La comunidad internacional sabe por experiencia que no habrá negociaciones a menos que personas dentro del gobierno venezolano y los militares, aliados de Maduro desde hace mucho tiempo, presionen para que se realicen, dijo el abogado y analista Mariano de Alba.
"Hay temor de que las herramientas de la presión internacional terminen teniendo un impacto negativo en las perspectivas de resolución del conflicto", dijo, explicando que la presión externa podría unir aún más al gobierno.
Brasil, cuyo presidente Luiz Inácio Lula Da Silva tradicionalmente ha tenido relaciones amistosas con Maduro, ha sido un país que ha mantenido un contacto estrecho con Venezuela.
El gobierno de Venezuela revocó el sábado la autorización a Brasil para representar los intereses argentinos en el país, incluida la administración de la residencia diplomática donde se refugian seis opositores, lo que provocó la condena de Argentina y la sorpresa de Brasil.
Una fuente diplomática brasileña reconoció el lunes que la salida de González "debilita la posición de la oposición" y agregó que "entendemos por qué necesitaba irse (...) Pero fortalece a Maduro".
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