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"Huelga a lo cubano" resiste en Sancti Spiritus precios topados de alimentos


Un punto de venta de productos del agro en Sancti Spiritus

Periodista oficialista dice que, en dos semanas, los operadores de 114 puntos de venta de cooperativas, empresas y agricultura urbana, cerraron en la provincia. Otros esconden sus mercancías, cambian horarios o cobran precios no marcados.

La reportera oficialista Elsa Ramos Ramírez describe en el sitio web de Radio Sancti Spiritus como “una especie de huelga a lo cubano, por más dura que nos suene la palabra y el hecho no se contemple en nuestros cuerpos jurídicos”, la resistencia que están haciendo en esa provincia productores y distribuidores de productos del agro desde que el Gobierno topó los precios de 23 de los más demandados renglones el pasado 3 de mayo.

Como han previsto varios economistas, entre ellos el oficialista Pavel Vidal, Ramos Ramírez confirma que “para algunos bajaron los precios, pero se ahuyentaron varios productos”.

La periodista oficialista Elsa Ramos Ramírez.
La periodista oficialista Elsa Ramos Ramírez.

Precisa que “en la primera semana de la Resolución (del Ministerio de Finanzas y Precios) 36 puntos de venta cerraron. Pasadas dos semanas, la cifra subió a 114 (…) pero no son solo puntos cerrados En las ferias dominicales ha bajado la concurrencia y se cometen violaciones, la oferta en algunos puntos es irrisoria y los MAE (Mercados Agropecuarios Estatales) por días dejan ver huecos en sus ventas, a pesar de que hasta abril, según los números, Acopio había vendido unos 8,7 millones de pesos más que igual etapa del año anterior”.

La periodista apunta que “la negativa incluye a cooperativas de créditos y servicios, puntos de la agricultura urbana, empresas, Acopio, y abarca a todos los municipios”.

Asimismo, expone algunas de las razones alegadas: “Muchos no están de acuerdo con los nuevos precios en tanto atentan contra sus ganancias históricas, otros dicen no tener garantía de productos pues como se sabe se nutren de lo que compran en ferias, en mercados o lo que le traen los intermediarios desde el campo. Otros se cuestionan, con razón, por qué regularon aquí a los carretilleros y no en La Habana”.

Explica también cómo lo están haciendo en la práctica: “esconder las mercancías, cambiar los horarios de venta, evadir la justicia. Los medios resultan pródigos en ejemplos de carretilleros vendiendo a precios superiores a los establecidos en ley y también de la añeja práctica de un precio en la tablilla y otra en la realidad de no pocos puntos de venta (…) Después de aplicada la resolución cuerpos policiales y directivos agrícolas por la vía de la compra forzosa, que es como se le llama al decomiso, han recuperado más de mil quintales de productos agrícolas que eran trasladados en camiones por debajo del telón, y en la indisciplina se incluían cooperativas campesinas como la Hermanos Calero y Alfredo López Brito de Cabaiguán”.

La comunicadora, que llama a las autoridades a hacer cumplir la resolución a como dé lugar, se suma a la corriente alentada por el Gobierno que culpa por la constante alza de precios de los alimentos al “irritante actuar de quienes han abusado del bolsillo del pueblo durante todos estos años” (los intermediarios) y califica la actitud de los amotinados como “un enfrentamiento directo a lo que el Estado dispuso para proteger a la población”.

En un reciente análisis publicado en la web Cuba Posible el economista Vidal señalaba que el tope de los precios y la vuelta al ineficiente sistema de Acopio eran “la peor secuela” del reciente VII Congreso del Partido Comunista, y que el problema de la carestía de los alimentos no es causado por los intermediarios, sino por una menor oferta (vinculada con la sequía y desalentadoras limitaciones normativas y materiales para producir), conjugada con una mayor demanda (en la que inciden el incremento del turismo y la apertura de nuevas “paladares” o restaurantes privados).

La laureada periodista Ramos señala que las autoridades no se han quedado de brazos cruzados, pues han impuesto en dos semanas multas que superan los 12 mil pesos, y “más de uno ha pasado por los tribunales, por más que duela reconocer que es una derrota tener que conseguir casi a punta de pistola lo que no hemos podido por convicción para darle de comer a la gente”.

También urge a tomar medidas enérgicas a “los funcionarios gubernamentales sobre quienes recae en última y primera instancia, la responsabilidad de garantizar que una resolución ministerial no sea burlada en tarimas o carretillas”.

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