Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha encendido la alarma roja sobre el retroceso de Guatemala en lo que a defensa de los Derechos Humanos se refiere.
En un informe recientemente publicado, la organización advierte que el país centroamericano corre el peligro de perder los notables avances obtenidos entre 2007 y 2018, década en la cual Guatemala pudo, al fin, empezar a sanar desde adentro las graves heridas ocasionadas por la guerra civil apenas finalizada en los últimos años del siglo pasado, cuando, a partir de 2009, ex comisionados militares, junto a integrantes de la policía y del ejército -incluidos los altos mandos- fueron llevados al banquillo de los acusados, siendo juzgados y sentenciados en una acción hasta entonces sin precedentes en la historia guatemalteca.
“El acceso a la justicia está recibiendo fuertes golpes de los que Guatemala no podrá recuperarse si no se toman medidas ahora -afirma Guevara Rosas en su informe-. Es necesario detener inmediatamente las acciones impulsadas por las más altas autoridades y asegurar que cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos llegue a la justicia”.
Este descenso en la observancia de los Derechos Humanos, la transparencia y la lucha contra la impunidad, se viene evidenciando a partir de 2015, cuando asciende Jimmy Morales a la presidencia de Guatemala y, poco después, lanza por tierra las promesas de justicia y respeto a los derechos de los ciudadanos anunciando la próxima desaparición de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que deberá cesar sus funciones a partir del 3 de septiembre del presente año.
En el informe también se hace notar la inactividad de la Fiscal General Consuelo Porras, quien no muestra intención de tomar acciones para asegurar la continuidad del trabajo de las fiscalías que colaboran con el CICIG, con lo cual se corre el riesgo de que se pierdan las más de 70 investigaciones abiertas.
“La Fiscal General no puede frenar -advierte Guevara Rosas- el impulso que ha vuelto a dar esperanzas a miles de personas en el país. Tiene la gran responsabilidad y obligación de evitar que los casos de violaciones de derechos humanos y de corrupción queden en la impunidad. Es tiempo de dejar las palabras y tomar acción para brindar condiciones, recursos y seguridad que permitan a las y los fiscales continuar las investigaciones abiertas, para que se haga justicia en Guatemala”.
(Nota basada en el Informe de Amnistía Internacional del 9 de julio de 2019)