Estados Unidos
Gobierno federal de EEUU se queda sin fondos para operar
En una previsible votación del Senado, una medida de financiamiento temporal que necesitaba 60 votos para ser aprobada sólo obtuvo 50. Los demócratas exigen que no se deporte a unos 700.000 jóvenes inmigrantes. El Congreso continúa buscando hoy una solución
El cierre del gobierno federal de Estados Unidos por falta de fondos entró en vigor a la medianoche del viernes, suspendiendo todas las operaciones a excepción de las esenciales y empañando el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump.
El Director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Mick Mulvaney, emitió anoche un memorando ordenando a las dependencias del gobierno que comenzaran el cierre.
El memo precisaba que debido a que OMB no tiene una señal clara del Congreso de que actuará para financiar al gobierno, es necesario ejecutar los planes "para un cierre ordenado" debido a la ausencia de asignaciones.
Las negociaciones de último minuto fracasaron cuando los senadores demócratas bloquearon una extensión de cuatro semanas en una votación a última hora, causando el cuarto cierre del gobierno en 25 años. La situación que derivó en el cierre gubernamental careció de drama: La votación del Senado, 50-48 era previsible (se necesitaban 60 votos para aprobar la medida) y, dado que el comienzo de las medidas excepcionales coincide con el fin de semana, muchos de sus efectos inmediatos pasarán desapercibidos por ahora para la mayoría de los estadounidenses.
Se trata del primer cierre del Ejecutivo desde octubre de 2013, cuando el entonces presidente Barack Obama afrontó 16 días de parálisis por el bloqueo que ejercieron los republicanos.
Entonces, Obama mandó a sus casas, suspendidos de empleo, a más de 800.000 trabajadores públicos ─los considerados "no esenciales"─
cerró museos y parques nacionales y canceló tratamientos experimentales en los centros médicos de investigación federales.
El Congreso convocó una sesión extraordinaria para este sábado a fin de empezar a estudiar una versión de la medida de gastos a corto plazo para tres semanas, y de paso aclarar que está trabajando mientras entra en vigor el cierre.
La entrada en vigor del cierre gubernamental no está exenta de riesgos políticos para ambos partidos, que apuestan porque los votantes castiguen al otro en la cita en las urnas de noviembre próximo.
Tras horas de reuniones a puerta cerrada y llamadas telefónicas, el Senado votó a última hora de la noche el plan aprobado previamente por la Cámara de Representantes. Un puñado de demócratas cambiaron el sentido de su voto y respaldaron la medida en lugar de asumir un posible costo político, mientras que cuatro republicanos votaron en contra.
Incluso antes de la votación, Trump se mostró pesimista sobre el resultado y tuiteó "No pinta bien". El mandatario culpó por la situación a los demócratas, quienes, según dijo, querían que el cierre “ayudase a reducir el éxito” de la reforma fiscal que él y los republicanos sacaron adelante el mes pasado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificó más tarde a los demócratas de "perdedores obstruccionistas”.
Un puñado de demócratas cambiaron el sentido de su voto y respaldaron la medida en lugar de asumir un posible costo político, mientras que cuatro republicanos, entre elllos el senador por Arizona Jeff Flake, votaron en contra.
La Seguridad Social y la mayor parte de los programas de bienestar social no se verán afectados por la paralización de las autoridades federales. Las funciones críticas del ejecutivo se mantendrán, y los miembros de los servicios uniformados, inspectores sanitarios y agentes de la ley trabajarán sin sueldo. Pero si no se alcanza un acuerdo antes del lunes, cientos de miles de empleados federales quedarán temporalmente sin trabajo.
La mayoría de los demócratas rechazaron la ley de gastos en un esfuerzo por presionar a la Casa Blanca para lograr un acuerdo que proteja a los inmigrantes “dreamers”, que llegaron al país de forma ilegal cuando eran niños y no tienen los papeles en regla, antes de que el programa que los ampara expire en marzo.
Como era de esperar, ambos partidos se apresuraron para culparse mutuamente.
Los demócratas responsabilizaron a los republicanos, que controlan las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca y han tenido problemas para lograr un consenso interno.
Los republicanos, por su parte, declararon que la responsabilidad recae en los demócratas tras negarse a proporcionar los votos necesarios para superar el bloqueo en el Senado por su deseo de forzar la aprobación de una ley para proteger de la deportación a más de 700.000 jóvenes inmigrantes.
¿Cómo partes clave del gobierno federal se verán afectadas por el cierre?
Servicio de ingresos internos
Un plan de cierre publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro muestra que casi el 44 por ciento de los 80,565 empleados del Internal Revenue Service (IRS), estarán exentos de ser suspendidos durante el cierre. Eso significa que deberán ser enviados a casa casi 45,500 empleados cuando la agencia se está preparando para el inicio de la temporada de presentación de impuestos y asimilando grandes cambios realizados por la nueva ley impositiva del Partido Republicano.
Departamento de Salud y Servicios Humanos
La mitad de los más de 80,000 empleados serán enviados a casa. Los programas clave continuarán funcionando porque sus fondos tienen una autorización continua y no dependen de la aprobación anual del Congreso. Pero pueden ocurrir interrupciones críticas en la vasta jurisdicción de los programas, incluido el de "gripe estacional". Medicare, que asegura a casi 59 millones de personas mayores y discapacitadas, continuará. Y también lo hará Medicaid, que cubre a más de 74 millones de personas discapacitadas y de bajos ingresos, incluida la mayoría de beneficiarios de ancianatos. Los estados continuarán recibiendo pagos por el Programa de Seguro de Salud para Niños, que cubre alrededor de 9 millones de beneficiarios. Sin embargo, el financiamiento a largo plazo para el programa se agotará pronto a menos que el Congreso actúe para renovarlo. En lo profundo de una dura temporada de gripe, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no podrán apoyar el programa anual de gripe estacional del gobierno. Y la capacidad de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), para responder a los brotes de enfermedades se reducirá significativamente.
El Departamento de Justicia
Cerca de 115,000 empleos encargados de la seguridad pública del Departamento de Justicia, se les permitirá seguir trabajando durante el cierre. El asesor especial del equipo de Robert Mueller que investiga la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016 también continuará trabajando, pero su oficina se cerrará indefinidamente. Los más de 95,000 empleados que están "exentos" incluyen a la mayoría de los miembros de la división de seguridad nacional, abogados estadounidenses y la mayor parte del FBI, la Administración Antidrogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles Federales y la Prisión Federal. Los casos criminales continuarán, así como también los casos civiles que se pospondrán siempre que no comprometa la seguridad pública. La mayoría de los entrenamientos policiales se cancelarán, para el plan de contingencia del departamento.
Departamento de Estado
Muchas de las operaciones del Departamento de Estado continuarán cerradas. El procesamiento de pasaportes y visas, que en gran parte se autofinancia con las tarifas al consumidor, no se cerrará, pero su sede en Washington, DC, con 300 embajadas, consulados y otras misiones diplomáticas en todo el mundo, serán suspendidas.
Departamento de Defensa
Los militares de EE. UU. continuarán luchando en misiones en todo el mundo, incluidos Iraq, Siria y Afganistán. Sin embargo, aunque deben reportarse, no serán pagados hasta que el Congreso apruebe los fondos.
Agencias de inteligencia de los EE.UU.
La mano de obra de 17 agencias de inteligencia de los Estados Unidos se reducirá significativamente. Si bien pueden mantenerse en su lugar de trabajo, no se les puede pagar durante el cierre. En el pasado, sin embargo, se les pagó retroactivamente, incluso si se les ordenó quedarse en casa.
Departamento de Seguridad Nacional
Un vocero del departamento dijo que casi el 90 por ciento de los empleados se consideran esenciales y que continuarán desempeñando sus funciones durante el cierre del gobierno. La mayoría de los empleados de Aduanas, Protección Fronteriza y Administración de Seguridad en el Transporte permanecerán en el trabajo, de acuerdo con el plan de cierre del departamento. El Servicio de Inmigración y Aduanas será del 78 por ciento, lo que significa que más de 15,000 de los empleados de la agencia seguirán trabajando. El Servicio Secreto retendrá a más de 5,700 empleados durante el cierre.
Departamento del Interior
El Departamento del Interior dijo que los parques nacionales y otras tierras públicas seguirán siendo lo más accesibles posible. Esta posición es distinta respecto a cierres anteriores, cuando la mayoría de los parques se cerraron y se convirtieron en símbolos de alto perfil de disfunción.
Departamento de Transporte
Más de la mitad - 34,600 - de los 55,100 empleados del Departamento de Transporte continuarán trabajando en el cierre. La mayoría de los que se quedan son de la Administración Federal de Aviación, que opera el sistema nacional de control de tráfico aéreo. Los controladores y los inspectores de aviación, oleoductos y seguridad ferroviaria se encuentran entre los que continuarían trabajando, para certificar nuevas aeronaves, entrenar nuevos pilotos de aire, entrenar nuevos controladores y certificarse. En la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, se les pedirá a los investigadores que revisen la situación y se someterán a pruebas. La Administración Federal de Carreteras y la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, cuyas operaciones se pagan en gran medida con cargo al Fondo Fiduciario Federal de Autopistas, continuarán con la mayoría de sus funciones. Los ingresos del fondo provienen de los impuestos federales y los impuestos al diesel, que se seguirán recaudando.
Institutos Nacionales de Salud
El Dr. Anthony Fauci, jefe de enfermedades infecciosas de la agencia, dijo que las operaciones no se vería afectadas. El NIH es la agencia principal del gobierno responsable de la investigación biomédica y de salud pública en 27 institutos y centros. Su investigación abarca desde estudios de cáncer hasta pruebas y creación de vacunas.
Agencia de Protección Ambiental
El administrador de EPA Scott Pruitt, dijo en un correo electrónico a todos los empleados de la EPA que el organismo tenía "recursos suficientes para permanecer abierto durante un tiempo limitado".
(Con información de AP, EFE, The Hill y VOA)
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Senado desestima cargos de juicio político contra Mayorkas
El Senado desestimó todos los cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poniendo fin a la iniciativa de los republicanos en la Cámara de Representantes para destituir al funcionario por su manejo de la situación en la frontera con México y poniendo fin al proceso incluso antes de que comenzaran los argumentos.
Los senadores votaron a favor de desestimar los dos artículos que, según los republicanos, justificaban iniciar un juicio político. Los demócratas argumentaron que los artículos eran inconstitucionales. El primer artículo acusaba a Mayorkas de “negativa deliberada y sistémica a cumplir” con la ley de inmigración. El segundo lo acusaba de “abuso de confianza” por decir que la frontera estaba segura. Ambas votaciones fueron 51-48 según líneas partidistas, con la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votando “presente”.
Previamente, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que buscaría desestimar el juicio argumentando que los dos artículos acusatorios presentados por los republicanos “no cumplían con los estándares de delitos y faltas graves” y esto podría sentar un precedente peligroso.
"Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político para los raros casos en que realmente lo necesitamos, los senadores deberían desestimar las acusaciones de hoy”, dijo Schumer, demócrata por Nueva York, al abrir la sesión del Senado.
En febrero, la Cámara de Representantes aprobó por estrecha mayoría someter a Mayorkas a un juicio político por su manejo de la situación en la frontera con México, argumentando en los dos artículos que el funcionario “intencional y sistemáticamente” se negó a implementar las leyes migratorias. Los responsables de la Cámara de Representantes presentaron los cargos ante el Senado el martes, de pie en la tribuna del Senado y leyéndolos en voz alta ante una audiencia cautiva de senadores.
Una desestimación total de la acusación, sin posibilidad de argumentar el caso, iba a ser una derrota embarazosa para los republicanos y para el asediado presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que hizo de la destitución una prioridad. Y es probable que tenga resonancia política tanto para los republicanos como para los demócratas en un año de elecciones presidenciales en el que la seguridad fronteriza ha sido uno de los temas principales.
Los republicanos argumentan que el presidente Joe Biden ha sido débil en la frontera, ya que las detenciones por cruces ilegales se dispararon a más de 2 millones de personas durante los dos últimos años de su mandato, aunque han disminuido desde un récord de 250.000 en diciembre, debido a la intensificación de la aplicación de la ley en México. Los demócratas afirman que, en lugar de someter a un juicio político a Mayorkas, los republicanos deberían haber aceptado un compromiso bipartidista del Senado destinado a reducir el número de inmigrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos.
Cuando firmó los artículos de juicio político el lunes antes de enviarlos a través del Capitolio, Johnson dijo que Schumer debe convocar un juicio “para que quienes orquestaron esta crisis rindan cuentas”.
Schumer “es el único impedimento para que el pueblo estadounidense vea que hay una rendición de cuentas”, aseguró Johnson. “De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Cámara de Representantes exige un juicio”.
Audiencia clave en el caso Rocha ¿Quiénes fueron sus víctimas y cuánto merecen en restitución?
Una audiencia clave en el caso del exdiplomático norteamericano Víctor Manuel Rocha, condenado el pasado viernes a 15 años de cárcel por trabajar clandestinamente para la inteligencia cubana, tendrá lugar el próximo 21 de julio.
De acuerdo a documentos de la corte y entrevistas realizadas por Martí Noticias el ex funcionario deberá comparecer en una audiencia judicial sobre la restitución de los daños causados a sus víctimas.
“Una sentencia federal tiene varios componentes. El primero es el tiempo a servir: en este caso es el tiempo máximo de 15 años a los dos cargos de los que él se declaró culpable: defraudar a los Estados Unidos y trabajar clandestinamente para un gobierno extranjero”, dijo Nelson Rodríguez Varela, abogado de Miami especializado en derecho penal y bienes raíces.
“La segunda parte de la sentencia es el tiempo en supervisión, que en su caso fueron tres años, y el tercer elemento es una multa de 500.000 dólares pagables al gobierno de Estados Unidos. Por último, la restitución en casos y cargos que ameriten restitución”, añadió.
En el momento de la sentencia a 15 años de prisión, impuesta por la jueza federal Beth Bloom, la fiscalía no tenía una lista de víctimas del trabajo de Rocha como agente del régimen cubano.
“La Corte no estuvo de acuerdo con que el único afectado fuera el gobierno federal y por eso ha puesto esta audiencia de restitución para identificar quiénes son las víctimas y a quiénes se le ordena la restitución”, explicó Rodríguez Varela.
Bajo los términos del acuerdo de culpabilidad, Rocha tiene que cooperar con el gobierno y aseguró que lo reparará como colaborador de las agencias de seguridad de EEUU.
"Asumo [plenamente] la responsabilidad por ello y acepto la sanción que debo pagar. Y lo que es más importante, estoy reparando, y seguiré reparando cuando sea necesario, el daño causado a través de mi colaboración incondicional con aquellos a quienes traicioné", dijo Rocha en la Corte, según reseña El Nuevo Herald.
Rodríguez Varela aseguró que la Corte buscará restituir el daño al gobierno de Estados Unidos con la devolución de todo el dinero devengado en las más de cuatro décadas de trabajo de Rocha para el régimen cubano.
“El gobierno le estuvo pagando como compensación por su trabajo mientras él violaba la confianza de Estados Unidos y cobró dinero sin estar trabajando a favor de los Estados Unidos. La Corte va a ordenar que todo ese dinero lo tenga que devolver”, dijo el abogado.
¿Además del gobierno quién más podría recibir compensación?
“La Corte va a querer saber quiénes fueron las otras víctimas en su trabajo como agente a lo largo de décadas: podrían ser, por ejemplo, los familiares de las víctimas de los Hermanos al Rescate o la familia de Oswaldo Payá”, indicó Rodríguez Varela.
El 24 de febrero de 1996 el gobierno de Cuba derribó sobre aguas internacionales dos aviones civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. La acción armada provocó la muerte de cuatro cubanoamericanos.
En el documento acusatorio contra Rocha aparece una declaración en la que el exdiplomático admite que "estaba a cargo" cuando ocurrió el derribo de las avionetas. Precisamente, entre 1995 y 1997 Rocha fue subdirector de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. "Ese fue un tiempo de mucha tensión", reconoció al agente encubierto.
El líder opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero, fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio de 2012, en una carretera de Bayamo, Granma, desde entonces su familia y reconocidas entidades internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado al régimen cubano responsable de estas muertes. La familia Payá ha demandado a Rocha civilmente.
¿Puede indemnizar Rocha económicamente a las víctimas?
Registros de la oficina del Secretario del Tribunal y Contralor de Miami-Dade, con fecha del 8 de febrero, reflejan que el acusado transfirió a su esposa, Karla Wittkop Rocha, el título de propiedad de cuatro apartamentos de lujo, valorados en 4 millones de dólares, que están ubicados en el Brickell City Center. Durante la audiencia de culpabilidad de Rocha también se conoció que había transferido dos cuentas bancarias a su esposa.
La jueza se mostró insatisfecha en ese momento por el acuerdo alcanzado por la Fiscalía. Las transferencias han hecho pensar a muchos si Rocha tendría la capacidad de afrontar las restituciones que le imponga la Corte.
“La Corte puede ordenar la restitución tenga él los fondos o no los tenga. Tenga él el dinero o no lo tenga, las víctimas tienen derecho a una restitución”, dijo Rodríguez Varela.
Según Rodríguez Varela, las transferencias que hizo Rocha a su esposa podrían ser consideradas ilícitas “al estar en función de evitar afrontar las restituciones”.
“Si las familias logran demostrar que Rocha tuvo un impacto en lo que sucedió con sus seres queridos podrían proceder contra esas propiedades en un juicio civil que no tendría nada que ver con esta sentencia”, añadió.
“Lo más importante en el caso de las víctimas es lograr demostrar a la Corte que Rocha escondió información al gobierno de Estados Unidos a favor del régimen cubano y que como resultado de sus acciones hubo daños y perjuicios a estas personas”, dijo el abogado.
EEUU y Cuba abordaron cooperación policial y penal e intercambio de información en reunión bilateral
Funcionarios estadounidenses y cubanos sostuvieron este miércoles en Washington, D.C. una discusión a nivel de trabajo bilateral en materia de aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio.
“La reunión del 17 de abril fue una discusión a nivel de trabajo. Funcionarios de los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional representaron a Estados Unidos”, dijo un funcionario del Departamento de Estado en un correo electrónico a Martí Noticias.
Añadió que “el objetivo principal de este intercambio técnico fue avanzar en las discusiones a nivel de trabajo entre Estados Unidos y Cuba”.
“La cooperación efectiva en asuntos penales puede incluir en ocasiones el intercambio de información, como información sobre fugitivos u otras personas buscadas, o comunicación en tiempo real entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Guardia Fronteriza cubana para detectar contrabandistas de personas o narcotraficantes”, dijo el funcionario.
Señaló que “estas discusiones no son una iniciativa nueva y no representan una nueva actividad diplomática entre Estados Unidos y Cuba” sino que son discusiones rutinarias a nivel de trabajo que se llevan a cabo en el marco del Diálogo más amplio sobre las fuerzas del orden entre Estados Unidos y Cuba.
Estados Unidos y Cuba celebraron su sexto diálogo sobre aplicación de la ley en febrero de 2024.
El funcionario subrayó que durante décadas, la Guardia Costera de los Estados Unidos y la Oficina de Seguridad Regional de la Embajada en La Habana han mantenido canales de comunicación a nivel de trabajo con el gobierno cubano para cooperar en temas de interés mutuo, como la migración irregular y los problemas de seguridad que enfrentan el personal diplomático y los ciudadanos estadounidenses en Cuba.
“Participar en estas conversaciones subraya el compromiso de Estados Unidos de mantener conversaciones constructivas con Cuba, cuando corresponda, para promover los intereses de seguridad de Estados Unidos”, expresó.
Asimismo dijo que “establecer y aumentar canales de cooperación policial para abordar mejor las amenazas transnacionales “no es a expensas de promover el respeto de los derechos humanos” y que “Estados Unidos integra las preocupaciones y protecciones de los derechos humanos en todas las interacciones con el gobierno cubano”.
El martes, se llevó a cabo una reunión entre funcionarios estadounidenses y cubanos sobre la migración, que según informó el Departamento de Estado a Martí Noticias, cubrió tendencias migratorias, migración irregular, retornos y repatriaciones de ciudadanos, funciones de la Embajada y otros temas relacionados”.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, explicó que son discusiones bilaterales sobre migración que se realizan dos veces al año y “reflejan el compromiso de Estados Unidos de revisar periódicamente la implementación de los Acuerdos de Migración a Cuba de Estados Unidos, que datan de 1984, garantizando un acceso seguro, ordenado, humano y regular”.
“La migración entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, consistente con nuestro interés en fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba”, declaró Miller.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo en un comunicado el martes que en las conversaciones migratorias presididas por el viceministro Carlos Fernández de Cossío, la delegación cubana reafirmó "su disposición a cumplir y respetar, como hasta el presente, los compromisos establecidos y reiteró su preocupación por las políticas y medidas de estímulo a la migración irregular que se mantienen vigentes por decisión política del gobierno estadounidense”.
Senado de EEUU pudiera poner fin rápidamente a juicio político contra Mayorkas
Los demócratas del Senado podrían poner fin al juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, este miércoles, incluso antes de que comiencen los argumentos.
La Cámara envió al Senado el martes dos artículos de juicio político contra Mayorkas, lo que lleva a un juicio bajo cargos de que se “rehusó a cumplir con las leyes federales de inmigración” en medio de una oleada histórica de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y que ha “quebrantado la confianza pública” con sus afirmaciones ante el Congreso de que la frontera es segura.
Si bien el Senado está obligado a celebrar un juicio según las reglas de juicio político, una vez que los cargos crucen el Capitolio, es posible que el proceso no dure mucho.
Se prevé que el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, convoque a una votación para desestimar los dos artículos acusatorios contra Mayorkas, una vez que los senadores sean juramentados como jurados alrededor del mediodía.
La medida cancelaría el juicio y frustraría a los republicanos que han exigido que se les permita a los fiscales de la cámara baja presentar su caso. Los demócratas parecen estar unidos en su oposición al proceso.
El martes, los senadores se sentaron en silencio mientras el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, el congresista republicano Mark Green, leía en voz alta los cargos contra Mayorkas.
"Alejandro N. Mayorkas merece un juicio politico, la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza y beneficio bajo los Estados Unidos", opinó Green.
Por su parte, Schumer dijo en el pleno del Senado que aunque quieren abordar esta cuestión lo más rápidamente possible, el juicio político “nunca debe utilizarse para resolver desacuerdos sobre política”.
“Esto sentaría un terrible precedente para el Congreso, que cada vez que haya un desacuerdo político en la Cámara, lo envíen al Senado para hacer un juicio político. Eso es absurdo. Eso es un abuso del proceso”, dijo el senador demócrata.
Por su parte, Mayorkas dijo el miércoles que está enfocado en su trabajo, administrando esa enorme agencia gubernamental.
“Mientras ellos se enfocan en un juicio político, yo trabajo en impulsar la misión del Departamento de Seguridad Nacional. Eso es lo que he hecho durante todo este proceso”, declaró en el programa “CBS Mornings”, a donde acudió para hablar de la campaña del departamento por proteger a los niños cuando usan la Internet.
Mayorkas es apenas el segundo funcionario del gabinete presidencial que enfrenta su destitución mediante un juicio político. La última vez fue en 1876, cuando William Belknap, el secretario de guerra del entonces presidente Ulysses Grant, fue acusado de corrupción.
Muere Bob Graham, un político instrumental en el éxodo del Mariel (VIDEO)
Bob Graham, el ex gobernador de Florida y senador estadounidense que jugó un papel instrumental en el manejo del éxodo de cubanos por el Mariel, falleció el martes a los 87 años, anunció su hija Gwen Graham.
El político originario de Miami y graduado de Harvard tuvo que hacer frente como gobernador de Florida a la mayor avalancha de inmigrantes cubanos que se había producido hasta entonces, cuando Fidel Castro (1926-2016) dio luz verde para que embarcaciones fletadas por exiliados llegaran al puerto de Mariel a buscar a sus familiares.
Castro aprovechó la oportunidad para vaciar prisiones y manicomios y obligó a los barcos a cargar también con miles de convictos, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la Florida y de la administración de entonces, la del presidente Jimmy Carter.
El 21 de abril de 1980, el primer barco del puerto de Mariel llegó a Key West, Florida, transportando a 48 exiliados cubanos y, en cuatro días, casi 300 barcos llegaron a las costas floridanas. Esa primera semana, el entonces gobernador Graham se movilizó para que fuera declarado el estado de emergencia en los condados de Monroe y Dade en respuesta al arribo de los miles de inmigrantes bautizados como "marielitos".
La inmigración desde Cuba alcanzó su punto máximo en el mes de mayo de 1980 con 86.488 refugiados, pero se estima que en total fueron 125 mil los cubanos que arribaron a EEUU en aquel éxodo sólo superado por el actual, que ha traído más de medio millón de cubanos a territorio estadounidense.
El diario floridano The Miami Herald destaca en el obituario de Graham que en los años posteriores al Mariel, el representante demócrata se enfrentaría a las administraciones de Jimmy Carter y Ronald Reagan, argumentando que el gobierno federal había abdicado de su responsabilidad de abordar una crisis de inmigración federal que se desarrollaba en el estado de Florida".
Graham se inició en la política a los 29 años como representante estatal de la Florida y escaló a las más altas esferas, en las que mantuvo por tres términos un escaño en el Senado de los Estados Unidos, donde llegó a presidir el Comité de Inteligencia.
En 2003 se convirtió en candidato presidencial para las elecciones de 2004, en una campaña en las que ganó seguidores, entre otras condiciones, por su oposición a la guerra de Irak.
Años después viajaría a Cuba para explorar los riesgos de las perforaciones petroleras en la zona del Golfo, fue interlocutor del canciller Bruno Rodríguez y un escéptico de que se diera un cambio político en la isla con un miembro de la familia Castro en el poder, como expresó en entrevista concedida a Martí Noticias en 2014.
También apostó a la normalización de relaciones con Cuba impulsada por el presidente Barack Obama, considerando que "a largo plazo sería beneficiosa para estadounidenses y cubanos".
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