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Gobierno y FARC blindan jurídicamente el proceso de paz


El jefe del equipo negociador del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle (i) saluda al comandante de las FARC, Rodrigo Granda (d) durante la lectura de un comunicado conjunto en La Habana.

Los puntos acordados en la mesa de negociación de La Habana tendrán rango constitucional una vez que se firme la paz.

El gobierno colombiano y las FARC anunciaron el jueves en La Habana una serie de mecanismos para blindar el proceso de paz entre las partes.

Los delegados de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de negociación, leyeron un texto en el que quedó claro que los puntos acordados en la mesa de negociación, una vez se firme la paz, tendrán rango constitucional.

De acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Carlos Moncada, lo acordado en la jornada en la capital cubana equivale a "otorgar a los papeles de La Habana la misma jerarquía normativa de nuestra Constitución...".

Pero para llegar al objetivo de lo acordado por las partes en Cuba, advirtió Moncada, es necesaria una reforma constitucional que podrá ser adelantada por el Congreso.

El objetivo de lo acordado el jueves, según los delegados de los países garantes, es "asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional".

En reiteradas ocasiones las partes han expresado su preocupación de que eventualmente con el tiempo los acuerdos que se firmen en la isla puedan ser, por ejemplo, modificados por gobiernos colombianos venideros.

Desde fines de 2012, la administración del presidente Juan Manuel Santos y rebeldes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a más de 50 años de confrontaciones entre las partes.

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