Un portavoz de la institución gubernamental venezolana declaró que la OEA debía abstenerse de involucrarse en los asuntos políticos del país.
Por su parte, el organismo Interamericano asegura que la propuesta del Ministerio de Información de Chávez restringe la libertad de expresión y la disensión política.
El proyecto prohíbe durante horas del día el lenguaje vulgar, las imágenes de personas consumiendo alcohol y drogas, apostando o participando en escenas de sexo o de violencia.
La legislación permitiría al gobierno chavista cerrar estaciones que muestren violencia e impondría penas de 18 días de cárcel a los periodistas que transmitan informaciones falsas.
Por su parte el ministerio asegura que la propuesta de ley está dentro de los parámetros de la libertad de prensa, según la Constitución venezolana y los tratados internacionales.