América Latina
Firmado el acuerdo final; ¿habrá paz en Colombia?
Un día después de que se firme la paz, el ejército de Colombia cambiará la posición de sus tropas para proteger a los ex subversivos en su traslado a las zonas donde se establecerán de manera transitoria mientras se realiza el proceso de abandono de las armas.
El cierre de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de las FARC ha puesto a la nación sudamericana en el umbral del fin de un conflicto armado que lleva más de cinco décadas, pero lo cierto es que un acuerdo definitivo aún deberá sortear varios obstáculos.
El cese bilateral y definitivo del fuego comenzará una vez se haya firmado un acuerdo final de paz que las autoridades esperan esté listo el próximo mes.
Un día después de que se firme la paz, el ejército de Colombia cambiará la posición de sus tropas para proteger a los ex subversivos en su traslado a las zonas donde se establecerán de manera transitoria mientras se realiza el proceso de abandono de las armas.
Completar este proceso, que estará supervisado por las Naciones Unidas, tendrá un plazo máximo de seis meses y cuenta desde ya con el rechazo de buena parte de la población.
Sin embargo, los negociadores aún deben dejar totalmente establecido que los acuerdos firmados en La Habana tengan rango constitucional para evitar que gobiernos futuros los echen para atrás.
El presidente Juan Manuel Santos terminará su mandato en agosto de 2018. Los subversivos exigen también garantías de seguridad después de que depongan las armas para formar un movimiento político.
Santos anunció que el acuerdo de paz será sometido a una votación el 2 de octubre en el que los colombianos deberán manifestar su apoyo o rechazo. Si bien las FARC dijeron el 23 de junio que respetarían cualquier decisión que la Corte Constitucional tomara respecto del plebiscito, también han manifestado la necesidad de realizar una asamblea nacional constituyente.
Una elección sobre el tema podría enfrentar dificultades debido a la profunda impopularidad de los miembros de las FARC que se dedicaron al narcotráfico, la extorsión y el secuestro con su interminable estela de muerte de civiles y al deseo de venganza que tales actos pueden provocar en la población.
Los partidarios del proceso de paz también temen que muchos votantes no participen de la consulta toda vez que en Colombia el voto no es obligatorio. Adicionalmente y para disgusto de los guerrilleros comunistas y de Santos, el mayor opositor al proceso de paz, el expresidente Álvaro Uribe, es el político con mayor aceptación del país, con 60% de popularidad, según una encuesta revelada la semana pasada por la firma Invamer.
Las partes deben establecer un mecanismo de selección de los jueces que presidirán los juzgados de paz especiales que evaluarán los crímenes cometidos por la guerrilla y los demás actores del conflicto armado.
Existe por otro lado el riesgo de que el segundo movimiento terrorista de Colombia, el también comunista Ejército de Liberación Nacional (ELN), llene el vacío dejado por las FARC. Ese grupo subversivo ha acordado recientemente llevar adelante negociaciones formales con el gobierno, pero las mismas aún no han comenzado debido a la insistencia de que antes de sentarse a dialogar liberen a los secuestrados que mantienen en su poder. El secuestro es una de las principales fuentes de ingresos del grupo, como también lo fue de las FARC, y los terroristas en el colmo de la desfachatez han rechazado esa condición para los diálogos.
Por su parte, el Gobierno canadiense, en boca de su ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Dion, aplaudió el acuerdo de paz alcanzado ayer por las autoridades colombianas y el grupo guerrillero FARC pero advirtió que "construir paz no es fácil" y requerirá edificar "una sociedad incluyente".
Además, el presidente estadounidense, Barack Obama ha dicho en una declaración que este "es un día histórico para el pueblo de Colombia. Con la finalización de un acuerdo de paz entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerra más larga en el hemisferio occidental está llegando a su fin" y que "felicitaba en especial al presidente Juan Manuel Santos, por su valiente liderazgo durante cuatro años de difíciles negociaciones. Igualmente agradezco al gobierno de Cuba para la celebración de estas conversaciones, a su co-garante Noruega, y al enviado especial de Estados Unidos, Bernie Aronson, por su contribución al proceso de paz".
Por su parte, la periodista Isabel Cuervo, quien cubrió el conflicto armado para varios medios de prensa, especialmente para el diario El Espectador, es menos optimista y piensa que "lastimosamente la realidad es que la paz no comenzará con la firma del acuerdo. El conflicto armado en Colombia, como todos sabemos, data de más de medio siglo y está compuesto por varios factores: guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico y delincuencia común".
"El documento que se acaba de firmar en La Habana es un acuerdo, a puerta cerrada, entre el Gobierno de Santos y las FARC; que no son solamente un grupo alzado en armas que ha vivido del secuestro, la extorsión, masacres, reclutamiento de menores y otros delitos de lesa humanidad, son también el cartel de drogas más rico del mundo. Por lo tanto, no se ha firmado la paz, se ha firmado un acuerdo entre Gobierno y Farc que deja fuera todos los demás factores de violencia existentes en Colombia.
todo colombiano quiere un acuerdo con las FARC, pero un acuerdo sin mentiras ni cinismo, en donde paguen sus delitos con cárcel y sean juzgados con la misma ley que rige a todos los colombianos, no una ley diseñada a la medida de sus delitos...Isabel Cuervo, periodista colombiana
Todo este proceso no solo ha sido manejado con secretismo y desinformación al pueblo, sino que ha sido maniqueo. Santos se ha apoderado de la palabra Paz para usarla como bandera política, a sabiendas de la sed de paz que tenemos los colombianos. Nadie puede estar en contra de vivir en un país en paz, máxime cuando cada colombiano sabe de primera mano lo que es la guerra; no hay familia sin secuestrados, asesinados o extorsionados.
Por supuesto que todo colombiano quiere un acuerdo con las FARC, pero un acuerdo sin mentiras ni cinismo, en donde paguen sus delitos con cárcel y sean juzgados con la misma ley que rige a todos los colombianos, no una ley diseñada a la medida de sus delitos; en donde lo primero que se discuta sea en dónde están los miles de desaparecidos, los cientos de secuestrados; en donde entreguen las armas y el dinero del narcotráfico que serviría para reparar las miles de víctimas que han dejado; un acuerdo en donde los criminales de lesa humanidad no puedan ocupar curules en el Senado, como lo indica la ley de derecho internacional.
Sí se deben apoyar los diálogos de paz con todos los causantes de la guerra, pero sin perder la sensatez y ajustados a la ley, de lo contrario se está premiando el delito y lanzando al abismo a una de las democracias más sólidas de Latinoamérica", concluyó la periodista.
Por su parte, el escritor, cineasta y experto en temas de Colombia y Latinoamérica, Ricardo Puentes Melo, estima que "con la firma de la paz entre él gobierno de Santos y el grupo terrorista de las FARC no habrá cese de violencia. Esta firma es otro proceso más en la larga lista de acuerdos entre estos bandidos y diferentes gobiernos afines a la tiranía de los Castro. No habrá paz, solo impunidad, fortalecimiento del comunismo en Colombia y un descomunal lavado de activos procedentes del narcotráfico y los secuestros".
Vea todas las noticias de hoy
Evo Morales anuncia quinta candidatura a presidencia de Bolivia: "Tenemos fuerza todavía"
El exgobernante boliviano Evo Morales anunció este domingo su quinta candidatura a la presidencia, una decisión que, aseguró, toma en respuesta a los pedidos de sus seguidores.
"Hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia y de tantas hermanas y hermanos que asisten a las concentraciones en todo el país para ser candidato a la presidencia de nuestra querida Bolivia", escribió Morales en la red social X, anteriormente Twitter.
También dijo que decidió adelantar el anuncio de su candidatura ante los presuntos ataques del Gobierno del actual presidente Luis Arce.
"Me han convencido que sea candidato, la gente quiere, pero me obligaron, tanto ataque contra Evo, todos contra Evo, el Gobierno, la derecha, medios de la derecha, el imperio”, dijo Morales en la emisión dominical de su programa de radio.
El primer presidente indígena de Bolivia gobernó el país cocalero durante 14 años, al relegirse a la presidencia en 4 ocasiones consecutivas. En 2019, en su último mandato, partió al exilio tras renunciar al cargo en medio de acusaciones de fraude electoral y una profunda crisis política en el país.
En 2020, al regreso de su corto exilio, Morales ocupó la presidencia de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) y reasumió las riendas del sindicato cocalero más importante de Bolivia.
“Evo Morales pretende volver a gobernar a un país que ya le dijo no. Y que no le importó que Bolivia le dijo no. Es el problema que tenemos en Bolivia, cualquiera cree que tiene un futuro político, peor cómo dirigió al país y el intento de robarse las elecciones”, declaró a periodistas el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Rivera.
"En las últimas horas hemos comprobado cómo el gobierno y la extrema derecha separatista coinciden en oponerse a esta candidatura promovida por el pueblo. Si la economía está bien ¿porqué les preocupa la presentación de un candidato?", respondió el expresidente boliviano en X.
Las presidenciales bolivianas están previstas para 2025. "Voy a dar todo lo que pueda. Tenemos fuerza todavía", concluyó Morales.
EEUU otorga TPS a cientos de miles de migrantes venezolanos
El gobierno del presidente Joe Biden anunció el miércoles que se otorgará Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) a cientos de miles de venezolanos que ya se encuentran en territorio estadounidense, con lo que podrán empezar a trabajar más pronto, mientras lidia con el creciente número de personas que huyen de la nación sudamericana y de otros países para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
La medida, junto con las promesas de acelerar la emisión de permisos de trabajo para muchos migrantes, podría tranquilizar a miembros del Partido Demócrata que han presionado a la Casa Blanca para que haga más para ayudar a los solicitantes de asilo, aunque previsiblemente también será usada en su contra por los republicanos, quienes aseguran que el presidente ha sido muy tolerante en materia migratoria.
El Departamento de Seguridad Nacional planea otorgar TPS a alrededor de 472.000 venezolanos que llegaron al país hasta el 31 de julio de 2023, lo que les facilita obtener permisos para trabajar dentro de Estados Unidos. Esa ha sido una de las demandas clave de alcaldes y gobernadores demócratas que pasan apuros para atender a un número cada vez más grande de migrantes bajo su cuidado.
La cifra se suma a los cerca de 242.700 venezolanos que ya eran elegibles para TPS antes del anuncio del miércoles.
Las protecciones para los venezolanos son significativas, porque ellos representan a una gran proporción de los migrantes que han estado llegando al país en los últimos años.
Venezuela quedó inmersa en una crisis política, económica y humanitaria en la última década, la cual ha obligado a por lo menos 7,3 millones de personas a emigrar y ha hecho que los precios de alimentos y otras necesidades sean inaccesibles para quienes permanecieron en el país.
La gran mayoría de las personas que huyeron se han asentado en países vecinos de América Latina, pero en los últimos tres años muchos de ellos comenzaron a llegar a Estados Unidos después de atravesar el peligroso Tapón del Darién, una franja de selva en Panamá.
Los venezolanos que lleguen a Estados Unidos después del 31 de julio de este año no tendrán derecho a la protección. Los que ahora son elegibles deberán presentar una solicitud para obtenerla.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, otorgó la expansión y una extensión de 18 meses a quienes ya contaran con TPS debido al "incremento en la inestabilidad de Venezuela y la falta de seguridad debido a las perennes condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales", señaló la agencia en un comunicado.
El gobierno indicó que aceleraría la emisión de permisos de trabajo para las personas que han ingresado al país desde enero mediante el uso de la app CPB One que otorga citas para solicitar asilo en los cruces fronterizos terrestres con México, o mediante permisos humanitarios otorgados a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que cuentan con patrocinadores financieros y llegaron a Estados Unidos vía aérea. El objetivo es brindarles permisos de trabajo en un plazo no mayor a 30 días, en comparación con los 90 días que deben pasar actualmente.
La promesa de acelerar la emisión de permisos de trabajo no aplica para quienes cruzaron ilegalmente la frontera y piden asilo, quienes, de acuerdo con las leyes, deben esperar seis meses para obtener un permiso de trabajo.
Los alcaldes y gobernadores le han estado implorando a Biden que encuentre una manera para que el gobierno permita que los migrantes recién llegados puedan trabajar de forma legal y se puedan mantener.
Funcionarios demócratas en Nueva York, Massachusetts, Chicago y otras partes del país se han quejado sobre la presión que aplican los migrantes recién llegados a sus recursos, en particular en Nueva York, en donde el gobierno está obligado a brindar albergue a todo el que lo necesita. La ciudad paga actualmente para alojar a cerca de 60.000 migrantes recién llegados.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló en un comunicado difundido la noche del miércoles —después de que se dio a conocer la noticia— que estaba "agradecida con que el gobierno federal haya actuado tan rápido para otorgar una de nuestras principales prioridades: Estatus de Protección Temporal para solicitantes de asilo y migrantes venezolanos que ya han llegado a este país".
El alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha sido particularmente crítico con el gobierno federal. Sin embargo, el miércoles aplaudió la decisión de conceder la protección a los venezolanos y le agradeció al gobierno por atender las preocupaciones de la ciudad.
El número de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos va en aumento. Eso representa un gran desafío para el gobierno, que ha pasado problemas para demostrar que tiene el control de la frontera ante las críticas de los republicanos. La ciudad de Eagle Pass, que colinda con México a lo largo del río Bravo — también conocido como Grande — en el sur de Texas, anunció el miércoles un estado de emergencia debido a un "incremento severo de inmigrantes indocumentados".
De acuerdo con el jefe de policía del condado de Maverick, Tom Schmerber, unos 2.700 migrantes cruzaron hacia Eagle Pass el martes y otros 3.000 el miércoles.
La Casa Blanca informó que también utilizará a elementos del Departamento de Defensa para brindar apoyo al personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) en la frontera. El DHS ya dispone de alrededor de 2.500 elementos de la Guardia Nacional para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).
En el comunicado, el DHS señaló que se desplegaría a la frontera a cerca de 800 elementos en activo adicionales, quienes entre otras cosas cumplirán funciones de logística para que los agentes de la CBP puedan cumplir con mayores responsabilidades de primera línea.
El DHS también recurrió a elementos en activo en mayo pasado para respaldar sus operaciones, cuando se registró un incremento de encuentros en la frontera de cara al final de la medida de Título 42. En aquel momento, los funcionarios del DHS enfatizaron que los elementos en activo no serían utilizados en aspectos como el trabajo directo con migrantes, sino exclusivamente para desahogar al personal de la CBP.
El DHS señaló que también tomará otras medidas, como intensificar un proceso que comenzó en mayo pasado para expulsar de forma expedita a las familias que no contaban con los argumentos para permanecer en el país. La agencia indicó que también ha aumentado la capacidad en sus centros de detención a lo largo de la frontera sur.
Además anunció que ha incrementado el número de personas expulsadas del país. Desde el 12 de mayo ha retirado a 253.000 personas de poco más de 150 países, señaló el departamento, en comparación con las 180.000 repatriaciones durante el mismo periodo de 2019, antes de que la pandemia alterara drásticamente la capacidad del gobierno para expulsar a los migrantes.
"Es más doloroso el silencio": una prisión en Venezuela llega al corazón de Nueva York
Expresos políticos del Helicoide, la cárcel en forma de pirámide del Servicio de Inteligencia de Venezuela, llevaron hasta el Times Square neoyorquino un proyecto de realidad virtual que muestra con escalofriante detalle cómo es vivir en una de las celdas.
Un proyecto de realidad virtual trajo hasta Times Square la escalofriante experiencia de vivir en una cárcel del Servicio de Inteligencia de Venezuela, un proyecto creado por exprisioneros políticos que advierten que por muy dolorosa que sea la memoria, peor es no compartirla.
La iniciativa, presentada durante la tarde noche de este martes en la céntrica plaza de Nueva York, fue un mensaje a los líderes mundiales reunidos en la ciudad para la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Esto está pasando ahora mismo en Venezuela", dijo a la Voz de América uno de los creadores del proyecto, Víctor Navarro.
Con la experiencia de haber sido exprisionero político en el Helicoide, la famosa cárcel en forma de pirámide de tres lados, Navarro explicó que utilizaron las memorias de presos como él para crear "La Memoria está viva", una suerte de museo virtual que busca educar sobre las serias violaciones a los derechos humanos en el país suramericano.
"Es muy difícil revivir todas esas experienciVIDEOas, pero hoy estando aquí, viendo a todas estas personas alzando la voz por los presos políticos, creo que es más doloroso el silencio, es más doloroso el olvido. Ahorita hay alrededor de 300 presos políticos en Venezuela, (...) yo creo que es más doloroso que callemos", insistió el joven activista, rodeado de otros exiliados que alzaban carteles en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Una realidad sofocante
Detras la oscuridad que dejan las gafas de realidad virtual y lel silencio momentáneo en los audífonos, una voz comienza a guiar a quien experimenta el recorrido por los detalles de las celdas, desde las inscripciones en las paredes de ladrillo, hasta las cucarachas que pululan en el centro.
Un remolino de fotografías de presos te acompaña en la caída hasta que llegas a unas cuatro paredes con cuerpos hacinados y memorias de insalubridad, resiliencia y dolor.
La experiencia "no es para entretener", advierte la voz desde los audífonos. "Es para actuar" completa Víctor Navarro.
"Es una herida, aunque es imborrable, aunque nos toca lidiar porque no se supera, hay que contarlo, hay que contarlo y el mundo tiene que saberlo, principalmente porque sigue pasando. Hoy están torturando en Venezuela. (El presidente Nicolás) Maduro tiene hoy alrededor de 17 centros clandestinos. El Helicoide es un centro de tortura donde hay alrededor de 79 presos políticos", denunció.
A Adriana, una venezolana que salió de su país hace siete años, la experiencia la abrumó. "Es muy duro, es muy real", contó sobrecogida a la VOA tras quitarse las gafas.
Al igual que ella, decenas de personas se acercaban intrigadas por la propuesta. Cubanos exiliados que llegaron hasta la icónica plaza se solidarizaron con los que llamaron "hermanos en dificultad".
La razón de llevar "La Memoria está viva" a Times Square fue enviar dos mensajes, según Navarro.
"El primero es al mundo, al mundo que se mueve aquí todos los días. Son alrededor de 300 000 personas que pasan por aquí todos los días. Y le estamos diciendo a todas esas personas, que en Venezuela se está torturando, pero también le estamos hablando a todos los que están en las Naciones Unidas, a esos que toman decisiones, a esos que con la palabra pueden cambiar lo que está pasando en Venezuela", insistió.
Según el activista, los líderes mundiales "no pueden dar permisividad a la tortura, no pueden hablar de democracia, justicia y libertad, y recibir a Maduro".
Activistas cubanos celebran nominación al Sájarov de obispo encarcelado por Ortega
Activistas cubanos, miembros del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, celebraron este martes el anuncio oficial de la candidatura de Monseñor Rolando J. Álvarez y Vilma Núñez de Escorcia al Premio Sájarov 2023 a Libertad de Conciencia, que entrega anualmente el Parlamento Europeo.
La candidatura de los nicaragüenses se hizo pública en Bruselas y se anunció que ya cuenta con el apoyo mínimo requerido de más de 40 eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE), los Verdes, Renew Europe y los Socialistas europeos, entre otras agrupaciones políticas.
El máximo homenaje de la Unión Europea a los defensores de derechos humanos está dotado de 50.000 euros y ha distinguido desde su creación a varios activistas cubanos como Oswaldo Payá, Guillermo Fariñas y las Damas de Blanco.
Los candidatos propuestos son presentados en una reunión conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo y la Subcomisión de Derechos Humanos, en la que todos sus miembros votan sobre la base de una lista de tres finalistas. El galardonado o los galardonados finales serán elegidos el mes próximo por la Conferencia de Presidentes, un órgano del Parlamento Europeo coordinado por el presidente y compuesto por los presidentes de todos los grupos políticos representados en el Parlamento.
La nominación de Monseñor Rolando J. Alvarez fue originalmente promovida por la defensora nicaragüense de derechos humanos, Haydee Castillo, con el apoyo de los cubanos Elena Larrinaga y Yaxys Cires, presidenta y responsable de Estrategia Política del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, según indican en un comunicado los activistas cubanos.
El obispo de Matagalpa es un crítico frontal del régimen de Daniel Ortega y fue detenido el 19 de agosto de 2022, cuando la policía nicaragüense asaltó de madrugada la casa parroquial de Matagalpa y detuvo a Álvarez y a otros seis religiosos. En febrero de 2023, el régimen intentó expulsarlo junto con 222 presos políticos, pero se negó al exilio y fue condenado sumariamente a más de 26 años de prisión por “traición a la patria”. En estos momentos se encuentra bajo total aislamiento en la prisión La Modelo, de máxima seguridad.
En el caso de Vilma Núñez de Escorcia, de 84 años, fue declarada el febrero de 2023 traidora de su país y prófuga de la justicia y fue despojada de su nacionalidad, privada de sus bienes, de su pensión de jubilación y de atención médica.
La presidenta y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos permanece en Nicaragua reivindicando su derecho a defender las víctimas de violaciones de derechos humanos y a exigir una transición democrática.
Participación de militares rusos en desfile por la independencia enciende críticas en México
La participación de militares rusos durante el desfile militar del sábado para conmemorar el inicio de la lucha por la independencia de México desató nuevas críticas sobre la postura del país ante la invasión rusa a Ucrania.
La decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de invitar a una delegación de Rusia a participar en el desfile desató airadas reacciones. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, afirmó que el acto conmemorativo se vio "mancillado" por los militares rusos porque "sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre".
"¿Cómo de coherente es, señor Andrés Manuel López Obrador, su política de neutralidad y su condena de la agresión contra mi país?", se preguntó Dramaretska en un mensaje publicado en X, conocida anteriormente como Twitter.
A las críticas también se sumó el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quien expresó en su cuenta de la red social que "miles de ucranianos muertos bajo bombardeos rusos, y hoy el 'humanismo mexicano' se coloca del lado de Putin el invasor", refiriéndose al presidente de Rusia Vladímir Putin.
Aunque López Obrador ha defendido en reiteradas ocasiones la neutralidad de México frente a la guerra en Ucrania, algunos han acusado al mandatario de tener preferencia por Rusia. México tardó en expresar una postura clara de rechazo a la invasión rusa a Ucrania y se negó apoyar cualquier sanción sobre Rusia que no fuera aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que alimentó las dudas sobre la neutralidad del país latinoamericano ante el conflicto bélico.
El mandatario mexicano también cuestionó los envíos de armas y dinero de Estados Unidos y otros países a Ucrania, y propuso la creación de un comité internacional para promover un diálogo y lograr la paz en Ucrania.
En el desfile militar también intervinieron representaciones de China, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, entre otros.
Las celebraciones por la independencia coincidieron con la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del cártel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán, lo que restó reflectores a los actos oficiales.
En medio del silencio de las autoridades mexicanas por la extradición de Guzmán López para enfrentar cargos de narcotráfico en una corte estadounidense, López Obrador encabezó el acto militar que se inició en el zócalo capitalino. Durante la ceremonia el gobernante solo estuvo acompañado de su esposa, algunos miembros de su equipo y el alto mando militar.
Cerca de la medianoche, López Obrador inició los festejos con un acto desde un balcón del Palacio Nacional, donde tocó una campana para conmemorar el 213 aniversario del inicio de la independencia de México de España. Cada año, se recuerda así el llamado a las armas — el llamado "Grito de Independencia" — que hizo Miguel Hidalgo para comenzar, en 1810, una lucha que culminó en 1821.
En el estado norteño de Sinaloa, los actos se desarrollaron en medio de tensión por temor a posibles represalias de los miembros del cartel de Sinaloa por la extradición de Guzmán López, uno de los líderes de una facción del grupo.
El gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, dijo a la prensa que no había indicaciones especiales para reforzar la seguridad en el estado, pero agregó que las autoridades se mantendrían alerta ante cualquier eventualidad.
En los actos oficiales en la capital del país, los grandes ausentes fueron los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Congreso, rompiendo una tradición de que los representantes de los poderes públicos participen en las celebraciones.
López Obrador había adelantado a mediados de semana que el acto sería austero y que no invitaría a los miembros del alto tribunal debido a la mala relación que mantiene con el organismo, al que ha señalado de incurrir en actos de corrupción y representar a la "oligarquía" y a la "delincuencia de cuello blanco".
Las relaciones entre el gobierno y la Suprema Corte de Justicia se han deteriorado en los últimos meses luego que el máximo tribunal invalidó el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército y una reforma electoral que contemplaba la reducción de la estructura del Instituto Nacional Electoral, dos iniciativas impulsadas por López Obrador.
Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a The Associated Press que la decisión de López Obrador de no invitar a los ministros deja al descubierto el "enfrentamiento abierto" que tiene con el poder judicial. Además, afirmó que la situación continuará durante 2024, en plena campaña electoral, cuando indicó que el mandatario apostará todo su capital político para cambiar los ministros de la Corte y los magistrados electorales.
"Lamentablemente, es más su deseo de sobreponerse o anteponerse al Poder Judicial que ejercer sus funciones como presidente", agregó.
Guzmán López fue traslado el viernes desde la cárcel de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde estaba detenido desde enero tras ser capturado en la ciudad noroccidental de Culiacán, a Estados Unidos, informó Washington.
En abril, la fiscalía estadounidense informó que Guzmán y sus hermanos, conocidos como los "Chapitos", enfrentaban una amplia lista de cargos que exponen con detalle cómo, tras la extradición de su padre y su posterior sentencia a cadena perpetua en Estados Unidos, los hermanos enfocaron el cártel cada vez más hacia las drogas sintéticas como las metanfetaminas y el potente opiáceo sintético fentanilo.
Foro