Un recurso de habeas corpus fue entregado el lunes a favor del preso político Andy Dunier García Lorenzo, joven de 23 años que se encuentra cumpliendo una medida de prisión provisional por participar en las protestas populares del 11 de julio en Santa Clara, donde reside.
Su hermana, Roxana García Lorenzo, dijo a Radio Martí que una secretaria recibió la petición, en la que se explica que la familia no ha recibido información sobre el paradero del detenido desde hace ya varios días.
“Me lo recibió y me hizo firmar un libro” como constancia de entrega del documento, pero “no me lo firmaron a mí”, detalló.
Andy se encuentra desaparecido desde la pasada semana, ha perdido comunicación con su familia y, según reos, fue trasladado de prisión.
“Los familiares de los reos del Destacamento 5, que tuvieron la visita el viernes, me dijeron que a Andy lo habían trasladado el jueves”, afirmó la joven.
Tras ser detenido el 11 de julio, García fue trasladado a Instrucción Penal de Santa Clara, donde fue sometido a interrogatorios de 10 horas y de madrugada. También enfrentó amenazas de que sería fusilado si no cambiaba su postura frontal al régimen cubano, todo esto según su hermana.
Andy habría dado a conocer esta situación a través de cartas enviadas a sus familiares cuando estaba en la prisión La Pendiente, donde en dos ocasiones pudo ser visitado. Desde allí también le permitían una llamada telefónica semanal, pero desde el jueves de la pasada semana no se ha tenido noticias del joven.
El sábado, amigos y familia se personaron en la cárcel de Guamajal, también en Santa Clara, donde según las autoridades se encuentra el activista.
“Entraron mi madre y mi padre. Les dijeron que Andy sí estaba ahí, pero que nosotros no podíamos verlo, no podíamos hablar con él”, y que tenían que confiar en la palabra de las autoridades del penal.
Oficiales de esa penitenciaria prometieron a los familiares que este martes recibirían una llamada telefónica suya o, en su defecto, se les daría visita familiar, así lo indicó su hermana.
El joven villaclareño enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión, acusado de desórdenes públicos y desacato.
