Cuba
Falta de transparencia levanta dudas sobre Abdala, opinan expertos en Miami
En Cuba, la euforia se funde con la esperanza luego de que el Estado dio conocer que Abdala, uno de los cinco candidatos vacunales contra el COVID-19, tiene una eficacia de poco más del 92 por ciento.
Pero las dudas han sido inevitables; hay incertidumbre, a juzgar por las declaraciones de expertos que consideran falta de información y transparencia en las investigaciones, métodos clásicos de una dictadura.
La epidemióloga radicada en Miami, Dadilia Garcés, recuerda que Cuba registró varias de sus vacunas ante la Organización Mundial de la Salud, más de dos. Sin embargo, los resultados de cada etapa no han sido publicados, ni han sido analizados por un grupo de expertos independientes, como requiere el protocolo.
“Cuando no hay transparencia en la producción de un medicamento o de una vacuna, eso crea mucha incertidumbre, y cuando estamos hablando de la salud y la efectividad de una población hay que ser bien claros y transparentes con la información que tenemos en base científica”, dijo a Radio Televisión Martí la también profesora del Miami Dade College.
Recordó que a nivel mundial hay tres entidades que reconocen y avalan las vacunas: la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés), uno de los primeros países que inició esta regulación a principios del siglo XX; la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud.
Las tres siguen los mismos protocolos y fases para aprobar el suministro del medicamento y las vacunas que se suministran en EEUU: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, han sido aprobadas al menos por una de las referidas entidades.
“De hecho la Pfizer ha sido aprobada para que se utilice en Europa y en EEUU; Johnson & Johnson, en EEUU, con el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, muestra de seguridad, efectividad y calidad de la vacuna”, subrayó la doctora.
El gubernamental Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana ha sido hasta el momento el evaluador del prospecto vacunal Abdala que, con efectividad de 92,28 %, según el anuncio oficial, se administra en tres dosis con 14 días de diferencia. La Organización Mundial de la Salud establece que un candidato vacunal debe demostrar al menos 50% de efectividad para ser aprobado como medicamento. El Ministerio cubano de Salud Pública informó en días recientes que hasta el 19 de junio último, 905 mil, 692 personas han recibido las 3 dosis.
“Generalmente cuando existen vacunas que necesitan dos o tres dosis es porque la respuesta inmune no es adecuada con la primera o segunda. Pero no hay suficiente evidencia expuesta para poder analizar la necesidad de recibir dos o tres dosis de Abdala”, precisó la epidemióloga Garcés.
Protocolo requiere el aval de expertos independientes y publicación de información
El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), organismo regulador de Cuba debió autorizar su uso de emergencia.
De acuerdo al protocolo internacional, una vez que la vacuna se haya probado en animales, en un pequeño grupo de individuos y en una inmensa cantidad de personas, miles, lo que se conoce como fase 3, todos con resultado positivo, se convoca a un panel de expertos.
“Los expertos no pueden tener compromisos con el fabricante ni con el Estado y deben ratificar la validez experimental de la vacuna y solicitar al ente regulatorio un permiso temporal de emergencia para suministrar de inmediato la medicina. De no haber urgencia, la entidad puede demorar años en pronunciarse”, explicó el doctor José Antonio Cisneros, radiólogo y especialista en biomedicina.
Los resultados deben ser divulgados a nivel internacional a fin de que la comunidad científica revise el proceso de cómo se llegó al porcentaje de efectividad y lo avale. De no ser así, se reduce la credibilidad del país en cuestión como ocurrió en Rusia con la vacuna Sputnik.
“Con Sputnik sucedió que los resultados investigativos solo los conocía Rusia. Ellos decían que tenía una alta efectividad, pero no fue hasta que presentaron sus resultados y protocolo en la prestigiosa revista, The Lancet, que la comunidad internacional empezó a asumir la eficacia y seguridad de la vacuna Sputnik”, ejemplificó el especialista.
Por otro lado, dijo que si Cuba quiere demostrar la eficacia de sus vacunas debe informar públicamente en cuántos casos se demostró el porcentaje de eficacia, los resultados, cuál fue el protocolo utilizado, cómo se administró la vacuna, su naturaleza, si es de virus muerto o atenuado, si es de proteína o si están trabajando con RNA recombinado.
En EEUU, científicos, expertos o médicos independientes supervisan la producción del medicamento no así en Cuba como ha manifestado el doctor especialista en medicina interna, Alfredo Melgar.
“En Cuba, el estatal Instituto Finlay o el Instituto de Biotecnología fabrican las vacunas y luego sacan el reporte según determinan. Sin embargo, no hay un centro que conceda la aprobación final después de revisar los datos de la investigación. ¿Dónde están los datos?, ¿en qué revista científica se han publicado?, se preguntó el galeno de origen cubano.
Cuba es el primer país que produce una vacuna anticovid en América Latina y el único en la región que rechazó el ofrecimiento del Fondo de Acceso Global para Vacunas, un mecanismo que proveerá más de 35 millones de dosis gratis a 33 países del continente.
Difícil confiar en la información de países totalitarios
Los tres especialistas consultados por Radio Televisión Martí coinciden en que en países donde el Estado tiene total control de la información, es muy difícil confiar en lo que dicen. “Tienen que documentar todo eso a nivel mundial para entonces obtener un reconocimiento científico además del reconocimiento legal del país”, comentó el doctor Cisneros.
Sin embargo, dijo confiar en la ética de sus colegas cubanos, que apliquen su opinión profesional independiente y que respeten el derecho del paciente competente a aceptar o rechazar un tratamiento. Y, sobre todo, que no permitan que su opinión sea influenciada por beneficio personal o discriminación injusta.
“Es el juramento de todo médico no hacer daño. Me cuesta creer que un médico cubano o de cualquier país, avale algo que dañe a su población, a sus conciudadanos. Sería un crimen de lesa humanidad lanzar un producto que pudiera en un momento dado poner en riesgo la vida de cualquier población, en este caso la cubana”, afirmó.
Por su lado, el doctor Melgar dijo que los grupos científicos y médicos en Cuba tienen entre sus responsabilidades advertir al mundo sobre las especificidades del producto.
“Se sabe que el régimen de Cuba no va a permitir a ningún experto independiente validar sus vacunas. Los médicos y científicos cubanos tienen una responsabilidad porque ese producto se piensa vender a otros países, Venezuela, Argentina, México, Irán. Deben advertir que esas vacunas no están reconocidas, que desconocen datos, cifras, por tanto, deben emitir una advertencia internacional”, sugirió Melgar.
Por el momento se ha demostrado que las vacunas aprobadas por entes internacionales de prestigio son efectivas y seguras. Por eso la doctora Garcés las recomienda.
“Las vacunas han sido uno de los avances principales a nivel de salud del siglo XX y junto a la potabilización del agua han salvado muchas vidas. Las vacunas anticovid reconocidas a nivel mundial son seguras y efectivas. Vacunarse salva vidas”, concluyó.
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Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)
Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.
Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.
La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.
La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.
La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.
Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano
Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.
Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.
Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.
En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.
Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.
Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.
Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.
El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.
Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).
La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.
Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.
Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.
"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.
La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.
Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.
"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.
El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.
“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.
La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:
“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.
“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.
No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.
En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.
En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.
Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.
“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.
Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.
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