Estados Unidos
Expertos coinciden en que en EEUU ni los presidentes están por encima de la ley
Un día antes de arribar a sus 77 años, Donald J. Trump ha registrado su nombre en los libros de historia nacional como el primer expresidente de Estados Unidos en ser inculpado en un tribunal federal en Miami, Florida.
En una sala del edificio de Justicia federal Wilkie D. Ferguson Jr. del centro de la ciudad, un juez magistrado notificó al exgobernante los 37 cargos penales que pesan en su contra en relación con los documentos confidenciales que tras abandonar la Casa Blanca trasladó y conservó en su residencia de Mar-a- Lago, en el condado Broadward, también en Florida.
Más tarde, se negó a hacer entrega de la documentación al Archivo Nacional. Retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional, obstrucción a la justicia y falso testimonio, son algunos de los delitos que encara Trump.
Analistas consultados por Martinoticias, por un lado, elogiaron el sistema judicial estadounidense, y por otro, lamentaron lo ocurrido.
“Bella lección cívica que en un país de leyes se someta a un expresidente a la justicia, pero, por otro, es un bochorno que un expresidente caiga en ese tipo de conducta con un encausamiento específico e información detallada”, dijo el abogado José García-Pedrosa.
El sistema estadounidense funciona, tiene sus fallas, pero funciona
El jurista recordó que en cualquier proceso judicial en EEUU la Fiscalía está obligada a entregar a los abogados defensores todas las pruebas, incluidas aquellas que pueden o tiendan a exonerar al acusado. “El sistema estadounidense funciona, tiene sus fallas, pero funciona”, puntualizó García-Pedrosa
La agencia AFP indicó que en EEUU existe una ley que obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales y otra que prohíbe guardar secretos de Estado en lugares no autorizados e inseguros.
Trump llegó a Miami en la tarde del lunes procedente de Bedminster, en el estado de Nueva Jersey, y se hospedó en un hotel de su propiedad en la ciudad de Doral, aledaña a Miami.
Alberto Milián, juez del Onceno Distrito del estado de Florida dijo que el caso reafirma que en EEUU nadie está por encima de la ley, aunque aclaró, Trump aún no ha sido declarado culpable.
“Demuestra que en este país por muy poderoso que sea un político o un ejecutivo del gobierno, no puede evadir la justicia. Esto no es una dictadura”, comentó Milián.
En sus redes sociales Trump ya ha proclamado su inocencia y prometió continuar su campaña presidencial.
En 2016, el expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Dennis Hastert, fue acusado y juzgado por violar leyes bancarias, entre otros delitos. Fue condenado a 15 meses de privación de libertad. “Fue tratado como un delincuente, fue a la cárcel. Estados Unidos tiene sus leyes que se aplican de manera universal y eso, en mi opinión, es una virtud de esta nación”, opinó.
El Departamento de Justicia, por su lado, pidió lo que se conoce en inglés como “speedy trial”, o juicio acelerado, que debe tener resolución en 70 días a partir de este martes.
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EEUU reevaluaría relación con Georgia si se aprueba ley sobre influencia extranjera
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos estaba "profundamente preocupado" por un proyecto de ley sobre agentes extranjeros aprobado por el Parlamento de Georgia, que según ella "va en contra de los valores democráticos y alejaría a Georgia aún más de los valores de la Unión Europea".
“Veremos que hace el Parlamento, pero si esta legislación se aprueba, nos obligará a reevaluar fundamentalmente nuestra relación con Georgia”, advirtió la portavoz.
Los legisladores georgianos aprobaron el martes el proyecto de ley que desató semanas de protestas masivas, y los críticos lo calificaron como una amenaza al estilo ruso a la libertad de expresión y las aspiraciones del país de unirse a la Unión Europea.
Jean-Pierre señaló que Estados Unidos espera que la presidenta Salomé Zourabichvili lo vete, pero su decisión puede ser anulada mediante otra votación en el parlamento.
La presidenta, que está cada vez más en desacuerdo con el partido gobernante, ha prometido vetar el proyecto de ley, pero el partido en el poder, Georgian Dream, tiene una mayoría suficiente para anularlo. Zourabichvili tiene 14 días para actuar.
La portavoz de la Casa Blanca también mencionó las protestas en la ex república de la Unión Soviética durante el fin de semana, en las que decenas de miles de manifestantes pacíficos expresaron su oposición a esta legislación.
Este martes, después de la votación de 84 a 30, una multitud de manifestantes frente al parlamento intentó romper las barreras metálicas cerca del edificio. Al menos 13 personas fueron arrestadas en la protesta, dijo la policía.
El proyecto de ley requeriría que las organizaciones que reciben más del 20% de su financiación del extranjero se registren como agentes de influencia extranjera, imponiendo onerosos requisitos de divulgación y multas punitivas por violaciones.
Los opositores lo consideran una amenaza a la libertad de expresión y a las aspiraciones del país de unirse a la Unión Europea. Han apodado el proyecto de ley "la ley rusa", comparándolo con la legislación utilizada para reprimir a los medios de comunicación independientes, las organizaciones sin fines de lucro y los activistas críticos del Kremlin.
El gobierno dice que el proyecto de ley es necesario para frenar lo que considera actores extranjeros dañinos que intentan desestabilizar la política en la nación del sur del Cáucaso de 3,7 millones de habitantes.
Comienza selección del jurado en juicio por corrupción al senador Bob Menéndez
El juicio contra el senador demócrata Bob Menéndez comenzó este lunes con la selección del jurado en la corte federal de Manhattan. El acusado enfrenta 16 cargos penales que incluyen soborno, fraude y actuación como agente extranjero, y está siendo juzgado junto a dos empresarios de Nueva Jersey en un tribunal federal de Manhattan.
Menéndez escuchó mientras el juez Sidney H. Stein informaba a varias docenas de posibles jurados sobre los cargos contra Menéndez y dos de los empresarios que presuntamente le pagaron sobornos: Fred Daibes y Wael Hana. Los tres se han declarado inocentes. Un tercer empresario se ha declarado culpable y ha acordado testificar contra los otros acusados. La esposa del senador también está acusada, pero su juicio se pospuso al menos hasta julio.
Los fiscales dijeron que los Menéndez aceptaron efectivo, barras de oro y un carro de lujo a cambio de que el senador ejerciera su influencia política en Nueva Jersey y para ayudar a los gobiernos de Egipto y Qatar.
Presuntamente, el senador prometió ayudar a Egipto a obtener ventas de armas y otro tipo de ayuda militar, y ayudó al acusado Hana, un empresario egipcio-estadounidense, a obtener un lucrativo monopolio en la certificación de exportaciones de carne halal a Egipto.
Los fiscales también dijeron que Menéndez intentó ayudar al acusado Daibes, un destacado constructor de Nueva Jersey, a obtener millones de dólares de un fondo de inversión qatarí, y trató de interrumpir un caso penal federal contra Daibes en Nueva Jersey.
Menéndez y su esposa también enfrentan cargos de obstrucción a la justicia. Los presuntos crímenes ocurrieron entre 2018 y 2023.
El juez le ha informado a los posibles testigos que el juicio que podría durar de seis a siete semanas.
Después de que se anunciaron los cargos en septiembre, Menéndez fue obligado a renunciar a su cargo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
El senador ha anunciado que no buscará la reelección en la boleta demócrata este otoño, aunque no ha descartado postularse como independiente.
Encuestas recientes muestran que Menéndez es profundamente impopular entre los votantes de Nueva Jersey, y muchos senadores demócratas, incluido Cory Booker, de Nueva Jersey, han pedido su renuncia.
Este es el segundo juicio por corrupción para Menéndez en la última década. El enjuiciamiento anterior terminó con un jurado indeciso en 2017.
Exigen a Biden una explicación sobre “vacío legal” en fondos a mipymes y sanciones a Cuba
Cuatro congresistas republicanos enviaron una carta al presidente de Estados Unidos Joe Biden y a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señalando que el deseo de su administración de promover negocios independientes y autónomos en Cuba “está basado en una falacia y no en la realidad”.
“Cualquier esfuerzo por disminuir o eludir el actual embargo sobre Cuba está en contravención de la ley estadounidense” y beneficia Rusia y China, que están estrechamente alineados con Cuba, alertaron los representantes María Elvira Salazar, Bill Huizenga, Carlos A. Giménez y Blaine Luetkemeyer.
Los legisladores exigieron una explicación de cómo los planes del presidente Biden para aliviar las restricciones al acceso de los cubanos al sistema financiero estadounidense son consistentes con la actual legislación estadounidense.
Asimismo alegaron que “para eludir las sanciones estadounidenses, la Administración Biden está utilizando una “laguna legal”, canalizando dinero a “Pequeños Negocios” de la Isla que, en muchos casos, están conectados con el régimen cubano”.
Los congresistas expresaron que les preocupa el informe de septiembre de 2023 de que el Presidente Biden establecerá nuevas medidas regulatorias para proporcionar apoyo financiero de los Estados Unidos y dar a los cubanos un acceso más directo al sistema financiero estadounidense.
Señalaron que “el régimen autoritario de Cuba controla casi todos los aspectos de la sociedad civil, y la capacidad de un ciudadano cubano para establecer un negocio privado sin interferencias indebidas es incierta”.
“Por ejemplo, el gobierno cubano intensificó las restricciones sobre las transacciones en efectivo y casi prohibió los retiros de cajeros automáticos para las empresas en un esfuerzo por llevar su economía a una sociedad sin efectivo. Si bien el Banco Central de Cuba utiliza esta herramienta para controlar la inflación, también permite convenientemente que el régimen tenga una participación dominante en casi todas las transacciones”, dicen los legisladores.
En la misiva se preguntan si "dada la estrecha relación entre el sector privado y el Gobierno cubano", deberían esperar que "el opresivo régimen de Díaz-Canel se beneficie al acceder al sistema financiero estadounidense".
Señalan que según el Reglamento de Control de Activos Cubanos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, "los bancos cubanos no pueden abrir cuentas corresponsales en bancos estadounidenses, lo que limita los pagos entre Cuba y el resto del mundo a través de bancos estadounidenses".
“Es imperativo entender cómo el Departamento de Estado está trabajando con la OFAC para abordar estas preocupaciones”, opinaron.
Mencionaron también el funcionamiento del Sistema de Pagos con Tarjeta Nacional Ruso (NSPK), una entidad del Banco Central de la Federación de Rusia, que lanzó sus tarjetas de pago Mir en Cuba y señalaron que el presidente y director ejecutivo de NSPK, Vladimir Komlev, actualmente está sancionado por la OFAC por facilitar la guerra de Rusia en Ucrania y eludir las sanciones internacionales.
“Si la Administración Biden aliviara las sanciones a Cuba a través de su esquema regulatorio para empresas privadas, ¿cómo aseguramos que los dólares estadounidenses no van a una entidad del Banco Central ruso, dirigida por un individuo sancionado, y así se apoya un esfuerzo de guerra ilegal en Ucrania?”, preguntan los congresistas en la carta.
El pasado 19 enero, la congresista Salazar, que preside el Subcomité sobre Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes, llevó a cabo una audiencia titulada "El mito de los nuevos empresarios cubanos: un análisis de la política hacia Cuba de la administración Biden".
En la misma participó el Subsecretario adjunto Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, quien señaló que el sector privado de Cuba es ahora responsable de casi un tercio de todo el empleo en la isla.
“En un agudo giro de ironía, el gobierno comunista de la isla ahora debe depender de una empresa privada para proporcionar alimentos y servicios básicos a su pueblo… Pero debido a que es más ágil y eficiente que el gobierno, el sector privado actualmente sirve como un salvavidas para el pueblo cubano, sin el cual no puede mantenerse a flote”, dijo el funcionario.
La congresista Salazar preguntó entonces al Subsecretario si la administración Biden revisaría las nuevas regulaciones relativas a Cuba y si abriría el sistema bancario estadounidense a estas pequeñas empresas privadas e independientes.
“No tengo más información sobre cambios regulatorios específicos en este momento”, contestó Jacobstein en esa ocasión.
La representante cubanoamericana también quizo saber cómo la administración Biden se aseguraría de que el apoyo no estuviera dirigido a empresas que benefician al régimen o que pertenecen a familiares de sus líderes.
“Sé que ha habido mucho debate sobre la verdadera medida de independencia del sector privado de Cuba. Nuestra evaluación es que hay una variedad de actores que trabajan en la economía cubana y algunos quisieran hablar aquí en términos absolutos. No creemos que se trate de una cuestión absoluta de que la economía cubana es completamente libre e independiente o todavía está 100% dominada por el gobierno y sus compinches”, expresó el Subsecretario Adjunto.
“Creemos que la expansión orgánica del sector privado cubano en la isla, liderada por el propio pueblo cubano y no por ningún gobierno extranjero, es una oportunidad que no debe desperdiciarse. Sobre todo, debemos alentar la libertad de los ciudadanos cubanos para definir su propio futuro económico”, dijo el funcionario.
Asimismo opinó que “no lograr involucrar y apoyar al sector privado cubano dejará espacio para que Rusia y la República Popular China den forma a la dirección de la economía cubana”.
“No debemos permitir que esto suceda”, declaró.
EEUU anuncia nuevas medidas para agilizar el asilo y las expulsiones
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), publicaron el jueves un aviso de nuevas medidas que permitirían acelerar las prohibiciones legales de asilo y expulsar más rápidamente a quienes están sujetos a las prohibiciones y se consideren como un riesgo a la seguridad nacional o pública.
Hasta este momento, la determinación de elegibilidad para el asilo no se tomaba hasta una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión. Sin embargo, a partir de ahora, la nueva norma permitiría a los funcionarios considerar estas prohibiciones de asilo y la retención de la expulsión durante la evaluación inicial de miedo creíble, que ocurre pocos días después de entrevistar al inmigrante.
Con esta medida, el DHS considera que se podría expulsar rápidamente a las personas que representan una amenaza para los Estados Unidos.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente sólo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó el cubanoamericano.
Las autoridades estadounidenses explican que los inmigrantes que suponen una amenaza para la seguridad nacional o pública permanecen bajo custodia del DHS mientras sus casos son remitidos para audiencias de inmigración ante un juez de inmigración. Este proceso puede llevar años y requiere muchos recursos.
De acuerdo a lo anunciado, en lo adelante los funcionarios de asilo podrán emitir una denegación de solicitudes en cuestión de días, siempre que se trate de individuos sospechosos de vínculos con el terrorismo, amenazas a la seguridad nacional o tengan prohibición penal.
Gregory Chen, el director de relaciones gubernamentales para la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dijo a la agencia Associated Press que las normas que prohíben el asilo a personas con antecedentes penales o terroristas son importantes para proteger al país. Pero le preocupa que estos cambios aceleren lo que ya es un análisis jurídico “muy complejo”.
“En esa etapa inicial, pocos solicitantes de asilo tendrán la oportunidad de buscar asesoramiento jurídico o tiempo para comprender las consecuencias”, agregó.
“Con el proceso actual tienen más tiempo para buscar asesoramiento jurídico, preparar su caso y apelarlo o solicitar una exención", explicó el experto.
El DHS anunció además que está actualizando su política y procedimientos con respecto al uso de información clasificada en procedimientos de inmigración y continuará examinando a las personas antes de su ingreso a los Estados Unidos para identificar amenazas a la seguridad nacional o pública y tomar las medidas apropiadas.
El Departamento también continúa haciendo cumplir la regla de Elusión de Vías Legales (CLP). Esta regla incentiva el uso de procesos ordenados e impone consecuencias más rápidas para quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.
USCIS emitió una guía revisada para los funcionarios de asilo para considerar si un solicitante de asilo podría razonablemente reubicarse en otra parte del país donde se teme persecución al evaluar los reclamos de persecución futura en todos los casos de miedo creíble, agregaron.
Desde el 12 de mayo de 2023 hasta el 1 de mayo de 2024, el DHS ha expulsado o devuelto a más de 720,000 personas, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste, incluidos más de 109,000 familiares individuales, recuerdan las autoridades de EEUU.
Eso incluye devoluciones de inmigrantes a 170 países de todo el mundo. Las remociones y devoluciones totales desde mediados de mayo de 2023 exceden las remociones y devoluciones en cada año fiscal completo desde 2011.
EEUU responde a críticas de ACERE: “La política hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo"
En comentarios sobre una carta dirigida a la administración Biden criticando su política hacia Cuba, entregada al Departamento de Estado por la Alianza para el Compromiso y el Respeto de Cuba (ACERE), un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos da la bienvenida “a la oportunidad de intercambiar opiniones con una amplia gama de grupos de la sociedad civil, incluido ACERE”.
Añadió que aprecian el trabajo de la sociedad civil en la consecución de los objetivos de libertad y democracia para el pueblo cubano.
“La política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluyendo sus derechos humanos, libertades fundamentales y su bienestar político y económico”, dijo el funcionario en un correo electrónico a Martí Noticias.
El funcionario señaló que “la Administración previamente anunció una serie de medidas para apoyar al pueblo cubano, incluida la eliminación de límites anteriores en las remesas, apoyo para el desarrollo del sector privado, flexibilización de restricciones de viaje y la ampliación de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana”.
“Hemos implementado muchas de estas medidas y estamos comprometidos a continuar nuestros esfuerzos en estas áreas de vital importancia”, expresó.
ACERE dijo en un comunicado de prensa, el 6 de mayo, que había entregado una carta al Coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado y al Congreso.
En la misiva, piden a la administración Biden "que ayude a aliviar la situación en la isla mediante la emisión de regulaciones para apoyar el crecimiento del sector privado de Cuba; rescindir la designación infundada de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo; financiar y dotar de personal a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para reanudar el procesamiento de visas de no inmigrantes y aliviar aún más las restricciones a los viajes para facilitar el intercambio y la cooperación entre personas; reunificación familiar".
Hasta el momento, la carta ha sido firmada por más de 200 cubanoamericanos demócratas, más de 400 estadounidenses, y más de 30 organizaciones cubanoamericanas.
Los firmantes expresan su decepción por “la indiferencia del presidente hacia el sufrimiento de las familias cubanas, tanto en Cuba como en Estados Unidos”.
Señalan en la carta que la promesa de campaña del presidente Biden de cambios en la política estadounidense hacia Cuba fue uno de los principales factores por los que muchos de ellos le apoyaron, y que si bien reconocen que ha tomado unas medidas positivas menores, están profundamente molestos de que esté lejos de cumplir las promesas de su campaña de volver a las políticas de la era Obama sobre Cuba.
Los firmantes dicen además que, según las encuestas, un camino más amplio de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba goza de un amplio apoyo entre una gran mayoría de demócratas cubanoamericanos en la Florida y una abrumadora mayoría de ciudadanos estadounidenses.
Algunos congresistas republicanos le han exigido al presidente Biden una postura más dura hacia el régimen de la isla. El pasado 17 de marzo, la congresista María Elvira Salazar pidió a Biden “demostrar un firme apoyo al pueblo cubano en sus pedidos de libertad, y no al régimen de La Habana, que está en el negocio del poder”.
En febrero de 2023, el Senador Rick Scott, republicano por la Florida, introdujo la LEY DEMOCRACIA, con el fin de ejercer más presión sobre la dictadura en la isla. La ley tiene aún que llegar al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Los representantes republicanos Byron Donalds, Alex Mooney, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar presentaron un proyecto complementario en la Cámara de Representantes.
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