El Parlamento Europeo está decidido a dar pasos para evitar que los dictadores, sus amigos y familiares escondan sus fortunas en bancos del viejo continente, tras la aprobación la semana pasada de un informe presentado al pleno legislativo por un eurodiputado británico.
Según el documento preparado por el legislador Graham Watson, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, resulta contradictorio por un lado que se sancione en sus respectivas naciones a los tiranos, y por el otro se les deje “esconder y usar su dinero” en los países europeos.
El texto aprobado por la eurocámara “contempla no sólo medidas restrictivas fuera, sino también cómo darles continuidad dentro de la Unión Europea (UE)”, precisa una nota difundida en la página web del Parlamento Europeo.
De acuerdo con el sitio en Internet, se estima que en las dos últimas décadas $150.000 millones de dólares abandonaron el norte de África (Argelia, Marruecos y Túnez) y fueron depositados en bancos europeos.
Se cita además como ejemplo que el ex dictador egipcio Hosni Mubarak y su familia tenían una riqueza personal de entre 50.000 y 70.000 millones de euros (entre $66.000 y $93.000 millones de dólares) invertidos sobre todo en EE.UU. y la Unión Europea.
También que los activos en la UE del antiguo régimen libio de Moammar Gadafi se calculan en miles de millones, especialmente en Gran Bretaña, y que el dinero que tenía depositado en bancos europeos el recién fallecido tirano de Corea del Norte Kim Jong Il asciende a unos 4.000 millones de euros (más de $5.000 millones de dólares).
Los legisladores europeos consideran que para muchos gobernantes autoritarios, la UE constituye “un foco de atracción para sus inversiones, propiedades y depósitos bancarios, a la vez que les ofrece servicios médicos, un área libre para viajar y libertad para gastar su riqueza de dudosa procedencia”.
La propuesta aprobada por los eurodiputados señala que debe prohibirse estrictamente poseer activos y propiedades dentro de la UE a los gobernantes que sean sancionados, así como a sus socios, y además pide a los Estados miembros que declaren los activos físicos o financieros que tales personas tengan dentro de sus fronteras.
En adición, demanda que si los sancionados han contado con cómplices dentro de Europa, éstos sean investigados y juzgados por los Estados miembros. En cuanto a los bienes congelados o confiscados—dice--, deben ser repatriados tan pronto como sea posible a sus países respectivos para beneficio de la población.