El informe de la Comisión agrega que en Cuba “persiste la violación generalizada de las libertades públicas, especialmente en relación al derecho a la participación política y a la libertad de expresión”.
La Comisión reiteró la necesidad de elecciones en Cuba, que deben ser “periódicas, libres, justas y pluralistas, basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la voluntad popular”.
La Comisión presentó sus conclusiones en un nuevo informe, luego de sostener audiencias desde el 22 de febrero sobre la situación de los derechos humanos en las Américas.
Por otra parte, la Comisión elogió el establecimiento de una amplio programa nacional de derechos humanos en México y la aprobación de reformas constitucionales en Brasil que modernizan el sistema judicial para combatir la impunidad respecto de las violaciones de derechos y además informó que Chile, Argentina y Paraguay iniciaron investigaciones para castigar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos y que el gobierno de Honduras firmó un acuerdo en torno a “los casos de las desapariciones forzadas”.
El documento de la Comisión dice que, no obstante, el Hemisferio enfrenta “muchos desafíos en materia de derechos humanos, entre ellos problemas pendientes desde hace tiempo como la impunidad en casos de violaciones graves de los derechos humanos, detenciones arbitrarias, ataques en algunos países contra la independencia e imparcialidad del poder judicial y condiciones inhumanas de detención en las prisiones, así como “una creciente inseguridad pública” debió al aumento de la criminalidad.
La comisión, con sede en Washington, es una de las dos entidades que se ocupan de fomentar y proteger los derechos humanos en el sistema interamericano. La otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ubicada en San José, Costa Rica.
Venezuela tiene el “problema endémico” de los jueces provisionales, determinó la Comisión. Desde 2004 en Venezuela se ha designado a 436 fiscales provisionales. La Comisión dijo que el elevado porcentaje de jueces y fiscales provisionales “perjudica seriamente el derecho a una adecuada administración de justicia e incide en forma negativa sobre los derechos de los magistrados y fiscales a la estabilidad en los cargos”.