Tras un año de debates el congreso aprobó el pasado jueves el proyecto de ley que incrementa en un 32 por ciento los impuestos a las compañías petroleras extranjeras y mantiene en un 18 por ciento las regalías que pagan esas corporaciones.
El gobierno que preside Mesa había calificado la ley de confiscatoria y suicida, por temor a que ahuyente a los inversionistas.
El Presidente tiene diez días para aprobar o vetar la propuesta legislativa. Asimismo, los sindicatos amenazan con protestas para presionar al presidente a promulgarla ley.