América Latina
¿Es eficaz la “estrategia de presión” contra Nicaragua?
WASHINGTON D.C. - Luego de semanas de ser prácticamente, el centro de atención internacional debido a la tensión política y social que se vive en Nicaragua, la Casa Blanca advierte que está analizando “todas las opciones” y que busca implementar “acciones de impacto” para presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega para que libere, de forma inmediata, a cinco de sus contrincantes políticos en las elecciones de noviembre y a más de una veintena de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas.
Por su parte, tanto el presidente nicaragüense como políticos de su partido han tildado a Estados Unidos y a la Unión Europea de “injerencistas”, y han catalogado de “absurdo” el llamado que hacen algunas naciones y organizaciones como la OEA y Human Rights Watch de respetar el Estado de Derecho y liberar a los detenidos.
Miembros de la oposición y la comunidad internacional también acusan a Ortega de realizar los arrestos a sus rivales opositores ante el temor de perder las elecciones presidenciales programadas para el mes de noviembre.
Antecedentes a la medida
Pero, ¿cómo comenzó todo?
La mayoría con la que cuenta el presidente Daniel Ortega en la Asamblea Nacional de Nicaragua, le permitió tramitar una serie de leyes, todas cuestionadas por organismos como la OEA y la CIDH por considerar que sacan del juego político a la oposición y atetan contra la democracia.
La primera de ellas fue aprobada en octubre de 2020 y es la ley de Agentes Extranjeros que le prohíbe a las organizaciones no gubernamentales recibir aportes de la comunidad internacional. Esta la ley también deja sin recursos a otras organizaciones que venían operando por la defensa de los derechos humanos o la libertad de prensa.
Luego, en diciembre 2020, legisladores nicaragüenses aprobaron la Ley de defensa de derechos del pueblo, la cual le da la potestad al gobierno de calificar a cualquier persona como traidor a la patria, y si alguien promueve acciones de la comunidad internacional contra el gobierno, también puede quedar catalogado como “traidor a la patria”.
En mayo de este año, se realizó una reforma al código penal para extender las detenciones preventivas de 48 días hasta por 90 días. Y finalmente, también en mayo, se hizo la reforma electoral aprobada por el Consejo Supremo Electoral y que prohíbe el financiamiento de las campañas políticas; además de prohibir la verificación u observancia electoral de las elecciones.
Para Cynthia Arnson, directora del programa de América Latina del Wilson Center, y quien estuvo de invitada en el programa Foro de la Voz de América, el objetivo del presidente Ortega es “evitar” las elecciones del próximo 7 de noviembre porque ha perdido popularidad, principalmente, por el manejo de la pandemia y la economía.
“Resulta que Daniel Ortega es cada vez más impopular. Hay un umbral muy bajo de 35% en la Constitución nicaragüense, para resultar victorioso en una elección. Yo creo que Daniel Ortega ahora mismo no tiene ni este 35%, entonces está haciendo todo lo posible para prevenir elecciones libres y con candidatos de oposición”.
De acuerdo con Oswaldo León-Fariello, coordinador de Nicaragua Freedom Coalition o la Coalición por la libertad de Nicaragua, Daniel Ortega está tratando de “vender” a sus seguidores y aliados, la idea de que se van a quedar en el poder varios años más.
“Tratan de venderles el espejismo de que en Nicaragua todo está normal, que se está llevando a cabo un proceso electoral en condiciones normales; sin embargo, esta es una situación totalmente anormal y de una dictadura”.
Responsabilidades compartidas
La comunidad internacional tiene su grado de responsabilidad, en opinión de María Fernanda Bozmoski, directora Adjunta de programas del Atlantic Council.
“Desde los años de la administración pasada del presidente Trump, Nicaragua dejó ser tema de interés, por el enfoque que se tenía sobre Cuba y Venezuela, eso permitió al régimen de Ortega envalentonarse y prepararse para ejecutar todo lo que está haciendo en este momento. Definitivamente, no habrá una elección libre y justa”, advirtió Bozmoski.
Los expertos concuerdan en que la situación de Nicaragua supera las discusiones tradicionales de “temas de derecha o izquierda” ya que atenta directamente contra la democracia en la región; por lo que instan a actuar a los organismos internacionales para que ejecuten una respuesta consensuada y multilateral.
Sanciones, ¿una carta ganadora?
Juan González, asesor de Asuntos Hemisféricos de la Casa Blanca, dijo que “lo más importante es no [cometer] el error que a veces comentemos de interpretar las sanciones como estrategia, sino tener una estrategia que tenga sanciones como una opción en su ejecución”.
A esta petición de sanciones, sobre todo en materia económica, se han sumado actores demócratas y republicanos en Estados Unidos, pero también líderes opositores nicaragüenses.
Por su parte, Ortega dijo en un acto público en Managua que los opositores "están de rodillas pidiendo sanciones, ante el imperio yanqui, rogando sanciones ante el imperio yanqui, piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua”.
“No creo que existan sanciones que cambien el comportamiento de Daniel Ortega" – considera Cynthia Arnson. "Yo creo que él está dispuesto a resistir a cualquier costo. Hay que pensar bien cómo usar esta herramienta. Las sanciones no son una estrategia en sí mismas, sino que sirven dentro de una estrategia para lograr ciertos fines. No creo que las sanciones vayan a ser eficaces para cambiar, de aquí a noviembre la política de Daniel Ortega en Nicaragua”.
Con esta apreciación coincide María Fernanda Bozmoski; pero “creo que también debería ponerse sobre la mesa el tema de sancionar instituciones como el ejército, la policía, el Banco Central”.
Hasta el momento, Estados Unidos ha sancionado de forma individual a más de 20 funcionarios pertenecientes o ligados al gobierno de Ortega, algo que puede funcionar, de acuerdo con Oswaldo León-Fariello, “si impactan directamente al dinero de los Ortega”.
El analista de Nicaragua Freedom Coalition también resalta la importancia de la Ley RENACER que incluiría acciones coordinadas con otros países como Canadá y la Unión Europea.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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