Estados Unidos
Rocha condenado a 15 años de cárcel (VIDEO)
El Ex embajador de Estados Unidos Víctor Manuel Rochase se declaró el viernes culpable de actuar como agente del régimen cubano y fue condenado a 15 años de prisión.
“Hoy ya no veo el mundo con la mirada radical de mi juventud”, dijo en la audiencia de sentencia que incluye además tres años de libertad supervisada y una multa de 500.000 dólares.
El ex funcionario de 73 años se declaró culpable de conspirar para defraudar a Estados Unidos como agente extranjero y no registrarse como agente extranjero como parte de un acuerdo con el gobierno federal y admitió haber traicionado su juramento de lealtad a los Estados Unidos durante sus "dos décadas en el Departamento de Estado”.
La jueza federal Beth Bloom había rechazado inicialmente este viernes un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del ex diplomático porque consideró que la única víctima no era el gobierno de Estados Unidos y no estaba de acuerdo con la restitución propuesta de medio millón de dólares.
La magistrada también pidió que se le retire la naturalización con la que obtuvo la ciudadanía estadounidense.
“Sus acciones fueron un ataque directo a nuestra democracia y a la seguridad de nuestros ciudadanos”, dijo la magistrada Bloom.
El acuerdo de culpabilidad de Rocha le obliga a compartir con el gobierno estadounidense “una evaluación completa y detallada del daño que se cometió”.
Según Jonathan Douglas Stratton, uno de los fiscales, “fue increíblemente valioso que el acusado no sólo se declarara culpable y admitiera su conducta criminal, sino que continuara cooperando con los Estados Unidos”.
El Departamento de Justicia de EEUU consideró que este caso ejemplifica la amenaza que representa el gobierno de Cuba y demuestra que infiltrar al gobierno de Estados Unidos es una prioridad para el gobierno de Cuba junto a sus aliados, China y Rusia.
El fiscal general de los Estados Unidos Merrick B. Garland aseguró que el caso Rocha "expone una de las infiltraciones de mayor nivel y duración en el Gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero”.
“Alegamos que, durante más de 40 años, Víctor Manuel Rocha actuó como agente del gobierno cubano y buscó y obtuvo puestos dentro del Gobierno de Estados Unidos que le proporcionaban acceso a información no pública y la posibilidad de afectar la política exterior estadounidense", dijo Garland.
Una vida al servicio de la dictadura cubana
De acuerdo a documentos judiciales, Rocha, quien tiene 73 años, ha sido hallado culpable de participar en “actividades clandestinas” a favor del régimen cubano desde -al menos- 1981, cuando comenzó a trabajar en el Departamento de Estado.
Durante más de 40 años, Rocha mantuvo encuentros secretos con oficiales de inteligencia del régimen cubano a los que proporcionó información sensible de Estados Unidos.
Rocha aparentaba ser partidario del ex presidente Donald Trump y era cercano a círculos del exilio cubano donde era una voz respetada. Durante algunas entrevistas en medios del exilio cubano repetía una y otra vez que la principal amenaza del régimen cubano a EEUU era un éxodo masivo.
En el año 2023 un agente secreto del Buró Federal de Investigaciones se reunió con Rocha bajo la falsa identidad de "Miguel", un oficial de inteligencia del régimen cubano. En las citas, los oficiales norteamericanos se percataron de que Rocha utilizaba técnicas aprendidas de la inteligencia cubana para evitar seguimientos.
Creyendo que su interlocutor era un agente del régimen de la isla, Rocha alabó a Fidel Castro en las conversaciones que quedaron grabadas y dijo que Estados Unidos era su enemigo. También se refirió a su trabajo a lo largo de décadas contra este país como “más que un grand slam”.
Viajes a Cuba e intentos de burlar el embargo de EEUU
Tras arresto en Miami, se conoció que Rocha intentó comprar derechos de tierras confiscadas tras la llegada al poder de Fidel Castro con el objetivo de promover el fin del embargo, según ha contado su socio Timothy Ashby a la prensa local.
El ex subsecretario adjunto de Comercio para el Hemisferio Occidental viajó a Cuba con Rocha a partir de 2007 para adquirir terrenos, que desviaron a la sociedad offshore Siboney, y negociar con el Gobierno cubano un acuerdo para hacer inversiones.
"Él es la última persona que hubiera pensado que era un agente de la inteligencia cubana. Era fuertemente anticomunista, muy prorrepublicano y bastante conservador. Y lo destacó durante todo el tiempo que lo conocí", dijo Ashby.
Tras su retiro de la política, Rocha ocupó puestos de responsabilidad en XCoal, un exportador de carbón con sede en Pensilvania; Clover Leaf Capital, una empresa formada para facilitar las fusiones en la industria del cannabis; el bufete de abogados Foley & Lardner y la empresa española de relaciones públicas, Llorente & Cuenca.
Registros de la oficina del Secretario del Tribunal y Contralor de Miami-Dade, con fecha del 8 de febrero, reflejan que el acusado transfirió a su esposa, Karla Wittkop Rocha, el título de propiedad de cuatro apartamentos de lujo, valorados en 4 millones de dólares, que están ubicados en el Brickell City Center.
Rocha es representado por la abogada Jacqueline Arango, quien trabaja para el bufete Akerman, de Miami, el cual se autodenomina “a la vanguardia de la política cubana” para ayudar a empresas “a navegar por las complejidades del recién abierto mercado cubano”.
El exilio cubano pidió la máxima condena a Rocha
En las inmediaciones del tribunal en Miami se hicieron presentes diversas organizaciones del exilio cubano, que reclamaban la pena máxima para el espía.
“Es importante que la justicia norteamericana no caiga en el juego de las dictaduras. Es importante que la justicia no defraude al exilio cubano y a la sociedad norteamericana. Rocha es un funcionario del gobierno que trabajó durante años para la dictadura. Hay víctimas por sus delaciones y esa gente merece justicia”, dijo el influencer Alexander Otaola.
Ailyn Zamora, una exiliada que afirma ser hija de un represor y agente de la Seguridad del Estado en activo en Guantánamo también se manifestó.
“Estoy exigiendo justicia por tantos años de inhumanidad para el pueblo cubano, para mi familia y para mí que soy víctima de ese sistema”, dijo.
“Yo soy hija de un represor y un agente de la Seguridad del Estado activo en Guantánamo. Mi mamá fue víctima suya. Estoy aquí para demostrarle al mundo entero que las víctimas deben ser respetadas”, añadió.
El ex preso político Bárbaro Vela recordó que durante el trabajo de Rocha en La Habana fueron derribadas las avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales, por lo que pidió la “máxima condena” para “el espía y traidor”.
Demanda civil contra Víctor Manuel Rocha
Tras su condena, Rocha deberá también responder ante una demanda civil interpuesta por Ofelia Payá, la viuda del reconocido disidente cubano Oswaldo Payá, quien falleció junto al activista Harold Cepero, en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio de 2012, en una carretera de Bayamo, Granma.
Desde entonces su familia y reconocidas entidades internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado al régimen cubano responsable de estas muertes. Un informe de 2023 de este organismo regional concluye que “lo ocurrido a las víctimas se enmarcó en el contexto de la persecución y represión estatal contra personas disidentes políticas y defensoras en Cuba, con el objetivo de obstaculizar o paralizar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos”.
La demanda de la familia Payá asegura que Rocha “ayudó directamente a funcionarios cubanos, proporcionándoles información crítica que obtuvo a través de su autorización de seguridad ultrasecreta y sus roles influyentes. Cuba no habría podido ejecutar a Payá con impunidad sin que el acusado conspirara y le proporcionara inteligencia y ayuda a la dictadura de Cuba”.
“Debajo de este barniz de lealtad y servicio a los Estados Unidos, el acusado mantuvo una lealtad clandestina al régimen cubano”, agrega el texto, donde se le imputa como cómplice del asesinato.
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EEUU y México planean tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal en su frontera compartida
Estados Unidos y México planean tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal en su frontera compartida, según dijeron el lunes los líderes de ambos países.
En un comunicado conjunto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijeron que sostuvieron el domingo una conversación telefónica y que sus administraciones pronto tomarían medidas para disminuir los cruces ilegales y, al mismo tiempo, abordarían los problemas económicos y de seguridad que provocan que las personas migren.
“En el corto plazo, los dos presidentes ordenaron a sus equipos de Seguridad Nacional trabajar en conjunto para implementar de inmediato medidas concretas, a fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos”, anunció el comunicado.
El comunicado no da detalles sobre las "medidas concretas".
También se comprometieron a promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración en todo el hemisferio occidental, señalando que aumentar la prosperidad y la seguridad compartidas será de importancia crítica para enfrentar eficazmente el desafío migratorio a largo plazo.
En la Casa Blanca, al pedido de una periodista de más detalles sobre las medidas, la vocera Karine Jean-Pierre dijo que no quería ir más allá de lo dicho en el comunicado.
“Voy a tener mucho cuidado aquí. No voy a adelantarme a lo establecido en la declaración, pero diría que es un compromiso continuo para fortalecer la relación bilateral, la relación que tenemos y la cooperación regional, y no olvidemos que la cooperación regional beneficiará aquí, a nosotros aquí, en los Estados Unidos, pero también al pueblo de México, así que no voy a ir más allá de la lectura, esa declaración conjunta que salió”, declaró la portavoz.
Por su parte, el López Obrador le dijo a la prensa el lunes que habló con Biden sobre mantener la frontera abierta para aquellos que sigan los procesos legales para llegar a Estados Unidos.
También elogió la reducción de llegadas a la frontera entre EEUU y México, diciendo que se habían reducido a alrededor de 6.000 por día en enero debido, en parte, a programas sociales en otros países latinoamericanos respaldados por su gobierno.
Biden, demócrata que aspira a otro mandato en las elecciones del 5 de noviembre, ha endurecido su enfoque sobre la seguridad fronteriza en los últimos meses, a medida que la inmigración se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses.
Los republicanos lo han criticado por dar marcha atrás en las políticas fronterizas restrictivas de la era de su antecesor, el expresidente Donald Trump, y por no frenar el aumento de los cruces ilegales.
La Casa Blanca ha considerado utilizar la autoridad ejecutiva del gobernante para bloquear a los migrantes en la frontera, pero tal medida podría desencadenar desafíos legales y el disgusto de algunos demócratas.
También está estudiando formas de conceder un estatus legal temporal y permisos de trabajo a los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos y estén casados con ciudadanos del país norteamericano, una medida que podría servir de contrapeso a las restricciones en la frontera.
Corte Suprema de EEUU escucha argumentos sobre afirmación de Trump de inmunidad absoluta
La Corte Suprema de Estados Unidos examinó este jueves si el expresidente Donald Trump cuenta con inmunidad y puede evitar ser procesado por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden.
El juicio del ex presidente por presunta interferencia electoral ha sido retrasado durante meses mientras la Corte considera el argumento de Trump de que los presidentes deberían ser inmunes a las acciones que tomen mientras están en el cargo.
En Nueva York, Trump dijo que quería estar presente en la Corte Suprema pero en vez de eso, tuvo que nuevamente presentarse a una corte de Nueva York, donde está siendo juzgado por cargos de falsificar registros para ocultar información perjudicial a los votantes cuando dirigió pagos monetarios a una actriz de películas para adultos a fin de mantener en secreto sus afirmaciones de que tuvieron relaciones sexuales.
"Creo que en la Corte Suprema que tiene que ver con la inmunidad, escuché que el argumento fue brillante. Pensé que las preguntas del juez eran geniales y todos los presidentes deben tener inmunidad", declaró Trump.
La mayoría de los jueces de la Corte Suprema, que se espera que emita su fallo a finales de junio, no parecían inclinados a respaldar la afirmación de Trump.
Pero al menos cuatro de los nueve magistrados parecieron estar en desacuerdo con un fallo de un tribunal inferior que estipuló que un expresidente no goza de "inmunidad absoluta" frente a un proceso penal después de dejar el cargo.
Los abogados de Trump sostuvieron que los expresidentes tienen derecho a inmunidad absoluta por sus actos oficiales. De lo contrario, dicen, los procesos por motivos políticos de exmandatarios serían rutinarios y los presidentes no podrían asumir el papel de comandante en jefe si tienen que preocuparse por cargos penales.
Por su parte, la fiscalía afirmó que quienes redactaron la Constitución nunca tuvieron la intención de que los presidentes estuvieran por encima de la ley y que, en cualquier caso, los actos de los que se acusa a Trump —incluyendo el participar en un plan para incluir electores falsos en estados disputados ganados por Biden— no son de ninguna manera parte de los deberes oficiales de un presidente.
La inmunidad presidencial de Trump en manos de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Estados Unidos asumirá este jueves un papel determinante en el futuro político del expresidente Donald Trump, favorito por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales del 2024.
El expresidente ha solicitado inmunidad judicial en varias acusaciones que buscan procesarlo por sus esfuerzos por anular el resultado electoral de las presidenciales de 2020.
Otras instancias del sistema judicial han rechazado su solicitud de ser protegido de cuatro cargos penales relacionados con las elecciones con el argumento de que estaba sirviendo como presidente.
Los abogados de Trump dijeron a los jueces que un expresidente tiene "inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento penal por sus actos oficiales" y alertaron que sin esa protección "la amenaza de un futuro enjuiciamiento y encarcelamiento se convertiría en un garrote político para influir en las decisiones presidenciales más sensibles y controvertidas".
Una decisión rápida de la Corte Suprema podría permitir que el juicio se lleve a cabo antes de las elecciones de noviembre.
Trump no asistirá a los argumentos de la Corte Suprema, integrada por una mayoría conservadora, entre los que se incluyen Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, los tres nombrados por el expresidente republicano. Los miembros de la rama judicial son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.
En 2020 la misma instancia rechazó varios intentos que buscaron anular los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Joe Biden, por un margen de 306 a 232 votos en el colegio electoral de EE.UU.
En marzo, la Corte Suprema concedió una importante victoria para la carrera de Trump cuando anuló una decisión judicial que le había excluido de la papeleta electoral de Colorado en virtud de una disposición constitucional relativa a la insurrección por incitar y apoyar el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos perpetrado por sus partidarios.
Desde la histórica sentencia del caso Bush contra Gore, que en 2000 dio la victoria al republicano George W. Bush sobre el demócrata Al Gore, la corte no había desempeñado un papel tan importante en una carrera presidencial.
Los casos de la Corte Suprema son casi completamente de naturaleza apelativa y las decisiones de esta corte no pueden apelarse ante ninguna otra autoridad, ya que la Corte Suprema es la última instancia decisoria en los Estados Unidos en cuanto a las leyes federales. Sin embargo, la Corte Suprema puede considerar apelaciones de las cortes estatales de mayor rango o de los tribunales federales de apelaciones. La Corte también tiene jurisdicción de primera instancia sobre ciertos tipos de casos, incluyendo aquellos que implican a embajadores y otros funcionarios diplomáticos, y casos entre estados.
Nuevas detenciones en protestas estudiantiles en EEUU por la guerra de Gaza
Las protestas en universidades en Estados Unidos contra la guerra entre Israel y Hamás obligaron el martes a algunas casas de estudio a imponer las clases virtuales.
NUEVA YORK, EEUU — Los pulsos entre las universidades estadounidenses y las protestas propalestinas de sus alumnos eran cada vez más tensos el miércoles en ambas costas, y la Universidad de Columbia marcó un plazo límite a cientos de personas para que levantaran un campamento, mientras docenas de inconformes seguían atrincherados en dos edificios en un campus universitario del norte de California.
Los dos incidentes formaban parte de unas manifestaciones estudiantiles que ganaban intensidad en todo el país por la guerra de Israel con Hamás. Los estudiantes reclaman que las escuelas corten lazos financieros con Israel y desinviertan de compañías implicadas en el conflicto. Docenas de personas han sido detenidas y acusadas de allanamiento o alteración del orden.
El presidente de Columbia, Minouche Shafik, fijó el martes en un comunicado un plazo límite para llegar a un acuerdo con los alumnos para desalojar el campamento o “consideraremos opciones alternativas”.
Ese plazo pasó sin noticias de un acuerdo. Videos del lugar mostraban a algunos manifestantes retirando sus carpas mientras otros redoblaban sus discursos. Circulaban rumores en internet sobre que el plazo se había retrasado a la mañana, aunque la universidad declinó confirmarlo.
El incremento de la tensión se daba la noche antes de que el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, viajara a Columbia para visitar a los estudiantes judíos y hablar sobre el antisemitismo en los campus universitarios.
En el otro extremo del país, los manifestantes en la Universidad Politécnica Estatal de California, Humboldt, empezaron a utilizar muebles, carpas, cadenas y bridas para bloquear los acceso a un edificio el lunes por la noche. Era un desafío más inesperado en una región conservadora de California, unos 480 kilómetros (300 millas) al norte de San Francisco.
“¡No les tenemos miedo!”, coreaban los inconformes antes de que agentes con material antimotines trataran de abrirse paso en la entrada del edificio, según videos. La alumna Peyton McKinzie dijo que estaba entrando el lunes en el campus cuando vio a la policía agarrar a una mujer por el pelo y a otro alumno al que le estaban vendando la cabeza por una herida.
“Creo que muchos alumnos están en shock por eso”, dijo a The Associated Press.
Tres estudiantes fueron detenidos, según un comunicado de Cal Poly Humboldt, que cerró el campus hasta el miércoles. Un número desconocido de alumnos había ocupado un segundo edificio del campus el martes.
El incremento de las manifestaciones ha obligado a las universidades a buscar un equilibrio entre la seguridad del campus y los derechos de libertad de expresión. Muchas toleraron durante mucho tiempo las protestas, que en su mayoría reclamaban que las universidades condenaran el ataque de Israel a Gaza y desinvirtieran de compañías que venden armas a Israel.
Ahora las universidades imponen una disciplina más estricta alegando motivos de seguridad, mientras algunos estudiantes judíos dicen que las críticas a Israel han derivado en antisemitismo.
Las protestas contra la guerra en la Franja de Gaza llevaban meses bullendo, pero se intensificaron luego del arresto el jueves de la semana pasada de más de 100 manifestantes que habían acampado en el campus de la Universidad de Columbia en Manhattan.
En la Universidad de Nueva York, 133 personas habían sido detenidas y liberadas para el lunes por la noche con orden de comparecer ante una corte bajo cargos de alteración del orden público.
En Connecticut, la policía arrestó a 60 manifestantes —incluidos 47 estudiantes— en la Universidad de Yale, luego de que se rehusaron a abandonar un campamento en el centro del campus.
El presidente de Yale, Peter Salovey, dijo que los manifestantes habían rechazado una oferta para poner fin a la protesta y reunirse con los administradores. Después de varias advertencias, las autoridades escolares determinaron que “la situación ya no era segura”, así que la policía desalojó el campamento y realizó los arrestos.
En la región del centro-norte de Estados Unidos, un campamento en el campus de la Universidad de Michigan había crecido hasta tener casi 40 tiendas de campaña. Y nueve manifestantes contra la guerra de la Universidad de Minnesota fueron detenidos luego de que la policía desmanteló un campamento frente a la biblioteca. Cientos de personas marcharon en el campus de Minnesota por la tarde para pedir su liberación.
La Universidad de Harvard, en Massachusetts, ha intentado adelantarse a las protestas cerrando la mayoría de las puertas de acceso a su famoso Harvard Yard y limitando el acceso a quienes lleven una identificación de la escuela. La universidad también ha colocado carteles que advierten contra la instalación de tiendas o mesas en el campus sin permiso.
Las protestas en los campus comenzaron tras el letal ataque de Hamás contra el sur de Israel, en el que mataron unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y unas 250 personas fueron tomadas como rehenes. En la guerra posterior, Israel ha matado a más de 34.000 palestinos en la Franja de Gaza, según el ministerio de salud local, que no distingue entre civiles y combatientes pero señala que al menos dos tercios de los muertos eran mujeres y niños.
Cuba, entre los países con más residentes y nacionalizados en EEUU en 2023
Cuba está entre los países con más ciudadanos residentes y nacionalizados en EEUU en 2023.
De acuerdo con un informe sobre Política de Nacionalización publicado recientemente, en el país norteamericano había al cierre del año pasado un total de 1.314.330 cubanos, de ellos el 64 por ciento se había naturalizado como ciudadano estadounidense y otro 30% era potencialmente elegible para serlo.
Solo el 6% de los cubanos radicados en EEUU resultó no elegible para obtener la ciudadanía ese año.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), en 2023 hubo más de 153.000 entradas irregulares de cubanos a Estados Unidos. Otros 67.000 volaron directamente a territorio norteamericano gracias al programa conocido como Parole Humanitario, implementado en enero de ese año por la administración de Joe Biden.
Esos números, sumados a los más de 313.000 que ingresaron en 2022, representan el mayor éxodo de ciudadanos de la isla de las últimas décadas.
A esta ola migratoria solo le preceden la del Mariel, en la década de 1980, cuando se registró la salida de 130.000; la llamada "Crisis de los balseros", en 1994, con 35.000; y la salida de unos 300.000 poco entre 1960 y 1963 después de la llegada de Fidel Castro al poder.
El Informe Anual correspondiente al año fiscal 2023 indica además que Cuba está entre los 10 países con mayor cantidad de expedientes bajo monitoreo de ICE.
"Un total de 442.624 cubanos están siendo monitoreados por las autoridades migratorias estadounidenses fuera de un entorno de detención, a través de una variedad de mecanismos", recoge el documento.
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