Los jueces de la Sala Penal de la recientemente estrenada Corte Nacional de Justicia (CNJ) Wilson Merino, Paúl Íñiguez y Jorge Blum se tomaron una hora y cuarenta minutos para ratificar, de forma unánime, las sentencias de primera y segunda instancia contra el diario El Universo, que fue hecha efectiva a la medianoche de hoy.
El ex Fiscal de la Nación, Washington Pesántez, dijo ayer a este periodista que la audiencia no debía durar más de cinco minutos, en condiciones normales. Pero lo cierto es que la misma se extendió por más de 15 horas. Comenzó a las 09:00 del miércoles y terminó pasada la medianoche con la sentencia a favor del presidente Rafael Correa.
Los jueces declararon improcedentes los recursos de casación y devolvieron el proceso al tribunal inferior, el Juzgado 15º de Garantías Penales.
La sentencia, que muchos consideran “desproporcionada y abusiva”, significa una prisión de tres años para los directivos del rotativo: Carlos, César y Nicolás Pérez y el pago de una indemnización de $40 millones para el presidente Rafael Correa.
Después de escucharla, un Rafael Correa que sonreía irónicamente agradeció primero a sus abogados, y luego a Dios pues, según dijo, se “ha demostrado que los directivos de los medios deben darse cuenta de que han perseguido a gente buena”.
Expresó que había brillado la verdad. Y remató su improvisada rueda de prensa señalando que “se ha demostrado que se puede enjuiciar no solo a los payasitos, sino a los dueños del circo” (en clara alusión a los dueños de El Universo).
En la audiencia, la seguridad policial y de la Corte trató a los periodistas como ciudadanos de tercera, impidiéndoles grabar lo que acontecía y manteniéndolos separados del Tribunal y los abogados, usando un biombo de madera.
La audiencia se celebró con un gran escándalo de fondo debido a las denuncias de la jueza temporal Mónica Encalada, quien advirtió en una declaración juramentada que fue presionada por “uno de los abogados del presidente Rafael Correa” durante el trámite en primera instancia de la querella penal entablada contra El Universo. La abogada salió ayer hacia Colombia, pues dijo temer por su vida.
Desde primeras horas de la mañana del miércoles la opinión pública se mostró sorprendida, pues, en una parte de la declaración de la jueza, esta afirmó haber recibido una llamada de un abogado de Correa (no especificó cuál) pidiéndole que fuese ella quien presidiera la audiencia de juzgamiento prevista para el 19 de julio del año pasado, a pesar de que ya había culminado su trámite del caso.
“A usted le va a corresponder hacer la audiencia el día de mañana (...). El ‘número uno’ (en alusión a Rafael Correa) está contento, pues él dice que se lleva bien con las damas, que tienen más pantalones que los hombres, entonces le corresponde a usted hacer la sentencia; haga nomás la audiencia, nuestro respaldo y el respaldo del ‘número uno”, cita la jueza en su declaración juramentada.
Según Encalada, el juez Paredes le habría asegurado que quien efectuara la audiencia no tendría que preparar el fallo sino notificarlo solamente: “La sentencia está bien trabajada y fundamentada, pues Gutemberg (Vera, el abogado de Correa) no duerme haciéndola, lleva semanas trabajándola”. También contó que Vera ofreció pagar el 25% de las ganancias de los honorarios, estipulados en tres millones de dólares.
La audiencia celebrada en Quito no siguió un curso normal, se registraron varios incidentes entre simpatizantes de Alianza PAIS (grupo político en el poder) y miembros del grupo Kbreados, quienes se enfrentaron reiteradas veces. Estos incidentes fueron tornándose violentos, cuando los seguidores del gobierno comenzaron a insultar y golpear a periodistas y fotógrafos de medios no oficiales, en minoría, si se tiene en cuenta que el gobierno controla ya una veintena de medios.
Uno de los casos más violentos fue el de Carlos Andrés Vera -hijo del periodista Carlos Vera, fuera de la televisión por presiones de Correa- quien acudió al lugar a realizar unas tomas y lo golpearon en el rostro, insultándolo con palabras soeces.
Los simpatizantes de Correa empezaron a llegar desde muy temprano a la Corte lanzando insultos contra la prensa, a la que llamaron “corrupta” y “mediocre”, igual que hace Correa en sus enlaces sabatinos. Muchos rompieron y quemaron ejemplares de El Universo y El Comercio, en imágenes infames que recordaron lo que solían hacer los militares golpistas latinoamericanos de los setenta.
Cuando el mandatario hizo su arribo a la Corte, los simpatizantes de Alianza País les lanzaron lodo a los integrantes del grupo Kbreados. El desorden era tal que, desde un edificio cercano al de la Corte lanzaron agua a los exaltados “militantes” para que dejaran tanta algarabía.
Por su parte, en Guayaquil (donde se ventiló primero el juicio y tiene su sede central El Universo) un grupo de empleados se congregó desde las 05:00 y, con velas y pancartas, exigió un proceso transparente, así como abogaron por la libertad de prensa y de opinión. “Es un abuso, El Universo es el diario que leen nuestros padres y leyeron nuestros abuelos. La sentencia es desproporcionada, no vamos a permitir que acaben con El Universo”, dijo un hombre de 35 años que prefirió el anonimato.
En horas de la tarde, cuando aún no se conocía la sentencia, un taxista llamado Charles López comentó que “ya era hora” pues la prensa le decía ladrón y mari…, al que fuera. Ahora lo pensarán dos veces”.
Ferny Páez, un ex campeón de boxeo que vende libros usados en el centro de Guayaquil , expresó: “Está bien que lo condenen, profesor, es que en este país la prensa ha estado acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Así van a aprender la lección”.
En tanto que Gustavo Larrea, de extrema izquierda y quien formó parte del gobierno de Correa en sus primeros años, criticó duramente el proceso contra El Universo y comentó que eso era propio de “sistemas totalitarios, que persiguen a la prensa y judicializan la protesta”.
Los hermanos Pérez, dueños de El Universo, están en Estados Unidos y han declarado que temen por su integridad. Todavía no han confirmado que vayan a solicitar asilo político en ese país. Sus abogados han adelantado que seguirán la batalla jurídica, ahora en cortes internacionales, y que el dinero que Correa se embolsará, lo tendrá que pagar más adelante el Estado ecuatoriano.