Derechos Humanos
El MININT a la caza de quienes se atreven a protestar o filmar las manifestaciones
Agentes del Ministerio del Interior se mantienen acosando a los manifestantes de las recientes protestas populares, ocurridas en diferentes poblaciones de la isla seriamente afectadas por cortes de electricidad y la falta de agua y alimentos, informaron a Radio Televisión Martí varios periodistas independientes y activistas de derechos humanos.
Para el régimen comunista, las manifestaciones de esa población agobiada por el agravamiento de sus condiciones de vida, son delitos que atentan contra el orden público y la tranquilidad ciudadana y deben ser castigados con todo el peso de la ley.
La fuerzas represivas del MININt se han dirigido a los pueblos y ciudades donde se han dado las protestas.
En Villa Clara se reportan arrestos en la ciudad de Caibarién, donde los detenidos están en espera de juicio, al igual que en la localidad de Placetas.
En esta provincia también han apresado a varias personas en Remedios y la ciudad de Santa Clara, según informó el comunicador independiente Guillermo del Sol.
“Hay un número considerable de personas detenidas por las protestas de los apagones. En el caso de Caibarién, hay nueve, seis hombres y tres mujeres, una de ellas se llama Lisbery García, se le acusa de incitación a delinquir a través de las redes sociales, presuntamente por convocar a las personas para que salieran a protestar a la calle", explicó.
"En el caso de Placetas, permanecen detenidas 13 personas; en Remedios también hay detenidos y en la ciudad de Santa Clara, obtener información precisa es un trabajo muy arduo porque las familias no quieren identificar a sus presos, pero tenemos que seguir insistiendo hasta que logremos identificarlos a todos”, agregó el periodista.
En Cienfuegos permanecen detenidas personas que estuvieron en las del poblado de Covadonga y también ha habido arrestos en Aguada de Pasajeros, señaló el activista Luis Alberto de la Nuez, coordinador nacional de Movimiento Reflexión y Reconciliación (MRR).
“En el poblado de Covadonga hay 20 detenidos y en Aguada de Pasajeros, hay factores de la brigada de respuesta rápida recorriendo los barrios, en especial, el asentamiento La Comunidad, implantando el terror ciudadano”, dijo el opositor.
El acoso ha sido notable en la ciudad de Puerto Padre, Las Tunas, específicamente en el reparto Armando Silva, donde muchos de los residentes que protestaron tocando cazuelas han sido cuestionados por la Seguridad del Estado.
Algunos fueron multados y otros enfrentarán procesos judiciales, advirtió el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Vladimir Martín Castellanos.
“Todo está en falta en este país y tú tienes que estar callado, no puedes protestar pacíficamente, porque enseguida comienza la represión en contra de quienes reclaman derechos", denunció.
"Es multa, es cárcel, esa es la situación que tenemos acá en estos momentos”, destacó el opositor.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) envió el lunes una carta al director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alertando del acoso en contra de varios sindicalistas independientes tras las protestas populares.
La denuncia destaca los casos de Kety Martínez Díaz y su esposo, el sindicalista independiente Iván Guerra Hernández, hostigados por la policía política luego de las protestas en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque, y el de la periodista sindical Yunia Figueredo Cruz, de La Habana.
“Yo lo único que hice fue publicar lo que estaba sucediendo en el momento y debido a eso, fui citado por la policía. Luego de dos noches de guardia en mi trabajo, tuve que asistir a una citación de la policía, mi esposa también fue citada, y al igual que en mi caso, también fue amenazada con privación de libertad y demás", relató Guerra Hernández.
"Vivimos en una dictadura y ese es el resultado, lo único que hice fue denunciar que tres personas del pueblo habían sido reprimidas y además que, tras terminar la protesta, las autoridades desplegaron fuerzas policiales, boinas negras en el pueblo, intimidando a la población”, concluyó el sindicalista.
A continuación, el texto íntegro de la carta de ASIC a la presidencia de OIT
Sr. Gilbert F. Houngbo
Director General Organización Internacional del Trabajo Departamento de Normas Internacionales del Trabajo Oficina Internacional del Trabajo CH 1211Ginebra 22-Suiza houngbo@ilo.org | normes@ilo
Apreciado Director General:
Nos dirigimos a usted nuevamente para informarle sobre nuevos actos represivos contra miembros de nuestra organización sindical independiente, la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), con el ruego sea puesto de conocimiento del Comité de Libertad Sindical para que pasen a formar parte del Caso No. 3271, de ASIC vs. Estado cubano, por violación al Convenio núm. 87.
Antes de pasar a relatar los hechos, la mayor preocupación que surge por lo acontecido se basa tanto en la reincidencia sistemática del régimen en conculcar el derecho fundamental de libertad sindical y las amenazas de privación de libertad a las víctimas, como el síntoma de ampliación de la represión a los miembros de la ASIC.
El domingo 16 de octubre el secretario provincial de la ASIC Iván Guerra Hernández y su esposa Kety Martínez Díaz fueron citados a la unidad policial del municipio Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque.
Durante el interrogatorio efectuado por un oficial del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) vestido de civil, el agente amenazó al sindicalista con encarcelarlo y le levantó un acta de advertencia.
En el caso de su esposa, quien no es miembro de la ASIC, el gendarme la interrogó por separado y le advirtió que su esposo iría a la cárcel por su activismo y especialmente por sus comentarios en las redes sociales.
Por otra parte, en la mañana del lunes 17 de octubre, al salir de su vivienda en La Habana, la periodista sindical Yunia Figueredo Cruz fue detenida por un auto patrullero en el que viajaban dos agentes de la Policía Nacional revolucionaria (PNR) uniformados y dos agentes del DSE vestidos de civil.
La condujeron a la unidad de la policía del reparto Siboney en el municipio capitalino de Playa, donde fue interrogada por tres agentes del DSE, entre ellos el jefe que se identificó como el “coronel Cosme”.
Luego de varias amenazas, le fue levantada un acta de advertencia y fue liberada, después de cuatro horas de arresto injustificado, sin cargos aparentes. Desde hacía más de una semana Yunia estaba siendo hostigada y acosada por agentes del DSE, quienes la visitaron en tres ocasiones en su casa proponiendo encontrarse en una unidad policial.
Estas acciones constituyen una inaceptable violación a los derechos laborales y humanos fundamentales de los activistas citados y de la esposa de Iván Guerra y, tal como afirmado, un peligroso precedente en la tendencia de ampliar hacia la base de la organización las acciones represivas para intimidar y tratar de desarticular la ASIC.
A la espera de la atención que pueda prestarle a esta nueva denuncia, aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestros sentimientos de estima y consideración.
De Usted, muy atentamente, Iván Hernández Carrillo Secretario.
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Madre confía en que carcelero que agredió a su hijo en el Combinado del Este será llevado a Tribunal Militar
Un guardia de la prisión del Combinado del Este, en La Habana, que agredió al preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Yoanky Báez Albornoz, podría ser llevado a un tribunal militar.
Daimy Albornoz Rodríguez, madre del condenado a 14 años de privación de libertad por el delito de sedición, luego de que participara en las protestas pacíficas de La Esquina de Toyo, en el municipio capitalino de 10 de Octubre, explicó a Martí Noticias que la agresión tuvo lugar el día en que le correspondía a la compañía de su hijo salir al patio a tomar el sol.
“Le tocaba a la compañía de él el patio y, cuando abren la reja que le dicen ‘Compañía, patio’, mi hijo sale para el patio y el guardia, cuando le tocó salir a él, le dijo ‘tú no, tú no vas al patio, tú quédate aquí, ponte para acá’, y mi hijo le dijo que no, que él no se iba a detener en ningún lado”, dijo Rodríguez.
La señora explicó que, ante la negativa del joven, el oficial lo amenazó con llevarlo a la jefatura, a lo que el prisionero político contestó: “Bueno, tú me llevas para donde tú quieras porque yo no tengo miedo y yo no he cometido ningún delito”.
“Cuando mi hijo echó a andar, (el oficial) le cae atrás y un preso le dice (a su hijo) ‘¡Yoanky, cuidado!’, y cuando mi hijo se vira, el guardia le tira una galleta (bofetada). La primera galleta no le da y en la segunda, se meten los presos de por medio y, por encima de los presos, el guardia le dio la galleta en la cara a mi hijo y ahí empezaron a gritar los presos ‘¡Libertad, libertad!, ¡Patria y Vida, Patria y Vida!’ y ahí se unió en el coro todo el edificio completo cuando empezaron a oír los gritos del tercer piso”, explicó Albornoz Rodríguez.
La mujer declaró a Martí Noticias que su hijo no fue castigado por lo ocurrido ese día y que ella conversó con el mayor Leonelvis Hardy Baró, jefe del bloque donde está encarcelado su hijo.
“No lo castigaron porque el jefe del edificio Nº 1, que analizó el problema, me atendió, me dijo que mi hijo tenía la razón, que ellos no estaban ahí ‘para maltratar a ningún preso’ y eso ‘ellos no lo aceptan’ al punto de que, me dijeron, que él (guardia agresor) iba a ser sancionado y lo tenía ya hoy retenido y que ya eso lo sabía el jefe de ahí, del Combinado del Este y que lo iban a llevar a un Tribunal Militar”, concluyó Rodríguez.
Esto no es un caso aislado, el régimen de La Habana aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de Cuba, que "en los últimos cinco años, se había sancionado a 144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.
Los prisioneros, sus familiares y numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado múltiples casos de castigos, torturas y malos tratos cometidas por personal de centros penitenciarios cubanos. Además de abuso verbal, privación de atención médica, trabajos forzados, confinamientos en solitario, privación de sueño y de comida, ofensas y humillaciones constantes.
(Con reporte de Yolanda Huerga para Martí Noticias)
Campaña expone “patrón de castigo” a las presas políticas cubanas
Una iniciativa del centro de asesoramiento legal Cubalex busca visibilizar, de manera general y casuística, el impacto de la prisión política en las mujeres cubanas.
La campaña “Derechos negados: Mujeres encarceladas por motivos políticos en Cuba”, pretende además denunciar el uso de esta herramienta por regímenes autoritarios para controlar las voces críticas.
“Se ha denunciado que las autoridades [penitenciarias] toman decisiones a partir de las órdenes que les da la Seguridad del Estado en estos casos específicos de las mujeres privadas de libertad por motivos de opinión”, explicó Giselle Morfi, especialista de Cubalex.
La organización Justicia 11J tiene registradas 62 mujeres cubanas que están separadas de sus familias por disentir.
“Estas mujeres se encuentran en especial situación de riesgo”, asegura Cubalex sobre las presas políticas.
“Las condiciones de higiene de las prisiones, de manera general, son insalubres. Las pocas veces que hay agua, es de muy mala calidad, puede tener hasta fango, fetidez, incluso, el agua de tomar”, señaló Morfi.
La abogada detalló que las malsanas condiciones de los establecimientos penitenciarios afectan en particular a las mujeres embarazadas, más susceptibles a infecciones y otras enfermedades derivadas de la falta de higiene.
A esto se le añade la escasez de medicamentos en el país y la negligencia de los responsables de prisiones “que, muchas veces, aunque la familia lleva, por ejemplo, pastillas prenatales, no se las dan a la embarazada”, subrayó Morfi.
La experta considera que esta práctica se convierte en “un patrón de castigo” a las presas políticas.
Los penales no tienen médicos especialistas por lo que las presas con dolencias que requieran un ginecólogo, u otro especialista, deben ser trasladadas a un centro de salud cercano.
“Nos sacan de ‘conduce’ para un hospital porque ahí no hay condiciones para eso. Pero, muchas veces, perdíamos el turno porque no había petróleo o no había carro”, relató Liliana Oropesa, excarcelada este lunes bajo una licencia extrapenal. La mujer se encuentra embarazada de ocho meses y estaba recluida en la sección destinada a las mujeres en esa condición de la Prisión de Mujeres de Occidente.
“No nos daban ninguna dieta [a las gestantes]. Nos daban la misma comida que a todo el mundo”, apuntó Oropesa, que cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el barrio habanero La Güinera.
Los exámenes como el que detecta el VIH y los exudados vaginales imprescindibles para la salud y bienestar femenino, son una asignatura pendiente en las cárceles cubanas.
“Hicieron una vez una prueba citológica y más nunca volvieron a repetirla ni ningún otro análisis”, anotó la joven.
En este sentido la abogada de Cubalex alertó que la crisis generalizada que afecta al país se agudiza al interior de las prisiones:
“En el caso de las mujeres aún mayor, pues son un grupo vulnerable donde la situación es caótica porque no tienen las condiciones higiénicas necesarias que exigen las reglas de Bangkok: ni siquiera les dan toallas sanitarias para que puedan pasar su periodo menstrual de manera digna”.
Las Reglas de Bangkok establecen el primer grupo de patrones internacionales de derechos humanos centrados en las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad.
En un hilo de X, Cubalex advierte que la violencia sistemática en las prisiones somete a las mujeres presas a numerosas violaciones de derechos humanos.
La prisión política es injusta para cualquier ser humano, pero en las mujeres tiene un más fuerte golpe para ella y su familia, indicó Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido, ambas presas políticas por participar en las manifestaciones del verano de 2021 en Quivicán, provincia Mayabeque.
“Cuando es la mujer, la madre la que falta en la familia, lo demás se desmorona. Si falta ella, falta el alma, lo que aglutina, que une en dedicación al hogar”, afirmó.
“María Cristina es madre de tres niños. En una carta me escribía, que lo que más le duele son esos tres niños. Saber que el varoncito no tiene la merienda en el momento que lo necesita o el peinar a Sofía, su niña menor con esa paciencia que solo ella puede tener. Son muchos detalles, más allá del machismo”, refirió Rodríguez.
Agregó que hombres y mujeres son tratados con igual severidad en las cárceles cubanas: “Cuando a María Cristina Garrido le daban, le daban duro, igual que a los hombres, por la cara para obligarle a gritar 'Viva Fidel, Viva Díaz Canel'. La proyectaban hacia el suelo con una técnica de judo y le abrían los pies para que los soldados ‘machitos’ vieran su ropa interior manchada de sangre porque estaba en el periodo menstrual y no le daban una almohadilla sanitaria”.
“A Lisandra Góngora la llevaron para la Isla de la Juventud alejándola cientos de kilómetros de sus cinco hijos pequeños”, recordó Rodríguez.
Cubalex resaltó las figuras de Sayli Navarro Álvarez, Daisy Rodríguez Alfonso, Odet Hernández Cruzata, María de Jesús Terrás Díaz, Lisdiany y Lisdanis Rodríguez Isaac y Mailene Noguera Santiesteban, entre otras.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha atestiguado en repetidas ocasiones que su Gobierno se “ocupa y preocupa” de las mujeres “en desventaja”, pese a “la manipulación que se teje sobre este sensible tema”.
Al respecto, los observatorios feministas independientes del país han resaltado que la violencia política contra las mujeres es violencia de género.
Cuba incumple plazo de responder a la ONU sobre preso político Roberto Pérez Fonseca
A seis meses de la opinión número 51 de 2023 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), donde se exige la liberación inmediata e indemnización del preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, las autoridades cubanas no han cumplido con el plazo dispuesto para responder sobre su caso.
Su abogado, Sergio Osmín Fernández Palacios, aseguró desde La Habana a Martí Noticias que en dicha opinión, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno cubano a proceder con la libertad inmediata, indemnización, investigación exhaustiva e independiente sobre las violaciones de derechos, y a adoptar medidas contra los responsables, así como difundir la opinión por todos los medios disponibles.
Sin embargo, según Fernández Palacios, estas medidas "han sido ignoradas por el régimen totalitario”.
Pérez Fonseca, tornero de profesión, fue condenado a 10 años de cárcel en un juicio ordinario donde fue hallado culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, e instigación a delinquir, por participar en las manifestaciones en San José de las Lajas, Mayabeque, el 11 de julio de 2021.
Según el centro de monitoreo de los procesos judiciales contra los detenidos en las protestas del verano de 2021, el portal Justicia 11J, al hombre de 41 años y padre de dos menores lo condenaron "sobre todo porque fue un “líder” para su comunidad y se atrevió a destrozar el rostro de Fidel Castro".
Encarcelado desde el 16 de julio de 2021, el prisionero político ha estado en la Prisión Melena del Sur y en la Prisión de Quivicán.
El abogado Fernández Palacios informó a Martí Noticias que además hizo llegar a la ONU denuncias sobre la creciente represión contra Pérez Fonseca.
Entre los hechos enumerados por el defensor se cuenta que en diciembre de 2023, las autoridades penitenciarias le impidieron que recibiera la visita del monseñor Eloy Ricardo Domínguez Martín, obispo auxiliar de La Habana, y que en enero de 2024, sufrió una crisis de dolor con vómitos sangrantes debido a condiciones penitenciarias precarias, que ha sido amenazado de muerte, y que, en ocasiones, se le ha suspendido la comunicación telefónica.
El proceso de seguimiento permite al GTDA mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados, informa en uno de sus párrafos la decisión 51.
Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, insta a los familiares de los presos políticos cubanos a denunciar la realidad en las cárceles de la isla.
A pesar de las amenazas recibidas, Fonseca se ha convertido en una de las voces más importantes de la causa por la libertad de los encarcelados en las manifestaciones.
"Tenemos la razón", dijo la señora, quien insiste en seguir luchando por la justicia y la libertad de su hijo y de todos los presos políticos cubanos.
Amnistía Internacional recuerda que líder religioso afrocubano pasa su cumpleaños 53 en prisión
Este sábado Amnistía Internacional recordó que el preso político cubano, líder de la agrupación Yorubas Libres de Cuba, Loreto Hernández García, está pasando su cumpleaños 53 en prisión.
"Es un sacerdote yoruba y preso de conciencia. Condenado injustamente junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro por ejercer sus derechos humanos pacíficamente en Cuba", recordó la organización internacional que ha acogido a ambos como Presos de Conciencia.
En el comentario publicado en redes sociales, Amnistía Internacional hace también un llamado a exigir al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la liberación de los dos religiosos, detenidos en Placetas por sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en las que los cubanos demandaron en las calles de más de 60 localidades del país un cambio de régimen, libertad, democracia y mejores condiciones de vida.
La organización de alcance mundial, con más de 10 millones de activistas, hizo un llamado a una Cuba sin represión.
Hernández García fue condenado por los delitos de desórdenes públicos y desacato a 7 años de cárcel, que cumple en la Prisión de Guamajal, de Villa Clara.
Familiares, organizaciones de derechos humanos y gobiernos como el de Estados Unidos han denunciado que lo mantienen encarcelado a pesar de su difícil cuadro de salud, donde se conjugan enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y ha sufrido principio de infarto.
En enero de 2024 cinco relatores de Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y de expresión en Cuba, con especial interés en los casos de Hernández García, Pérez Paseiro, Mitzael Díaz Paseiro y las hermanas Lisdiany y Lisdany Rodríguez Isaac, todos vinculados a la Asociación Yorubas Libres de Cuba.
En una carta dirigida al gobierno cubano, describen “el presunto patrón sistemático de hostigamiento, en contra de miembros de grupos religiosos independientes, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de líderes y miembros de diversas de estas organizaciones”.
El régimen comunista aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de derechos humanos que defiende la libertad religiosa en Cuba y que mantiene la prohibición de la discriminación basada en las creencias religiosas.
"Duras y desproporcionadas", así califica la Unión Europea las sentencias a manifestantes de Nuevitas
La Unión Europea expresó preocupación por las "duras y desproporcionadas" sentencias de esta semana en relación con las protestas populares que tuvieron lugar el 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.
La declaración del bloque europeo proviene de Peter Stano, principal portavoz de la Oficina del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.
Refiriéndose a los 14 manifestantes condenados con penas de cárcel de hasta 15 años, en el caso de la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien divulgó la represión contra los manifestantes, la Unión Europea recordó que "en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, siguen instando a las autoridades cubanas a asegurar el respeto de los derechos humanos".
Además de la condena a Rodríguez Prado, se conoció una sentencia de 14 años de cárcel para José Armando Torrente; 13 años de prisión para Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto; y 11 años de cárcel para Lisdan Cabrera Batista.
Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto fueron condenados a diez años de privación de libertad.
Yennis Artola Del Sol fue sancionada a ocho años, Wilker Álvarez Ramírez a cuatro, y Yanelis Valladares Jaime fue absuelta por insuficiencia de pruebas.
Los supuestos delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la Seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento.
El gobierno estadounidense calificó este martes de indignantes las duras sentencias contra los manifestantes de Nuevitas, Camagüey, en 2022.
"La dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante", expresó en su cuenta de X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.
Numerosas agrupaciones de la sociedad civil cubana y varios grupos de derechos humanos condenaron el castigo a los manifestantes y exigieron que se respete el derecho a la protesta.
El grupo de asesoría legal Cubalex, denunció que estas altas condenas y los delitos imputados a los manifestantes reflejan "una aplicación extremadamente severa de la ley", lo que puede interpretarse como un intento de disuadir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la protesta contra personas que simplemente buscan garantizar sus derechos y necesidades básicas.
"Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias. La respuesta del gobierno demuestra una falta de disposición para abordar de manera constructiva las preocupaciones reales de los ciudadanos. El juicio, que fue suspendido en dos ocasiones, se celebró finalmente el 16 de enero de 2024 bajo una fuerte presencia militar y un gran despliegue policial", recordó la entidad.
"Estas sentencias podrían actuar como un factor disuasivo en la sociedad cubana, desalentando futuras manifestaciones y limitando la capacidad de los ciudadanos de abogar pacífica y legalmente por cambios o mejoras. Además, evidencian cómo la ley es empleada como un instrumento de represión política para silenciar la disidencia y suprimir cualquier crítica hacia el gobierno", concluyó Cubalex.
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