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El General “puede hacer más”


Fotografía de archivo de una Dama de Blanco detenida por las fuerzas represivas castristas.

Si los autores de la ruina nacional consideran que no les queda mucho tiempo para enderezar el entuerto resultante de enero de 1959, al menos podrían intentar despenalizar la discrepancia.

Los últimos días, tras el anuncio de la cercana visita del Presidente Barack Obama a Cuba, los medios oficiales han estado insistiendo en que la ocasión servirá para “desmontar el mito de la violación de derechos humanos en Cuba”.

Así que, para demostrar cuánto ha avanzado la dictadura cubana en esa materia, se ha conocido extraoficialmente que este lunes 22 de febrero de 2016, siete de los 11 exprisioneros de la Primavera Negra que decidieron permanecer en la Isla se presentaron en las oficinas de Inmigración para regularizar su situación migratoria.

Esto, traducido al lenguaje de los simples mortales, significaría que ellos tendrían la posibilidad de viajar libremente al exterior, un derecho que nunca se les debió negar y que se les ha conculcado desde que en 2010 fueron liberados de las cárceles mediante un controvertido proceso que algunos han calificado como “chantaje” o “destierro” puesto que su liberación estuvo condicionada a la salida inmediata hacia España, país cuyo gobierno les ofreció refugio. Los que se negaron a aceptar semejantes términos fueron liberados en condiciones de “licencia extrapenal” y no han podido salir del territorio nacional pese a la reforma migratoria de principios de 2013.

Sin embargo, ya en horas de la mañana de ayer se revelaron las verdaderas intenciones del gesto oficial. Según informó 14ymedio, la exprisionera política Marta Beatriz Roque, quien acudió ante las autoridades migratorias, fue informada de que la gracia del edicto real no es infinita.

Al preguntar ella si se le permitiría el regreso a la Isla tras su salida, se le respondió afirmativamente, solo que se le estaba otorgando un permiso por una única salida. Es decir, si regresaba a Cuba no podría volver a viajar al extranjero. Obviamente, la intención del gobierno no es reconocer el derecho a viajar de estos ex presos políticos, sino empujarlos a emigrar definitivamente. Es decir, que las condiciones de chantaje que se aplicaron en el proceso de liberación de 2010 se mantienen.

Para tratarse de una clara intención de congraciarse con el mandatario que tiene la llave que podría abrir legalmente algunas compuertas para la entrada de los tan ansiados dólares en la ruinosa hacienda insular, el General-Presidente se ha mantenido dentro de límites muy acotados, en realidad, insignificantes. Otra de sus bromas de mal gusto.

Por otra parte, cuatro de los más recalcitrantes no han sido beneficiados con la gracia del semi-perdón real: José Daniel Ferrer, Ángel Moya, Iván Hernández Carrillo y Librado Linares.

Asumir que solo se trate de un olvido senil no resulta aceptable. Y como las sacrosantas autoridades cubanas jamás se han sentido obligadas a ofrecer explicaciones sobre sus decisiones, solo podemos especular que la permanencia del mayor castigo sobre estos peligrosos cuatro jinetes del Apocalipsis se relaciona tanto con su voluntad de movilizarse contra el gobierno en cualquier espacio –incluidas las calles, que son “de los revolucionarios”–, como con la capacidad que ellos han demostrado para convocar y congregar seguidores. A los autócratas les aterran los liderazgos.

De cualquier manera, este nuevo gesto magnánimo del General Gris no solo es una burla. Igual, permitir o no los viajes a quienes nunca se les debió prohibir es demasiado poco para posar de demócrata.

Para remedar lo que la dictadura y su claque opinan sobre las flexibilizaciones que ha impulsado el Presidente Obama, en realidad el General-Presidente puede (y debería) hacer mucho más si aspira a demostrar una verdadera intención de respetar los derechos humanos en Cuba.

Para un régimen represor en un país donde las libertades más elementales fueron secuestradas por el Poder hace más de medio siglo, permitir un viaje al extranjero a siete rehenes de la política oficial es apenas un amago pueril; algo así como el niño que esconde los juguetes bajo la cama para que su madre le deje salir a jugar con los amiguitos. En especial cuando el agravio original fue cometido por el propio “perdonador” de los damnificados. Resulta absolutamente ridículo considerar como valioso este gesto.

Si en verdad el Palacio de la Revolución pretende proyectar una imagen seria, y acercar a Cuba a los estándares democráticos mínimos aceptables, deberá entrarle a fondo al tema de (todos) los derechos humanos para (todos) los cubanos. De paso echaría abajo ese otro “mito” recurrente en la opinión de los críticos del castrismo, que es que los verdugos acaban temiendo a sus víctimas.

Y como la tarea de restablecer en las leyes todos los derechos robados ha de ser verdaderamente titánica, el gobierno cubano podría comenzar por aplicar decretos a la inversa. Es decir, liberar de las cárceles a todos los prisioneros políticos y de conciencia, reconocer el derecho a libertades elementales como la de información, de prensa y de opinión, de asociación, de libre contratación y de movimiento.

Podría también liberar otras muchas capacidades de los cubanos, hoy absurdamente encorsetadas bajo rígidos controles y diezmadas por procesos represivos cíclicos.

Pero si acaso a los beneméritos autores de la ruina nacional cubana todo esto les parece demasiado complejo y arriesgado; si consideran –no sin fundamentos– que no les queda mucho tiempo para enderezar el entuerto resultante de aquel lamentable accidente de enero de 1959, al menos podrían intentar lo que mi colega, el periodista Reinaldo Escobar, definió como “despenalizar la discrepancia”. O lo que es lo mismo, reconocer que es perfectamente legítimo no estar de acuerdo con la política oficial o con cualquiera de las decisiones del gobierno.

Sobre ese solitario y básico derecho los cubanos lograríamos reconstruir la estructura de todos los demás.

(Publicado originalmente en Cubanet el 23/02/2016)

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