América Latina
El crecimiento de la economía en América Latina en 2022
“Estamos ante un periodo de enorme incertidumbre en el que se profundizan las asimetrías y vamos a enfrentar menor crecimiento tanto del Producto Interno Bruto como del comercio. Tendremos un contexto menos favorable para la región con un menor espacio fiscal y con presiones inflacionarias”, dijo este miércoles la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena.
ONU Prensa reporta que América Latina y el Caribe bajarán su ritmo de crecimiento a 2,1% en 2022, luego de haber alcanzado un promedio de 6,2% el año pasado, estimó la CEPAL, explicando que la desaceleración ocurre en medio de las grandes disparidades que hay en las capacidades de los países desarrollados, emergentes y en desarrollo para implementar políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud y de vacunación con miras a una recuperación sostenible de la crisis desatada por la pandemia.
Los motores económicos de la región tendrán un desempeño bajo este año. La CEPAL estima que Brasil, la economía más grande, será la que menos crezca con apenas un 0,5%. México, por su parte avanzará 2,9%, Colombia 3,7% y Chile 1,9%.
En la conferencia de prensa en México para la presentación del Balance Preliminar de la Economías de América Latina y el Caribe 2021, elaborado por la CEPAL, Alicia Bárcena señaló que en un escenario como el que plantea el 2022, es crucial la creatividad “para poder articular políticas fiscales y monetarias con mayor coordinación y con una mirada de mediano plazo”.
Desempleo e informalidad
Bárcena argumentó que parte del nublado horizonte se debe a que los mercados laborales no se han recuperado del golpe que les asestó la emergencia sanitaria.
“La pandemia tuvo una afectación muy fuerte que fue la informalidad, que se espera que aumente con efectos sociales devastadores”, abundó y añadió que éstos se observan claramente en la vulnerabilidad de algunos sectores de la población, como las mujeres.
No obstante los retrocesos, la CEPAL prevé una ligera mejoría en los niveles de pobreza y pobreza extrema, con una disminución del 1,5% de la pobreza, y del 0,7% de la pobreza extrema.
El estudio de la CEPAL atribuye la compleja realidad de la región en 2022 a la perseverancia e incertidumbre sobre la evolución de la pandemia; la fuerte desaceleración del crecimiento mundial; la persistencia de la baja inversión, la productividad y la lenta recuperación del empleo; la persistencia de los efectos sociales provocados por la crisis; el menor espacio fiscal; los aumentos en las presiones inflacionarias; y los desequilibrios financieros.
El informe destaca que el menor crecimiento mundial significará una menor demanda externa y un menor crecimiento del comercio mundial, lo que impactará directamente a las economías latinoamericanas. En cuanto a los precios de las materias primas, de cuyas exportaciones depende gran parte del PIB regional, las proyecciones apuntan a una disminución o, en el mejor de los casos, a que se mantengan al nivel de 2021, pero no a que suban.
La desacelaración económica en América Latina y el impacto de la pandemia en los trabajadores del sector informal se refleja en las calles de Brasil.
La demanda interna, clave para la recuperación
Por lo mismo, la recuperación de los países de la región dependerá, sobre todo, de la demanda interna, que en 2021 tuvo un repunte con el mayor consumo propulsado por los apoyos en efectivo implementados por los gobiernos para sortear la emergencia del COVID-19 y por las remesas, que crecieron un 30%.
“Estamos proponiendo que se mantengan las medidas de transferencias y otros apoyos a la par que se vaya generando empleo”, enfatizó Bárcena.
Del mismo modo, recalcó que para controlar la inflación y no frenar el crecimiento, las autoridades monetarias deben echar mano de todos los instrumentos con los que cuentan, más allá de la tasa de interés. También abogó por incrementar los niveles de recaudación y mejorar la estructura tributaria.
Vacunación
Con respecto a la vacunación contra el COVID-19, Bárcena resaltó el avance de la región y exhortó a sostener las campañas de inmunización como puntales de la recuperación económica, apelando a los países ricos que han acaparado la mayor parte de las vacunas producidas a compartirlas con las naciones emergentes y en desarrollo donde no han tenido acceso a ellas.
En este sentido, la CEPAL recordó que la vacunación no sólo tiene un efecto sobre el control de la pandemia, sino que reduce las probabilidades de más mutaciones del coronavirus, y advirtió que si no se aumenta la cobertura vacunal en todos los países, la recuperación mundial no será sostenible.
Respaldo internacional e integración regional
Una trabajadora sanitaria prepara la vacuna contra el COVID-19 para administrarla a adultos mayores en Lima, Perú.
Queda claro que, además de las políticas nacionales, hace falta el respaldo internacional, acotó Bárcena.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que facilite, fortalezca las posibilidades de acceso al financiamiento de la región. Un financiamiento en condiciones más favorables, ojalá concesionales. Es uno de los temas en los que insiste la CEPAL: que haya una mayor redistribución de la liquidez y, por cierto, una mayor redistribución de la concentración de la riqueza y de los ingresos a nivel global”, recalcó.
Bárcena detalló que una forma de lograrlo es a través del impuesto global del 15% al 25% a las grandes empresas multinacionales.
“Hay varias cosas que hacer, muchas de ellas pasan por un esfuerzo nacional que tienen los países, las autoridades, pero también por una mejor condición multilateral, un mejor proceso de colaboración, de mayor unión en la región, de mayor integración, que es una de las falencias que tenemos en América Latina y el Caribe. La integración regional puede ser un gran factor de impulso, lo vimos en la vacunación, lo estamos viendo en los procesos de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), por ejemplo, pero tenemos que lograrlo también a nivel subregional”, recalcó.
Según la responsable de la CEPAL, la región tiene una tarea pendiente “que es una mayor integración y resiliencia regional porque habrá disrupciones en las cadenas de suministro. La proximidad geográfica tiene que ayudarnos a aumentar la resiliencia en América Latina y el Caribe”, informó ONU Prensa.
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Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
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