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Ejecuciones sumarias en campaña contra la delincuencia en Venezuela
Los trabajadores de una zona industrial permanecieron escondidos durante horas en baños y armarios hasta que cesaron los disparos. El último de cuatro asaltantes, un hombre ligeramente fornido que llevaba botas amarillas de caucho, se rindió en la azotea y gritó: "¡Cristo salva!".
La policía lo subió a un camión y comenzó a retirarse. Sin embargo, los testigos observaron desconcertados cómo el vehículo regresó.
En un vídeo que grabó en secreto un testigo ese día lluvioso de principios de agosto se ve a un grupo de policías que conducen al hombre a un callejón con paredes de concreto en el que tres compañeros del detenido yacían muertos. Los policías lo sujetaban para que no escapara y después le dispararon a quemarropa.
En el vídeo no se ve el momento de la muerte de los otros supuestos ladrones, pero dos testigos dijeron a The Associated Press que antes, en la mañana, los agentes tenían a los tres hombres colocados en hilera frente a una pared mientras les apuntaban al pecho con pistolas.
ATENCIÓN: VIDEO CON CONTENIDO GRÁFICO
Las ejecuciones suscitaron nuevas preocupaciones en torno a una iniciativa de lucha contra la delincuencia emprendida a mediados de este año con el objetivo de recuperar el control de vecindarios dominados por grupos delictivos.
El programa puesto en marcha en octubre ha generado la muerte de más de 80 supuestos delincuentes en el último mes y medio, según un conteo de la AP basado en comunicados oficiales entregados a la prensa. Las autoridades no han informado de muertos ni heridos entre la policía durante las operaciones efectuadas sin previo aviso.
Grupos defensores de derechos humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de llevar a cabo ejecuciones sumarias. Sin embargo, muchos en el país también afirman que el gobierno hace lo correcto al asumir una postura más militarizada en la lucha contra la delincuencia.
La mayoría de los venezolanos apoyan la política de mano dura. Y son los pobres los que más desean un aumento del ejercicio de la fuerza, según diversas encuestas nacionales, aun cuando la mayoría de ellos sean quienes queden atrapados en el fuego cruzado.
En el caso de los cuatro asesinados, las autoridades habían dicho inicialmente que los hombres murieron durante un enfrentamiento a tiros que se desató cuando la policía los sorprendió robando un taller en la ciudad de Maracay, cercana a Caracas. Sin embargo, cuando el video fue filtrado al periódico en español El Nuevo Herald, con sede en Miami, ocho agentes fueron arrestados y acusados de homicidio.
La AP no ha logrado verificar independientemente la autenticidad del video, pero testigos corroboraron su contenido, y las autoridades actuaron de inmediato tras su difusión, al parecer en reacción ante lo que revelaban las imágenes.
El presidente Nicolás Maduro no se ha referido al caso. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, desechó a principios de mes las quejas de grupos defensores de los derechos humanos sobre ejecuciones relacionadas con la policía, al afirmar que grupos opositores pretendían apuntarse puntos al socavar un enfoque efectivo.
Las autoridades estatales que supervisan la iniciativa de lucha contra la delincuencia no respondieron a las llamadas ni correos electrónicos de la AP para que hicieran declaraciones sobre el particular. Días después de que la difusión del video suscitara una indignación generalizada, el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, ordenó el arresto de los agentes. Maracay se encuentra en Aragua.
Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta del mundo después de Honduras, según Naciones Unidas. Prácticamente nadie ha escapado a la violencia, y una cultura de impunidad significa que la mayoría de los homicidios quedan sin resolver. Aunque la policía por lo general reconoce cuando mata a alguien, a menudo se desconoce si los hechos fueron en defensa propia.
En el 2008 el gobierno dejó de difundir estadísticas sobre los homicidios relacionados con la policía. Sin embargo, la organización sin fines de lucro Comité de Familiares de Víctimas de Abusos contó 1.018 casos en 2014, un incremento de 25% en comparación con 2013. Esa cifra más que duplica el número de personas que la policía informó haber matado el año pasado en Estados Unidos, que tiene una población 10 veces mayor a la de Venezuela.
El Comité Contra la Tortura de la ONU ha exhortado al gobierno del país a que investigue los homicidios relacionados con la policía.
El vecindario de almacenes y casas sencillas que tienen poca altura en el que murieron los cuatro ladrones fue el escenario de la primera campaña de pacificación de gran escala, apenas una de las decenas de operaciones efectuadas de acuerdo con la iniciativa de lucha contra la delincuencia. En mayo, unos 2.000 agentes irrumpieron para recuperar una comisaría abandonada y dieron muerte a 10 personas en dos días, según informaciones locales de prensa.
Una operación similar efectuada en julio en Caracas resultó en la muerte de 14 supuestos delincuentes y el arresto de centenares de personas.
Según analistas locales, al parecer el gobierno pretende con su más reciente iniciativa captar apoyo con vistas a los comicios de diciembre, la primera vez que la oposición parece estar posicionada para lograr una victoria electoral en 15 años.
Sin embargo, las ejecuciones policiales ya venían aumentando, según el profesor de criminología Andrés Antillano, de la Universidad Central de Venezuela. Dijo que la policía dio muerte a 20 personas en el último año y medio en el barrio pobre en Caracas que él ha estudiado.
Las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad son un problema persistente en América del Sur. En Colombia, numerosos soldados fueron encarcelados por la muerte de unos 3.000 civiles a los que catalogaron como rebeldes hace una década para elevar la cuenta de cadáveres durante el conflicto armado en el país. La policía brasileña mata a diario un promedio de cinco personas.
Y en Venezuela, donde la tasa delictiva está fuera de control, han aumentado los ataques de los delincuentes contra policías y cuando menos un agente muere a diario, a menudo para quitarle el arma.
A principios de año, una cámara de seguridad captó cuando un joven le dispara por la espalda a un supervisor de la policía estatal cuando éste pedía un desayuno en una panadería en una pequeña localidad cercana a Caracas a fin de robarle el arma. El joven, de 18 años, fue capturado después y muerto por la policía.
Los policías venezolanos reconocen que temen salir de sus comisarías, y a principios de año efectuaron una marcha en demanda de mayor protección y castigos más severos para los delincuentes.
Marion Conoropo, ex agente en Maracay y prima de Humberto Conoropo, uno de los agentes acusados de las ejecuciones del cinco de agosto, dijo que los policías no reciben una paga justa y carecen de la protección adecuada, pero se les presiona para que presenten resultados.
"Hay que entender que hay mucha presión. Lo único que entienden aquí es la mano dura", agregó.
El mismo día que el video de Maracay fue filtrado al periódico del sur de Florida, hombres atacaron con armas automáticas una estación de policía cercana al lugar donde ocurrieron las ejecuciones. Los agresores mataron a un agente e hirieron a dos en el ataque en lo que numerosas personas del lugar creen fue un acto de represalia.
Las marcas de los impactos de las balas continúan en las paredes blancas de la estación de policía, donde los restos de un camión de la policía cuyos vidrios fueron destruidos por los disparos obstruyen la entrada.
Los trabajadores en la zona industrial fueron renuentes a condenar las ejecuciones de los cuatro supuestos asaltantes, aun cuando tuvieron que limpiar los manchones de sangre que quedaron sobre el cemento y la pintura alrededor de los huecos que dejaron las balas más o menos a la altura del pecho.
Dijeron que los asaltantes los han robado durante años a pesar de las cercas eléctricas, las cámaras de vigilancia y los pagos semanales que le hacen a una pandilla delictiva y a la policía para que los protejan.
Andrés de la Cruz, que dice que vio que la policía le apuntaba sus pistolas contra tres hombres puestos en fila contra una pared de concreto, dice que aún está tratando de olvidar esa mañana de pesadilla. Sin embargo, dijo que estaba contento pues desde entonces no hay robos.
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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