Estados Unidos anunció restricciones de ingreso al país contra siete exfuncionarios ecuatorianos por participar en hechos de corrupción que favorecieron a organizaciones criminales vinculadas con grupos designados como terroristas extranjeros.
El Departamento de Estado informó el miércoles que las designaciones alcanzan a antiguos funcionarios del sistema judicial, penitenciario y político de Ecuador. "Estas siete personas y sus familiares directos no puedan ingresar a Estados Unidos", recoge el comunicado.
Entre los señalados se encuentran Pablo Ramírez Erazo, exdirector de la autoridad penitenciaria ecuatoriana; Wilman Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal del Consejo de la Judicatura.
Los tres “abusaron” de sus cargos al aceptar sobornos de pandillas a cambio de intervenir en procesos judiciales, electorales o administrativos. El Departamento de Estado vinculó esas actuaciones con grupos ecuatorianos relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Choneros y Los Lobos.
La medida incluye además a Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exasambleísta; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas; Johann Marfetán Medina, exjuez penal de esa corte, y Mayra Carolina Salazar Merchán, quien estuvo a cargo de relaciones públicas de la institución.
El gobierno estadounidense explicó que esos cuatro exfuncionarios aceptaron sobornos para interferir en procedimientos judiciales en beneficio de organizaciones criminales, entre ellas Los Choneros y el Cartel de Sinaloa, así como de personas que facilitaron sus actividades.
“Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para proteger a nuestro país e impedir la entrada a los narcoterroristas, a sus facilitadores corruptos y a sus familiares directos”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en el comunicado.
Washington afirmó que los hechos atribuidos a los siete exfuncionarios tuvieron consecuencias para la seguridad estadounidense al contribuir al tráfico de drogas.
“A cualquier funcionario extranjero que abuse de su cargo público de forma corrupta para obtener beneficios económicos personales: Estados Unidos les encontrará y les desenmascarará”, agregó Pigott.
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