América Latina
¿Podrá Estados Unidos esquivar la corrupción para que multimillonaria ayuda llegue a Centroamérica?
El gobierno estadounidense de Joe Biden ha decidido destinar 310 millones de dólares para la ayuda humanitaria adicional que busca poner freno a la inmigración irregular y a las causas que la originan desde países como Guatemala, Honduras y El Salvador.
La vicepresidenta Kamala Harris, a cargo de la compleja tarea de detener el creciente flujo inmigratorio en la frontera sur impulsado por el presidente Joe Biden, hizo la promesa esta semana al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
La idea es que los ciudadanos de estos países no se vean obligados a dejar atrás la vida en las tierras que los vieron nacer, en virtud del sueño americano que les ponga ante sí la posibilidad de alimentarse, estar a salvo de maras y de la violencia que cuesta vidas cada año en estas naciones y otras oportunidades para ellos y sus hijos.
Biden ya ha pedido al Congreso otros 861 millones de dólares para atender, el próximo año, las causas que impulsan la migración irregular desde Centroamérica, en el marco de un plan de 4.000 millones de dólares para la región. Sin embargo, estas cifras son parte de un proyecto de presupuesto aún por discutir y aprobar por el Congreso.
La corrupción: ¿Cómo podrá Estados Unidos esquivarla?
El gobierno de Estados Unidos está enterado de que no será tarea fácil. El enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo días atrás al resumir su visita a Centroamérica que la corrupción es uno de los principales motivos de la inmigración masiva procedente de esas naciones.
"La corrupción es el factor principal de la desestabilización en Centroamérica”, dijo Zúñiga la pasada semana a medios. "Si algo va mal en Centroamérica, lo sentimos en Estados Unidos", agregó.
Las sanciones son algunos de los métodos que podría usar Estados Unidos, según ha dicho el propio Zúñiga, al afirmar que lo contempla: "Sanciones, listas de las personas que están involucradas en casos de corrupción, así como a los familiares de estos".
Y para ello -avisó- los departamentos del Tesoro y Justicia harán "lo que sea necesario". A su vez la administración Biden trabaja en la creación de un grupo anticorrupción, que involucra al los departamentos de Justicia y de Estado.
"Estamos del lado de los que son víctimas de la corrupción y no del lado de los que están involucrados en la corrupción", dejó claro Zúñiga hace pocos días.
Estados Unidos contempla además en este esfuerzo la labor conjunta con aliados de la región, ha dicho Zúñiga: "No solo trabajar entre nosotros mismos, sino también con los países de la región para asegurarnos de que tengan los medios para hacer cumplir sus leyes y poder monitorear sus fronteras".
Establecer cláusulas de transparencia y rendición de cuentas, como en otras ocasiones, para poner en función estos montos millonarios, podría ser clave también para que estos fondos lleguen a los necesitados.
Otro recurso podría ser, sostienen observadores, que los recursos sean puestos en manos de organizaciones no gubernamentales y agencias de Estados Unidos y otros países que garanticen su correcta utilización en atacar, por ejemplo, la inseguridad alimentaria.
Ya por adelantado, está establecido que la asistencia será parcialmente gestionada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y se estructurará en dos grandes partidas: una de 255 millones de dólares para ayuda humanitaria y otra de 55 millones para hacer frente a la inseguridad alimentaria en la región.
¿Quiénes son los más necesitados de esa ayuda en Centroamérica?
Los que huyen de la violencia y de las pandillas en sus países, los que no tienen trabajo ni oportunidades, los que buscan un futuro mejor para sus hijos, engrosan las listas de inmigrantes irregulares, según corroboró la Voz de América en una serie de reportajes bajo el título de Más Allá del Muro, que entrevistó a inmigrantes, menores no acompañados, autoridades migratorias, granjeros, responsables de refugios que albergan migrantes y otros protagonistas de este desafío que enfrenta la administración Biden.
El Programa Mundial de Alimentos dijo en un informe a principios de este año que después de que varios huracanes azotaran la región y de los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, el número de personas que padecen hambre en Guatemala, El Salvador y Honduras ha llegado a 7,8 millones. Así que garantizar la seguridad alimentaria será uno de los fines de este dinero destinado por Estados Unidos.
Pero no solo estas son las razones para escapar de sus casas. La violencia contra las mujeres, las personas LBGTQ y los afrodescendientes y hasta la pandemia está provocando la estampida.
¿Qué esperar?
La vicepresidenta Harris se reunió el jueves con representantes de instituciones filantrópicas para pedirles que ayuden a la Casa Blanca a esbozar un plan que ofrezca un futuro mejor para Honduras, Guatemala y El Salvador.
"La mayoría de las personas no quieren abandonar sus hogares; no quieren abandonar a sus abuelos y no quieren abandonar su cultura", indicó Harris al comienzo de una mesa redonda con varios directores ejecutivos de fundaciones, tales como Arturo Aguilar, director de Rockefeller Brothers Fund, o Darren Walker, presidente de la Fundación Ford.
El trabajo cercano con México está en esta agenda para frenar la inmigración. Está previsto que la vicepresidenta Harris y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sostengan una reunión virtual el próximo 7 de mayo, a un mes de la primera conversación para abordar asuntos de interés bilateral como la inmigración.
El caso de El Salvador no es todavía claro cómo cooperarán ambas naciones, dado que la controversia surgida días atrás a través de las redes sociales entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la única congresista estadounidense de origen centroamericano, Norma Torres, escaló recientemente al punto de que un legislador y un asesor especial Zúñiga afirmaran que habría incurrido Bukele en una supuesta interferencia electoral.
Honduras, otro de los países en la mira de Estados Unidos, atraviesa por la coyuntara dado por la la condena a cadena perpetua para Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, que dejó en evidencia al Gobierno hondureño, en riesgo al país, y de paso esbozó el difícil camino que le espera a las relaciones de Estados Unidos con el país centroamericano, según analistas.
El experto en temas de inmigración, Jahir Dabroy, dijo a la VOA que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, podría liderar las relaciones en el Triángulo Norte. Justo ha sido con Giammattei que la vicepresidenta Harris ha conversado en los últimos días.
"Hay un tema de agenda de geopolítica internacional que trasciende nuestros intereses", dijo Dabroy. Según el experto, Estados Unidos busca mantener la influencia en el territorio y por ello refuerza las relaciones bilaterales y regionales. Está previsto que en junio Harris y Giammattei se reúnan frente a frente.
"De aquí a junio, los gobiernos deberíamos tener trazada una hoja de ruta para que haya acuerdos de gobierno a gobierno para establecer el duro camino que tenemos para lograr no solo la paz, el progreso y el desarrollo, sino contar con la colaboración de ustedes en los temas donde necesitamos ser fortalecidos", ha dicho Giammattei.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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