América Latina
EEUU indaga a hijastros de Maduro en proceso de malversación
Mientras el presidente Nicolás Maduro impulsa su plan para rescatar a la deteriorada economía de Venezuela, fiscales estadounidenses investigan si miembros de su familia se han beneficiado de lo que describen como un ardid para desviar 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con la pesquisa.
La investigación, que adquirió fuerza esta semana después que un imputado se declaró culpable en una corte federal de Miami, se inscribe en los intentos de fiscales estadounidenses de estrechar el cerco alrededor de Maduro, que se ha librado de acusaciones de corrupción que han resultado en cargos contra altos funcionarios venezolanos.
En documentos presentados el miércoles ante una corte, un empleado bancario llamado Matthias Krull admitió haberse puesto de acuerdo con hombres identificados solo como “Los Chamos” -“los muchachos” en jerga venezolana- para lavar 200 millones de dólares, que formarían parte de los recursos robados a PDVSA.
Los Chamos son en realidad Yoswal, Yosser y Walter Flores, hijos de la primera dama Cilia Flores de una relación previa e hijastros de Maduro, según los dos estadounidenses que hicieron declaraciones del caso a la AP. Hablaron a condición de mantener el anonimato por lo delicado de las acusaciones.
En una denuncia penal hecha pública el mes pasado y como parte de la declaración de hechos presentada ante la corte con el acuerdo que Krull negoció con la fiscalía de declararse culpable, los fiscales y Krull se refieren a ellos como los “hijastros” del “Funcionario Venezolano 2”, que ambos estadounidenses afirman es Maduro.
Maduro, su esposa y los hijos de ella no aparecen por su nombre en la denuncia. Sin embargo, ambas fuentes dijeron que los fiscales buscan cualquier vínculo entre el presidente y su esposa y lo que creen es una red que ha desviado centenares de millones de dólares de la riqueza petrolera de Venezuela hacia un inmueble de lujo en el sur de Florida, mientras el país sudamericano registra hiperinflación y escasez generalizada.
Varios de esos bienes ya son objeto de posible confiscación, así como unos 45 millones de dólares que están en cuentas del City National Bank de Nueva Jersey y en las Bahamas, Gran Bretaña y Suiza.
El ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, uno de los colaboradores más cercanos de Maduro, no respondió a reiterados mensajes de la AP para que hiciera declaraciones sobre el asunto.
Tampoco hay disponible información para contactar a los hijastros de Maduro y por ello no se pudo conocer su postura.
En sus largas presentaciones diarias en la televisión estatal, Maduro ha tratado de proyectar una imagen de hombre común al que motiva más la ideología que el beneficio personal. Pero esa reputación comenzó a cambiar cuando, en 2016, dos de los sobrinos de su esposa fueron declarados culpables en Nueva York de asociación delictuosa para contrabandear cocaína, lo que expuso por primera vez ante los investigadores estadounidenses la vida poco conocida de su familia.
La corrupción es generalizada en Venezuela, y los fiscales estadounidenses han descubierto fraudes y sobornos por miles de millones de dólares relacionados con PDVSA.
La investigación de Miami _el mayor caso de lavado de dinero que haya sido presentado contra funcionarios venezolanos y sus cómplices_ coincide con las crecientes exigencias de que Maduro renuncie y se da tras el supuesto atentado con drones cargados con explosivos que el gobernante afirma fue un intento de Estados Unidos y sus oponentes de asesinarlo.
Un investigador del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en la declaración jurada del mes pasado que los conspiradores organizaron un plan de préstamos falsos con la compañía petrolera para malversar aproximadamente 1.200 millones de dólares en un momento en que los niveles de producción de crudo van en picada.
En el centro de ese plan, alegan los fiscales, estaba Krull, un ciudadano alemán con raíces en Venezuela. Fue arrestado en julio en el aeropuerto de Miami por una demanda penal en la que es indiciado junto con otras siete personas y nueve conspiradores más de los que no se divulgó su nombre, algunos de los cuales son exfuncionarios de PDVSA.
Posteriormente Krull accedió a cooperar con los fiscales y fue acusado de conspiración para lavar dinero, cargo por el que podría ser condenado a hasta 10 años de cárcel.
Según registros de la corte, los fiscales arrestaron a Krull basándose en información de una fuente confidencial que los contactó en 2014 y les ofreció entregar su parte del plan para lavar dinero. Durante los siguientes dos años, el individuo anónimo grabó en secreto unas 100 conversaciones con varios conspiradores, incluido Krull, que hasta junio trabajaba en Panamá para el banco privado Julius Baer, cuya matriz está en Zúrich.
La demanda penal dice que Krull es un banquero de “alto nivel” que administraba las riquezas de varios funcionarios venezolanos y “cleptócratas”. También se afirma que es el “banquero personal” del “Conspirador 7”, del que se dice es el propietario de una cadena televisiva venezolana y miembro multimillonario de los así llamados “boliburgueses” que hicieron fortunas durante la Revolución Bolivariana iniciada por el fallecido mandatario Hugo Chávez.
Las dos personas al tanto del caso dijeron que el Conspirador 7 es Raúl Gorrín, que se convirtió en presidente de Globovisión poco después de que él y otros adquirieron la popular cadena en 2013 y suavizaron su cobertura noticiosa antigubernamental. El abogado de Gorrín en Miami no respondió un correo electrónico y tampoco fue posible contactarlo en Globovisión.
En su acuerdo con las autoridades firmado el miércoles, Krull dijo que el Conspirador 7 le pidió en 2016 que lo ayudara a lavar 600 millones de dólares de transacciones fraudulentas con PDVSA. Posteriormente le pidió una “solución urgente” para mover otros 200 millones de dólares depositados en un banco europeo a nombre de otros individuos cuya identidad no fue revelada. Krull dijo que se unió a la conspiración tras ser presentado directamente a Los Chamos en las oficinas del Conspirador 7.
Krull indicó en el acuerdo que se le explicó la forma en que Los Chamos “ayudaron al Conspirador 7 a solucionar problemas con el Funcionario Venezolano 2 al intervenir con su madre, esposa del Funcionario Venezolano 2”.
El abogado de Krull no quiso comentar. Los fiscales en Miami no devolvieron una llamada telefónica solicitándoles sus comentarios. Julius Baer, que no es nombrado en la demanda estadounidense, dijo que coopera totalmente con las autoridades, pero que no puede comentar sobre sus relaciones con posibles clientes.
Los fiscales dijeron que los fondos malversados involucrados en el acuerdo de Krull con la fiscalía fueron generados por un préstamo en 2014 que la petrolera obtuvo en bolívares de una compañía venezolana ficticia. Dos meses después, dicen, PDVSA pagó el préstamo a una empresa fantasma de Hong Kong llamada Eaton Global _que había adquirido el préstamo_, a un tipo de cambio oficial bastante por encima de la tasa utilizada en el mercado negro por la mayoría de los venezolanos cuando compran divisas extranjeras.
Los fiscales dicen que eso le permitió a Eaton, que alegan era controlada por los conspiradores, cobrar unos 511 millones de euros a PDVSA, casi 15 veces el monto original del préstamo, según el acuerdo de Krull y hojas de trabajo obtenidas por los investigadores.
Uno de los sobrinos de la primera dama era vicepresidente de finanzas de PDVSA en la época en que el préstamo fue pagado a Eaton.
Las edades de los tres hijos de Cilia Flores oscilan entre los 28 y los 39 años. Dos de ellos, Yoswal y Yosser, se han mantenido fuera de los reflectores y nunca han ocupado un puesto público. El mayor, Walter, fue nombrado por Maduro en 2014 para que encabezara una fundación de programas de asistencia a los pobres financiada por el gobierno. Fue reemplazado 18 meses después.
Maduro conoció a Flores en la década de 1990 cuando era una abogada que ayudaba a Chávez a salir de la cárcel por encabezar un intento fallido de golpe de Estado. Tras una relación de dos décadas, se casaron poco después de que Maduro fuera elegido en 2013.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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