El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes una nueva política de restricciones de visas dirigida a ciudadanos extranjeros acusados de socavar gobiernos democráticamente electos mediante actividades de corrupción o narcotráfico en el hemisferio occidental.
La medida también puede aplicarse a familiares directos de los señalados.
Según un comunicado firmado por el portavoz del Departamento de Estado, Thomas “Tommy” Pigott, la política busca fortalecer la coordinación regional contra actores que, según Washington, amenazan la seguridad, el estado de derecho y la democracia.
La administración estadounidense informó que comenzó a aplicar de inmediato las restricciones de visas en apoyo a países participantes de la iniciativa "Escudo de las Américas", entre ellos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
En el caso de Bolivia, Estados Unidos revocó las visas de 12 ciudadanos de ese país, incluidos fiscales, jueces, un exministro de Justicia, un oficial policial y un empresario privado. Además, otros nueve bolivianos fueron declarados inelegibles para recibir visas estadounidenses.
Para Colombia, las autoridades estadounidenses anunciaron restricciones contra dos ciudadanos: el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyu.
En Ecuador, el Departamento de Estado indicó que se revocaron las visas de dos ciudadanos ecuatorianos cuyos nombres no fueron divulgados públicamente.
Estados Unidos informó además que impuso restricciones de visa a un ciudadano peruano, identificado como Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Tribunal Constitucional de Lima.
Por separado, el Departamento de Estado anunció la designación pública del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su presunta participación en actos significativos de corrupción. La medida lo declara, junto con sus familiares inmediatos, inelegible para ingresar a Estados Unidos.
Pigott señaló que Mariaca aceptó sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. El portavoz del Departamento de Estado dijo que las acciones forman parte del compromiso de la administración estadounidense de defender la gobernanza democrática en la región y combatir la corrupción y el narcotráfico.
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