En el Cementerio Nacional de Arlington, en el estado de Virginia, centenares de banderas estadounidenses fueron colocadas este jueves junto a las lápidas de militares que, en su mayoría, entregaron sus vidas por el país, en un acto simbólico y emotivo que tradicionalmente tiene lugar en vísperas del Día de los Caídos (Memorial Day), que se celebra este lunes.

Los restos de cerca de 400.000 hombres y mujeres caídos en conflictos bélicos, desde la Guerra Civil, en 1862, hasta nuestros días, descansan en el Cementerio Nacional de Arlingion, en las afueras de Washington, además de figuras militares y civiles de relevancia.

Establecida en 1948, la tradicional ceremonia arriba este año a su aniversario 75 y la misma ha estado a cargo de elementos del tercer regimiento de infantería, conocido como La Vieja Guardia.

Según información que aparece en el portal del Cementerio Nacional de Arlingon, en el lapso de cuatro horas, más de 1,000 miembros de La Vieja Guardia, la Compañía de Guardias y Ceremonias del Cuerpo de Marines, la Guardia Ceremonial de la Marina, la Guardia de Honor de la Fuerza Aérea y la Guardia de Honor Ceremonial de la Guardia Costera colocaron pequeñas banderas estadounidenses en más de 260.000 lápidas y ante aproximadamente 7.000 hileras de nichos en el columbario del cementerio.

Como ha sido habitual, todas las banderas se retiran después del Día de los Caídos, que cada año se celebra el último lunes de mayo, antes de que el cementerio abra al público.

La jueza de origen cubano, Meredith Sasso, fue designada este martes por el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, para ocupar el cargo vacante en la Corte Suprema de la Florida, el máximo órgano judicial del Estado, compuesto por siete magistrados.

El gobernador eligió a Sasso para reemplazar a Ricky Polston, quien se retiró del tribunal superior a principios de este año.

La designación marca la primera vez en la historia en que la Corte Suprema de la Florida, una vez Sasso asuma el cargo, tendrá tres mujeres como jueces en ejercicio.

Sasso, hasta ahora jueza principal del Tribunal de Apelaciones del Sexto Distrito de Florida, se convierte así en "la cuarta mujer y, como cubanoamericana, en la cuarta magistrada hispana nombrada por DeSantis para el tribunal superior desde que asumió el cargo en 2019", señaló en un comunicado la oficina del gobernador.

Ella, "como mujer cubanoamericana, comprende la importancia de
nuestro sistema constitucional y el gobierno de la ley, servirá bien
a nuestro estado", afirmó DeSantis, al tiempo que explicó las razones por las que se siente "orgulloso" de haber nombrado a Sasso.

"Estoy orgulloso de nombrar a la jueza Meredith Sasso para la Corte Suprema de Florida, porque su fidelidad a la Constitución ayudará a preservar la libertad en nuestro estado para las generaciones venideras", dijo el gobernador en el comunicado.

Sasso, por su parte, afirmó que se sentía "increíblemente honrada" por la confianza de DeSantis al designarla al cargo vacante en el Supremo.

La jueza cubanoamericana, que formaba parte de un grupo de 15 candidatos para cubrir el cargo vacante en la máxima instancia judicial del estado, destacó su compromiso con defender el estado de derecho.

"El poder judicial juega un papel crítico y único en nuestro gobierno constitucional, y estoy decididamente comprometida a defender el estado de derecho mientras tenga el privilegio de servir", aseveró.

Sasso, casada y madre de dos hijos, creció en Tallahassee, la capital del estado. En el pasado, fungió como asesora general adjunta del exgobernador de Florida Rick Scott, cargo con el que representó a la oficina de gobernación en litigios ante la Corte Suprema de Florida y otras instancias judiciales.

Graduada de la Universidad de Florida (UF) en 2005, continuó sus estudios y en 2008 obtuvo el título de abogada en la misma universidad.

Los abuelos paternos de la jueza abandonaron Cuba en 1953. Su abuelo materno sirvió en la marina mercante durante la Segunda Guerra Mundial, reportó el sitio de noticias de internet Florida Phoenix.

"Soy consciente de que la libertad de que disfrutamos existe debido a los increíbles sacrificios de personas reales. Y estoy comprometida a cumplir con mi función judicial de la manera en que fue concebida (...) para asegurar la libertad y nuestra prosperidad", dijo Sasso, según Florida Phoenix.

Sus inicios en el mundo de la abogacía fueron en el sector privado. Comenzó representando los intereses de clientes en casos de grandes pérdidas, demandas comerciales complejas y apelaciones, entre otros, informó la agencia de prensa EFE.

Por su parte, Florida Phoenix indica que la jueza "fue certificada dos veces ante el gobernador para su nombramiento en la Corte Suprema, en 2019 y 2022, aunque él no la seleccionó" en esas ocasiones.

El medio digital señala asimismo que Sasso "cuenta con sólidas credenciales conservadoras, incluidas membresías en la Sociedad Federalista de Estudios de Derecho y Políticas Públicas, una especie de equipo agrícola para el movimiento legal conservador y la Red de Liderazgo del Instituto American Enterprise".

El presidente estadounidense, Joe Biden, está profundamente preocupado por la decisión del servicio de seguridad de Rusia de extender la detención del reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

“La Casa Blanca está profundamente preocupada de que Rusia haya extendido la detención preventiva de Evan Gershkovich por tres meses más. Hemos sido muy claros en que las denuncias en su contra son infundadas”, declaró la vocera.

Un tribunal ruso extendió el martes el arresto de Gershkovich por tres meses en una audiencia a puerta cerrada. El periodista fue arrestado en Rusia en marzo por cargos de espionaje.

La audiencia previa al juicio del martes no se anunció con anticipación y las autoridades rusas no han detallado qué evidencia, si existe alguna, han reunido para respaldar los cargos de espionaje.

Una agencia de noticias rusa Interfax citó a un funcionario de la corte diciendo que los padres de Gershkovich, emigrados soviéticos que viven en Nueva Jersey, estaban visitando Moscú y habían sido admitidos en el edificio de la corte, pero no en la audiencia del martes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que al menos un funcionario de su embajada asistió a la audiencia.

A los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Moscú se les permitió al menos una visita a la prisión de Gershkovich desde su arresto en Ekaterimburgo, el 29 de marzo, pero las autoridades rusas negaron el permiso para otras visitas, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en su conferencia de prensa del martes.

“Una vez más, hacemos un llamado a Rusia para que cumpla con su obligación de proporcionarle acceso consular. El viernes, rechazaron nuestra segunda solicitud de acceso consular. Las afirmaciones contra Evan son infundadas y seguimos pidiendo su liberación inmediata, así como la liberación inmediata de Paul Whelan".

Whelan, un ejecutivo de seguridad corporativa de Michigan, cumple una sentencia de espionaje de 16 años en una remota prisión rusa. El infante de marina estadounidense retirado fue detenido en 2018. Tanto Whelan como el gobierno estadounidense han rechazado los cargos en su contra.

El estado de Texas ha entablado una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden en un intento por desechar una regla relacionada al asilo implementada recientemente, argumentando que la app que usan los migrantes para agendar citas en la frontera para ingresar a Estados Unidos alienta la inmigración ilegal.

La demanda entablada el martes es el más reciente recurso legal que ataca distintos aspectos del plan del gobierno federal para lidiar con la migración después de que se levantara una restricción al asilo implementada durante la pandemia conocida como Título 42.

En la querella, Texas argumenta que la regla de asilo alienta el uso de la app celular —de nombre CBP One— para que los migrantes que no cuentan con la documentación debida agenden una cita para presentarse en un puerto de entrada y busquen ingresar a Estados Unidos.

Texas afirma que Washington básicamente está alentando a las personas a venir a Estados Unidos aun si no tienen los argumentos legales para quedarse.

"El gobierno de Biden concibió deliberadamente esta app con el objetivo de preaprobar ilegalmente a más extranjeros para ingresar al país y vayan a donde les plazca una vez que lleguen", dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado de prensa.

La denuncia fue presentada en el distrito occidental de Texas.
Aunque la demanda gira en torno a la app, busca desestimar todo el nuevo plan de asilo. La regla entró en vigor después de que el Título 42 expiró el 11 de mayo. La orden hace que obtener el asilo sea sumamente difícil para los migrantes que viajaron hacia la frontera sur si primero no solicitan protección en un país que hayan atravesado en su camino hacia Estados Unidos o si no presentan una solicitud a través de la app.

El uso de la aplicación es parte fundamental del plan del gobierno para crear un sistema más ordenado en la frontera, donde los migrantes deben agendar una cita con antelación, pero cuando la app fue lanzada en enero recibió fuertes críticas debido a que presentaba problemas tecnológicos y al hecho que desde entonces la demanda ha superado por mucho los espacios disponibles. Los migrantes pueden agendar citas para un puerto de entrada en particular, cinco de los cuales se encuentran en Texas.

Texas argumenta que, según la ley federal, las personas que ingresen ilegalmente al país — con raras excepciones — deberían ser repatriadas, pero que la app no verifica si los migrantes que agendan citas serían elegibles para excepciones. El estado argumenta que, por lo tanto, el uso de la app por parte del gobierno de Biden esencialmente alienta a las personas a venir a Estados Unidos incluso si no son elegibles. Texas también arguye que tiene que enfrentar una carga financiera por los migrantes que entran al país por cuestiones como atención médica o educación.

La nueva regla relacionada con el asilo también ha sido blanco de críticas por grupos defensores de los derechos que argumentan que Estados Unidos tiene la obligación de ofrecer asilo a quienes tienen una necesidad urgente. Han interpuesto una demanda en la que también buscan desestimar la medida.

Texas también forma parte de una denuncia en la que se acusa al gobierno federal de exceder su autoridad al permitir que hasta 360.000 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen cada año a Estados Unidos con un permiso condicional humanitario.

El Estado de Florida ha sido demandado por un grupo de ciudadanos de origen chino que, junto a la empresa inmobiliaria Multi-Choice Realty, consideran “discriminatoria” la Ley SB 264, firmada por Ron De Santis, gobernador del Estado, el pasado 8 de mayo, según dijeron en un comunicado.

La ley en cuestión, extensiva a otros seis países, limita a personas originarias de Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte la posibilidad de comprar propiedades inmuebles en áreas consideradas de riesgo como centrales eléctricas, puertos y aeropuertos, entre otros, y entraría en vigor el próximo 1º de julio, precisa un reporte de EFE.

“La ley prohíbe que las personas "domiciliadas" en China que no sean ciudadanos estadounidenses o titulares de una tarjeta de residencia posean edificios o terrenos en Florida”, y en lo referente a los otros seis países, limita, según Reuters, “poseer propiedades a menos de 16 km de cualquier instalación militar o instalación de ‘infraestructura crítica’, como una central eléctrica, un aeropuerto o una refinería”, apuntó, por su parte, la agencia de noticias Reuters.

La demanda se basa en que “la SB 264 ampliará la discriminación respecto a la compra de vivienda contra las personas de ascendencia asiática en violación de la Constitución y la Ley de Vivienda Justa”, detalla el comunicado.

El gobernador De Santis justificó dicha Ley como “un intento por reducir la influencia en EE.UU. y Florida de esos países”, recordó EFE.

Los demandantes están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el despacho de abogados De Heng Law Offices PC y el Fondo de Educación y Defensa Legal Asiático-Estadounidense (Aaldef, en inglés), en coordinación con la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (Calda).

La ACLU declaró que la ley viola las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos que garantizan la igualdad de protección y el debido proceso. El grupo dijo que la ley estatal también viola la Ley Federal de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en la vivienda basada en la raza y el origen nacional, explicó Reuters.

Desde el punto de vista de ACLU, “la ley viola las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos que garantizan la igualdad de protección y el debido proceso". El grupo dijo que la ley estatal también viola la Ley Federal de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en la vivienda basada en la raza y el origen nacional.

La demanda compara la ley de Florida con una serie de "leyes de extranjería" que los estados de EE.UU. adoptaron a principios del siglo XX y que prohibían a los inmigrantes chinos y japoneses poseer tierras. Los tribunales anularon la mayoría de esas leyes en la década de 1950, aunque una ley en Florida se mantuvo en los libros hasta 2018, cuando los votantes aprobaron una medida electoral para derogarla", concluyó Reuters.