Cuba
EEUU: Constitución y leyes de Cuba no cumplen con los estándares internacionales de libertad religiosa
El nuevo informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) concluye que la Constitución de Cuba, aprobada en abril de 2019, no logra cumplir con los estándares de libertad de religión basados en el derecho internacional y que en contraposición a la Constitución de 1976, diluye las garantías de libertad religiosa que existían en el antiguo documento.
Señala que la Constitución no es la máxima norma jurídica en Cuba sino que “se iguala y, a veces, se subordina a caprichos legislativos”.
“Hay una larga historia de la aplicación de leyes inferiores y a menudo opacas, además de la aplicación de acciones administrativas de facto no respaldadas por ninguna legislación pero ordenadas por la Seguridad del Estado y el Partido Comunista. Estos se llevan a cabo en flagrante violación de muchos principios en la Constitución anterior y actual”, expresa la Comisión en su informe.
Asimismo añade que “como resultado, las instituciones e individuos religiosos son reprimidos, fomentando una profunda desconfianza en el gobierno por parte de líderes religiosos y laicos".
El informe de la USCIRF, agencia bipartidista que hace recomendaciones al gobierno federal, se propone mejorar la comprensión de las protecciones constitucionales y legales para la libertad de religión o de creencias en Cuba, tanto en la ley como en la práctica.
La investigación examinó 2.483 leyes, decretos, y demás normas jurídicas adoptadas por el gobierno cubano después de que se aprobara la nueva Constitución en abril de 2019. También evaluó el desempeño de Cuba bajo 36 indicadores de derechos humanos para determinar el cumplimiento constitucional y legal con los estándares internacionales de derechos humanos.
Para comprender mejor los impactos de la represión sobre la libertad de religión y culto, el reporte incluyó entrevistas en la isla con clérigos y líderes laicos de múltiples religiones. Esos intercambios llevaron al desarrollo de preguntas para una encuesta electrónica que recibió 56 respuestas de un grupo diverso de líderes religiosos.
Entre los hallazgos del reporte están:
• La Constitución y las leyes de Cuba no cumplen con los estándares de la libertad religiosa o de creencias basados en el derecho internacional. De los 36 indicadores de libertad religiosa, Cuba no logra cumplir 34, y cumple parcialmente sólo dos.
• La nueva Constitución de Cuba diluye las garantías de libertad de religión o de creencias en comparación con la Constitución anterior.
• Los derechos constitucionalmente establecidos no se pueden hacer cumplir. La inexistencia de un tribunal de garantías constitucionales, la ausencia de un procedimiento de apelación para la revisión judicial de derechos constitucionales, y una Ley de Procedimiento Penal que no invoca derechos constitucionales, ni define cómo hacerlas cumplir, deja a la Constitución cubana sin ningún papel en los procesos penales y civiles.
• La Constitución no cumple con los estándares internacionales, sus derechos no son ejecutables, no llega a ser una ley suprema, y cede ante leyes que pueden entrar en conflicto con derechos constitucionales establecidos. La supresión de la soberanía del pueblo, la subordinación explícita a leyes inferiores, la imposibilidad de reformar leyes inconstitucionales por la inexistencia de un tribunal de garantías constitucionales o un proceso de protección de estos derechos, y la definición del Partido Comunista como el poder "superior", lo hace incompatible con el concepto internacionalmente aceptado de Constitución.
• No se pueden defender los derechos complementarios a la libertad de religión o creencias. No existen mecanismos legales o legislación para proteger contra la discriminación, la hostilidad o la violencia por motivos religiosos.
• Cuba no es gobernada a través de su Constitución. Muchos códigos y leyes, pero más claramente la Constitución, son un escaparate para el consumo internacional para permitir que el gobierno de Cuba presuma de su sistema socialista y garantías de derechos humanos ante organismos internacionales como Naciones Unidas.
• El Partido Comunista gobierna directamente la libertad religiosa en Cuba. Ha asumido plena capacidad para restringir la libertad religiosa y de culto a través de la Oficina de Asuntos Religiosos (ORA). Tanto la ORA y el Comité Central trabajan en la ausencia de legislación.
• La reforma de la Ley de Asociaciones es improbable a corto plazo . Está planificada tentativamente, pero actualmente no hay borrador a pesar de un calendario de la Asamblea Nacional que muestra diciembre del 2022 como objetivo.
• Prácticamente todos los líderes religiosos independientes dicen que son reprimidos, incluidos 52 de los 56 encuestados. Veintiuno dijeron que sufren actos de represión mensualmente o incluso semanales que incluyen amenazas, violencia, detenciones y actos de repudio. Nueve de los encuestados habían sido obligados a emigrar. Cincuenta y cinco de 56 líderes religiosos encuestados creen que ORA controla y limita arbitrariamente el ejercicio de la libertad de religión, sin consideración de las garantías constitucionales.
• Las organizaciones de poder creadas y controladas por el Estado suplantan el liderazgo religioso y desalientan la unidad interreligiosa.
• La represión de la libertad de religión se adapta a cada grupo religioso. Esto incluye a miembros del Consejo de Iglesias de Cuba pero es mucho más profundo para las iglesias independientes y otras organizaciones religiosas. Los testigos de Jehová mantienen una actitud apolítica, postura que reduce su visibilidad y la necesidad de represión por parte de las autoridades. Tanto los yorubas como los musulmanes son fuertemente reprimidos, y el crecimiento en sus comunidades religiosas es activamente desalentada por el gobierno.
• El gobierno cubano usa tácticas y motivos integrales para reprimir la libertad de religión y de creencia. Las tácticas incluyen acoso, amenazas y ataques físicos a líderes religiosos y feligreses; confiscación de bienes; frecuentes citaciones policiales; difamación y acusaciones de comportamiento ilegal o inmoral; negación de los derechos de empleo o educación, incluyendo para miembros de la familia; actos de repudio; el uso de “agentes de opinión pública” para sembrar rumores; creación de enemistad y división entre grupos religiosos; restricciones al libre movimiento; y fabricación de presuntos delitos seguida de multas y detención.
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Uruguay abre vía para legalizar a miles de inmigrantes, la mayoría cubanos
El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, pueda regularizar su estatus a través del "Programa de Residencias por Arraigo".
De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, se trata de “un nuevo tipo de residencia”, que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación.
Las personas que obtengan esta nueva figura legal podrán luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada este jueves
El funcionario señaló que el decreto representa una “solución transitoria”, que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.
"Por ahora no es una solución definitiva. Por lo tanto, no es 'vengan, que esto funciona automáticamente'", dijo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou escuchó el reclamo de la sociedad civil, específicamente las comunidades de cubanos y dominicanos que piden refugio pero luego no cuentan con elementos para probar sus casos, acotó Sánchez.
Cubanos en Uruguay reaccionan a la medida
“Es una gran oportunidad para personas como yo que llevamos meses en Uruguay sin posibilidades de legalizarnos ni hacer la ruta hacia Estados Unidos”, dijo Arianne Martínez, una cubana que emigró al país en 2023 tras cruzar la selva amazónica desde Guyana.
"La mayoría de nosotros queremos estabilizarnos y ayudar a nuestra familia”, añadió.
Uruguay se ha convertido en uno de los países con más emigración cubana en la región debido a las facilidades que brinda Montevideo para que los extranjeros trabajen allí.
Muchos cubanos pagan cerca de tres mil dólares a coyotes que los llevan hacia el sur desde Guyana, uno de los pocos países que no le pide visado a los cubanos en América Latina. La mayoría pasa por Brasil de manera clandestina y otros siguen su ruta a Chile, donde también se ha asentado una importante comunidad caribeña.
Carlos Alberto Madrigal, residente en Montevideo, consideró que se trata de “una gran oportunidad” para trabajar y estudiar en Uruguay.
“Busca que las personas se regularicen y trabajen en blanco, es decir, legalmente. Ayudará a muchísimos inmigrantes”, aseguró.
Grupos de cubanos en Uruguay habían realizado manifestaciones pidiendo la regularización de sus casos. En 2022 las autoridades negaron más del 86 % de las solicitudes de asilo provenientes de migrantes de la isla.
Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Datos de la Comisión de Refugiados indican que hasta ahora el promedio de espera para la entrevista de los solicitantes era de dos años.
Nuevo mecanismo busca acelerar trámites migratorios para solteros en cinco ciudades de EEUU
Estados Unidos anunció el jueves un mecanismo para acelerar deportaciones de inmigrantes solteros o tramitar con mayor celeridad sus casos de asilo siempre que sean pertinentes, a través del Registro de Arribos Recientes (Recent Arrivals Docket (RA).
La medida presentada por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y el Fiscal General, Merrick B. Garland, está diseñada para adultos solteros que intentan cruzar irregularmente entre los puertos de entrada de la frontera sur entre México y los Estados Unidos.
El RA Docket operará en cinco ciudades: Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, donde los jueces de inmigración intentarán emitir decisiones en un marco de 180 días, aunque el tiempo para solucionar los casos seguirá sujeto a circunstancias específicas y protecciones procesales, incluido dar tiempo a los inmigrantes a buscar representación legal cuando sea necesario.
Según han explicado en un comunicado conjunto, lo que se busca es "imponer consecuencias más rápidamente, incluida la expulsión, a quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos y otorgar más rápidamente alivio o protección migratoria a los no ciudadanos con reclamos válidos".
El Departamento de Justicia también presentó al Registro Federal una norma final para promover la gestión eficiente de casos y expedientes en los procedimientos de inmigración.
"Hoy, estamos instituyendo con el Departamento de Justicia un proceso para acelerar los procedimientos de asilo para que las personas que no califican para recibir ayuda puedan ser expulsadas más rápidamente y aquellos que sí califican puedan obtener protección antes", dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.
“Esta medida administrativa no sustituye los cambios radicales y muy necesarios que el proyecto de ley bipartidista del Senado produciría, pero en ausencia de una acción del Congreso haremos todo lo que podamos para hacer cumplir la ley de la manera más efectiva y desalentar la migración irregular”, agregó el cubanoamericano.
Por su parte, el Fiscal General aseguró que "los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia están comprometidos con la aplicación justa y eficiente de las leyes de inmigración y que estas medidas promoverán esa misión al ayudar a garantizar que los casos de inmigración se resuelvan con prontitud y justicia".
La declaración reconoce que el sistema migratorio estadounidense está abrumado de casos y que muchos de los extranjeros que llegan a la frontera "a menudo esperan años antes de recibir una decisión final en un procedimiento judicial de inmigración".
Además admiten que los recursos de los que disponen son insuficientes, incluidos jueces y abogados de inmigración, algo que ha impedido la resolución rápida de las reclamaciones y han extendido la duración del proceso judicial de inmigración.
El Departamento de Justicia presentó al Registro Federal la normativa Gestión eficiente de casos y expedientes en procedimientos de inmigración, que permite a los jueces de inmigración priorizar los casos que están listos para resolverse con prontitud, promover la adjudicación eficiente, expedita y justa de casos de inmigración, asignar recursos limitados de manera más eficiente y garantizar protecciones procesales para las partes en los tribunales de inmigración.
El Departamanto de Justicia y el de Seguridad Nacional están solicitando que se designen más jueces de inmigración, oficiales de asilo, personal de apoyo, y autoridades necesarias para adjudicar más rápidamente los casos.
Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
Mientras no tenga nada para mis hijos voy a dar guerra: Testimonio de una de las madres que protestó en Marianao
Siete madres cubanas se plantaron este miércoles frente a la sede del Gobierno de Marianao, en La Habana, para reclamar soluciones a sus problemas de vivienda y alimentación.
Nidia Noriega, una de las que protestó, dijo a Martí Noticias que lleva 15 años albergada y aún espera la reparación del local que le fue asignado meses atrás.
“Yo no puedo estar sentada en un lugar pensando qué le voy a dar de comer a mis hijos. Mientras no tenga nada voy a dar tremenda guerra”, comentó la mujer, madre de cinco menores de edad. Entre las manifestantes también estaban Gintajaly Bruzon, Lizbeth Ferrer y Estanys Rodríguez, quienes enfrentan problemas similares a los suyos.
Tras casi 12 horas de espera en el portal del edificio, las mujeres fueron atendidas por un grupo de funcionarios, entre ellos la intendenta Yudeisi, el director de trabajo y representantes policiales, a quienes Noriega identifica como miembros de la Contrainteligencia Militar.
Las mujeres que acudieron a la sede del Gobierno fueron las mismas que en abril pasado se plantaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel con demandas similares.
"Tienen que seguir esperando porque no hay materiales ni presupuesto", respondieron en ese momento las autoridades a sus reclamos.
Poco después, fueron citadas y amenazadas con ser procesadas ante la justicia si continuaban manifestándose.
"Nos amenazaron porque quieren que cojamos miedo pero no estamos haciendo nada malo, estamos reclamando nuestros derechos", explicó Noriega a nuestra redacción.
"Nos dijeron que podían pedirnos de uno a tres años si seguíamos protestando... Nos dicen que no vayamos a más ninguna parte pero a dónde vamos a ir las madres con niños que tenemos todo este dolor por dentro... A dónde tenemos que dirigirnos nosotras, a dónde", agregó.
Martí Noticias conversó a inicios de marzo con varias de las madres que han sido amenazadas por las autoridades en los últimos meses. La mayoría teme por lo que puedan hacerle a sus hijos.
Yadiuska Domínguez, una joven de tres menores que protestó en octubre en la comunidad La Favela, en el municipio guantanamero de Maisí, se refirió a ello. “Sé que las represalias que toman aquí, el gobierno cubano, contra las mujeres que se manifiestan son medidas fuertes; lo primero que hacen es amenazarnos con quitarnos a los niños, con meternos presas y todas esas cosas y me he sentido atemorizada", explicó.
"Las mujeres con hijos nos volvemos leonas por la situación que tenemos con nuestros hijos”, comentó por su parte Yaquelín de la Caridad Rodríguez una de las que protestó frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba en La Habana en noviembre de 2023.
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