El cambio de Ministro de Defensa en Rusia es un indicio de la "desesperación" del presidente ruso Vladimir Putin por sostener su invasión de Ucrania, dijo Estados Unidos este lunes.

“Nuestro punto de vista es que esto es una indicación más de la desesperación por mantener su guerra de agresión contra Ucrania a pesar de que esto no sólo supone una gran drenaje de recursos para la economía rusa y grandes pérdidas de tropas rusas, con algunos estimados de hasta 315.000 bajas”, dijo en su conferencia de prensa diaria el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel.

El portavoz dijo que “la movilización del Kremlin por su guerra de agresión contra Ucrania ha causado sufrimiento a demasiadas familias en Rusia”, y que Moscú comenzó esto sin provocación. Añadió que el presidente Putin podría ponerle fin a la guerra en cualquier momento retirando sus fuerzas de Ucrania, en lugar de seguir lanzando ataques contra el pueblo ucraniano todos los días.

Durante el fin de semana, Putin reemplazó al Ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el miembro con más años de servicio en su gabinete, en una rara reorganización del Kremlin.

Igual de sorprendente fue la decisión de reemplazar a Shoigu con Andrei Belousov, un asesor económico que nunca ha tratado con el ejército ni con otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

Muchos ven la decisión de Putin como un intento de reforzar el control sobre el gasto militar y sincronizar el floreciente sector de defensa con el resto de la economía, en preparación para una guerra larga.

El cambio se produce semanas después de que Timur Ivanov, viceministro de Defensa a cargo de proyectos de construcción militar, fue encarcelado en espera de una investigación y juicio por cargos de soborno.

Mientras tanto, en la Casa Blanca, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que la asistencia militar estadounidense procedente de un proyecto de ley de ayuda multimillonaria aprobado por el Congreso el mes pasado ya está en Ucrania.

Como parte de los proyectos de ley de ayuda de 95 mil millones de dólares, el Congreso autorizó 60.800 millones de dólares en diversas formas de ayuda a Ucrania y la Casa Blanca se comprometió a llevar las armas a Kyiv rápidamente.

El juicio contra el senador demócrata Bob Menéndez comenzó este lunes con la selección del jurado en la corte federal de Manhattan. El acusado enfrenta 16 cargos penales que incluyen soborno, fraude y actuación como agente extranjero, y está siendo juzgado junto a dos empresarios de Nueva Jersey en un tribunal federal de Manhattan.

Menéndez escuchó mientras el juez Sidney H. Stein informaba a varias docenas de posibles jurados sobre los cargos contra Menéndez y dos de los empresarios que presuntamente le pagaron sobornos: Fred Daibes y Wael Hana. Los tres se han declarado inocentes. Un tercer empresario se ha declarado culpable y ha acordado testificar contra los otros acusados. La esposa del senador también está acusada, pero su juicio se pospuso al menos hasta julio.

Los fiscales dijeron que los Menéndez aceptaron efectivo, barras de oro y un carro de lujo a cambio de que el senador ejerciera su influencia política en Nueva Jersey y para ayudar a los gobiernos de Egipto y Qatar.

Presuntamente, el senador prometió ayudar a Egipto a obtener ventas de armas y otro tipo de ayuda militar, y ayudó al acusado Hana, un empresario egipcio-estadounidense, a obtener un lucrativo monopolio en la certificación de exportaciones de carne halal a Egipto.

Los fiscales también dijeron que Menéndez intentó ayudar al acusado Daibes, un destacado constructor de Nueva Jersey, a obtener millones de dólares de un fondo de inversión qatarí, y trató de interrumpir un caso penal federal contra Daibes en Nueva Jersey.

Menéndez y su esposa también enfrentan cargos de obstrucción a la justicia. Los presuntos crímenes ocurrieron entre 2018 y 2023.

El juez le ha informado a los posibles testigos que el juicio que podría durar de seis a siete semanas.

Después de que se anunciaron los cargos en septiembre, Menéndez fue obligado a renunciar a su cargo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El senador ha anunciado que no buscará la reelección en la boleta demócrata este otoño, aunque no ha descartado postularse como independiente.

Encuestas recientes muestran que Menéndez es profundamente impopular entre los votantes de Nueva Jersey, y muchos senadores demócratas, incluido Cory Booker, de Nueva Jersey, han pedido su renuncia.

Este es el segundo juicio por corrupción para Menéndez en la última década. El enjuiciamiento anterior terminó con un jurado indeciso en 2017.

Cuatro congresistas republicanos enviaron una carta al presidente de Estados Unidos Joe Biden y a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señalando que el deseo de su administración de promover negocios independientes y autónomos en Cuba “está basado en una falacia y no en la realidad”.

“Cualquier esfuerzo por disminuir o eludir el actual embargo sobre Cuba está en contravención de la ley estadounidense” y beneficia Rusia y China, que están estrechamente alineados con Cuba, alertaron los representantes María Elvira Salazar, Bill Huizenga, Carlos A. Giménez y Blaine Luetkemeyer.

Los legisladores exigieron una explicación de cómo los planes del presidente Biden para aliviar las restricciones al acceso de los cubanos al sistema financiero estadounidense son consistentes con la actual legislación estadounidense.

Asimismo alegaron que “para eludir las sanciones estadounidenses, la Administración Biden está utilizando una “laguna legal”, canalizando dinero a “Pequeños Negocios” de la Isla que, en muchos casos, están conectados con el régimen cubano”.

Los congresistas expresaron que les preocupa el informe de septiembre de 2023 de que el Presidente Biden establecerá nuevas medidas regulatorias para proporcionar apoyo financiero de los Estados Unidos y dar a los cubanos un acceso más directo al sistema financiero estadounidense.

Señalaron que “el régimen autoritario de Cuba controla casi todos los aspectos de la sociedad civil, y la capacidad de un ciudadano cubano para establecer un negocio privado sin interferencias indebidas es incierta”.

“Por ejemplo, el gobierno cubano intensificó las restricciones sobre las transacciones en efectivo y casi prohibió los retiros de cajeros automáticos para las empresas en un esfuerzo por llevar su economía a una sociedad sin efectivo. Si bien el Banco Central de Cuba utiliza esta herramienta para controlar la inflación, también permite convenientemente que el régimen tenga una participación dominante en casi todas las transacciones”, dicen los legisladores.

En la misiva se preguntan si "dada la estrecha relación entre el sector privado y el Gobierno cubano", deberían esperar que "el opresivo régimen de Díaz-Canel se beneficie al acceder al sistema financiero estadounidense".

Señalan que según el Reglamento de Control de Activos Cubanos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, "los bancos cubanos no pueden abrir cuentas corresponsales en bancos estadounidenses, lo que limita los pagos entre Cuba y el resto del mundo a través de bancos estadounidenses".

“Es imperativo entender cómo el Departamento de Estado está trabajando con la OFAC para abordar estas preocupaciones”, opinaron.

Mencionaron también el funcionamiento del Sistema de Pagos con Tarjeta Nacional Ruso (NSPK), una entidad del Banco Central de la Federación de Rusia, que lanzó sus tarjetas de pago Mir en Cuba y señalaron que el presidente y director ejecutivo de NSPK, Vladimir Komlev, actualmente está sancionado por la OFAC por facilitar la guerra de Rusia en Ucrania y eludir las sanciones internacionales.

“Si la Administración Biden aliviara las sanciones a Cuba a través de su esquema regulatorio para empresas privadas, ¿cómo aseguramos que los dólares estadounidenses no van a una entidad del Banco Central ruso, dirigida por un individuo sancionado, y así se apoya un esfuerzo de guerra ilegal en Ucrania?”, preguntan los congresistas en la carta.

El pasado 19 enero, la congresista Salazar, que preside el Subcomité sobre Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes, llevó a cabo una audiencia titulada "El mito de los nuevos empresarios cubanos: un análisis de la política hacia Cuba de la administración Biden".

En la misma participó el Subsecretario adjunto Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, quien señaló que el sector privado de Cuba es ahora responsable de casi un tercio de todo el empleo en la isla.

“En un agudo giro de ironía, el gobierno comunista de la isla ahora debe depender de una empresa privada para proporcionar alimentos y servicios básicos a su pueblo… Pero debido a que es más ágil y eficiente que el gobierno, el sector privado actualmente sirve como un salvavidas para el pueblo cubano, sin el cual no puede mantenerse a flote”, dijo el funcionario.

La congresista Salazar preguntó entonces al Subsecretario si la administración Biden revisaría las nuevas regulaciones relativas a Cuba y si abriría el sistema bancario estadounidense a estas pequeñas empresas privadas e independientes.

“No tengo más información sobre cambios regulatorios específicos en este momento”, contestó Jacobstein en esa ocasión.

La representante cubanoamericana también quizo saber cómo la administración Biden se aseguraría de que el apoyo no estuviera dirigido a empresas que benefician al régimen o que pertenecen a familiares de sus líderes.

“Sé que ha habido mucho debate sobre la verdadera medida de independencia del sector privado de Cuba. Nuestra evaluación es que hay una variedad de actores que trabajan en la economía cubana y algunos quisieran hablar aquí en términos absolutos. No creemos que se trate de una cuestión absoluta de que la economía cubana es completamente libre e independiente o todavía está 100% dominada por el gobierno y sus compinches”, expresó el Subsecretario Adjunto.

“Creemos que la expansión orgánica del sector privado cubano en la isla, liderada por el propio pueblo cubano y no por ningún gobierno extranjero, es una oportunidad que no debe desperdiciarse. Sobre todo, debemos alentar la libertad de los ciudadanos cubanos para definir su propio futuro económico”, dijo el funcionario.

Asimismo opinó que “no lograr involucrar y apoyar al sector privado cubano dejará espacio para que Rusia y la República Popular China den forma a la dirección de la economía cubana”.

“No debemos permitir que esto suceda”, declaró.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), publicaron el jueves un aviso de nuevas medidas que permitirían acelerar las prohibiciones legales de asilo y expulsar más rápidamente a quienes están sujetos a las prohibiciones y se consideren como un riesgo a la seguridad nacional o pública.

Hasta este momento, la determinación de elegibilidad para el asilo no se tomaba hasta una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión. Sin embargo, a partir de ahora, la nueva norma permitiría a los funcionarios considerar estas prohibiciones de asilo y la retención de la expulsión durante la evaluación inicial de miedo creíble, que ocurre pocos días después de entrevistar al inmigrante.

Con esta medida, el DHS considera que se podría expulsar rápidamente a las personas que representan una amenaza para los Estados Unidos.

"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.

“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente sólo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó el cubanoamericano.

Las autoridades estadounidenses explican que los inmigrantes que suponen una amenaza para la seguridad nacional o pública permanecen bajo custodia del DHS mientras sus casos son remitidos para audiencias de inmigración ante un juez de inmigración. Este proceso puede llevar años y requiere muchos recursos.

De acuerdo a lo anunciado, en lo adelante los funcionarios de asilo podrán emitir una denegación de solicitudes en cuestión de días, siempre que se trate de individuos sospechosos de vínculos con el terrorismo, amenazas a la seguridad nacional o tengan prohibición penal.

Gregory Chen, el director de relaciones gubernamentales para la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dijo a la agencia Associated Press que las normas que prohíben el asilo a personas con antecedentes penales o terroristas son importantes para proteger al país. Pero le preocupa que estos cambios aceleren lo que ya es un análisis jurídico “muy complejo”.

“En esa etapa inicial, pocos solicitantes de asilo tendrán la oportunidad de buscar asesoramiento jurídico o tiempo para comprender las consecuencias”, agregó.

“Con el proceso actual tienen más tiempo para buscar asesoramiento jurídico, preparar su caso y apelarlo o solicitar una exención", explicó el experto.

El DHS anunció además que está actualizando su política y procedimientos con respecto al uso de información clasificada en procedimientos de inmigración y continuará examinando a las personas antes de su ingreso a los Estados Unidos para identificar amenazas a la seguridad nacional o pública y tomar las medidas apropiadas.

El Departamento también continúa haciendo cumplir la regla de Elusión de Vías Legales (CLP). Esta regla incentiva el uso de procesos ordenados e impone consecuencias más rápidas para quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.

USCIS emitió una guía revisada para los funcionarios de asilo para considerar si un solicitante de asilo podría razonablemente reubicarse en otra parte del país donde se teme persecución al evaluar los reclamos de persecución futura en todos los casos de miedo creíble, agregaron.

Desde el 12 de mayo de 2023 hasta el 1 de mayo de 2024, el DHS ha expulsado o devuelto a más de 720,000 personas, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste, incluidos más de 109,000 familiares individuales, recuerdan las autoridades de EEUU.

Eso incluye devoluciones de inmigrantes a 170 países de todo el mundo. Las remociones y devoluciones totales desde mediados de mayo de 2023 exceden las remociones y devoluciones en cada año fiscal completo desde 2011.

En comentarios sobre una carta dirigida a la administración Biden criticando su política hacia Cuba, entregada al Departamento de Estado por la Alianza para el Compromiso y el Respeto de Cuba (ACERE), un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos da la bienvenida “a la oportunidad de intercambiar opiniones con una amplia gama de grupos de la sociedad civil, incluido ACERE”.

Añadió que aprecian el trabajo de la sociedad civil en la consecución de los objetivos de libertad y democracia para el pueblo cubano.

“La política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluyendo sus derechos humanos, libertades fundamentales y su bienestar político y económico”, dijo el funcionario en un correo electrónico a Martí Noticias.

El funcionario señaló que “la Administración previamente anunció una serie de medidas para apoyar al pueblo cubano, incluida la eliminación de límites anteriores en las remesas, apoyo para el desarrollo del sector privado, flexibilización de restricciones de viaje y la ampliación de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana”.

“Hemos implementado muchas de estas medidas y estamos comprometidos a continuar nuestros esfuerzos en estas áreas de vital importancia”, expresó.

ACERE dijo en un comunicado de prensa, el 6 de mayo, que había entregado una carta al Coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado y al Congreso.

En la misiva, piden a la administración Biden "que ayude a aliviar la situación en la isla mediante la emisión de regulaciones para apoyar el crecimiento del sector privado de Cuba; rescindir la designación infundada de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo; financiar y dotar de personal a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para reanudar el procesamiento de visas de no inmigrantes y aliviar aún más las restricciones a los viajes para facilitar el intercambio y la cooperación entre personas; reunificación familiar".

Hasta el momento, la carta ha sido firmada por más de 200 cubanoamericanos demócratas, más de 400 estadounidenses, y más de 30 organizaciones cubanoamericanas.

Los firmantes expresan su decepción por “la indiferencia del presidente hacia el sufrimiento de las familias cubanas, tanto en Cuba como en Estados Unidos”.

Señalan en la carta que la promesa de campaña del presidente Biden de cambios en la política estadounidense hacia Cuba fue uno de los principales factores por los que muchos de ellos le apoyaron, y que si bien reconocen que ha tomado unas medidas positivas menores, están profundamente molestos de que esté lejos de cumplir las promesas de su campaña de volver a las políticas de la era Obama sobre Cuba.

Los firmantes dicen además que, según las encuestas, un camino más amplio de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba goza de un amplio apoyo entre una gran mayoría de demócratas cubanoamericanos en la Florida y una abrumadora mayoría de ciudadanos estadounidenses.

Algunos congresistas republicanos le han exigido al presidente Biden una postura más dura hacia el régimen de la isla. El pasado 17 de marzo, la congresista María Elvira Salazar pidió a Biden “demostrar un firme apoyo al pueblo cubano en sus pedidos de libertad, y no al régimen de La Habana, que está en el negocio del poder”.

En febrero de 2023, el Senador Rick Scott, republicano por la Florida, introdujo la LEY DEMOCRACIA, con el fin de ejercer más presión sobre la dictadura en la isla. La ley tiene aún que llegar al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Los representantes republicanos Byron Donalds, Alex Mooney, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar presentaron un proyecto complementario en la Cámara de Representantes.